Latinoam�rica

Colectivo Miguel Enriquez
El Rebelde

A. Estado de la Econom�a.

La econom�a neoliberal del pa�s mantiene la tendencia sostenida de crecimiento durante el �ltimo trimestre (julio-septiembre), de 5,2%, acerc�ndose al estimado de crecimiento del PIB para el 2005 de un 6%, aunque con un incremento leve de la inflaci�n (4,3% a octubre), la que se explicar�a por el ritmo de inversi�n y consumo de las empresas m�s que por un aumento del consumo de la poblaci�n, cuyos salarios, en su gran mayor�a, se encuentran estancados. Siguiendo con una pol�tica exterior al servicio de los intereses del empresariado, se firman durante las �ltimas semanas dos nuevos acuerdos de libre comercio, esta vez con China y la India, dos de las econom�as m�s grandes y din�micas del mundo. El entorno econ�mico internacional ha sido favorable a la estrategia primario-exportadora del bloque dominante, pese al alza de los precios internacionales del petr�leo durante los �ltimos meses, ya que el mayor precio del cobre (US$ 2 la tonelada) y otros productos de exportaci�n han m�s que compensado esas alzas. En el caso del cobre y molibdeno, est�n entregando gigantescas ganancias a las mineras privadas, que pr�cticamente no pagan impuestos en el pa�s, y a trav�s de Codelco, los mayores niveles de recursos al Estado de los �ltimos a�os, permitiendo que el presupuesto de Hacienda 2006 sea hist�ricamente expansivo: 200 millones de d�lares de "libre disposici�n" para el pr�ximo gobierno, fuera de todos los otros �temes del presupuesto aumentados. Por contrapartida, el alza del cobre ha llevado a una baja progresiva del precio del d�lar, lo que en una econom�a basada en la exportaci�n de materias primas es un problema potencial, que afecta a los otros sectores exportadores no-mineros, que ven reducirse sus ganancias al disminuir el valor de la moneda en que se les pagan sus productos en los mercados internacionales. Sin embargo, el BC mantiene su decisi�n de no intervenir el precio de la divisa, contando con el apoyo de los grandes grupos econ�micos, alineados tras la consigna de que el Estado no debe interferir en el funcionamiento de los mercados. Como podemos apreciar, la econom�a de los due�os del poder y la riqueza est� en pleno ciclo expansivo, superada la crisis econ�mica y pr�cticamente resuelto el problema de gobernabilidad interna, a trav�s de una serie de ajustes institucionales, la continuidad de la Concertaci�n como el agente pol�tico hegem�nico de las clases dominantes, la incorporaci�n de los comunistas al sistema pol�tico y un consenso emergente en torno a la necesidad de introducir "correcciones" al modelo. Prueba de ello son las expectativas del gran empresariado, que para el quinquenio 2005-2009 �el per�odo que gobernar� Bacheletcontemplan inversiones por m�s de 24 mil millones de d�lares, concentradas en los sectores de miner�a, energ�a e inmobiliario, de los cuales 6 mil 300 millones corresponder�an s�lo a la inversi�n materializada el 2005, casi un 30% del PIB. Por eso, Lagos recibi� una ovaci�n de m�s de un minuto de duraci�n en el �ltimo encuentro empresarial de la Enade, y el presidente de la Confederaci�n de la Producci�n y el Comercio (CPC), m�xima instancia empresarial, se permiti� la libertad de decir que "sus" empresarios lo amaban . Sin embargo, esos buenos indicadores macroecon�micos tienen un costo social que pagan los trabajadores y empleados comunes y corrientes, y sus familias. Costo social que no es c�clico, sino que corresponde a las caracter�sticas estructurales de la econom�a que han impuesto en el pa�s las clases dominantes durante los �ltimos 32 a�os, y que se resume en tres palabras: explotaci�n, exclusi�n y opresi�n. De acuerdo a un informe de Naciones Unidas, de hace unos meses atr�s, Chile es uno de los pa�ses con peor distribuci�n del ingreso del mundo: el 20% m�s rico se lleva el 62,2% de los ingresos del pa�s. El 20% m�s pobre, el 3,3%. El 10% m�s rico, posee el el 47% de los ingresos, frente al 1,2% del 10% m�s pobre. El 20% m�s rico gana 18,7 veces m�s ingreso que el 20% m�s pobre, lo que sit�a al pa�s al nivel de Paraguay, Honduras, Zambia y otros pa�ses africanos. Durante el trimestre julio-septiembre la tasa de desempleo fue de un 8,5% de la fuerza de trabajo, seg�n el gobierno, que considera "empleados" a quienes hayan trabajado remuneradamente o por cuenta propia ...�al menos una hora! la semana anterior a la aplicaci�n de la encuesta. El desempleo afecta principalmente a los sectores de menores ingresos y a los j�venes, donde, seg�n sus propias cifras, la tasa de desocupaci�n se dispara sobre el 25%. De los empleos creados seg�n el gobierno, aumentan los trabajadores por cuenta propia, que es empleo precario de baja remuneraci�n, baja productividad y baja cobertura social. De hecho, la mitad del empleo creado el 2004 s�lo dur� cuatro meses y ni siquiera alcanz� la cobertura legal para que los trabajadores se acogieran al seguro de cesant�a. As� mismo, el pr�cticamente nulo aumento de los salarios frente al repunte c�clico de la econom�a confirma una vez m�s que el mayor crecimiento no tiene un impacto directo ni en el empleo ni en las remuneraciones de los sectores medios y populares del pa�s. Es decir, el chorreo no existe. Por otra parte, la Fiscal�a Nacional Econ�mica acus� de colusi�n a la mayor�a de las Isapres, en perjuicio de los usuarios del sistema, lo que sigue demostrando que el sistema no beneficia a los trabajadores ni a los sectores medios. Con la puesta en funcionamiento del Auge, entre julio y agosto, m�s de 12.000 usuarios se traspasaron del sistema privado a Fonasa, precisamente porque en el sistema privado menos prestaciones de salud salen much�simo m�s caras y exist e n claras muestras de discriminaci�n hacia cierto tipo de usuarios del sistema, como las embarazadas y los adultos mayores. En el caso de las AFPs, el 44% de la Fuerza Laboral no cotiza y el 45% de los que cotizan hoy corren el riesgo muy probable de no lograr la pensi�n m�nima garantizada por el Estado al momento de jubilar, lo que ha instalado con fuerza el debate tanto sobre la distribuci�n de los ingresos y precariedad laboral, como sobre la efectividad misma del sistema de AFP�s. Sin embargo, cuando se aprob� en el Congreso la creaci�n del Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscal�a Nacional Econ�mica, los mismos parlamentarios y sectores pol�ticos que hablan hoy de "corregir el modelo" o critican la concentraci�n de estas empresas, despenalizaron la colusi�n entre empresas y eliminaron las facultades de la fiscal�a para requisar computadores y grabar conversaciones, dej�ndola sin herramientas para hacer su trabajo. Las clases dominantes siguen haciendo caer contra los pobres todo el peso de la ley �por ejemplo, a trav�s de la rebaja en la edad de imputabilidad penal a 14 a�os y fuertes penas- mientras ellas mismas se ponen a resguardo de que sean investigados sus negociados, robos y estafas. Tan evidente es el impacto negativo que tiene el modelo neoliberal en las condiciones de vida del pueblo, que Felipe Lamarca, uno de los due�os del poder (ex Gerente General de COPEC, la matriz del Grupo Angelini y ex Presidente de la SOFOFA), hizo una dura cr�tica al modelo econ�mico, a la mala distribuci�n del ingreso y a la concentraci�n de la propiedad, logrando instalar el debate con mayor fuerza de estos 15 a�os, b�sicamente porque quien lo instala es uno de los m�s importantes ejecutivos de las clases dominantes, un representante de los poderes f�cticos que controlan el rumbo del pa�s, a quien se suman otros poderosos empresarios como Hern�n Hoschild e incluso Hern�n Somerville, presidente de la CPC y de la Asociaci�n de Bancos e Instituciones Financieras. Sus cr�ticas coinciden con los planteamientos que hab�a realizado la Iglesia Cat�lica sobre la desigualdad escandalosa, en una carta pastoral de la Conferencia Episcopal, de mayo, y en el serm�n del Te Deum, en septiembre, as� como con el discurso que viene planteando la actual presidencia de la DC y un sector del PS, sobre la "correcci�n del modelo". Sin embargo, no es una posici�n �nica entre las �lites, ya que un coro de empresarios, pol�ticos y acad�micos �la derecha m�s duraha salido a refutar a Lamarca, situando los problemas no en el modelo, sino en la carencia de reformas microecon�micas y una deficiente pol�tica econ�mica, lo que seg�n ellos es responsabilidad exclusiva del gobierno.

B. Bloque en el poder poder.

El bloque en el poder mantiene completamente la iniciativa pol�tica frente a los pocos sectores del pueblo organizado que tratan de articular una propuesta alternativa. Cierran institucionalmente la etapa de transici�n, promulgando las �ltimas reformas a la constituci�n de la Dictadura y, a la vez que preparan las condiciones para un nuevo pacto social, se arman de los instrumentos de represi�n necesarios para someter al pueblo rebelde.

La nueva Cuesti�n Social.

Como se�al�bamos, coinciden en sus denuncias sobre la mala distribuci�n del ingreso, la concentraci�n de la propiedad y los efectos perversos del modelo neoliberal, la Conferencia Episcopal, l�deres gremiales del empresariado y representantes de los grandes grupos econ�micos, as� como la directiva del PDC, sectores del PS y los cuatro candidatos presidenciales. Esta autocr�tica no es fruto de una nueva conciencia progresista de las clases dominantes, de una renovada piedad cristiana ni menos de un giro a la izquierda de las �lites pol�ticas, sociales y econ�micas del pa�s, como interesadamente algunos analistas han llegado a se�alar. Por el contrario, este nuevo consenso en el diagn�stico muestra que la situaci�n de explotaci�n y desigualdad social del pa�s ha llegado a ser tan evidentemente brutal, que ha encendido las luces de alerta amarilla al interior de las clases dominantes. Ya no es s�lo Alejandro Foxley -economista, ex senador, ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Aylwin y actual encargado del programa econ�mico de Michelle Bachelet, qui�n especula p�blicamente sobre la posibilidad de un estallido social, ni son s�lo las hip�tesis de conflicto del Ej�rcito, que ya a principios de los �90 -con su tesis de las fronteras interiores- hab�a iniciado la conceptualizaci�n estrat�gica del problema. Esta vez las clases dominantes han empezado a reconocer que las situaciones de explotaci�n y desigualdad, de fragilidad de los sistemas pol�ticos, no son un problema de gobernabilidad o seguridad interna que afecta s�lo a los pa�ses vecinos "m�s atrasados" de la regi�n, sino que son un riesgo latente para su exitosa y moderna econom�a capitalista neoliberal. Preocupaci�n redoblada durante noviembre, a ra�z del estallido social de las comunidades empobrecidas de los suburbios de Francia, en donde hasta una revista de far�ndula se di� el tiempo para hacer comparaciones con la situaci�n de nuestro pa�s. Hace cien a�os, entre 1910 a 1938, frente al auge de la organizaci�n social, sindical y pol�tica aut�noma, revolucionaria, de unas emergentes clases obreras, campesinas y sectores medios, frente a grandes ciclos de movilizaciones y luchas populares, frente al surgimiento de fuertes movimientos anarquistas, comunistas y socialistas en el seno de ese movimiento popular, un sector de la oligarqu�a dominante comprendi� que era m�s efectiva la neutralizaci�n de esos sectores, a trav�s de la negociaci�n de reformas al sistema pol�tico y econ�mico, de concesiones que paliaran en alguna medida las situaciones m�s extremas del pueblo trabajador. Comprendieron que se dominaba mejor a los pobres, no a trav�s de un combate abierto, de la represi�n violenta de sus luchas �como las matanzas de la Escuela Santa Mar�a de Iquique o Ranquil- sino otorg�ndoles un espacio de participaci�n, que no cuestionara las bases ni del sistema econ�mico, ni del sistema de dominaci�n vigente, a la vez que permitiera el aislamiento de los sectores revolucionarios. A esas preocupaciones de la oligarqu�a se las llam� en ese entonces "La Cuesti�n Social", y sus frutos fueron la Constituci�n de 1925, la dictaci�n del primer C�digo Laboral y la convergencia paulatina de intereses entre las clases dominantes, en particular una emergente burgues�a industrial, con las dirigencias pol�ticas reformistas del movimiento popular, principalmente socialistas y comunistas (en ese tiempo los Humanistas no exist�an; tampoco Fuerza Social ni los Surdos). Esa convergencia hizo posible el gobierno del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, que marca el comienzo de la construci�n de un capitalismo de base estatal en Chile, de un largo ciclo de estabilidad pol�tica que se extiende por casi 40 a�os, y tambi�n de la participaci�n de socialistas y comunistas en el r�gimen pol�tico y en distintos gobiernos hasta 1973, cuando el Golpe Militar derrumb� en un d�a todo un orden en crisis que dej� de ser funcional a los due�os del poder y la riqueza, y que incluso amenazaba con tener una salida revolucionaria. Los costos para los sectores populares de esos 40 a�os fueron, entre otros, la mantenci�n de la explotaci�n capitalista, la contenci�n de sus luchas y su restricci�n casi exclusiva a la lucha reivindicativa, en los marcos de la legalidad acordada con la burgues�a; la exclusi�n de los campesinos de la lucha pol�tica y por lo tanto la mantenci�n por d�cadas de sus miserables condiciones de vida y opresi�n pol�tica, y el aislamiento y dispersi�n de los sectores revolucionarios, por lo menos hasta la creaci�n del MIR el a�o 1965. Hoy d�a, a pesar de que no existe un fuerte movimiento popular ni existen como actores pol�ticos relevantes organizaciones pol�ticas populares y revolucionarias, como hace 100 a�os atr�s, existen condiciones sociales para su surgimiento, que expresan tambi�n un potencial de desintegraci�n social que tambi�n afecta la viabilidad del sistema de dominaci�n en el pa�s. Eso las clases dominantes lo ven, y tienen muy presente la experiencia del per�odo previo a la Unidad Popular, as� como el ciclo de protestas populares contra la dictadura en los a�os �80 o la situaci�n de Franncia, B�lgica y Alemania hoy d�a. Si aquellos que nunca han cedido nada sin luchar y han defendido sus intereses incluso a costa del genocidio de una parte del pueblo chileno, est�n tan dispuestos ahora a discutir sobre la nueva "cuesti�n social", es porque saben que existe el riesgo real de perder pan y pedazo de sus privilegios, de no rectificar algunos aspectos del modelo y de no ser capaces de mantener a amplios sectores del pueblo presos de su sistema de dominaci�n. Se ha generado una masa cr�tica proclive a la "correcci�n" del modelo econ�mico, siempre en el marco del capitalismo, cuyo discurso p�blico es la escandalosa desigualdad, pero cuya preocupaci�n de fondo es la proyecci�n, en t�rminos de gobernabilidad, de "seguridad nacional" de los problemas sociales que el modelo causa.

El fin de la Transici�n y un nuevo Pacto Social

Las clases dominantes saben que en este escenario es clave la legitimidad del poder pol�tico. Para ellos, un cuarto gobierno de la Concertaci�n da un mayor resguardo a la estabilidad pol�tica porque tiene mayor respaldo social. Por eso tambi�n las reformas constitucionales hacen m�s "presentable" el r�gimen, nacional e internacionalmente, al sacar el nombre de Pinochet de la Constituci�n y eliminar o modificar varias de las figuras jur�dicas m�s cuestionadas -como los senadores designados o el rol y composici�n del Consejo Superior de Seguridad Nacional, entre otras-. Por eso, la UDI apoy� a Lagos en su peor momento, cuando explot� el esc�ndalo CORFO-Inverlink, temiendo un resquebrajamiento del orden institucional, como suced�a en Argentina por esos mismos d�as y por eso la derecha como sector perdi� su oportunidad de ser el agente pol�tico hegem�nico del bloque en el poder, al demostrar con su canibalismo pol�tico su nula capacidad de gobernabilidad interna. La Concertaci�n no s�lo logr� recuperar su liderazgo, alcanzando el gobierno de Lagos un porcentaje de aprobaci�n cercano al 70% en las encuestas, en su �ltimo a�o, sino que lo proyecta ahora a trav�s de su futura Presidenta y de una inyecci�n de recursos hist�rica para la acci�n clientelizadora del Estado. Incluso, por fin los actores pol�ticos del bloque en el poder, nuevamente despu�s de 32 a�os, aceptan discutir la incorporaci�n formal del Partido Comunista al r�gimen institucional, reconoci�ndole de nuevo su car�cter hist�rico de factor estabilizador, domesticador de los sectores populares (al menos nominalmente de ese 9% que logr� representar electoralmente en las municipales del 2004) Esto, porque el Juntos Podemos M�s, la alianza electoral del PC, restringe conscientemente y sin que nadie se lo pida su actividad pol�tica, abandonando en los hechos la articulaci�n de la lucha electoral con otras formas de lucha y organizaci�n populares, constituy�ndose en un canal de domesticaci�n institucional de la lucha popular, legitimador de la legalidad patronal, en un momento en que hasta las clases dominantes perciben la posibilidad de una ruptura, y por lo tanto, donde las tareas de una organizaci�n revolucionaria son otras, no el apuntalamiento del sistema. Es por esto que consideramos que son el �ltimo componente subordinado dentro del bloque en el poder, al igual que la CUT, aunque con evidentes contradicciones internas entre su car�cter popular, su discurso cr�tico de oposici�n y su real rol estabilizador de la lucha de clases. Todo este proceso que se�alamos, que nos parece indicativo de un nuevo pacto social que busca darle mayor legitimidad y gobernabilidad al sistema de dominaci�n, manteniendo la hegemon�a de las clases dominantes, se va expresando en una serie de gestos y medidas concretas: Por un lado, el gobierno entrega un reajuste excepcional de un 5% a los empleados p�blicos, haciendo un llamado al empresariado para igualar sueldos y salarios. Acuerda tambi�n un reajuste progresivo de sueldos, por dos a�os, para profesores municipales, amarrando a la directiva pro-gubernamental del Colegio. Adem�s, no s�lo promulga la Ley de Financiamiento Universitario, generando un sistema de cr�dito para los estudiantes de Ues privadas, sino tambi�n anuncia el financiamiento del 100% de los aranceles universitarios de referencia del 60% de los estudiantes con menores ingresos, amarrando as� a las directivas estudiantiles de la Confech. En este nuevo clima de entendimiento, los dirigentes del PC y el candidato del Juntos Podemos M�s visitan al Comandante en Jefe del Ej�rcito y, en una serie de gestos "hist�ricos", el presidente de la CPC, Hern�n Somerville, visita a la directiva de la CUT en su sede, visita que es devuelta por los dirigentes de la CUT en la sede de la CPC.

El arsenal de las clases dominantes

Sin embargo, las clases dominantes lo son, precisamente porque por su posici�n tienden a pensar y actuar estrat�gicamente. A diferencia de una izquierda con anteojeras electorales y vocaci�n de comparsa, estas mismas �lites pol�ticas, econ�micas, sociales y militares comprenden que a pesar de sus esfuerzos hegem�nicos, a pesar de haber constituido una mayor�a social para el modelo, una parte no despreciable de los excluidos no podr�n ser cooptados y neutralizados. Se impone entonces la necesidad del control y la represi�n de estos sectores que con su sola existencia niegan la pol�tica pacificadora del bloque en el poder, y la detecci�n y anulaci�n temprana de aquellos sectores organizados del pueblo que puedan liderar y organizar a esos descontentos. Se impone entonces la necesidad de criminalizar la protesta social y criminalizar a una generaci�n de j�venes empobrecidos por el modelo y sin alternativas reales de integraci�n. Las principales herramientas son jur�dico-institucionales: la Reforma Procesal Penal, que con su ej�rcito de fiscales se transforma en una verdadera moledora de carne para el pueblo pobre y marginal, y una serie de leyes ad-hoc como la nueva Ley de Control de Armas o la rebaja de la imputabilidad penal juvenil de 18 a 14 a�os. Esas leyes est�n ah� para llevar a esta generaci�n de j�venes de las calles y los pasajes de las poblaciones, directo a alguna de las 10 gigantescas c�rceles que se est�n construyendo en el pa�s, para albergar a 20 mil nuevos condenados. Por eso somos el pa�s de Latinoam�rica con mayor cantidad de presos en relaci�n con su poblaci�n. M�s que Brasil, m�s que Colombia o Argentina. Las nuevas leyes est�n ah�, tambi�n, para sacar a los dirigentes sociales, sindicales, estudiantiles y al pueblo organizado, de las acciones directas, de las movilizaciones y las barricadas en los puertos, las calles o las tomas en las industrias o fundos de los patrones, �nicas formas de lucha efectivas que contrapesan en algo en desmesurado poder con el que cuentan sus enemigos de clase. Junto al aparataje jur�dico institucional de control y represi�n, tambi�n las clases dominantes han venido poniendo a punto sus instrumentos operativos preventivos: fieles al car�cter contrainsurgente del Estado, heredado de la Dictadura Militar, se constituy� la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), incorporando a las FF.AA. con plenos derechos al trabajo de seguridad interna, y la Concertaci�n ha venido colocando a la cabeza de Carabineros e Investigaciones casi exclusivamente a altos mandos ligados al trabajo de inteligencia durante los �ltimos 15 a�os. En el caso de los primeros, su nuevo General Director, Jos� Bernales Ram�rez, hasta su nombramiento era el jefe de la Direcci�n de Inteligencia y tuvo a su cargo la neutralizaci�n de la Coordinadora Arauco-Malleco y la militarizaci�n policial del territorio mapuche. Finalmente, por si lo anterior fuera poco y los sistemas preventivos, de control y represi�n se vieran sobrepasados, el Ej�rcito, la principal instituci�n armada del pa�s y la m�s desprestigiada por su implicaci�n en las violaciones a los derechos humanos durante el r�gimen militar, a la cabeza del General Juan Emilio Cheyre, logra avanzar a pasos agigantados en su relegitimaci�n e inserci�n social nacional e internacional y culmina su proceso de reforma interna iniciado con el Plan Alc�zar de Pinochet. Un ej�rcito de altos mandos pasados por la escuela de la CNI -13 de 30 generales- (como ha debido reconocer el gobierno tras las denuncias contra el segundo al mando de la misi�n chilena en Hait�) que de a poco, en un doble movimiento, se reestructura doctrinaria y organizacionalmente para hacer frente a sus enemigos hist�ricos, a la vez que vuelve a encubrir su car�cter contrainsurgente, de brazo armado de las clases dominantes, con el manto ideol�gico del "Ej�rcito profesional", de "todos los chilenos", operaci�n en que hasta el PC con sus visitas coopera y en la cual la tragedia de los soldados de Antuco, pueblo pobre uniformado, es utilizada sin escr�pulos por los altos mandos en otra de sus maniobras comunicacionales.

C. La coyuntura electoral y el campo popular

Lo se�alado hasta ahora, y en anteriores n�meros de "El Rebelde", es el escenario en el cual, para nosotros, adquiere sentido la coyuntura electoral. Es un momento de un proceso m�s amplio de relegitimaci�n del sistema de dominaci�n, y de continuidad de las condiciones de explotaci�n, exclusi�n y opresi�n de los sectores populares. Es un momento necesario en los reacomodos del bloque en el poder, en sus ajustes, en un per�odo de la lucha de clases que consideramos similar (en sus procesos, no en sus tiempos ni en sus actores) al vivido las primeras d�cadas del siglo XX, y que nos pone frente a desaf�os similares. Las clases dominantes lograron conformar su alianza pol�tica, ideol�gica, econ�mica y social, su bloque hist�rico, cooptando a su proyecto a una amplia base social y pol�tica popular. Las candidaturas de Lav�n, de Pi�era y Bachelet expresan matices, contradicciones menores entre las clases dominantes, pero un mismo car�cter burgu�s. Son tres sectores de un mismo bloque, que se disputan la condici�n de agente pol�tico hegem�nico sobre las mayor�as nacionales. La candidatura de Hirsh expresa en sus contenidos el descontento y las esperanzas de algunos sectores del pueblo, pero su funci�n final en el actual contexto pol�tico del pa�s es estabilizadora. Proporciona una salida institucional para descomprimir ese descontento acumulado y es una moneda de cambio frente a la segunda vuelta electoral, para negociar la incorporaci�n de ese sector de la izquierda en el sistema pol�tico, como ya adelant� en una entrevista de prensa Manuel Riesco, economista, candidato a senador y coordinador del programa econ�mico del Juntos Podemos, y como ya hab�a ocurrido cuando el PC minimiz� la candidatura de Gladys Mar�n, para no perjudicar a Lagos frente a Lav�n el a�o 2000. Creemos que la coyuntura electoral desv�a el debate en el campo popular, hacia la participaci�n o no en las elecciones y la forma que asume esta. Es una agenda que nos imponen las clases dominantes en la cual se dejan envolver tambi�n sectores radicalizados. Pensamos que no podemos, bajo la justificaci�n de una supuesta madurez pol�tica, o con el temor de quedar aislados, ser comprensivos con las maniobras de la izquierda electoral, cuando esa comprensi�n implica acomodar nuestro accionar pol�tico y ser cooptados indirectamente en el vag�n de cola del bloque dominante, v�a alianzas pol�ticas con el PC. �Qu� mejor ejemplo que la actuaci�n de esa izquierda en la CUT durante estos 15 a�os, que despu�s del paro de agosto del 2003 se asust� de la convocatoria que pod�a tener y termina haciendo chistes de mal gusto como el supuesto "paro" de octubre de este a�o! Incluso, la posibilidad del voto nulo, dada la actual correlaci�n de fuerzas pol�ticas entre el campo popular y el bloque en el poder, la consideramos tambi�n un mecanismo institucional de descompresi�n pol�tico-social, un mecanismo legal y simb�lico de protesta sin consecuencias pol�ticas reales, contemplado desde el inicio en la cancha rayada por el enemigo, que por mucho descontento que cargue, se expresa s�lo a trav�s de un papelito, que tambi�n simb�licamente termina validando la legitimidad de quienes optan por las otras alternativas presidenciales y parlamentarias. Por el contrario, consideramos que el debate de la izquierda revolucionaria no es si participar o no en la coyuntura y la agenda impuesta por los due�os del poder y la riqueza, sino construir nuestras propias coyunturas y agendas. La agenda de los pobres. Eso no se logra diluy�ndonos como sector en las estrategias pol�ticas del reformismo, ni menos limitandonos a denunciarlos eternamente como traidores a la clase trabajadora. Se logra fortaleci�ndonos como sector en lo ideol�gico, lo pol�tico, lo org�nico y en nuestros v�nculos con el movimiento social. Se logra escogiendo los espacios en los que dar nuestras peleas y apuntar a aquellas formas que nos permitan efectivamente avanzar junto al pueblo en conciencia, organizaci�n y lucha, en forma independiente y aut�noma de las clases dominantes y sus aliados del campo popular. Ciertamente, en el actual escenario pol�tico la izquierda revolucionaria ocupa una posici�n no s�lo marginal, sino casi inexistente. Esta situaci�n se va a mantener en el tiempo, en la medida en que no salgamos de la l�gica del reducto, del "ghetto", y s�lo podemos salir de esa l�gica fortaleciendo nuestra vinculaci�n con los sectores populares y fortaleciendo nuestras organiaciones. No basta que nos juntemos un par de veces al a�o a compartir nuestras experiencias entre organizados; no basta que nos coordinemos para peleas puntuales en algunas universidades, sindicatos u otro movimiento social, o nos autoconvoquemos para el calendario anual de actos "pol�tico-culturales", donde siempre vemos las mismas caras. Menos, que pensemos que rompemos el reducto de la ultra porque nos empezamos a juntar con representantes de la izquierda tradicional, que en relaci�n a la gran mayor�a del pueblo son casi tan marginales como los sectores revolucionarios. Romper con la l�gica de trinchera implica para nosotros vincularnos al movimiento social que en estos momentos est� dando sus luchas, contribuir a su fortalecimiento con lo que podemos aportar y hacer las vinculaciones necesarias para constituir al menos una corriente clasista y popular en su seno. En algunos sectores creemos que eso est� tratando de surgir espont�neamente, como en algunas recientes luchas sindicales de trasnacionales de los alimentos, o en las luchas de los deudores habitacionales o el reciente movimiento de los profesores contra la evaluaci�n docente, que no responde �nicamente a la pugna interna del PC con Fuerza Social. En otros, corresponde a un impulso un poco m�s estructurado, como en el caso de recientes luchas estudiantiles donde poco a poco los sectores revolucionarios comienzan a converger con una perspectiva de largo plazo, comenzando a obtener tambi�n resultados en la lucha institucional de la que hasta ahoras se hab�an mantenido alejados. Es a trav�s de luchas como esas como creemos se rompe la l�gica del reducto, tambi�n, porque es desde esas luchas a partir de las que se van conformando plataformas de lucha m�s generales, desde donde el aprendizaje de un sector puede servir para que otro sector se monte ya sobre un cierto acumulado de experiencia, donde se comienza a problematizar y vislumbrar los contenidos de un proyecto alternativo de sociedad y donde efectivamente la organizaci�n revolucionaria contribuye a la la lucha de clases contra los poderosos, cuestionando sus pol�ticas, su legalidad, las formas de organizaci�n impuestas al movimiento popular. Donde podemos hacer un aprendizaje junto al pueblo que permita ampliar desde las mismas luchas la base social de los sectores revolucionarios. Es ah� donde debieran estar puestos nuestros m�ximos esfuerzos, y es ese el espacio donde debieran converger nuestras organizaciones.

ARTICULANDO LAS FUERZAS POPULARES; LA LUCHA CONTINUA

Ver: http://usuarios.lycos.es/cedema/Chile/MIR/ElRebelde272.pdf    

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