Latinoamérica

Mario Osava
IPS

La popularidad del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva registra un nuevo descenso, según encuesta divulgada este martes, mientras su gobierno se debate entre la política económica actual y cambios a favor del crecimiento, con la posible salida del ministro Antonio Palocci.

La evaluación positiva de la gestión del gobierno cayó de 35,8 por ciento en septiembre a 31,1 por ciento en la encuesta de la semana pasada del Instituto Sensus para la Confederación Nacional de Transportes, que sondea regularmente la opinión pública respecto de la política y la economía, con intervalos de uno o dos meses.

El desempeño personal de Lula resultó un poco mejor evaluado, con 46,7 por ciento de aprobación, pero es el más bajo desde su asunción al cargo en enero de 2003, cuando inició su gobierno con 83,6 por ciento de popularidad.

Antes de este sondeo, la imagen de Lula nunca recibió una aprobación menor a 50 por ciento.

El resultado indica que "se hizo difícil la reelección de Lula", evaluó Ricardo Guedes, director del Instituto Sensus, destacando que subió mucho el índice de los que no votarían de ninguna forma por el presidente en los comicios del año próximo, alcanzando 46,7 por ciento, en comparación con 39,3 por ciento de septiembre. Más de 40 por ciento de resistencias constituyen un fuerte obstáculo, observó.

Por primera vez en una simulación de posible segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre de 2006, Lula perdería contra José Serra, alcalde de Sao Paulo y candidato derrotado por el presidente en los comicios de 2002.

El escándalo de corrupción que afecta al gobierno y al Partido de los Trabajadores (PT) desde mayo es el gran factor de la pérdida de popularidad del presidente. Son mayoría los entrevistados que creen en su participación en los hechos investigados por el parlamento, la policía y los fiscales: el ingreso de dinero ilegal a las campañas electorales y los sobornos a diputados.

Las denuncias forzaron la renuncia de dos ministros allegados a Lula y amenazan a Palocci, ministro de Hacienda considerado por el mercado financiero, economistas conservadores y partidos opositores como el principal garante de la actual política de austeridad fiscal.

La situación del ministro se agrava desde agosto debido a denuncias de que operó un sistema de captación de fondos ilegales para el PT cuando era alcalde de Ribeirao Preto, ciudad de medio millón de habitantes a 320 kilómetros de la meridional Sao Paulo, en 2001 y 2002.

Una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) pretende "invitarlo" a que responda a las acusaciones, que parten principalmente de quien fue su asesor en la alcaldía de Ribeirao Preto, Rogerio Buratti. El ministro logró contrarrestar satisfactoriamente la primera denuncia en una rueda de prensa en agosto, pero se acumularon nuevos indicios revelados por otros ex colaboradores y la fiscalía local.

Se sospecha que Palocci haya participado en una red de corrupción que le exigía sobornos a empresas de recolección de basura para obtener contratos con alcaldías del interior del estado de Sao Paulo, captando así recursos para las campañas electorales del PT. Denuncias de que el partido también recibió aportes cubanos y angoleños de dinero enturbiaron más aún el cuadro.

La CPI que quiere interrogar al ministro es controlada por la oposición, la cual, paradójicamente, constituye el principal respaldo a la política económica conducida por Palocci, contrastando con el llamado "fuego amigo" que soporta dentro del gobierno y del PT.

El descontento de sectores del oficialismo con la gestión conservadora del ministro, basada sobre el fuerte ajuste fiscal y las elevadas tasas de interés, fue expresado por la ministra de la Casa Civil de la Presidencia, Dilma Rousseff, quien se opuso abiertamente al equipo económico.

La ministra calificó de "rudimentaria" la propuesta de Palocci y del ministro de Planificación, Paulo Bernardo, de prolongar por diez años el esfuerzo de contención de gastos públicos, para mantener un elevado ahorro y reducir la deuda pública en proporción al producto interno bruto (PIB).

La reacción de Rousseff dividió al gobierno y golpeó a un Palocci ya debilitado por las denuncias. La ministra "tiró contra lo mejor que tiene el gobierno", opinó un ex presidente del Banco Central, Gustavo Loyola. La conducción económica es "lo único bueno" que presenta la administración de Lula, según otros economistas y analistas políticos.

Palocci vive así una insólita situación de ministro poderoso pero amenazado, defendido más por opositores que por sus correligionarios. Lula aseguró que "es y seguirá siendo ministro de Hacienda", pero emitió señales de que hubo exageración en el ajuste fiscal.

La meta de superávit primario (los ingresos antes de restar el pago de los intereses de la deuda) se fijó en 4,25 por ciento del PIB para este año. Pero hasta septiembre se había alcanzado 6,1 por ciento, lo cual significa que buena parte del presupuesto no se gastó, reduciendo a casi nada las inversiones del sector público.

Problemas como carreteras casi intransitables, el resurgimiento de la fiebre aftosa atribuida a la falta de recursos para la sanidad animal y huelgas en varios ministerios incrementan el descontento del oficialismo. El estancamiento de la economía en el tercer trimestre de este año prendió la señal amarilla contra los altos intereses del Banco Central, de 19 por ciento anual en la tasa básica.

La encuesta divulgada este martes indica que 52,7 por ciento de los entrevistados consideraron "inadecuada y de rumbo equivocado" la política económica de Palocci. Solo 35,3 por ciento la aprobaron.

Las presiones tienden a aumentar al acercarse las elecciones de 2006, en las que también se elegirán gobernadores, diputados y senadores.

A medida que pasen los meses, se intensificará la batalla entre los defensores de una mayor austeridad fiscal y los que piden "flexibilización" y reducción acelerada de los intereses, acusados por los primeros de "populistas" dispuestos a sacrificar la economía por ventajas electorales.