Latinoamérica

Ángel Páez
IPS

Al día siguiente de la matanza de ocho policías antidrogas cometida por una columna del grupo armado Sendero Luminoso en el poblado de Aucayacu, en el selvático valle peruano del Alto Huallaga, los muros de la principal vía de tránsito de la capital aparecieron cubiertos con la consigna "Fujimori sí, terrorismo no".

Era la forma en que los fujimoristas recordaban que el ex presidente Alberto Fujimori --hoy preso en Santiago de Chile a la espera de un proceso de extradición-- había derrotado durante su gobierno (1990-2000) a la insurgencia maoísta que inició una guerra de guerrillas en 1980. Pero no es verdad.

Quienes mataron a los policías en una emboscada el martes 20 de diciembre pertenecen a uno los dos grupos de Sendero Luminoso que consiguieron sobrevivir al régimen de Fujimori.

Bajo la jefatura de Alberto Cerrón Palomino, el "camarada Artemio", ese grupo opera en el valle del Alto Huallaga, en la central provincia de Huánuco, donde se concentra 34 por ciento de los cultivos ilegales de hoja de coca.

El otro grupo activo de Sendero es liderado por Ronaldo Huamán Zúñiga, "camarada Alipio". Sus acciones se concentran en los valles de los ríos Ene y Apurimac, en el sur, donde los cultivos de hoja de coca han aumentado notablemente, hasta representar 29 por ciento del total del país.

Precisamente, el 5 de diciembre la columna de Alipio mató a cinco policías en la localidad de Palmapampa, donde hace menos de un mes se instaló una nueva base antidrogas apoyada por el gobierno de Estados Unidos, que suministró cuatro helicópteros exclusivamente para combatir a los narcotraficantes.

Las columnas senderistas de Artemio y Alipio han reactivado sus acciones en respuesta al aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad en los valles donde se cultiva hoja de coca, que se destina a la producción de cocaína, industria ilegal que ha registrado un crecimiento explosivo en el último año.

Antes que una reorganización de Sendero Luminoso, como sugieren los fujimoristas, las acciones de los grupos de Artemio y Alipio, exclusivamente en las zonas de los cocales, deben entenderse como reacción de grupos financiados por el narcotráfico frente a las operaciones antidrogas gubernamentales.

El presidente Alejandro Toledo, que aplica disciplinadamente la estrategia antidrogas de Estados Unidos centrada en la represión, y subestima el aspecto social del problema, respondió a los ataques declarando el estado de excepción en las áreas donde se desplazan las columnas subversivas.

Al mismo tiempo, Toledo creó un equipo gubernamental para ejecutar obras de infraestructura en los poblados en los que operan los insurgentes maoístas, y aseguró financiaría proyectos agrarios para que los campesinos cocaleros abandonaran los cultivos ilegales.

Pero la experiencia indica que si los agricultores no encuentran mercado para sus productos, difícilmente abandonen una actividad ilícita que les proporciona un mejor ingreso.

Fuentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo dijeron a IPS que la columna de Alipio cuenta con unos 150 hombres armados, y la de Artemio con 60. No representan un peligro para el Estado, como lo fue Sendero Luminoso hasta 1992, cuando fue capturado el fundador de la organización, Abimael Guzmán, junto con buena parte de la cúpula dirigente.

Fujimori se atribuyó el exitoso golpe, si bien los policías que atraparon a Guzmán pertenecían a una selecta unidad constituida a fines del gobierno de Alan García (1985-1990), que actuaba al margen del Servicio de Inteligencia Nacional controlado por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, ahora preso y procesado en Perú por diversos delitos.

En un comunicado, el grupo senderista que mató a los policías en Aucayacu reivindicó el crimen alegando que se trató de una acción "para romper el cerco de aniquilamiento de la guerra popular" y desmintió haber recibido dinero del narcotráfico.

Pero en el juicio en marcha contra Abimael Guzmán y los miembros de la cúpula de la organización, entre ellos Óscar Ramírez Durand, éste testificó que Sendero recibía fondos de traficantes de drogas a cambio de protección.

Ramírez Durand también sostuvo que Artemio y Alipio se mantenían activos porque resguardaban los cultivos de hoja de coca y aseguraban con armas la producción de cocaína en los valles en los que estaban presentes.

Los candidatos a la Presidencia para los comicios del año próximo, la derechista Lourdes Flores Nano, el ex coronel del ejército Ollanta Humala, y el socialdemócrata ex presidente García fustigaron al gobierno por "enviar al sacrificio" a los policías y por carecer de una verdadera política antidrogas.

Los senderistas de Alipio y Artemio parecen pretender convertirse en defensores de los campesinos cocaleros, que durante el régimen de Toledo han organizado protestas, bloqueos de carreteras y otras acciones contra la eliminación de los cultivos.

En 2003, Toledo recibió en la sede de su gobierno a un grupo de cocaleros ante los cuales se comprometió a aplicar un programa de abandono voluntario de plantaciones de coca. Pero poco o nada se hizo.

En cambio, este año el presidente ordenó intensificar las acciones de eliminación compulsiva, después de que el informe anual de la Oficina de la Casa Blanca de Política Nacional para el Control de las Drogas expresó preocupación por el aumento de la producción peruana de coca y cocaína y reclamó acciones más enérgicas.

Toledo acató, obligado porque en 2002 suscribió la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés), vigente hasta 2006, que condiciona una serie de beneficios comerciales de Estados Unidos a los éxitos en la lucha antidrogas.

Además, Lima se encontraba negociando el último tramo del tratado de libre comercio con Estados Unidos, que implicó el cumplimiento de metas antidrogas contempladas en la ATPDEA. Hacer nada o poco ante al aumento considerable de la producción de coca y de cocaína habría frustrado el acuerdo comercial, una de los objetivos más queridos por el presidente peruano.

Entre enero y noviembre de este año, las fuerzas antidrogas incautaron 11,3 toneladas de cocaína de alta pureza, todo un récord en Perú.