|
Latinoamérica
|
|
Desvergüenza e impunidad
Gustavo Espinoza M.
Ha sido una constante del gobierno de Alejandro Toledo el buscar que tender un
manto de olvido sobre los crímenes contra las poblaciones civiles consumados por
las instituciones castrenses en las dos décadas de violencia genocida vividas en
el Perú a fines del siglo pasado.
En esa línea, las autoridades del régimen que termina sus funciones, echaron
simplemente al olvido las recomendaciones planteadas por al Comisión de la
Verdad e hicieron oídos sordos a las demandas de los familiares de las víctimas
de esta política de horror que azotó sobre todo las regiones del interior del
país.
Pocas veces, sin embargo, se ha diseñado más claramente ese intento como ahora
con motivo de las celebraciones del Día del Ejército, efectuadas el pasado
sábado 10 de diciembre.
Cuando el país entero podría haber esperado del Comandante General del Ejercito
un pedido de perdón a la ciudadanía por los crímenes cometidos contra el pueblo;
el General Luis Muñoz Díaz, al frente de la institución armada demandó más bien
"poner fin a la persecución a militares", reclamando así que queden sin efecto
los procesos judiciales iniciados en la materia. Expresamente el uniformado
expresó su "solidaridad con los oficiales, sub ofciales, técnicos y personal de
tropa que "por defender la democracia, son objeto de largos juicios y
persecuciones indebidas que les causan zozobras personales y familiares".
Profundizando en el tema, el Jefe del Ejército dijo, además que esos militares
"sacrificaron su propia existencia. y ahora se elevan por encima de mezquinos
intereses personales, de grupo, o de aquellos que para alcanzar sus propósitos
no reparan en dañar honras y en poner en peligro del futuro del país"
No fue necesario que precisara casos específicos ni que citara nombres para que
todos repararan en la intención del máximo exponente de las armas. Obtener el
fin inmediato de los juicios por las matanzas de Accomarca, Llocllapampa.
Pomatambo, Puccas, Cayara y otras, en las que aparecen involucrados jefes
militares aún en actividad y que, en aquellos años estaban al frente de los
grupos operativos que implementaron la guerra sucia contra el pueblo. El
más caracterizado de estos altos oficiales es sin duda el general José Williams
Zapata, que tuvo a su cargo los sucesos de Accomarca, contra quien se dictó
vanamente orden de arresto judicial que no se cumplió, y que ahora se desempeña
como Jefe de la Región Militar con sede en Piura y está en linea de sucesión
para asumir eventualmente la Comandancia General del Ejército.
La presencia del general Williams Zapata en el acto de celebración del Dia del
Ejército, fue notable. No sólo porque todos percibieron que el general Muñoz
Diaz se refería directamente a su caso; sino además porque el Presidente de la
República, rompiendo todo protocolo hizo subir al estrado al citado militar y le
rindió homenaje diciendo luego emocionado, por cierto- que él "no permitiría
jamás la persecución" contra de los uniformados.
Hay que recordar solamente que el caso Accomarca está actualmente en manos de la
justicia ordinaria; y que los oficiales acusados por los hechos ocurridos allí,
no tienen escapatoria por cuanto todos los elementos y pruebas acumuladas, los
acusan. Lo mismo sucede en el tema de Cayara, en el que está involucrado el
general José Valdivia Dueñas. Aunque los entes judiciales, en un claro fallo
político, decidieron absolver al Jefe de Estado de ese entonces, Alan García
Pérez, no pudieron hacer lo mismo con el general, cuya responsabilidad directa
en la masacre ocurrida en la Pampa de Jeschua el 13 de mayo de 1987 quedó
plenamente confirmada.
En situación similar se encuentra el general Luis Pérez Documet, acusado por la
matanza de estudiantes en la Universidad Nacional del Centro del Perú, con sede
en Huancayo, y que estuviera también vinculado al caso de La Cantuta, en
julio de 1992, cuando fueron secuestrados y asesinados 8 estudiantes y un
profesor; y el contralmirante Luis Giampietri, que participó en los sucesos de
los Penales en Junio de 1986, en lo que se conoce comúnmente como "la matanza de
El Frontón", en el que perecieran casi 180 reclusos.".
No debiera sorprender en absoluto que, en el marco de la campaña electoral que
se inicia, los candidatos de las principales fuerzas coincidan en la necesidad
de extender una suerte de "olvido y perdón" en beneficio de los incoados. Lo han
dicho de una u otra manera Alan García, Lourdes Flores, Rafael Belaunde -el
nuevo candidato del gobierno- y otros- Y la medida podrìa beneficiar, además, a
Antauro Humala que en aquellos años, operó también en la selva del departamento
de Huanuco realizando acciones que han sido denunciada, aunque aun no
investigadas.
Un "consenso" se busca sin duda para lanzar el tema a la canasta del olvido, y
hacer que el país, una vez más, pierda la memoria.
Eso, claro, como un primer paso para luego repetir la historia (fin)
(*) Del colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
 |