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Latinoamérica

Ecuador en contra del Tratado de Libre Comercio

Marco Villarruel Acosta (*)

Crece en Ecuador la oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El presidente Palacio no encuentra respaldo para sumarse al mismo.
Inesperadamente, sin que nadie lo pueda prever, estos momentos se convirtieron en trascendentales dentro del proceso de firma del Tratado de Libre Comercio, puesto que cada vez más importantes sectores de la sociedad ecuatoriana se oponen a su suscripción.
 El gobierno del presidente Alfredo Palacio no encuentra dentro de las Cámaras de las Producción ni entre los sectores afines a la embajada norteamericana el respaldo necesario que le permita firmar con tranquilidad este instrumento internacional, tras del cual están Perú y Colombia.
 En los pasados días el movimiento indígena liderado por la Confederación de Indígenas del Ecuador (CONAIE) con otras organizaciones menores se tomaron las calles de la ciudad de Quito para expresar de manera definitiva su oposición a la firma del TLC, especialmente porque consideran que acabará con la pequeña producción del agro ecuatoriano.
 En el Ecuador se ha conocido que los subsidios norteamericanos a sus agricultores ascenderían a 160 mil millones de dólares, lo cual significa que sus productos agrícolas se venderían a precios más bajos que los locales con lo que se aniquilaría totalmente la producción nacional, especialmente el maíz. Definitivamente nada está claro en esta negociación sobre alimentos. Ahora que se ve de cerca el mercado invadido de productos norteamericanos y a través de ellos los que vengan de terceros países porque estarán amparados con otros convenios. Recordemos nomás el trato discriminatorio que nos han proporcionado otros países pequeños por cuanto están atados por compromisos económicos y políticos.
 Han sido 18 meses de negociaciones entre una superpotencia mundial con una megaeconomía con tres pequeños países, que ni siquiera alcanzan en sus productos internos lo que mueven algunas de las grandes multinacionales norteamericanas.
 Si bien ningún acuerdo en concreto se ha logrado en temas agrícolas, tampoco se ha avanzado en lo relacionado a la propiedad intelectual, donde la información que avala la validez de un medicamento es motivo de conflicto entre los Estados Unidos, que son los representantes de las más grandes multinacionales farmacéuticas del mundo, y desean a todo dar la firma de estos acuerdos porque sí expandirían y asegurarían sus mercados, en detrimento de los intereses de las empresas europeas, que verían disminuidas las posibilidades de vender en estos países andinos.
 Es difícil entender de qué manera le beneficiaría a una economía tan pequeña como la ecuatoriana la firma de un tratado con la mayor potencia económica del mundo. Hay la sensación que entre las pocas personas que apoyan el TLC más bien están los que ya tienen negocios en funcionamiento o que lo hacen por motivos políticos.
 Pero las posiciones dentro del imperio tampoco son uniformes. Hay legisladores de varias tendencias que opinan que no se debería obligar a los países pequeños a firmar el TLC porque serían abrumados por los Estados Unidos y porque, según ellos, se incrementaría el tráfico de drogas.
 Tibias declaraciones de los presidentes de Colombia y Perú, Alvaro Uribe y Alejandro Toledo respectivamente, se han escuchado en estos días porque la ambición de los negociadores de Estados Unidos es tan abultada que han asustado a sus propios defensores de antaño.
 Lo cierto es que el gobierno de Palacio no la tiene nada fácil para firmar el TLC, pero también existe el riesgo que quiera en su interior ³pasar a la posteridad² como un presidente que se arriesgó y no dejarle al próximo ninguna posibilidad de ganarle imagen.
 Los negociadores ecuatorianos deben dejar inmediatamente la ciudad desde donde se hacen las conversaciones e informar al país la magnitud de lo que se quiere negociar y cuanto se afectaría nuestra economía. Su obligación es declarar sobre los temas tratados secretamente porque las consecuencias tienen que ver con el futuro del país.
 (*) Marco Villarruel Acosta es Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Quito, institución que participa en la red de corresponsalías de APM