Latinoamérica

José Francisco Gallardo Rodríguez

El 16 y 17 pasado se realizó en el Senado de la República el IV Foro Internacional sobre "Genocidio y Prescripción: elementos Jurídicos y Culturales de la Impunidad", promovido por el Grupo Parlamentario del PRD y el Comité 68 pro Libertades Democráticas; en el que participé con la ponencia sobre mi caso "La CIDH un caso de impunidad, Caso 43/96".

La impunidad de los crímenes de Estado, siendo un estigma del pasado, se extiende hasta nuestros días como una prueba de fuego al Estado de derecho, sin que se haya tenido la capacidad institucional, jurídica y sobre todo moral para hacerle frente, apuntaba la senadora por el PRD Leticia Burgos. El gobierno de la alternancia de Vicente Fox, ofreció el oro y el moro, para esclarecer los crímenes del pasado y castigar con todo rigor a los responsables de aquellos cruentos acontecimientos. Sin embargo, la realidad es que las instituciones encargadas de revisar el pasado están cooptadas por los poderes fácticos que se aferran a la protección de los criminales. La constante ha sido la negativa del Estado a esclarecer los hechos, agregaba la legisladora.

Ana María Figueroa, Directora Jurídica del Ministerio de Derechos Humanos de Argentina, expresó, "en México se admite que el Estado organizó la represión en forma directa o por medio de grupos paramilitares, pero nadie es castigado por ello". "Verdad sin justicia es la fórmula ideal para precipitar la instalación de un estado de cinismo, desvergüenza e impunidad nacional", señalaba Raúl Jiménez, asesor jurídico del Comité 68.

Queda claro que, "la impunidad constituye el mayor de los desafíos del Estado democrático de derecho. Deslegitima las instituciones, merma la gobernabilidad, altera las bases de convivencia social, propicia el abuso de poder, la desigualdad social, la injusticia y la no rendición de cuentas por quienes están obligados a actuar en beneficio del pueblo"; sentenciaba el jurista.

El principal problema que se debate para esclarecer los crímenes de lesa humanidad en México, tiene que ver con la clasificación de los crímenes, si están dentro de las prácticas genocidas o la prescripción para enderezar averiguaciones y sentencias contra los ejecutores y responsables.

Después de exponer los hechos en torno a la recomendación de la CIDH caso 43/96, documentado milimétricamente con pruebas indubitables, y aún no prescrito, comentaba, claro no debemos perder la memoria, hay que seguir insistiendo para esclarecer los crímenes del pasado, pero sería más fácil, llegar a los responsables por los crímenes del presente, retomando los casos más recientes como las masacres del Charco y del Bosque, la matanza de Aguas Blancas y Acteal, los asesinatos de los indígenas en Chiapas y de los jóvenes en la Buenos Aires, la desaparición del Teniente Orlando Muñoz en 1993, etc., porque los responsables son los mismos personajes a los que hoy se quiere juzgar a través de los acontecimientos del 68 y 71.

Ejemplo, hay señalamientos indudables sobre la participación de la "Brigada Blanca", este grupo paramilitar estaba al mando de los coroneles Luis Montiel López y Guillermo Alvarez Nahara, estos personajes participaron activamente en mi encarcelamiento y en la desaparición del teniente Muñoz; Macedo de la Concha como procurador militar, encubrió la participación de los militares en los acontecimientos antes señalados, y encarceló a los ecologistas de Guerrero y a Ericka Zamora a través de declaraciones sacadas bajo tortura; a cargo de la PGR, encubrió el crimen de Digna Ochoa, encarceló a los hermanos Cereso, a la señora Artemisa Aguilar, confrontó al gobierno federal con el del Distrito Federal por el asunto del desafuero, dividió a la sociedad y puso en tela de juicio el prestigio de México en el exterior.

Es claro que una sociedad democrática no puede fundarse en charcos de sangre y en la impunidad sino en un sólido Estado de derecho que tenga como vértice el respeto de los derechos humanos. El problema de la impunidad en México está vinculado directamente con el Ejército, poder intocado que lacera peligrosamente los avances democráticos de nuestro país. La impunidad debemos atacarla por todos lados, sería más fácil desde los crímenes del presente porque sus actores son los criminales del pasado.