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Se ha consolidado el triangulo narcoparamilitar: Ejecutivo-Legislativo-Judicial
P. Salavarrieta
Con el último fallo de la colombiana Corte
Constitucional que declara exequible la llamada 'ley de garantías electorales',
que solo le da garantías al presidente candidato, se cierra el último capítulo,
vergonzoso y apátrida, de la toma de todos los poderes públicos por el aparato
mafioso narcoparamilitar que dirige el presidente candidato Uribe.
La primera
etapa consistió en la 'compra' del congreso hasta lograr que se estableciera la
mayoría necesaria para que apoyaran todos los planes corruptos de Uribe. El
pueblo colombiano, que todavía no ha sido engañado por los medios masivos de
comunicación al servicio del gobierno, pudo darse cuenta como el gobierno fue
cambiando el discurso descalificador contra el Congreso, de considerarlo un
congreso corrupto e inútil hasta hacerlo ver como un congreso admirable por
haber apoyado todas las iniciativas gubernamentales. Gran cantidad de parientes
o allegados a los congresistas cooptados fueron nombrados en cargos diplomáticos
o consulares.
El segundo
paso consistió en cooptar las altas cortes del poder judicial. Así vemos como en
la Fiscalía General de la Nación se han nombrado fiscales paramilitares o
militares cuyo único objetivo es anular o desviar cualquier investigación contra
los narco paramilitares o sus socios o encubridores o colaboradores. Hasta el
vicepresidente tuvo que protestar por fallos amañados.
Luego siguió
la cooptación con el Consejo de Estado, hasta tal punto ahora sometido al
ejecutivo que ya revocó un fallo anterior suyo que obligaba al ladrón Londoño
Hoyos a devolver a Ecopetrol las acciones que había adquirido ilegítimamente. No
se demora la anulación de la sanción que decretó la Procuraduría contra el
bandido Londoño Hoyos.
También ha
ejercido presión el mafioso Uribe sobre el Consejo de Estado para que cambie un
fallo que condena a una empresa española por incumplimiento de lo contratado en
una vía de gran importancia para el país.
Llega a tal el contubernio que a Uribe sale a recibirlo al aeropuerto español no
el gobierno sino el presidente de la compañia española incumplida.
¿En donde le
consignarán a Uribe sus honorarios o comisiones tanto por este 'negocio' como
por las compras de armas y equipos bélicos y por la entrega de las empresas
públicas colombianas rentables?
En la Corte Suprema de Justicia los fallos en especial en extradiciones contra
los insurgentes son expedidos en tiempo record si ninguna sustentación o
verificacion de pruebas y violando el debido proceso.
Obedecen lo que les ordena el capo Uribe.
Ahora en la
Corte Constitucional, que aparecía ante la opinión pública como independiente y
juzgando en derecho, se ha producido la penetración mafiosa y sus fallos solo se
dan para complacer a la mafia narcoparamilitar y en favor del capo Uribe.
Cuando el
congreso que se elija en marzo, que sin duda será de mayoría uribista narco
paramilitar, por el engaño de los grandes medios de comunicación, la violencia y
la coacción a los votantes, decida reformar la constitución otra vez para que el
presidente pueda ser reelecto cuantas veces lo desee, sin ningún
condicionamiento, la Corte 'Constitucional' actual volverá a declarar exequible
tal esperpento jurídico, ya están en 'embarcados' y no se podrán salir o si no
se sabrán los pormenores del fallo reeleccionario actual, chantaje físico por
indignos. Se salvan unos pocos magistrados dignos.
El aparato
armado gubernamental es el verdadero cerebro y brazo ejecutor de la mafia
narcoparamilitar, los altos mandos son quienes dirigen y coordinan esa mafia.
Eso se
explica porque el aparato armado gubernamental fue el creador del
paramilitarismo y ha sido el planificador, director, financiador, ejecutor, y
suministrador de personal de tal mafia desde hace muchísimo tiempo y lo continúa
siendo actualmente.
Los altos
mandos armados y civiles se lucran de las acciones asesinas de estos bandidos
narcoparamilitares gubernamentales.
Todos estos
poderes y los medios de comunicación saben de sobra la calaña de presidente
candidato que están apoyando, e inclusive muchos de ellos en un pasado no tan
distante se mostraban como luchadores implacables contra el narcotráfico del
cartel de Cali, recordar el proceso 8000.
Pero
extrañamente nunca pidieron que se abriera un 'proceso 8000' contra el cartel de
Medellín.
¿Cual sería
situación ahora del presidente candidato si se hubiera abierto el proceso 8000
contra el cartel de Medellín en el gobierno de Samper con la presión que ejercía
entonces el gobierno de Estados Unidos y con toda la documentación de que
dispone al respecto?
Ahora todo eso lo 'olvidaron' y se esmeran en servir más y mejor a uno de los
narcoparamilitares más criminales, violentos y corruptos, el presidente
candidato.
Sobre este
mafioso se ha publicado mucha información interna e internacional, alguna
procedente de organismos de inteligencia del gobierno de Estados Unidos.
Los aúlicos
del mafioso conocen toda la información sobre su pasado colaborador del narco
paramilitarismo pero se hacen los de la vista gorda, saben que callando ganarán
mucho más, es el caso de los dueños del periódico el tiempo y de muchos otros
mas.
El gobierno
de Estados Unidos que conoce todos los pormenores de la colaboración de Uribe
con el narcotráfico y el paramilitarismo no está interesado en publicar mas
documentos al respecto pues necesita tener un 'amigo fiel' que les entregue las
empresas rentables colombianas a las transnacionales y que apoye en los foros
internacionales de importancia para la política y la economía de dicho país lo
que ordene dicho gobierno. En caso necesario se recurrirá al chantaje y la
amenaza de nueva publicaciones.
Para guardar
las apariencias se le permite al mafioso Uribe que 'discrepe' en cosas que no
son de interés de Estados Unidos, caso bloqueo a Cuba.
La labor de
un nuevo gobierno democrático, progresista, pluralista, participativo,
independiente y patriota es limpiar toda la podredumbre y corrupción que desde
siempre ha existido en el aparato estatal y que ahora en la etapa
narcoparamilitar uribista se ha incrementado hasta niveles inimaginables.
Para lograr
este nuevo gobierno es necesaria la integración patriótica de todos los
colombianos honestos para mediante pactos políticos y sociales adelantar una
campaña por la reconquista patriótica de la dignidad nacional. Paz con justicia
social. No a la guerra que sólo enriquece a los vendedores de armas y a quienes
reciben las comisiones u honorarios por tales compras.