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Represión en Colombia
Phillip Cryan
El departamento del Cauca en el suroeste de Colombia tiene una historia larga
y celebrada de resistencia popular a la injusticia y a la violencia. En un país
en el que décadas de guerra han desgarrado el tejido social, generando un
profundo (y prudente) temor a involucrarse en cualquier cosa que tenga que ver
con política – porque una participación semejante resulta a menudo en que la
gente es asesinada – las comunidades del Cauca no sólo han continuado a resistir
la explotación y los ataques, sino que lo hacen con fuerza y unidad, en números
considerables.
Es un sitio hermoso, que inspira confianza en la vida.
Impulsado por una resistencia indígena de cinco decenios, el movimiento social
en Cauca está excepcionalmente bien organizado. Campesinos, grupos
afro-colombianos y sindicatos se juntan rutinariamente con sus "hermanos y
hermanos mayores" – como se refieren a menudo a los grupos indígenas del Cauca –
en marchas de muchos días de duración por la Carretera Panamericana, o en
ocupaciones de esta última, involucrando a decenas de miles de personas, que
defienden la vida y condiciones dignas de vida. En septiembre de 2004, unos
60.000 marcharon durante tres días por la carretera exigiendo respeto a su
autonomía y protestando contra la política económica del presidente Álvaro Uribe
Vélez.
En numerosas ocasiones durante los últimos años, cuando guerrilleros de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han secuestrado a dirigentes
indígenas, los Nasa – el mayor grupo indígena del Cauca – han enviado a cientos
de personas a las montañas, sin armas aparte de sus bastones de mando y han
persuadido a las FARC a entregarles a los secuestrados. El mes pasado, una
coalición muy unida de organizaciones indígenas, campesinas, afro-colombianas y
sindicales lanzaron una campaña para recuperar tierras robadas y exigir la
reforma agraria – en un país en el que un 0,4 de la población controla más de la
mitad de la tierra cultivable – llamando el esfuerzo "Liberación de la Madre
Tierra".
Este tipo de resistencia tiene su precio y sus consecuencias. Casi cada vez que
las organizaciones indígenas del Cauca anuncian una nueva marcha o
"movilización" (el nombre que utilizan para significar las ocupaciones
prolongadas de la carretera), el presidente derechista, usualmente abúlico, de
Colombia se presenta en la televisión y en la radio para pedirles que las
cancelen. Cuando, a pesar de todo, siguen adelante con sus planes los militares
y los funcionarios gubernamentales los llaman guerrilleros, aprobando así los
ataques de los paramilitares. Cuando la policía trata de expulsarlos, siempre
hay numerosos heridos y frecuentemente muertos – como sucedió hace un par de
semanas cuando ocupantes indígenas se negaron a desplazarse de la tierra que
habían recuperado.
Y hay otros riesgos. Dos de los líderes más conocidos del movimiento fueron
encarcelados.
El más reciente intento de silenciar a la resistencia
José Vicente Otero Chate, un dirigente indígena Nasa y ex alcalde del municipio
de Caldono fue detenido el 6 de octubre. Miguel Alberto Fernández Orozco,
presidente de la CUT [Central Unitaria de Trabajadores] y líder de la
organización campesina CIMA [Comité de Integración del Macizo Colombiano], fue
detenido el martes 1 de noviembre. Los sectores indígenas, campesinos,
afro-colombianos y laborales del movimiento social ven las detenciones como un
ataque no sólo contra dos individuos sino contra todo el proceso de organización
y resistencia en el Cauca.
José Vicente Otero Chate jugó un papel decisivo en la realización de una
consulta popular en el Cauca en marzo pasado sobre el Tratado de Libre Comercio
Andino que actualmente es negociado entre EE.UU. y los gobiernos andinos. El
resultado, que no sorprende a nadie, fue que la vasta mayoría se opone al así
llamado acuerdo de ‘libre comercio’ y lo ve como una amenaza directa a su
seguridad alimentaria. Dos meses después de la consulta, la casa de José Vicente
Otero Chate fue allanada por miembros del ejército colombiano que colocaron
armas en su interior, y lo acusaron después de terrorismo. Fue arrestado el 6 de
octubre.
Miguel Alberto Fernández Orozco, líder sindical y campesino, ha recibido una
serie de amenazas de muerte en los últimos años. En 2004, pasó varios meses en
el exilio en Massachussets, como parte del (ahora difunto) programa del Centro
de Solidaridad de protección para sindicalistas colombianos amenazados del AFL-CIO,
financiado por el Departamento de Estado. Después de volver al Cauca, fue
nuevamente objeto de amenazas de muerte contra su persona y su familia, por lo
menos en dos ocasiones. La más reciente llegó el 17 de octubre, cuando ASOPATIA-
(Asociación Supradepartamental de municipios del Alto Patía), recibió un
panfleto firmado por las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia, la principal
federación paramilitar]. El panfleto declaraba que CIMA, una organización que
Miguel ayuda a dirigir, y una organización gemela campesina en Nariño están
"dirigidas por terroristas y hampones izquierdistas". Aconseja a las
organizaciones "estar neutrales en sus pensamientos, no utilizar ningún nombre
de organizaciones para hacer inteligencia y desestabilizar la región. Los
estaremos vigilando paso a paso".
Miguel es el mejor tipo de dirigente. La claridad de su pensamiento, su
generosidad de todo corazón, y su simple fuerza de voluntad y capacidad son del
tipo que hacen que uno – a pesar de todo – se sienta una vez más orgulloso de
pertenecer a la especie humana Hace recuperar la esperanza en un futuro sano y
decente.
Las acusaciones contra Miguel son otra cosa. Serían ridículas si la situación no
fuera terriblemente seria. Si los informes iniciales son correctos, el arresto
de Miguel representa un nuevo nivel del absurdo orwelliano del sistema de
‘justicia’ colombiano.
Todos pensaban que ya se había llegado al colmo del absurdo cuando, hace un par
de años, las ‘autoridades’ comenzaron a acusar a personas que habían tenido el
valor necesario para hablar en público sobre la colaboración entre los
paramilitares y las Fuerzas Armadas – un hecho simple conocido por todos en el
campo colombiano, pero que la gente tiene un cuidado prudente de expresar en
público después de ver que muchos que lo hicieron tuvieron que huir y de que se
encontrara los cuerpos de otros mutilados en los ríos cercanos -- acusados de
‘calumnia’ y ‘difamación’ por ensuciar el buen nombre de los militares y de la
policía colombianos.
Luego, este año, Uribe subió las apuestas: bautizó como "La Ley de Justicia y
Paz" la ley que da a sus aliados paramilitares la legitimación política, la
legalización de sus tierras y fortunas robadas, y representa un perdón
indiscriminado por innumerables crímenes indescriptiblemente atroces contra la
humanidad. Fue un sublime golpe lingüístico, a tantos niveles que faltan las
palabras para llegar a rozar la superficie.
Lo importante, sin embargo, es que con el caso de Miguel pueden haber llevado
las cosas un paso más lejos. Miguel parece haber sido arrestado bajo la
acusación– por informantes anónimos – de haber fabricado él mismo las amenazas
contra su persona y su familia. Que en realidad no hubo amenazas en su contra,
sino que las fabricó. En otras palabras, esta vez parece que la acusación es que
ofendió el buen nombre de los paramilitares.
Desde entonces pasó una semana agitada, de ambos lados.
José Vicente y Miguel
El viernes 4 de noviembre, unas 400 personas se reunieron delante de la central
del DAS [Departamento Administrativo de Seguridad) en la ciudad de Popayán para
protestar contra la detención ilegal en esa ciudad de Miguel Fernández. Ese
mismo día, las autoridades colombianas y estadounidenses comenzaron a recibir
una cantidad continua de mensajes de personas preocupadas por Miguel y José
Vicente. El lunes 7 de noviembre, un grupo de sindicalistas y otros ciudadanos
preocupados, incluyendo al Consejero Municipal Félix Arroyo, exigieron la
liberación de los dos dirigentes en el consulado colombiano en Boston.
Durante una segunda manifestación ante la central del DAS en Popayán en la noche
del martes 8 de noviembre, liberaron a Miguel. Un dirigente del movimiento
campesino y cercano amigo de Miguel describe la escena cuando Miguel emergió del
edificio y caminó hacia los manifestantes: "Fue una alegría inmensa, algunos
empezaron aplaudir, otros a gritar consignas, los abrazos no esperaron, las
lagrimas de emociòn corrieron confundiéndose con la lluvia que caía".
Pero la alegría sentida esa noche por nuestros hermanas y hermanos en Cauca, por
dulce y refrescante que haya sido, fue de corta duración. El día siguiente
supieron que la liberación de Miguel había sido sólo condicional, que las
acusaciones en su contra no fueron abandonadas. De manera que la persecución del
líder del movimiento sindical y campesino – sobre la base absurda de que habría
inventado amenazas de muerte contra sí mismo y su familia – continúa.
La odisea de José Vicente Otero es más complicada, y su encarcelamiento – su
‘secuestro político’ como lo describen las organizaciones sociales – ha durado
más de un mes. Las acusaciones en su contra han cambiado desde que fue
arrestado. Inicialmente, José Vicente fue acusado de ser un líder de las
guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Cuando sus
abogados pudieron destruir esa mentira ante el tribunal, acusaron a José Vicente
de posesión de armas. Sus vecinos dicen que vieron a militares y personal del
DAS colocando armas durante su allanamiento del hogar de la casa de José Vicente
en abril.
Ocupación de tierras y la actual situación en el Cauca
Las organizaciones indígenas, campesinas, afro-colombianas y sindicales del
Cauca ven la persecución de estos dos importantes dirigentes como sólo la punta
del iceberg. Consideran estos ataques como un intento de atemorizar, dividir y
silenciar su movimiento social, que durante muchos años ha sido un fanal para
todos los colombianos que buscan la paz y la justicia. Más recientemente, el
movimiento social se ha concentrado en el apoyo de una masiva acción de los
indígenas Nasa en la municipalidad de Caloto para recuperar tierras que les
pertenecen por legítimo derecho.
Durante un mes – desde el 12 de octubre – cientos de indígenas han ocupado una
hacienda en Caloto, buscando un diálogo con el gobierno colombiano sobre
acuerdos a los que este último llegó con los grupos indígenas del Cauca hace
seis años, que no han sido cumplidos por el gobierno. Estos acuerdos fueron
formalizados en el Decreto 982 del gobierno federal, sobre "la emergencia social
y económica de las comunidades indígenas del Cauca". Los pueblos indígenas han
dejado en claro que utilizan esta ocupación de tierras como un último recurso
después de años de negativas del gobierno de cumplir con los acuerdos, o
siquiera iniciar un diálogo con las organizaciones indígenas.
El gobierno ha reaccionado ante su acción pacífica con una fuerza masiva y
violenta.
Más de cuarenta personas han sido heridas durante intentos policiales de
expulsarlas. El miércoles 9 de noviembre, fue arrestado Rodrigo Vargas Becerra,
defensor de los derechos humanos que había presenciado las acciones violentas de
la policía. Fue acusado de llevar explosivos, una acusación que los testigos
califican de ridícula.
Luego, más de 500 policías llegaron a la hacienda en la mañana del jueves 10 de
noviembre, y asesinaron a Belisario Camayo Guetoto, un indígena de 18 años de
edad.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) presentó una
lista de los objetivos por los que Belisario sacrificó su vida, de las cosas que
los ha llevado a ocupar la hacienda y a resistir los violentos ataques. La lista
incluye el siguiente punto:
Solo quería con su ejemplo de dignidad que pasemos del discurso pasivo de la
reivindicación de nuestros derechos a la acción real por hacerlos prácticos,
porque la historia nos ha demostrado que los derechos no se otorgan, se
conquistan.
Hoy, el sitio continúa. Los ‘okupas’ indígenas – un oximoron, pero comprendes lo
que quiero decir – no se han movido, esperan nuevos y más intensos intentos de
expulsarlos en los días a venir. También cuentan con más arrestos de los
dirigentes de sus organizaciones, y de los de grupos afro-colombianos,
sindicales y campesinos, a medida que la campaña gubernamental por atemorizar,
dividir y silenciarlos sigue adelante. Es probable que la situación se haga
mucho más difícil para los ocupantes de la hacienda, antes de que mejore. Y hay
mucho que depende del éxito o del fracaso de su lucha. Un dirigente campesino
del centro del Cauca explicó simplemente la situación general: "lo que ocurra
con los indígenas [en Caloto] afectará a todas nuestras organizaciones, y en
última instancia a todo el país".
¿Qué tiene que ver todo esto con EE.UU.?
EE.UU. ha suministrado más de 4.000 millones de dólares en ‘ayuda’ a Colombia
desde el año 2000; más de un 80 por ciento de esa suma a los militares y a la
policía de Colombia. Esto convierte a Colombia en el mayor receptor de ayuda de
EE.UU. aparte de Medio Oriente; y la mayor embajada de EE.UU. en el mundo está
ahora en Bogotá (es decir, si estás de acuerdo con que la instalación de EE.UU.
en Bagdad no es una embajada). El ininterrumpido apoyo financiero de EE.UU. a
los militares y a la policía de Colombia – cuya colaboración con brutales
paramilitares derechistas ha sido documentada no sólo por grupos de derechos
humanos y periodistas sino también, ampliamente, por el Departamento de Estado
de EE.UU, – envía a los violadores de los derechos humanos en Colombia un
mensaje muy claro: No tienen que preocuparse si tratan de eliminar judicial o
físicamente el movimiento social, si trabajan con paramilitares o incluso si son
denunciados cuando lo hacen. La ayuda de EE.UU. no dejará de llegar.
Phillip Cryan vive en Ames, Iowa, y pasó 2002 y 2003 realizando trabajo por los
derechos humanos en Colombia. Está escribiendo un libro sobre la política de
EE.UU. en Colombia, y la resistencia popular en su contra, para Common Courage
Press. En julio de 2006 ayudará a dirigir una delegación de Witness for Peace de
activistas sindicales a Colombia. Para más información, visite http://www.witnessforpeace.org
o contacte a Phillip en phillipcryan000@yahoo.com.
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