Latinoamérica

Rodrigo Santillán Peralbo*
Altercom*

Más sabe el diablo por viejo que por sabio. Las clases dominantes, políticas y económicas, con 500 años de experiencia acumulada, han hecho de este país su insana voluntad, hasta llevarlo al desastre nacional.

Las clases dominantes, políticas y económicas, con 500 años de experiencia acumulada, han hecho de este país su insana voluntad, hasta llevarlo al desastre nacional.
Mientras se regodean del éxito de sus vivezas, amarres y enjuagues, y torpedean todo intento de salida a la crisis, el país se cae en pedazos, directo al basural de la historia, tanto que es un Estado inviable y de continuar por el chaquiñán del caos, ¿tendremos país en el 2010 o 2015?
No existe, ni se vislumbra un proyecto nacional porque no hay visión de futuro. Sólo quedan intereses de grupo que defienden a dentelladas el poder político y económico que, lotizado, les es suficiente para satisfacer sus mediocres apetitos, sus banalidades y vanidades, a costa de la miopía popular, de la pobreza de las masas, del engaño y la mentira contumaces.
Ninguna propuesta de cambio, por mínimo que sea, es aceptada. El Congreso y el TSE -apéndice de la partidocracia- niegan los intentos de convocatoria a consulta popular ansiada por diversos representantes de la sociedad civil, a los que diputados y políticos insultan, deslegitiman y satanizan, cómo si únicamente ellos fueran los sabios, dueños y capataces de esta hacienda llamada Ecuador. Ellos no quieren ni oír de Asamblea Constituyente y sólo proponen reformar la Carta Política para no perder privilegios.
Ante esta insostenible situación, delegados de 90 organizaciones nacionales se reúnen en Quito, para discutir los cambios constitucionales. ¿Por qué no se declaran en Asamblea Popular Constituyente para dictar una nueva Ley Suprema o reformar la actual, y viabilizar la democracia participativa?
Esa Asamblea Popular Constituyente podría, por ejemplo: excluir de participación en la política nacional a todos los ex presidentes que hayan sido derrocados por el pueblo o violado los derechos humanos, a los ex diputados que hayan sido expulsados del Congreso Nacional, a los que hayan participado en golpes de Estado, a los que  hayan sido acusados de actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, a los  que hayan evadido la justicia con el recurso del autoexilio, a los banqueros corruptos, empresarios comerciantes e industriales que hayan tenido contratos con el Estado o que hayan sido acusados de evasión tributaria. Para los actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, la Carta Política debe ordenar la confiscación de bienes, muebles e inmuebles y de las cuentas corrientes que tengan en el Ecuador y en el extranjero. Estos hechos deberían ser considerados más graves que el narcotráfico y deberían merecer penas de prisión superiores a los 25 años, sin  que importe la cuantía del enriquecimiento ilícito y de la corrupción y debe extenderse a cómplices y encubridores.
Constitucionalmente se debería prohibir que los diputados sean reelegidos indefinidamente para evitar caciquismos e, igualmente, prohibir la reelección presidencial, y la dirección o presidencia indefinidas de los partidos políticos. En la Carta Política debería existir un  capítulo que posibilite la participación ciudadana en la construcción de la democracia, garantizar la participación de las minorías políticas en el Congreso Nacional que debería llamarse Asamblea de Representantes y permitir la revocatoria del mandato para todos los funcionarios del Estado que hayan sido elegidos mediante votación popular.
En la Carta Política debe reforzarse el capítulo referente al patrimonio nacional que debe ser indelegable; prohibir tajantemente cualquier forma de privatización, consolidar la seguridad social y prohibir formas o intentos de privatización, bajo prevenciones legales.
La liberad política debe consagrarse permitiendo al ciudadano la participación en los procesos electorales sin obligatoriedades; es decir que el voto sea libre y voluntario. La Ley Fundamental debería propender a la formación de bloques políticos y de la sociedad civil que sean ideológicamente afines,  ya que nadie es ideológica y políticamente independiente, y procurar los consensos dentro de la Cámara Única de Representantes, sobre la base de un  Proyecto Nacional.
Podríase,  también, elaborar un nuevo estatuto que democratice y consolide a los partidos políticos y un nuevo estatuto electoral que cambie las reglas del juego. Darían un claro ejemplo a los  políticos profesionales  de que aún es posible evitar el desastre total. Para legitimar el trabajo de la sociedad civil, se podría someterlo a plebiscito, a fin de que el pueblo sea el que decida su presente y futuro.