Latinoamérica

Desde hace seis meses se desarrolla una fuerte intervención militar primero con sobrevuelos de helicópteros y aviones y en los tres últimos meses con incursiones por tierra, en la región de Tierradentro, oriente del departamento del Cauca (Colombia). La operación ha incluido el traslado de más de tres mil hombres y el establecimiento de bases militares en los sitios de Silvia y el páramo de Moras, sector de Laguna Seca, en jurisdicción del resguardo indígena Nasa de Mosoco, en los municipios de Silvia y Páez.
Se escucha igualmente entre los pobladores la pretensión del ejército de construir una base en la zona del páramo de Moras, donde se encuentra ubicado un sitio sagrado donde la comunidad indígena realiza rituales a sus espíritus y dentro de la zona minera indígena de Pisno de 18.110 hectáreas. La militarización regional se complementaría con la construcción de un batallón de alta montaña en este territorio.
Si bien las operaciones militares en estos territorios de presencia histórica de las FARC-EP son esporádicas, en el momento actual la militarización tendría como marco asegurar el territorio para la ejecución de proyectos de privatización de la naturaleza: biodiversidad (zona del parque nacional nevado del Huila, proyectos forestales, privatización de páramos, cuencas y agua) y de gran minería, entre ella la aurífera.
Pero tal vez la amenaza más preocupante que se cierne sobre los indígenas, campesinos y negros de la región de Tierradentro, unas 60 mil personas, la representa la multinacional minera AngloGold Ashanti Mines, la segunda extractora mundial de oro, más conocida en Colombia por el nombre de su filial Kedahda S.A., que ha solicitado 7.030 hectáreas para la exploración y explotación aurífera en la zona.
La militarización de la región buscaría supuestamente desplazar a las fuerzas guerrilleras, pero lo que se trata es de desplazar o desterrar a los indígenas que se convierten en una verdadera molestia a la hora de privilegiar el saqueo, además de establecer un anillo sobre la zona sur del área de Pradera y Florida que está siendo promovida para una negociación entre la guerrilla histórica de la FARC y el gobierno nacional. El anillo se está dando en el Cauca por seis brigadas, como también sobre el departamento del Huila en los municipios de La Plata, Nátaga, Río Negro y en el departamento del Tolima la franja de la serranía del Atá. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de negociar, ya que lo real es la militarización? La AngloGold, que explota minas en una gran cantidad de países con regímenes lacayos sometidos a los dictámenes del capital multinacional, en África y América Latina tiene antecedentes como agenciador de estrategias encubiertas de guerra sucia y paramilitarismo. El caso más conocido es el patrocinio del Frente Nacionalista e Integracionista del Congo, acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad, cuyo accionar le posibilitó a esta multinacional extraer oro de la mina Mongbwalu, en el nordeste de ese país africano, tal como lo denuncia Human Rights Watch.
La Sociedad Kedahda S.A. Colombia, relacionada con la multinacional AngloGold Ashanti, la segunda productora de oro del mundo, tiene la pretensión de obtener la licencia de explotación sobre 33 mil hectáreas en la cuenca del río Cauca, en territorio de Quinchía y áreas de Guática, Riosucio, Anserma, Neira y Filadelfia (Caldas).
En Santa Rosa, Morales y San Martín de Loba, la sociedad Kedadha, en representación de la AngloGold Ashanti, solicitó licencia para explorar y explotar un área minera de 1'200.000 hectáreas, de las cuales el gobierno nacional ya entregó en concesión 37 mil. Este megaproyecto no se limita al sur de Bolívar. Los intereses abarcan un amplio espacio de territorio colombiano en el nordeste antioqueño.
Las pretensiones de la AngloGold acabarán con la reivindicación territorial del campesinado colono y desplazado, enmarcada en la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra, cuya existencia jurídica contemplada en la ley de reforma agraria se encuentra curiosamente "congelada" de manera ilegal por el gobierno de AUV. Se trata de 180 mil hectáreas en las zonas rurales de Yondó, Remedios, San Pablo y Cantagallo, cuyos habitantes han conocido sólo la presencia militar del estado y la presión narcolatifundista y paramilitar sobre sus tierras.
Según el vicepresidente Santos, "la AngloGold es un buen socio que traerá desarrollo a la región mediante las regalías". Un representante de la Asociación Nacional de Industriales [el director ejecutivo de la Cámara Asomineros, Carlos Uribe, nota de Prensa Rural] justifica la entrega de nuestros recursos a las multinacionales diciendo que "nosotros no debemos asustarnos de otorgar un área importante a una empresa como esa"; por su parte una funcionaría del ministerio de Minas preguntada sobre el problema lanza una leguleyada diciendo que "es legal solicitar tierras para la exploración".
Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre estos nuevos episodios que son la clave para poder establecer un nuevo terricidio en el país.
Con el saber de pueblo ancestral indígena nasa y deseosos de seguir compartiendo conocimientos a pesar de los momentos de amenazas territoriales, nos encontraremos en los caminos de lucha conjunta por los derechos conquistados.