Latinoamérica

Carlos Santiago
Bitácora

El tema del progresismo y de la izquierda ha sido tratado, con absoluta propiedad, por varios analistas en Bitácora, definiendo con claridad esos conceptos tan centrales dentro de la coyuntura de las ideas que envuelve a los uruguayos.

Sin embargo existe un aspecto poco transitado que nos preocupa, muchas veces nos confunde y que trataremos de esbozar en estas líneas, que tiene que ver con la vocación liberal, que fuera impulsada desde el inicio de nuestra nacionalidad, pero que ha quedado empantanada por la forma de país que nos hemos dado y por un hecho singular, el estatismo ¿exacerbado? en que estamos sumergidos los uruguayos. ¿Es que la pequeñez de nuestro mercado no permite el desarrollo de actividades similares a las que realizan las empresas públicas a nivel privado?
Por supuesto – para alejar pensamientos equívocos desde el mismo comienzo – debemos indicar que nuestra preocupación no es defender posibles "asociaciones" de las empresas públicas con socios privados, las que se califican desde tiendas "ultra" como privatizaciones encubiertas, ni definirnos tampoco por el estatismo a ultranza, porque ya este tema está ampliamente discutido y, evidentemente, las cartas están hoy más que entreveradas. Para opinar con justicia es deber tomar en cuenta nuevos aspectos de la realidad, como por ejemplo su peso tarifario, el que afecta a los uruguayos, el que está tendiendo a mostrar, entre otras cosas, que el mecanismo defendido por algunas corporaciones tampoco es de recibo. Ni la gente ni las empresas están hoy en condiciones de soportar tarifas que contribuyen a anular la competitividad al país. ¿Es posible que los uruguayos paguemos el combustible el doble que los argentinos, que las comunicaciones nos cuesten cifras absurdas a nivel internacional, así como la energía?
Nos moviliza el peregrino deseo de introducir elementos para el análisis de una situación (realidad), que evidentemente está signando la coyuntura, o sea nuestras vidas, pues – por más que queramos mirar la circunstancias con cristales distorsionantes – siempre volvemos a detenernos sobre una situación atroz. La de un país que no puede darle trabajo, techo, comida, salud y educación a casi una tercera parte de la población.
Y manejamos esos rubros porque ellos son los derechos básicos inalienables que están consagrados en nuestra Constitución.
Ni siquiera están claras a esta altura algunas calificaciones que separaban las actividades de las empresas estatales como "estratégicas", vocablo tras el que se armaron campañas que terminaron con definiciones populares tajantes, de tal magnitud, que han dejado en figurillas a quienes tratan de mitigar el camino trazado por el voto de la gente, aunque para ello se apoyen en la presión de los organismos internacionales de crédito que empujan para ese lado.
Nos parece que el mecanismo fue promovido desde el batllismo histórico y en adelante por los políticos – de casi todos los sectores – que han impulsado y luego heredado en los hechos una vocación antiliberal, evidentemente autoritaria, sin asumir que su obligación ética es devolver a la sociedad el esfuerzo que esta hace, aumentando su riqueza y como consecuencia el nivel de vida de la gente. Qué las empresas públicas hayan funcionado hasta hoy como coto de caza de los partidos políticos, en un despropósito que ha sido posible solo por el mecanismo monopólico que se adoptó para su funcionamiento que hoy, a esta altura de la historia, se está volviendo una anacronismo insoportable.
Por décadas los distintos gobiernos que han accedido al poder han tomado por asalto al Estado del que se sirven y tras el cual organizan a la sociedad que depende, se nutre y además paga los platos rotos de las malas políticas. Estado que por la vía del "clientelismo" sirvió también para sustentar la actividad de los partidos tradicionales. Claro hubo etapas distintas en país. Flujos y reflujos económicos que permitieron el abuso o impusieron la retracción. Pero con una constante: los recursos para tapar los agujeros que han dejado las malas gestiones en las empresas públicas o en la misma administración pública, siempre salen de los bolsillos de la gente.
Las fabulosas partidas de las que depende el gobierno para pagar la deuda externa, 3,5% de superávit previo del PBI este año – también emergen del porcentaje de nuestro esfuerzo que destinamos al pago de impuestos directos e indirectos y que salvo coyunturas favorables, solo empobrecen al conjunto.
En el geografía social que soportamos, podemos asegurar que esas malas políticas y esa presión impositiva, que es uno de los elementos que ostensiblemente paraliza a la economía, ha determinando también en alguna medida que un tercio de la población viva hoy con carencias básicas insatisfechas cuando no en la indigencia.
Impuestos directos, algunos, pero el grueso de ellos indirectos. Hablamos por supuesto del IVA y de los múltiples que se aplican en los elementos que produce y comercializa el Estado. Ya que nos referimos a ANCAP, digamos que casi un 50 % del precio de los combustibles sirve para contribuir a financiar los defasajes de la llamada macroeconomía. Si esta empresa estuviera actuando en un régimen de competencia estaría en vías de cierre, pues no es admisible que siga sin resolver temas tan negativos como el de los negocios en la Argentina, cuyas pérdidas se siguen multiplicando y entregue al usuario, sin mayores consideraciones, los combustibles – por litro – más caros del continente. ¿Cómo se debiera caracterizar esa situación? ¿Inviabilidad, ineficiencia? ¿Qué ocurriría si ANCAP fuera une empresa exportadora?
Lo peor es comprobar que no se trata solo de malas políticas en la propia ANCAP, sino de que sus finanzas son succionadas por el Estado nacional, lo que hace que a esta empresa se le puedan endilgar todas las adjetivaciones que se quiera.
Casi siempre se ha utilizado al Estado para golpearnos y no para servirnos. En el mejor de los casos nuestros políticos han sido paternalistas, en los peor directamente autoritarios y siempre estatistas.
Veamos lo que pasa con los impuestos que se han establecido para los productos que se comercializan a través de las empresas del Estado, cuyo precio de venta está integrado de manera decisiva por esa gabela tributaria que permite el funcionamiento de su descomunal estructura.
Volviendo a los combustibles – que por la razón que comentamos son los más onerosos del continente – digamos que son un ejemplo atroz de esa distorsión en que, en definitiva, no se está respetando el derecho de la gente a pagar el precio justo.
Es como si alguien hubiera, en alguna oportunidad, desconfiando del pueblo, de todos nosotros, porque si nos dejaran no sabríamos que hacer con nuestro propio dinero o con nuestra propia libertad. Quizás alguien – sostienen algunos voceros del seudo liberalismo- vea al ciudadano y a la sociedad civil como una amenaza y "no se den cuenta que ellos dominan el Estado gracias al respaldo de quienes los hemos votado".
El reverso del problema, pero consecuencia de lo anterior, es que los uruguayos todavía confiamos en que el Estado nos solucione cualquier contratiempo y pedimos su aprobación a cada paso. Somos dependientes de él. Hay quienes afirman que ni la derecha ni la izquierda uruguaya han creído nunca en la sociedad.
Muchos están interesados en reducir al liberalismo a la imposición del libre mercado por encima de cualquier consideración social o humana, y ello no es así, aunque muchos, especialmente los defensores de los intereses de la banca multinacional, demuestren lo contrario. El liberalismo es un posicionamiento, una manera de ver el mundo que empieza por considerar al hombre, y no al Estado, como la medida de todas las cosas. Creen que el Estado sí debe intervenir por la persona allí donde no llegue el merado.
El término mercado le gusta a la derecha. Y a la derecha uruguaya también le disgustan las actitudes de libertad personal y progreso moral que defienden los liberales, por ejemplo, en áreas como los avances médicos en genética o las libertades individuales en modos de vida y costumbres. Veamos lo que pasa – por ejemplo - con la despenalización del aborto, tema que se ha abierto a una polémica que envuelve a todos, hasta al presidente de la República.
¿Qué ocurriría si se modificaran algunos tradicionales privilegios como el de la "inamovilidad" de los funcionarios públicos, que ha existido desde siempre y que, cuando se habla de su posible supresión, ese hecho eriza a más de uno?
Si, por ejemplo, ANTEL abriera su monopolio para que se compitiera en la telefonía básica, si hubiera operadores privados de Internet que manejaran ingresos de banda ancha y la velocidad aumentara y los precios se redujeran en un marco de competencia. (En Uruguay, por el sistema ADSL, se pagan también las tarifas más altas del continente)
¿Sabríamos como administrar esas libertades? ¿Nos daríamos cuenta de que se abrirían nuevos perfiles, otras formas de vida, diversificadas y dignas? ¿O el país sería el centro de una puja capitalista por la apropiación de ese ingreso que el Estado dejaría vacante?
Otro tema para analizar es la reducción misma del peso del Estado: ¿Si se redujera, sabríamos administrar nuestros destinos olvidándonos de recurrir, como hacemos ahora, a ese partenalismo que aun se mantiene?
Habría que verlo….
(*) Periodista, secretario de redacción de Bitácora.