Latinoamérica

La clase dirigente que gobierna en Colombia ha impedido cualquier intento de solucionar el problema de la injusta distribución de la tierra.

Colombia está insertada en el orden económico de la globalización neoliberal, una fábrica de pobres, y mientras no exista una verdadera política agraria, que incluya una reforma del régimen de la propiedad de la tierra, el conflicto social continuará agravándose.

Desde 1990, el desplome de la situación social de millones de colombianos se agravó aterradoramente, lo que se comprueba con un vistazo a los titulares de los periódicos de la burguesía rentista.

El modelo neoliberal en Colombia produjo la venta de empresas del Estado, la privatización de los servicios públicos, el desmonte del sindicalismo sobre la base de los despidos masivos, las amenazas y los asesinatos de líderes de las luchas sociales y la implantación de la economía informal, que transformó a los colombianos en vendedores ambulantes.

Con la liquidación casi total del sindicalismo, la oligarquía colombiana parece haber logrado su propósito de tener un país sin clase obrera.

Con el desalojo de las tierras, la clase dirigente también creó un curioso país de campos sin campesinos, que hoy piden limosna en los buses o empujan un carrito de guarapo en cualquier ciudad.

El gobierno sueña con un país sin protesta social, pero está muy lejos de lograrlo a pesar de su prensa manipulada.

Las movilizaciones indígenas del Cauca por la recuperación de tierras, acompañadas por la profusa denuncia internacional del carácter autoritario y represivo del Estado colombiano, la posición firme de los trabajadores del petróleo contra la venta de Ecopetrol, el rechazo popular al TLC, demuestran que la oligarquía no las tiene todas consigo en el posicionamiento de su proyecto reeleccionista.

Lo que salta de bulto en este momento es que el gobierno colombiano está más entregado que nunca a los monopolios extranjeros, a la política económica del FMI y que, antes de una propuesta social en beneficio de un país inundado en sus regiones más pobres, lo que plantea es la represión con escuadrones antimotines.

Toda la orientación económica de Colombia está hoy dictada desde afuera mientras la presidencia está reducida a los cada vez más escuálidos consejos comunales que a nada conducen.

El jefe del Estado hace esfuerzos por crear su propio partido, mientras entre sus adeptos las contradicciones por las cuotas de poder no pueden ocultarse.

Entre los amigos del candidato-presidente, las riñas por intereses personalistas adquieren proporciones monstruosas, como el atentado contra uno de sus más calificados senadores, dirigido a crear un ambiente de terror, horas antes de un paro cívico contra la política económica del Gobierno.

Pese a todos los golpes sufridos por el sindicalismo, a la intimidación contra luchadores sociales, incluidos sectores populares del liberalismo, al terror paramilitar en campos y ciudades, un gran movimiento opositor cohesionado se abre paso y se dispone a dar el debate social y a derrotar la nueva trampa de la oligarquía que cree poder perpetuarse sobre un pueblo sin hospitales, sin empleo, empobrecido a extremos inverosímiles, con campesinos llevados al hambre y a la desnutrición que nos muestran como uno de los países más injustos del hemisferio.

Colombia necesita un cambio y no será la oligarquía y su maquinaria corrupta la que va a producirlo, el propio pueblo va encontrando caminos de unidad, siguiendo el ejemplo latinoamericano de países que utilizan la democracia participativa.