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Derivaciones de la aprobación del tratado con Estados Unidos
Víctor H Abelando
Brecha
Cada una de las crisis internas que ha vivido el Frente Amplio ha sido de
mayor virulencia que la anterior.
La votación en el Senado, el miércoles 21, del tratado de protección de
inversiones con Estados Unidos provocó la tercera crisis del oficialismo.
Las dos anteriores se dieron en ocasión de aprobar la participación de militares
en las maniobras Unitas y el envío de nuevas tropas uruguayas a Haití. En las
tres instancias hubo discrepancias, concretadas en actitudes que rompieron la
unanimidad de la fuerza de gobierno (pocos días atrás renunció a la banca de
diputado el socialista Guillermo Chifflet, en desacuerdo con el tema Haití y la
decisión de la bancada frenteamplista de imponer de forma imperativa la votación
favorable al asunto).
Pero, a diferencia de las anteriores, en esta ocasión la actitud de
desconocimiento de la resolución de la bancada tuvo un costado significativo: la
desobediencia a la exhortación del presidente Tabaré Vázquez para darle el sí al
tratado respondió a una decisión orgánica del Partido Comunista (PCU) y no a una
actitud individual como aconteció con Chifflet. El senador comunista Eduardo
Lorier fue el único voto negativo al proyecto de ratificación del tratado en el
Senado, a pesar de que mediaba la decisión de la bancada de mandato imperativo
para aprobar en bloque el proyecto del Ejecutivo.
Un camino con muchas vueltas
"Muchas veces se dijo que nosotros poco menos que integrábamos el club de
serviles de Estados Unidos. Bueno; hoy podemos decir claramente: bienvenidos
compañeros del Frente Amplio al club de serviles de Estados Unidos y de los
yanquis", dijo el senador blanco Jorge Larrañaga, en su intervención en el
Senado. Esa percepción, desde la oposición, de las contradicciones del FA con su
historia ("hoy asistimos al divorcio entre un discurso histórico y el ejercicio
del gobierno", sostuvo Larrañaga) representa el sentir de parte del electorado
frenteamplista, aunque en cierta medida prefiera, como sostuvo un integrante de
la Mesa Política, "barrer la basura para abajo de la alfombra".
Es que la oposición a la participación en las maniobras Unitas, al envío de
tropas a otros países y a la firma de tratados con Estados Unidos es parte del
universo simbólico acerca del antimperialismo que alimentó la izquierda uruguaya
como una de sus definiciones básicas.
Si en algo se pueden unir los tres episodios señalados es en la tensión entre
aquellas convicciones y los actos del gobierno al respecto.
Sin embargo, no es la oposición de estos episodios a un rasgo identitario el
único problema surgido en estos meses.
Esa trilogía conflictiva tiene otro componente: las dificultades de
relacionamiento entre el partido y el Poder Ejecutivo. Ninguno de los tres
hechos reseñados tuvo un espacio de discusión en la estructura frenteamplista, y
las variaciones de posiciones (positivas o negativas según las miradas) se
hicieron sin más explicaciones que las instrumentales, y se difundieron a través
de los medios antes de que las conocieran los integrantes de la dirección
política, confesaron a BRECHA dirigentes del FA.
Agregaron que desde el Ejecutivo existe un demanda de alineamiento obligatorio
con sus decisiones, y cuando se habilita un ámbito de deliberación se busca la
bancada de legisladores, de forma que allí no participen las bases y los
sectores minoritarios.
En un hecho inédito, el lunes 19 los delegados de las bases de Montevideo y
Canelones se retiraron de la reunión de la Mesa Política, convocada para
analizar el tratado de inversiones con Estados Unidos. Esa actitud fue en
respuesta al desconocimiento por parte de la presidencia del FA de una petición
de 46 miembros del Plenario Nacional, para que se convocara, en febrero, una
sesión de dicho organismo con el fin de analizar el tratado. El pedido respetaba
el artículo 80 del estatuto del FA y no había más que dar trámite a la
convocatoria, señalaron fuentes de la Mesa a BRECHA.
Previamente, el lunes 12, la delegación de las bases había presentado una moción
para postergar una decisión sobre el tema y a la vez trasmitir a los
legisladores que no se tomara posición sobre el tratado hasta que fuera
considerado por la Mesa u otro organismo de dirección. La propuesta resultó
aprobada.
Sin embargo, y ante la presión del Ejecutivo, la presidencia de la Mesa optó por
sostener que no había resolución ni a favor ni en contra del tratado (el
presidente del FA, Jorge Brovetto, puso a consideración la cuestión y ninguna de
las posturas alcanzó los dos tercios necesarios para imponer una decisión),
trasladando su consideración a la bancada legislativa, sin tener en cuenta las
firmas en demanda de un plenario.
Ese mismo lunes por la noche, en un brindis de fin de año con los parlamentarios
frenteamplistas, Vázquez explicó las razones de su premura para dar aprobación
al tratado. Allí dijo que en atención a planteos hechos desde el FA, revió su
posición inicial de dejar todo en manos del Parlamento para iniciar gestiones
ante el gobierno de Estados Unidos y modificar tres aspectos negativos que se le
habían señalado. "Este presidente tomó la resolución de resignar su posición
inicial" y se "arriesgó" a tener una conversación con un funcionario de menor
categoría del gobierno de Estados Unidos y "plantearle tres cambios", comentó
Vázquez a los legisladores
De la conversación, añadió, los funcionarios estadounidenses compartieron dos
modificaciones (la del artículo 17 y la del encargado de designar al tercer
árbitro) y una tercera "casi en su totalidad" (la cláusula de nación más
favorecida, donde Estados Unidos se compromete a una declaración unilateral de
Uruguay por la cual los inversores de dicho país no recibirían el mismo trato
que los socios del MERCOSUR).
Por tanto, si se le habían propuesto esos cambios que habían tenido el visto
bueno de la contraparte, no había más alternativa que aprobarlo. De lo
contrario, sostuvo, es como si se le hubiera arrimado una escalera para pintar
la pared y luego "me sacan la escalera y quedo colgado del pincel".
El miércoles 21, Lorier dijo en el Senado que ni su sector ni él participaron en
ninguna gestión para modificar aspectos del tratado que lo hicieran más
digerible. Fuentes frenteamplistas dijeron a BRECHA que las sugerencias a
Vázquez fueron realizadas por senadores socialistas, del Nuevo Espacio y del MPP.
Por tanto, añadieron, Vázquez no puede hablar de una gestión de la fuerza
política, pues ni la Mesa ni el Plenario llegaron a discutir el tema.
Aquellas afirmaciones del presidente de la República, aunque con otras palabras,
eran desde hacía semanas parte de los insumos con los que contaban los distintos
sectores frenteamplistas para fijar posición sobre el tratado.
Fueron esas precisamente las razones para que los principales dirigentes del MPP
trabajaran para mediatizar una resolución de su dirección nacional contraria al
tratado, logrando que la misma perdiera su virulencia original y derivara en
aceptar la decisión de la bancada, para no "dejar solo al presidente".
Sin embargo, la división de aguas sobre el tratado no tuvo la única expresión
contraria del PCU, del 26 de Marzo y la Corriente de Izquierda, puesto que todas
las coordinadoras frenteamplistas de Montevideo se pronunciaron en contra, aun
después de las tres modificaciones establecidas.
Varios dirigentes consultados coincidieron en que en la "rebeldía" de la
estructura del FA se advierte un corte horizontal, que recorre especialmente a
los partidos históricos de la izquierda.
Empero, ese malestar no se traduce automáticamente en oposición abierta al
gobierno, al menos a nivel de expresiones callejeras. Un integrante de la Mesa
Política dijo a BRECHA que aun en la discrepancia con el tratado, no compartía
la convocatoria que algunos sectores realizaron para manifestar el miércoles 21
en los alrededores del Palacio Legislativo.
Y lo hacía porque todavía la cultura frenteamplista consiste en no "ventilar"
las diferencias en público. Algo, añadió, que no comprenden sectores como el 26
de Marzo y la CI. Aunque lo fundamental es la necesidad, agregó, de "buscar
desde el gobierno la estrategia que permita apuntar a un rumbo más pronunciado
hacia los cambios. Para eso no es lo indicado ponerse en la vereda de enfrente".
Derivaciones
Ayer, jueves, distintos medios especulaban con la posibilidad de que se
remitiera el "caso Lorier" al Tribunal de Conducta Política del FA,
especialmente a partir de que el senador Eduardo Ríos (Alianza Progresista)
manejara esa posibilidad, además de cuestionar la permanencia de Marina
Arismendi, ministra de Desarrollo Social y la secretaria general del PCU, en el
gabinete.
Se consultó a distintos dirigentes de los sectores mayoritarios del FA, quienes
respondieron que sus respectivas direcciones se reunirían en estos días para
analizar lo ocurrido.
Sin embargo, fuentes socialistas dijeron que no existe en su partido un estado
de opinión como para enviar la conducta de Lorier al tribunal.
Incluso manifestaron que no son precisamente ellos los más indicados, después
del "episodio Chifflet". En opinión de los socialistas, si el objetivo es
encauzar una acción conjunta, tomar medidas disciplinarias no es la mejor forma
de solucionar la crisis.
En similar sintonía, dirigentes de la Vertiente Artiguista afirmaron que una
sanción no parece la mejor medida para resolver problemas políticos profundos.
Sí manifestaron su preocupación por la agresión que sufrió Mariano Arana
(golpearon y abollaron la puerta de su auto), cuando cruzó entre los
manifestantes que estaban frente al Palacio Legislativo, pues lo acontecido
"excede el tono en el que deben manifestarse las discrepancias".
Allegados al presidente Vázquez descartaron que vaya a producirse la remoción
inmediata de Arismendi debido a la actitud asumida por su partido.
No obstante, aseguraron que su nombre es probable que esté en la nómina del
recambio ministerial, que se supone el presidente implementará dentro del primer
semestre de 2006.
De todas maneras advirtieron que resulta difícil la convivencia en el equipo de
gobierno con una ministra que no comparte muchas de las acciones de éste. En ese
sentido recordaron que el primer episodio de desencuentro fueron sus
afirmaciones de que había rubricado de mala gana el decreto de regulación de la
reforma del agua. Si a esas diferencias se agregan las críticas por la lentitud
y las dificultades en la implementación del PANES, el futuro se presenta
complicado para Arismendi, comentaron las fuentes.