La Coordinadora de Defensa del Gas urge a radicalizar las reformas antineoliberales para aislar y detener a las fuerzas reaccionarias y empresariales que conspiran para preservar los millonarios intereses de las transnacionales petroleras y los gigantescos latifundios improductivos del oriente.
La movilización unitaria y cohesionada de todos los sectores y movimientos populares es la clave para imponer la "agenda de octubre", que no es otra cosa que la nacionalización del gas y el petróleo y la entrega de tierras a los indígenas y campesinos pobres, dice la Coordinadora, que aglutina a un conjunto de organizaciones sociales y laborales.
Según la Coordinadora, el "reformismo neoliberal", encarnado por el actual presidente Carlos Mesa, no tiene perspectivas ni futuro y sólo allana le camino a la restauración de los sectores oligárquicos y proimperialistas. "La actitud dubitativa y ambigua del gobierno contribuye a un más rápido avance de la derecha empresarial que de la izquierda indígena".
Este es el análisis que realiza la Coordinadora sobre la actual coyuntura política y sobre la necesidad de acabar con el proyecto neoliberal que está destruyendo al país y que está haciendo gemir a la familia boliviana:

TESIS SOBRE EL MOMENTO ACTUAL DE LA CRISIS POLÍTICA
1- La crisis estatal iniciada hace 4 años atrás ha debilitado y hecho retroceder la hegemonía neoliberal (partidaria e ideológica) instaurada desde 1985. Sin embargo, este debilitamiento ha dejado irresuelto el nuevo liderazgo nacional. Por una parte, las ideas conservadoras del orden establecido se han atrincherado y reforzado en las regiones del oriente y el sur del país (Santa Cruz, Beni, Tarija), en tanto que los ideas y proyectos renovadores y progresistas han avanzado y han logrado un liderazgo en las zonas occidentales del país. Sin embargo, ninguno de estos proyectos políticos logra irradiarse ni expandirse como proyecto nacional, lo que ha dado lugar a una regionalización de los liderazgos.
Esto ha dado lugar a que emerja un tipo de gobierno "centrista", que busca acomodarse entre estas dos polaridades, buscándolas atenuar y articular un proyecto neoliberal reformista que mantenga la estructura general de las políticas económicas aplicadas desde hace 19 años, pero incorporando algunos elementos de las demandas y críticas que vienen del polo indígena popular.
Este reformismo neoliberal logra ampliarse en su base social en la medida en que las polaridades atemperan sus posiciones, pero se estrecha a medida que las polaridades radicalizan sus acciones. Este reformismo neoliberal, si bien busca atenuar las conflictividades, es incapaz de resolver la crisis de liderazgo nacional, de hegemonía, lo que lleva a que ni el polo conservador empresarial se sienta satisfecho con las medidas que asumen ese gobierno centrista, ni los sectores populares e indígenas más militantes que desean soluciones de raíz a sus demandas, lo que da lugar a un tipo de creciente orfandad política de este centro reformista.
2.- Lo que viene sucediendo en Santa Cruz es una clara sublevación empresarial-regional contra el gobierno, un levantamiento burgués: se trata de una serie de manifestaciones, movilizaciones y acciones directas dirigidas por el empresariado regional, en torno a objetivos y convocatoria de los sectores empresariales. Lo llamativo es que esta convocatoria tiene recepción social, apoyo regional de sectores laborales y populares, lo que permite hablar de la presencia activa de una hegemonía, de un liderazgo empresarial en la región.
A diferencia de lo que sucede en las zonas de occidente donde los movimientos sociales populares e indígenas han construido un sentido común generalizado que explica las carencias sociales, la falta de empleo, la discriminación y la crisis debido al "modelo neoliberal", en oriente, los mismos problemas que atraviesan los sectores subalternos son explicados por la"centralismo", que es una ideología y visión del mundo administrada por las elites empresariales, lo que permite entender su liderazgo y base social. Esto ciertamente tiene que ver con la debilidad del tejido social popular en Santa Cruz, con la ausencia de autonomía política de los sectores populares, etc., que permitan que las demandas y frustraciones de varios sectores populares urbanos, y en particular de jóvenes migrantes andinos, se articulen individualmente en las ofertas que hacen las elites empresariales.
3.- Esta rebelión de las elites regionales en contra del gobierno tiene que ver con el aumento del diesel afecta sus costos de producción agroindustrial; tiene que ver con los errores formales del gobierno para hallar acuerdos, pero FUNDAMENTALMENTE TIENE que ver con el hecho de que en los últimos 16 meses, desde octubre del 2003, las elites empresariales cruceñas han perdido el control de una buena parte de los resortes del poder político que durante 19 años administraron de manera interrumpida.
Desde 1985, independientemente de los gobiernos del MNR, ADN o MIR, las elites cruceñas ocuparon cargos ministeriales claves en la definición de las políticas económicas del país; estaban posesionados en niveles de dirección de los principales partidos de Gobierno y controlaban áreas de decisión en el Parlamento. Esto les permitió influir de manera directa en la definición de políticas públicas que favorecieron su potenciamiento como moderna fracción empresarial. A su modo, la burguesía cruceña desde hace 30 años, y con particular énfasis en los últimos 15 años, ha hecho lo que desde la historia republicana ha realizado todo empresariado dominante: utilizar el poder político para ampliar, extender y proteger su capitalización económica empresarial sectorial.
El desplazamiento de los hilos de poder vino inicialmente con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada que creó una serie de vínculos de fidelidad y apoyo con el empresariado cruceño que se mantuvo hasta el último minuto en que el ex presidente partía a su "auto-exilio" en octubre del 2003.
El segundo momento de esta pérdida de poder vino por el debilitamiento político de los partidos en los que este empresariado cruceño controlaba estructuras de influencia y decisión (MNR y MIR). El tercer momento de esta pérdida de control personal de los aparatos de poder gubernamental se dio cuando el presidente Mesa colocó en Ministerios a representantes cruceños provenientes de elites intelectuales y civiles distantes de las elites económicas regionales.
Y el punto final de esta pérdida de los resortes del poder gubernamental vino con los resultados de las elecciones municipales que acabaron por debilitar, y casi marginalizar de las esferas de decisión política, a los partidos que tradicionalmente habían sido el centro de la política nacional (MNR, MIR, ADN). A partir de entonces, era solo cuestión de tiempo para una ofensiva empresarial, de manera corporativa, que es su último reducto de agregación de intereses (Comité Cívico y Gremios empresariales), a fin de recobrar posiciones en un esquema de poder que se ha desprendido de su manejo directo y personal.
El aumento del diesel fue el pretexto que le permitió movilizar canalizar y liderizar un malestar social a la defensa de intereses empresariales. La actual sublevación empresarial-regional es por tanto una lucha abierta por el poder de Estado, por el control de la totalidad, o de una parte sustancial (tema de tierras, régimen de impuestos, modelo económico), de los mecanismos de toma de decisión sobre la manera de gestionar los recursos públicos. El hecho de que se trata de un empresariado regional y que las Fuerzas Armadas tenga de momento una actitud neutral o distante al reclamo empresarial (debido a sus insinuaciones escisionistas con las que a veces lo presentan los dirigentes cívicos), limita la posibilidad de un cambio total de la estructura de poder a su favor, aunque la fuerza que tienen puede obligar a un tránsito gradual hacia una retoma de la influencia que tenían antes de octubre.
4.- Por las características de esta lucha por el poder gubernamental, por lo que estos sectores empresariales defendieron y buscan defender y por la manera de haber acumulado poder económico en los últimos años, esta lucha es también por re-direccionar, por detener el conjunto de reformas políticas y económicas que están en marcha debido a la presión popular-indígena de occidente, ya que la continuación de esas reformas pueden afectar directamente los mecanismos de poder económico empresarial (Asamblea Constituyente que modifique el sistema de propiedad de la tierra, nacionalización de los hidrocarburos que ponga freno a la esperanza de una regalías petroleras regionalizadas, etc). De ahí que esta lucha por el poder, sea a la vez una resistencia a la continuidad de la llamada "agenda de octubre" resultante de la rebelión urbana-rural de octubre del 2003.
5.- Sin embargo, esta lucha empresarial por el control de las estructuras decisionales del poder político no toma la forma de una lucha "nacional", general de control total del Estado, lo que exigiría de parte del empresariado cruceño una serie de propuestas, de convocatorias dirigidas a movilizar al resto del país, a articular intereses de otros sectores sociales que no sean solamente los regionales del oriente. Esto, a las elites, les resulta imposible ya que el horizonte de país que propugnan y defienden (libre mercado, inversión externa, racismo, etc) ha sido derrotado en toda la región de occidente en octubre del 2003, y es una ideología cansada y en retirada, al menos temporalmente.
De ahí que el empresariado cruceño haya apostado a una regionalización de su lucha política vía la demanda de autonomía. En sentido estricto, la demanda de autonomía de los empresarios cruceños se presenta, por tanto, como una lucha defensiva, de repliegue sobre su zona de irradiación básica (Santa Cruz) y, con ello, el abandono de la lucha por una hegemonía nacional que la sienten imposible.
La lucha por la autonomía cruceña es pues el retroceso político respecto a lo que anteriormente controlaban las elites cruceñas (aparatos de Estado "nacional"), y la constatación de los límites regionales de una burguesía que no se anima a intentar dirigir, política, económica y culturalmente el país, y se repliega a su dominio regional para disputar ahí el control, compartido con las petroleras, del excedente gasífero existente.
La autonomía cuceña, convertida en la bandera central de la demanda empresarial, es por tanto la lucha por el poder político pero en su dimensión fraccionada, regionalizada, parcial y la materialización del abandono de la disputa del poder general, "nacional" del país. Su victoria, en caso de darse, no resolverá la ausencia de hegemonía nacional, de liderazgo y horizonte general compartido por la mayoría de la sociedad; radicalizará la regionalización de la lucha de clases, de los liderazgos políticos y de los proyectos de país, incrementando las tendencias escisionistas que siempre han anidado larvariamente en el comportamiento político de los sujetos sociales de oriente y occidente.
6.- Con todo, y pese a este carecer local de la disputa del poder político, la demanda de la burguesía cruceña y las empresas petroleras que la secundan, está cuestionando directamente no solo a un gobierno, sino la estructura del Estado, su base constitucional y, ante todo, el control de los recursos imprescindibles para cualquier estrategia de desarrollo económico nacional en las siguientes décadas: tierra e hidrocarburos.
Se trata por tanto de una sublevación reaccionaria que está poniendo en duda la viabilidad del Estado y, lo más riesgoso, el sustento material económico de cualquier proceso de reforma o de transformaciones progresistas que deseen impulsar los sectores populares e indígenas del país.
7.- En las actuales circunstancias, una manera de detener este proceso de reconstitución corporativa de las fuerzas empresariales y conservadoras desplazadas de octubre, es la profundización de las reformas desneoliberalizantes que se iniciaron con la Guerra del Agua y las sublevaciones indígenas y que en el último periodo han sido escamoteadas por la moderación del gobierno de Mesa. Esto exigiría que el gobierno, si no quiere verse desplazado del poder, necesita acelerar las reformas en el plano económico y político a fin de lograr un amplio apoyo popular, tanto en occidente como en oriente, que neutralice y aisle a las fuerzas conservadoras. La actitud dubitativa y ambigua del gobierno contribuye a un más rápido avance de la derecha empresarial que de la izquierda indígena.
Otra opción seria un inmediato reforzamiento y ampliación de la hegemonía indígena-popular de los movimientos sociales mediante una estrategia de alianzas amplias a nivel de todo el país, en torno a un programa de radicalización de las reformas y una cohesionada movilización social de todos sus segmentos, tanto los radicales como los moderados para aislar a los sectores conservadores e imponer una agenda de cambios políticos sustentados en la gestión social-estatal de la base económica de esos cambios: la propiedad y producción nacional de los hidrocarburos.