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Ecuador
Marlene Toro
Quincenario Tintají
El 31 de octubre pasado mientras muchas personas soñaban con la Asamblea
Nacional Constituyente, un Boletín de Prensa de la Presidencia de la República
aseguraba que ese día en Guayaquil había comenzado el Programa de Aseguramiento
Universal de Salud (PAUS). El comunicado se refería a la firma del contrato para
brindar atención primaria de salud realizado entre la compañía Transmédica y la
Fundación Aseguramiento Popular de esa ciudad, auspiciada por el alcalde
guayaquileño Jaime Nebot. El Presidente de la República, Alfredo Palacio, firmó
como testigo de honor de lo que en realidad es el comienzo de la privatización
de la salud en el país, mediante un plan que beneficiará a algunas empresas
médicas privadas y terminará por enterrar la salud pública. La compañía
Transmédica (de la que sería interesante conocer cuáles son sus propietarios),
recibirá el pago del Estado ecuatoriano para atender a las personas menores de
18 años que constan como beneficiarios del bono del desarrollo humano de la
ciudad de Guayaquil. Según el contrato, por un año de comercio médico la empresa
recibirá 2.025.000 dólares En la ocasión, el primer mandatario aseguró que su
gobierno aspira que este plan piloto, que se inicia en Guayaquil, con el 10 por
ciento de beneficiarios, se extienda a 1.350.000 afiliados al bono de desarrollo
humano en todo el país. Según la información de la Presidencia, "la primera fase
del Programa de Aseguramiento Universal se ejecutará con un préstamo del Banco
Mundial, por 45 millones a cumplirse en tres o cuatro años". Estos significa un
aumento de la deuda externa para beneficiar algunas empresas médicas, pero no
para mejorar los hospitales públicos, ni el Servicio de Salud Pública, ni el
acceso a los medicamentos, como ocurre en cualquier país que implementa
políticas sociales tendientes a mejorar la salud de su población en lugar de
favorecer el comercio médico.
Pero veamos de qué se trata el Aseguramiento Universal de Salud (AUS) mencionado
por el gobierno. En un documento de septiembre de la Secretaria Nacional de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM) creada hábilmente por Palacio y
adscripta a la Presidencia de al República, se establece que en el marco de los
compromisos para lograr los objetivos del milenio "el Gobierno Nacional en
representación del Estado Ecuatoriano, (...) define como una prioridad nacional,
la implementación del Sistema de Aseguramiento Universal en Salud" También se
explica que "luego de un camino tortuoso, por las dificultades políticas
encontradas", para fines del 2004 "se concretan los mecanismos de
operativización del diseño del AUS, para lo cual se contrata al consorcio CARE-John
Hopkins University que ejecuta los estudios para el diseño del Modelo de
Aseguramiento para el país". La definición del Aseguramiento Universal de Salud
es por lo menos jocosa al asegurarse que "constituye un sistema de aseguramiento
DE RACIONALIDAD PÚBLICA SIN FINES DE PÉRDIDA, que para su operación puede y debe
incorporar mecanismos de gestión privados, mixtos o públicos según
requerimientos deficiencia en su accionar y efectividad en sus resultados".
El financiamiento para estructurar el Aseguramiento Universal de Salud saldrá de
los fondos actuales asignados a la salud y de nuevos recursos como por ejemplo
los que surgen del Banco Mundial. Para eso se "estructura el Fondo Nacional de
Aseguramiento Universal en Salud (FONAUS)", una instancia cuya función es
integrar y acumular los recursos a nivel nacional". En la primera etapa, será el
"fondo administrador de los recursos" para luego "asignarlos a las instituciones
prestadoras de servicios (léase empresas como Transmédica) para que atiendan a
un espacio población específica". El FONAUS se encargará de asegurar el
financiamiento del AUS con el aporte fiscal de los proveedores públicos
(Ministerio de Salud Pública, Municipios, etc.), aportes fiscales directos para
el AUS, aportes de la Cooperación Externa, Organizaciones no Gubernamentales y
de los usuarios, mediante el mecanismo de prepago como los seguros de salud
privados o los teléfonos celulares. El FONAUS también se ocupará de la
"recaudación" de recursos de las diferentes fuentes de financiamiento "en un
instrumento fiduciario cerrado", así como del pago a las empresas médicas
encargadas de vender salud
Según el Decreto presidencial que creó la SODEM, este organismo tiene la
potestad para crear una estructura específica que implemente el AUS. Por lo
tanto para administrar los recursos se conforma una "Corporación para la
administración, compra de servicios y manejo" del FONAUS, que estará encargada
de establecer los mecanismos e instrumentos "para que el cliente sea el centro
de la gestión". Por lo tanto, desde ahora gracias a la "imaginación"
gubernamental el paciente pasó a ser un cliente más.
Según parece, la idea del presidente de colocar la salud en el supermercado no
es nueva. En junio de 1995, en acuerdo con el CONAM, el entonces Ministro de
Salud, Alfredo Palacio, convocó al Consejo Nacional de Salud, para comenzar la
implementación de un Sistema Nacional de Salud que no era otra cosa que un
Sistema de Privatización de Salud. El "Análisis de Promoción de la Políticas de
Salud" realizado en septiembre del año 2000 por el Centro de Estudios de
Población y Desarrollo Social (CEPAR), una entidad defensora de la privatización
de la salud, que cuenta con el auspicio de la USAID (Agencia Americana para el
Desarrollo Internacional), destacó la propuesta que surgió de Palacio en aquella
oportunidad. "El Consejo, en su primera sesión dio el aval para la conformación
de un Grupo Técnico de Reforma (GTR) a fin de que asesore al Consejo en la
materia. Luego en Agosto/96 crea la Comisión Técnica de Reforma que con el apoyo
del GTR se aboca a preparar una propuesta de Lineamientos Generales para la
Reforma del Sector Salud en el Ecuador y un Plan Operativo para el primer año de
trabajo, aprobados por el Consejo en septiembre/95. Lamentablemente, a pesar del
espacio que se generó para el accionar del Consejo, luego del Plebiscito
(Noviembre/95) en el que se negó la propuesta de privatización del Seguro Social
y p or ende de la atención de salud, recién en marzo de 1996, se toma la
decisión de preparar una propuesta nacional para que sea conocida y respaldada
por el Consejo de Salud", dice el análisis, que se puede encontrar en la página
web: www.opsecu.org/bevestre/revistas/CEPAR/pappsfinal.pdf ¿La Constituyente o
Constitucional podrá desprivatizar el Sistema de Salud privatizado por Palacio?
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