Latinoamérica

Con los 35 esqueletos ubicados en el cementerio de Vichadero –sobre los que hay acumulados fuertes indicios de que pueden corresponder a prisioneros desaparecidos (véase nota central)– se desploma definitivamente la pretensión de la Comisión para la Paz de circunscribir los "excesos" de la dictadura a una treintena de desapariciones y reducir la búsqueda a unos 26 cuerpos de prisioneros cuyo asesinato ha sido implícitamente admitido por las Fuerzas Armadas.

Samuel Blixen
Brecha

La distancia entre 30 y 200 no es sólo cuantitativa. Si la responsabilidad de las Fuerzas Armadas se extiende a todos los uruguayos capturados en Argentina y Paraguay, y si se comprueba que esos prisioneros fueron trasladados a Uruguay y asesinados aquí, entonces los militares deberán abandonar la excusa de que las muertes fueron consecuencias involuntarias de la consciente aplicación de torturas para "salvar a la patria". Habría que explicar quién los secuestró en Argentina, quién ordenó actuar en el exterior, cómo fueron trasladados al país, en qué lugar permanecieron secuestrados, quién ordenó asesinarlos y quién ejecutó la orden.
Este rosario de preguntas inevitables explica el autismo del Ejército sobre el "segundo vuelo", es decir, la extradición clandestina, en setiembre de 1976, de una veintena de uruguayos, que la Fuerza Aérea confirmó inesperadamente en su informe de agosto último, junto con la ubicación en una chacra de Pando de dos desaparecidos.
El Ejército tiene toda la información sobre esos desaparecidos, pero no la brinda, la secretaría de la Presidencia no se la reclama y tampoco lo hacen los jueces. Los "desaparecidos de Argentina" son el talón de Aquiles de la estrategia del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández; preferible es, para no enfrentar situaciones delicadas con los mandos militares, que los cuerpos que eventualmente se rescaten correspondan a aquellas historias que los militares aceptan que se conozcan. De ahí que la información debe estar rigurosamente centralizada y las búsquedas deben ser en función de la información orgánicamente aportada por el Ejército. La única excepción a esta regla de conveniencia eran los restos de María Claudia García de Gelman, secuestrada en Argentina y asesinada en Uruguay. Quizás porque era muy difícil acotar ese caso, la información que impulsó al comandante Ángel Bertolotti a señalar el lugar exacto del enterramiento resultó falsa.
Por otra parte, el hallazgo del esqueleto en el Batallón 13 fue una jugada fuera de libreto. Todavía no se sabe a quién corresponde, pero sin duda la información anónima que condujo al hallazgo abrió puertas hasta ahora clausuradas. Las cuentas son reveladoras: están, por un lado, los dos cuerpos encontrados en Pando y en el Batallón 13; está el cráneo de Roberto Gomensoro Josman, recuperado en 2002; y hay partes de tres esqueletos encontrados en una fosa común del cementerio de Tacuarembó, que permanecen en depósito en el Instituto Técnico Forense, a la espera de un análisis de adn que inexplicablemente se demora por la reiterada omisión del juez de Paso de los Toros, Dardo Martínez. Uno de esos cuerpos podría ser el de Gomensoro Josman, pero ¿y los otros dos? Si a estos cinco restos se les suman los 35 esqueletos de Vichadero, bajo la hipótesis de que pueden ser desaparecidos, entonces inevitablemente alguno debe corresponder a prisioneros capturados en el exterior.
Como sea, la hipocresía se desmorona.