Latinoamérica
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Estados Unidos-Perú
La intríngulis del TLC
Hedelberto López Blanch
Rebelión
No cabe dudas de que el presidente peruano Alejandro Toledo tuvo razón cuando
tras alcanzar un acuerdo preliminar de libre comercio con Estados Unidos afirmó
que se abría un gran reto para el país pues disponían ahora de mercado y
necesitaban aumentar la oferta exportable y ser competitivos.
Los analistas indican que la máxima del presidente quedará grabada para la
historia pues ante un enorme emporio económico que se equipara, en conjunto, con
el Producto Interno Bruto (PIB) de los otros cuatro países más desarrollados
(Japón, Alemania, Reino Unido y Francia) Perú prácticamente no podrá hacer nada
ante la avalancha de mercancías y compañías norteamericanas que inundarán la
nación andina.
Con más de 11 000 millones de dólares de PIB y las principales empresas
transnacionales ávidas de ampliar sus dividendos, Estados Unidos logró en
conversaciones efectuadas en Washington, que Lima se acogiera a un acuerdo para
suscribir el Tratado de Libre Comercio (TLC), que debe ser ratificado por los
respectivos Congresos en el tercero o cuarto mes de 2006.
Toledo, desde su arribó al poder en 2001, ha gobernado con uno de los índices
más bajos de popularidad que ha fluctuado entre un 8 y un 15 % por lo cual la
mayoría de los 28 millones de habitantes no aprueban la conclusión del TLC sin
antes llevarlo a una consulta popular para poder conocer ventajas y desventajas.
Para el mandatario peruano el acuerdo alcanzado durante tres días de discusiones
en Washington ha sido "histórico", uno de "los acontecimientos más importantes
de mi gobierno y los logros los cosechará el próximo presidente."
En contraposición a las eufóricas declaraciones de la jerarquía peruana, casi
todos los movimientos sociales y los partidos de oposición que dirimirán en las
urnas las elecciones de julio de 2006, han criticado fuertemente el pacto.
Luis Zúñiga, presidente de la Convención del Agro declaró que resulta
"lamentable entregar el mercado peruano al norteamericano mediante el cual ha
condenado a la quiebra segura al 97 % del sector agrario nacional".
Este gremio, al igual que el Partido Aprista (principal de la oposición), el
Democrático Social y el Comunista, catalogaron de "traición" el previsto
convenio pues aseguran que el equipo negociador no actuó con la fortaleza
necesaria para defender los intereses del país en un diálogo adecuado y firme.
El pacto eliminará cuando entre en vigor, los aranceles de dos tercios de las
exportaciones de Estados Unidos a Perú y progresivamente lo hará con los
aranceles al comercio de alimentos, pese a que Estados Unidos continuará
otorgando millonarios subsidios a sus cosechadores agropecuarios.
Como es lógico, esas medidas pondrán contra la pared a toda la agricultura
peruana que se dedica a monocultivos manuales, sin recursos financieros para
comprar fertilizantes o implementos agrícolas que le permitan competir con los
super industrializados productores estadounidenses.
Los negociadores peruanos lograron algunas prerrogativas por parte del gigante,
como dejar fuera la exportación de ropa usada que Estados Unidos quería venderle
o que la apertura total a las partes de pollo y arroz se materialicen, o sea, la
mitad de su población 18 años después de la entrada en vigor del pacto.
Washington impuso que Lima accediera a proteger durante cinco años los datos de
prueba de los fármacos, lo cual impide la venta durante ese período de
medicamentos genéricos, que son mucho más baratos. Esto, como es lógico, va en
detrimento de la mayoritaria población empobrecida que según datos de
organizaciones internacionales alcanza a cerca de 14 millones de personas.
Además, Perú removerá las barreras comerciales de los servicios y proveerá un
marco legal y seguro para los inversores estadounidenses en el país, con lo cual
las compañías multinacionales podrán tener acceso a controlar renglones
fundamentales como la electricidad, agua, educación y otros.
Resulta contradictorio que el anterior negociador del tratado con Estados
Unidos, Pablo de la Flor, afirmó en el 2004 que Perú enfrentaba preocupantes
déficit los cuales ponían en riesgo los beneficios de un convenio con el
MERCOSUR.
De la Flor, planteó en esa ocasión que el Tratado con el MERCOSUR rebasaba lo
comercial y su país tenía graves deficiencias que compensar en infraestructura,
capital social y competitividad.
Al parecer todas esas desventajas desaparecieron al conveniar el tratado con la
primera potencia del mundo pues el actual jefe del equipo negociador y ministro
de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero, puntualizó que "hay muchísimas más
ganancias que costos."
El ministro de Agricultura, Manuel Manrique, quien también estuvo en Washington
trató de enmendar el accionar cuando señaló que los integrantes del grupo
peruano no fueron "sumisos" ante la contraparte norteamericana como señalan
muchos críticos.
Los próximos meses serán definitorios para los peruanos pues las presiones se
incrementarán por parte de los ricos empresarios y funcionarios gubernamentales
que desean acelerar la entrada en vigor del TLC y su aprobación por el
Parlamento a más tardar en marzo y por otra parte, una mayoría de organizaciones
sociales, campesinas y partidos políticos que exigen analizar primero sus
consecuencias y posponer su discusión hasta después de las elecciones
presidenciales de julio próximo.
Por lo pronto, la Convención Nacional del Agro y el Frente Nacional de Ganaderos
han llamado a una huelga general para contrarrestar el pacto del TLC. El
panorama nacional se complica.