Latinoamérica

Frente Patriótico Manuel Rodríguez

Estos 15 años de gobiernos civiles, de la denominada "democracia representativa", se caracterizan principalmente por un proceso dirigido a consolidar la convergencia de las instituciones políticas y del Estado, con los intereses de los grupos económicos nacionales y transnacionales (la burguesía monopólico-financiera).

La búsqueda de esta convergencia -el consenso neoliberal- es lo que el bloque dominante ha denominado "transición a la democracia", que en concreto significa cómo las distintas esferas del poder resuelven y se hacen cargo de problemas o contradicciones que pudieran afectar la tranquilidad y legitimidad del modelo y sus actores principales, entre ellos los temas llamados de derechos humanos, los "enclaves autoritarios" y la "equidad".

En síntesis, nuestra democracia representativa en realidad representa la continuidad del modelo, representa los intereses del bloque dominante del país, que participa, decide y gestiona directamente la política, la economía y todos los aspectos de la base y la superestructura de nuestra sociedad .

En este marco, Ricardo Lagos no podía evitar la tentación de sus predecesores, de decretar el "fin de la transición", queriendo cerrar de esta forma su gobierno con una declaración pomposa sobre las últimas reformas constitucionales que "perfeccionan" la constitución flexibilizando aspectos del sistema político (senadores designados, vitalicios, etc), y de paso legitimarlo aún más a escala internacional.

Ciertamente hay diferencias entre la Concertación y Derecha en cuanto a la profundidad de las reformas, especialmente en lo referente al sistema electoral binominal, cuya postergada tramitación implicaría terminar con "la exclusión" de la izquierda institucional (PC y sectores aliados), al permitir la expresión de las minorías electorales en el parlamento. En dicho punto la Concertación pretende con una mirada a largo plazo, integrar a estos sectores y "tenerlos ocupados" en insertarse en este andamiaje ("luchar dentro de la institucionalidad" le llaman).

La mentada convergencia neoliberal produce también que la gestión de la política y la economía estén cada vez más distanciadas de los sectores sociales. Los llamados poderes del Estado se muestran en su real carácter, entidades alejadas y por encima de la población, pero que con la complicidad de los medios de comunicación de masas (cuyos dueños son parte del mismo consenso), mantienen y sostienen un sentido común que favorece la continuidad del modelo y oculta o maquilla su verdadera naturaleza clasista y discriminadora, que si lo requieren pueden ser profundamente represiva recurriendo a leyes como la Antiterrorista y de Seguridad Interior contra sectores que se organizan y luchan por sus derechos y dignidad, como la Coordinadora Arauco Malleco en el caso del pueblo mapuche. Incluso, el Ministerio del Interior ha llegado a querellarse contra los "peligrosos" deudores habitacionales que levantan su voz ante la indolencia del poder.

Estos aspectos que involucran los llamados "derechos civiles", son los que aún provocan cuestionamientos puntuales o parciales a la legalidad chilena en el exterior. La detención de Pinochet en Londres en su momento, y las recientes derrotas del gobierno en el intento de extraditar a Patricio Ortiz y Sergio G. Apablaza (Salvador) muestran algunos flancos débiles del régimen chileno en su legitimación internacional, aunque en los aspectos económicos y sociales goza de toda la venia de los Estados y organismos que representan al imperialismo y el capital financiero.

El mencionado abismo entre los intereses del Estado y los partidos oficiales (de gobierno y oposición) respecto a los de la mayoría del pueblo, los hace convertirse en aparatos electorales (con variados caudillos) que disputan base social con sólo esos fines, que más bien administran cuotas de poder en su propio seno, haciendo diversos cálculos, movidas, transacciones y "blindajes" con el interés de asegurar sus mezquinas parcelas políticas. Esto quedó más que demostrado con la candidatura del ultraderechista Longueira, o las confusas disputas y "gestos" en el PS, la DC y el PPD a la hora de negociar los cupos parlamentarios.

La disputa no es electoral porque sí, se trata de acceder a la administración del Estado, ya sea para seguir gozando de sus beneficios económicos (sobresueldos, contratos a lo amigo, consultorías millonarias) en el caso de la Concertación, o bien para acelerar a fondo el saqueo privatizador en el caso de la Derecha. En ambos casos en disputa de un jugoso botín. Eso es lo que en verdad explica las denuncias sobre corrupción de la UDI y RN, que no son sólo con fines electorales inmediatos, pues el interés a largo plazo es crear condiciones que permitan la privatización de empresas como Codelco o por último ser incorporados a formar parte de sus directorios.

Esta distancia con la población del bloque dominante y sus aparatos no es en forma aislada una amenaza a su estabilidad, no genera en sí misma un antagonismo social capaz de hacerlo temblar. Para que esto ocurra, se requieren condiciones vinculadas con la existencia objetiva de un movimiento popular con la voluntad de romper el actual orden político-social, y con la perspectiva de consolidar un nuevo proyecto nacional de desarrollo. De acuerdo a nuestro programa, esta es una tarea que bajo las condiciones históricas solo podrían llevarla hasta el final los sectores populares más conscientes y avanzados, en un gran movimiento donde la clase trabajadora y el pueblo conformen un único cuerpo tras la destrucción de las bases que sostienen al imperialismo en Chile y América Latina, sean estas sociales, políticas o militares.

Otros caminos, otras formas y maniobras
En posición paralela a lo anterior, existen otros proyectos dentro de los sectores que se declaran anti neoliberales, que ven la presencia en el parlamento como la posibilidad real de conseguir cambios en el modelo. Estrategia determinada más por lo electoral que por una construcción de fuerzas orientadas a la confrontación con el régimen imperante, cuyos avances y retrocesos son medidos justamente con esta misma vara.

Nuestra propuesta al contrario, junto a distintas organizaciones hermanas, se sustenta más bien en la consolidación de organizaciones de base independientes, con capacidad de desarrollar la lucha, participación, protagonismo y formación del pueblo. Esfuerzo de construcción distante del "basismo" y el "movimientismo", y puesto a prueba desde los años 90 a través de la coordinación o esfuerzos particulares de muchos colectivos sociales y políticos en varios territorios y zonas a lo largo del país, cuyos horizontes estratégicos y de perspectiva nacional han ido superando lentamente las debilidades iniciales, aunque todavía no se logré romper del todo con el localismos, la inercia y la autoreferencialidad. Construcción en la cual las organizaciones revolucionaria les cabe una gran responsabilidad, sobre todo en los temas de la unidad sin sectarismos y pequeñas disputas. Aptitud que ha facilitado la articulación y convergencia de los objetivos y los contenidos de las luchas sectoriales y territoriales, más allá de "salir en la prensa" u ocupar espacios formales y cupulares dentro de la institucionalidad.

Finalmente los frutos de estos esfuerzos sólo los veremos a mediano plazo. Aunque igual en fechas significativas como las de septiembre y octubres se ponen a prueba una vez más la capacidad, coherencia y solidez de las fuerzas populares y sus direcciones. Estimulante es ver como ya se activan coordinaciones y espacios unitarios para organizar las protestas, actos, marchas y mítines que fortalecen la organización de nuestra gente. Contingencia en la cual esperamos se inunden las calles y murallas de los barrios, centros laborales y estudiantiles con rebeldía y dignidad, para disputar los espacios populares al electoralismo y sus cantos de sirena de aquí a diciembre.