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Para-reforma agraria y conflicto por la tierra en Colombia
María de Estrada
El acto de producir implica la producción de espacio. Los modos en que se
organizan las fuerzas productivas, en que se articulan los diferentes eslabones
quedan allí, plasmados en el territorio. El espacio es modificado por y para la
producción y en forma simultánea modifica la misma, que no se lleva adelante
sobre el vacío sino que sucede en territorios reales que a lo largo de su
historia se han ido configurando y reconfigurando al ritmo de la articulación
del desarrollo desigual de las fuerzas productivas.
El territorio es poder. Frente a las modernas teorías que pregonan la
globalización como un proceso donde el espacio pierde importancia frente a la
virtualización de la realidad, la velocidad de los medios de comunicación y el
desarrollo tecnológico; en la actualidad la lucha por la apropiación del
territorio, de sus recursos naturales, se mantiene en plena vigencia, con
evidencias incontrastables como la invasión a Iraq para apropiarse del petróleo
o el Plan Colombia.
En este contexto la geografía se revaloriza, constituyéndose como una
herramienta fundamental para los análisis territoriales, análisis de las pujas
de poder que luchan en y por el espacio. La geografía desde su inicio ha estado
al servicio de los grupos de poder. Surgió de la mano del Estado moderno para
inventariar y cuantificar los recursos existentes en cada territorio y de esta
forma ponerle fronteras y apropiárselos.
En la actualidad existen numerosas corrientes dentro de esta ciencia que se han
opuesto a esta tradición positivista y que la han criticado desde los más
diversos ángulos. Muchos de nuestros profesores, de los teóricos de los que
aprendimos, constituyen estas filas, y sobre esta base nos hemos formado.
Hoy, es nuestra responsabilidad, en el contexto actual de crisis, de hambre, de
miseria, de desigualdad en América Latina, superar su construcción. Es un deber
que como generación tenemos: pasar a una nueva geografía, la geografía de la
acción.
Mientras los estados y los centros de poder intentan apropiarse de los espacios
e incorporarlos de modo funcional al sistema, existen múltiples actores,
movimientos sociales que cotidianamente construyen un territorio alternativo,
reconfigurando el espacio con lógicas que exceden a las del poder. Esta
geografía de la acción, geografía desde abajo, debe ser útil al "desordenamiento
territorial", que desestructure las lógicas naturalizadas para dar lugar a
nuevos espacios, posibles y necesarios, donde las relaciones de producción y las
relaciones entre las personas se construyan de otro modo.
A lo largo de la historia de América Latina, uno de los ejes vertebradores del
conflicto ha sido la lucha por la apropiación de la tierra. Desde la invasión de
los europeos al continente, la desarticulación de la organización del espacio
preexistente, de las relaciones de producción alternativas, ha sido una de las
estrategias fundantes. Este conflicto se sostiene y se renueva hasta la
actualidad a lo largo y a lo ancho de nuestro continente generando la miseria y
muerte de miles de personas.
En Colombia, desde la década del 40 hasta la actualidad se vive un inmenso y
complejo conflicto por la apropiación del territorio, en el que la trama de
actores, sectores y bloques involucrados, combinada con la sistemática
desinformación generada por los medios, hacen que el conflicto aparezca como un
caso especial, con escasas relaciones con la situación del resto del continente.
Se intenta reducir los acontecimientos a un enfrentamiento entre el estado
colombiano, "guerrillas asociadas al narcotráfico" y algún que otro paramilitar,
sin profundizar en las causas, los sectores involucrados, los recursos naturales
en pugna e ignorando por completo a quienes habitan, quienes trabajan, quienes
viven en estas tierras: los campesinos.
La región conocida como Magdalena Medio es una de las zonas más conflictivas del
país. Allí "conviven" las FARC ( Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y
el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que controlan gran parte del
territorio; las Fuerzas Armadas, numerosos escuadrones paramilitares denominados
AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y cerca de 30 mil campesinos, que pese a
ser muchas veces olvidados, se encuentran cada vez más solidamente organizados
en la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC).
Históricamente, estas tierras forman parte de la zona de colonización, un
territorio donde muchos campesinos se han asentado tras ser expulsados de otras
regiones por la violencia, por la constante concentración de la tenencia de la
tierra que genera que la mano de obra deba migrar hacia las ciudades mientras
las tierras se concentran en poder de sectores de la oligarquía que practican
ganadería extensiva. Durante la década de los 60, aquí se cultivaba mayormente
arroz y se extraían maderas, luego en los 70 se introdujo a la región el cultivo
de marihuana para su uso ilegal, plantaciones que fueron fumigadas hasta que se
logró llevar el cultivo hacia los Estados Unidos, donde se mantiene en la
actualidad como una importante actividad económica en estados como el de
California. En los 80, debido a la represión sobre los cultivos en Bolivia y
Perú, las plantaciones de hoja de coca se extendieron a Colombia. Se inicia el
proceso de la compra masiva de inmensas extensiones de tierras por grupos de
narcotraficantes que utilizaron el campo para el lavado de las inmensas
ganancias que estaban obteniendo, dando inicio a la actual configuración del
espacio.
Estas tierras poseen, tanto en superficie como en el subsuelo, riquísimos
recursos naturales: madera, fuentes de agua, biodiversidad, oro, hierro,
petróleo, uranio, entre tantos otros. Es por esto que esta área suscita el
interés de numerosos grupos de poder, que van desde grandes terratenientes
ligados al narcotráfico hasta inmensas multinacionales como la AngloGold Ashanti
Mines, por apropiarse de los recursos.
Gracias a la ACVC pudimos llegar a la zona ocho estudiantes de geografía de
Venezuela, México, Brasil y Argentina, con el objetivo de conocer la situación,
dialogar con los campesinos y poder observar directamente lo que acontece en
este lugar mediante un trabajo de campo en equipo.
Por encima de todos los aspectos mediáticos del conflicto colombiano, la parte
que más lo sufre, los que son realmente atacados y que ven sistemáticamente
violados los derechos más esenciales del ser humano, son los campesinos. En esta
brutal estrategia para apropiarse de sus tierras, el estado colombiano, de la
mano de los Estados Unidos por medio del Plan Colombia y de las fuerzas
paramilitares, que se entremezclan y confunden con el propio ejército, utilizan
las herramientas más siniestras para lograr su objetivo: desapariciones y
asesinatos de campesinos en forma constante, quema de escuelas y poblados
enteros, fumigaciones, bloqueo económico y sanitario, entre tantas otras.
La producción de los campesinos consta básicamente de dos componentes: el
pancoger: cultivos de subsistencia como la yuca, el plátano, el maíz o el arroz
para los que no existen posibilidades de comercialización debido a los altos
costos de transporte hacia los mercados (que debe realizarse a mula o en
embarcación) y el bajo precio de los mismos; y el cultivo de la hoja de coca. Si
bien todos los campesinos son conscientes de los problemas que apareja este
cultivo de uso ilícito (ya que ilícito es el uso que se le da y no la coca en
sí), también tienen en claro que es la única forma posible de obtener dinero
para adquirir todo aquello que no pueden producir por sí mismos. Son los mismos
campesinos quienes fabrican la pasta base que es vendida en los poblados más
importantes para su cristalización y posterior incorporación al circuito
comercial. Muchas veces este eslabón es controlado por los mismos grupos
paramilitares que se encuentran inmiscuidos en el narcotráfico. A su vez, la
guerrilla cobra un impuesto de unos US$ 100 por cada kilogramo de pasta base a
los campesinos de la zona, quienes en general aceptan esto sin problemas, ya que
tanto las FARC como el ELN tienen una buena relación con los productores,
quienes se sienten apoyados, protegidos por estas fuerzas, que tienen al
campesino como una de las bases de reivindicación y lucha.
Con la supuesta intención de enfrentar al narcotráfico, esta área recibe las
consecuencias de la aplicación del Plan Colombia, herramienta base de los
Estados Unidos para llevar a cabo la militarización de América Latina y permitir
así, tanto la aplicación de las políticas neoliberales en todo el territorio,
como el control de los riquísimos recursos naturales del continente. Este plan
ha dejado como saldo hasta el momento más de 10 mil asesinatos en los últimos 10
años, dos mil dirigentes sindicales asesinados en los últimos cuatro años,
2'500.000 desplazados internos y decenas de miles de refugiados. El Plan
Colombia cuenta con 180 mil militares, 120 mil policías, 600 mil retirados de
las fuerzas armadas (empresas de seguridad), 10 mil paramilitares, 100 mil
reservistas (llamados por Uribe), 20 mil nuevos paramilitares y un millón de
informantes ("sapos") a ser reclutados.
Álvaro Uribe, actual presidente del país, íntimamente vinculado al
paramilitarismo (su padre fue muerto por las FARC) y responsable directo del
genocidio que se está cometiendo en Magdalena Medio y en todo Colombia, permite
que se continúe con la fumigación incesante de estas tierras. Constantemente
sobrevuelan el área aviones que antes de lanzar el glifosato sobre la floresta,
ametrallan la zona a mansalva, con el supuesto y ya trillado pretexto de
"combatir al terrorismo", repartiendo lluvias de balas de plomo directamente
sobre la población, sobre los niños, hombres y mujeres que están en sus campos,
en sus casas.
Después de esto, continúan fumigando las tierras con glifosato (Roundup),
agroquímico de amplio espectro, producido por las multinacionales
norteamericanas Dow Chemical y Monsanto que tienen el monopolio de sus ventas.
Recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas
independientes parecen indicar que el glifosato ha sido erróneamente calificado
como "toxicológicamente benigno". Según afirma el Dr. Jorge Kaczewer, de la
Universidad Nacional de Buenos Aires: "los que inicialmente realizaron en EU los
estudios toxicológicos requeridos oficialmente para el registro y aprobación de
este herbicida, han sido procesados legalmente por el delito de prácticas
fraudulentas tales como falsificación rutinaria de datos y omisión de informes
sobre incontables defunciones de ratas y cobayos, falsificación de estudios
mediante alteración de anotaciones de registros de laboratorio y manipulación
manual de equipamiento científico para que éste brindara resultados falsos".
Así, el glifosato produce toxicidad, efectos cancerígenos y reproductivos,
acción mutagénica y contaminación de alimentos, esto basándonos en pruebas
realizadas en laboratorio, donde no se tiene en cuenta la posibilidad de
fumigación directa de los seres humanos.
Las fumigaciones se realizan mayormente sobre la base alimentaria de la
población: se ha comprobado a través de la verificación de las tres fumigaciones
anteriores que por cada hectárea de coca fumigada son asperjadas cuatro de
cultivos de pancoger (datos provenientes de la ACVC). Incluso los proyectos de
desarrollo de la ACVC, financiados por la Unión Europea y destinados a sustituir
el cultivo de coca. Los campesinos manifiestan dolores de cabeza, vómitos,
diarreas, intoxicaciones, afecciones en la piel, que se presentan luego del paso
de los aviones fumigadores. En Yanacué tuvimos la oportunidad de conocer a
Emanuel. Emanuel tiene 50 días y todo su cuerpo salpullido por los efectos del
glifosato. Con 50 días de vida ya fue envenenado por su propio ejército; vive
frente a un río cuyas aguas también han sido contaminadas por este agrotóxico,
al igual que las tierras que su papá siembra sierra adentro.
La diferencia entre un terreno sano y uno afectado es abismal. A simple vista se
ven en el camino cultivos completos de maíz muerto, yuca, bananos, coca,
quemados por el glifosato que dan al paisaje un tinte lúgubre. La situación de
los campesinos se torna en ese momento extremadamente complicada; todo lo que
ellos tienen para subsistir, incluyendo las gallinas, peces y otros animales,
fue arrasado, con lo que no tienen forma de garantizar la comida para sus hijos.
Allí es cuando el plan de Uribe comienza a dar resultados. Muchos campesinos se
ven obligados a migrar, a desplazarse a las ciudades más próximas a formar parte
de los crecientes sectores excluidos, asentándose en las periferias en una
situación de total pauperización e informalidad.
Las tierras que los campesinos abandonan son ocupadas por los sectores del
poder, ya sean paramilitares ligados al "narcolatifundio", sectores asociados al
estado o a las multinacionales que operan en conjunto con el resto de los
grupos. Estas tierras pasan a producir sobre un modelo extensivo asociado al
mercado externo, poniendo así en jaque la soberanía alimentaria de Colombia, que
desde la implementación de las políticas neoliberales vio aumentar en un 700%
las importaciones de alimentos. Así, de esta forma, se reproduce el modelo
excluyente de tenencia de la tierra que beneficia al 3% de los productores con
el 70% de la superficie, mientras que el 57% de los campesinos posee apenas el
3% de los terrenos para cultivar.
Este proceso de desplazamiento de los campesinos que ha afectado a casi tres
millones en los últimos 30 años tiene una característica especial, que es su
invisibilización. Al producirse en forma constante, pasa desapercibido para
importantes sectores de la sociedad que no perciben su real importancia, su
complejidad y las implicancias sociales, económicas, culturales, políticas y
territoriales.
Pero además estos desplazamientos son funcionales a la reproducción del sistema,
porque al engrosar el número de desocupados de las ciudades se garantiza
mantener a un costo muy bajo la mano de obra y en forma simultánea muchos de los
jóvenes que se ven subsumidos en esta situación de marginalidad ven en las
Fuerzas Armadas, así como en los grupos paramilitares un espacio de supuesta
inclusión que les permitiría romper el círculo de la pobreza.
El desplazamiento de los campesinos, acción previa al fin último de apropiarse
de estas ricas tierras, es impulsado también por el terrorismo, por la guerra
sucia que el estado está llevando a cabo por medio del paramilitarismo. Estas
fuerzas de ultraderecha fueron conformadas durante la década de los 80, dentro
de una estrategia general contrainsurgente de los Estados Unidos, que incluyó
por ejemplo el financiamiento y organización de los "contras" nicaragüenses y
salvadoreños. Estos grupos paramilitares, que se denominan "Autodefensas Unidas
de Colombia" (AUC), forman parte de un aparato paraestatal impulsado por las
Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del estado colombiano. Realizan el
"trabajo sucio" de este plan, acompañados por el gobierno nacional y los
sectores ligados al narcotráfico. En la región de Magdalena Medio, se encuentran
presentes hace más de 20 años, pero desde el año 2000 Barrancabermeja, la ciudad
cabecera y donde está ubicada la refinería más grande del país, se encuentra
bajo control paramilitar, percibiéndose su presencia en la atmósfera. En esta
ciudad son constantes las desapariciones y los asesinatos, el temor está allí,
en las calles, generando el miedo constante de quienes viven allí y se saben
amenazados y vigilados. Sólo en lo que va de este año, más de mil personas
fueron desplazadas de Barrancabermeja y 100 personas fueron asesinadas.
En el campo es donde se lleva a cabo el enfrentamiento entre las guerrillas, que
actualmente controlan este territorio, y los paramilitares, que intentan
apropiárselo. Resulta confuso distinguir entre el ejército y el paramilitarismo
ya que, como cuentan los propios campesinos, son las mismas personas que sólo se
intercambian el brazalete según la actividad que vayan a realizar. Las bases de
los "paracos" están junto a las de las Fuerzas Armadas, así como los retenes que
disponen a lo largo de los caminos.
Los paramilitares son los que llevan el terror a estas tierras; ellos queman
pueblos (un caserío llamado Paraíso fue incendiado en cinco ocasiones, por
ejemplo), asesinan a campesinos cuyos cuerpos muchas veces aparecen más tarde
flotando en el río, realizan desapariciones selectivas de líderes comunitarios,
etc. Estas masacres son acompañadas por un bloqueo económico y sanitario. Por
medio de retenes en los caminos de acceso a los caseríos, controlan la
mercadería que la gente lleva desde los poblados. Sólo les permiten pasar un
máximo de $100.000 (unos U$D 50) cada 15 días y de ciertos productos
establecidos, decomisando (robando) el supuesto "excedente que iría a alimentar
a la guerrilla". Lo mismo sucede con los medicamentos, donde por ejemplo se les
prohibe a los productores comprar el antídoto para las picaduras de serpientes,
corrientes en la región, ya que supuestamente estos animales sólo atacarían a
guerrilleros. Se trata de una estrategia más de asedio y persecución a los
campesinos, ya que es conocido por todos que la guerrilla tiene otros canales
para su normal abastecimiento, sin la necesidad de recurrir a los pobladores.
Así, los campesinos, acorralados por el estado, las fumigaciones, los
asesinatos, el bloqueo económico y sanitario y la constante presión de los
grupos económicos para que les vendan sus tierras, se ven totalmente presionados
a desplazarse, a abandonar la zona.
Estas tierras son luego apropiadas ya sea por estos grupos, por los
paramilitares, por la oligarquía ganadera o por narcotraficantes que los
continúan usando como base para el lavado de dinero.
La utilización del suelo que los mismos realizan es antagónica a la economía
campesina. Se trata de la incorporación de estas tierras al modelo vigente,
utilizándolas ya sea para la ganadería extensiva, la extracción de maderas,
minerales o cultivos de exportación que dependen totalmente del "paquete
tecnológico" que incluye agrotóxicos, transgénicos y maquinaria que reemplaza la
mano de obra campesina.
Así, la lucha que aquí se está dando es una lucha por la territorialización de
uno u otro modelo. Un modelo excluyente que enriquece aún más a los ya ricos y
una economía campesina de subsistencia, que produce coca porque actualmente no
existe otra manera de obtener el ingreso suficiente para solventar a sus
famílias.
¿Qué propone el estado? El estado colombiano, mediante el Plan Colombia y el
Plan Nacional de Desarrollo, propone sustituir las plantaciones de coca por la
palma aceitera, cacao, caucho o maderables. Por medio de lo que denomina
"alianzas estratégicas", los campesinos deberían unirse a los grandes
empresarios y terratenientes para así generar supuestos "polos de desarrollo".
Esta experiencia, que ni siquiera es propia ya que es copiada de Malasia,
Tailandia e Indonesia, ya ha demostrado allí las terribles consecuencias
ecológicas, culturales y étnicas. Se trataría de incorporar a los campesinos en
los cultivos de uso legal, pero sin modificar en absoluto su situación de
marginalidad, sin cuestionar el status quo vigente, una discusión que se hace
cada vez más necesaria y urgente en este país. Un modelo minero llevado a la
producción agropecuaria que garantiza la exportación basada en las riquezas de
la tierra y en la mano de obra barata; siniestro binomio que ha signado la
historia de nuestro espacio.
Al igual que ocurre en Bolivia con los planes de desarrollo alternativo, se
trata de importantes fondos que vienen del exterior, que se dilapidan mayormente
en una estructura burocrática verticalista y de los que a los campesinos sólo
llega una Idea acabada, ajena a ellos.
Pero en este caso, los campesinos han avanzado en la construcción de proyectos
alternativos propios, coherentes con sus lógicas de producción y con la idea
vertebradora de no abandonar las tierras, que se ha transformado en una lucha
por sí misma. Desde 1994, y luego de intensas protestas, se estableció en la ley
160 la figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como áreas destinadas a
fomentar y estabilizar las economías campesinas de los colonos, así como a
evitar la concentración de las tierras. Con los objetivos de garantizar la
seguridad alimentaria y la estabilización socioeconómica en estos territorios,
mediante la titularización de las tierras y la imposibilidad de su venta, el
estado estaría así "luchando contra la latifundización y los desplazamientos".
Las ZRC, que llevan más de 10 años de aprobadas por ley, pero que recién están
comenzando a implementarse ahora, continúan siendo uno de los principales
motivos de lucha de los campesinos, que no se conforman con su sola declaración,
sino que reclaman por una política fuerte y coherente por parte del estado para
que estas reservas lleguen a cumplir su verdadero objetivo.
Además de esto, la ACVC ha llevado a cabo en medio de esta guerra sucia y contra
infinitas trabas, sus propios proyectos dentro del plan de desarrollo y de
protección integral. Se trata de proyectos productivos y sociales, financiados
por diversos organismos, que buscan impulsar el desarrollo de la región evitando
los cultivos de uso ilegal y tomando como protagonistas del mismo a los propios
campesinos. Si bien muchos de estos proyectos han tenido resultados exitosos,
como la cría de búfalos y otros animales, en forma constante chocan con el
nefasto accionar del ejército, de los paramilitares y del Plan Colombia en
general, situación que ha llegado a puntos tan extremos como el asesinato de
compañeros impulsores de estos proyectos, así como el atentado constante y
sistemático contra los mismos, que ha incluido la fumigación de los proyectos
alternativos, el saqueo de la cooperativa y hasta el intento de secuestro de los
búfalos por parte de miembros del ejército.
Pese al terrible y constante boicot, los campesinos continúan luchando y
organizándose para que estas iniciativas salgan adelante y les permitan
mantenerse en este espacio, no sólo resistiendo, subsistiendo, sino de una forma
más estable, que garantice su continuidad en el lugar. Es vergonzoso, irritante,
violento ver cómo el estado colombiano se encuentra comprometido en este
siniestro proyecto de para-reforma agraria. Mientras en toda América Latina en
el marco del conflicto por la tierra se plantea como urgente la necesidad de
redistribuir las tierras para quienes las trabajan, aquí se está perpetrando,
desde los sectores de poder, una contrarreforma que, por el contrario,
profundiza su concentración y un modelo de desigualdad extrema. Es tan terrible
este modelo que se busca concretar como los siniestros métodos que para ello se
están utilizando. Es el estado mismo envenenando a "su" gente, es el estado
mismo masacrando a la población, un estado que por medio del genocidio busca
apropiarse de territorios.
Sin embargo, el espacio configurado desde "arriba" no es el único espacio
posible ni es el espacio que queremos. Allí están los campesinos sosteniendo una
lucha que es a su vez una lucha por su sobrevivencia y una lucha por cambiar el
mundo, y es que se trata de la misma lucha, porque el mundo que queremos cambiar
es éste en el que nos desenvolvemos cotidianamente, es un mundo, un espacio del
que nosotros somos protagonistas, y así como participamos de su construcción,
tenemos la posibilidad constante y diaria de transformarlo.
Bibliografía: Rigoberto Rueda Santos, "Notas para la lectura del
conflicto político, social y armado en el Magdalena Medio". Ponencia presentada
en el encuentro nacional e internacional "Coca, derechos humanos y conflicto en
la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra". Vereda Puerto
Matilde, 29 de julio a 1 de agosto de 2004 Patricia Santa Lucía. "La política de
tierra quemada de Uribe en Colombia". http://www.rebelion.org Jorge Kaczewer.
"Toxicología del glifosato: riesgos para la salud humana"
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