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Latinoamérica
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El reality show de la delincuencia
Arnaldo Pérez Guerra
Libertad
Fotos: Jorge Zúñiga
El exacerbado temor a la delincuencia se instala en la mente de los chilenos
junto a la "agenda" que supuestamente la combatirá. No pocas voces se alzan para
exigir se rebaje aún más la imputabilidad legal, se encarcele a niños y se
construyan cárceles en islas, al estilo estadounidense. El gobierno y la
derecha, que empuja el carro por disímiles motivos, señalan que "derrotarán el
crimen y el narcotráfico"… en el próximo gobierno. La televisión continúa el
show en sus noticiarios, que cada vez incluyen más delitos y morbo. Hace un
par de años se habló de un Ministerio de Seguridad, a la par que se discutía la
creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), hoy funcionando a
plenitud.
Joaquín Lavín, candidato presidencial de la ultraderechista Unión Demócrata
Independiente (UDI), insiste en levantar la lucha contra la delincuencia. "Los
delincuentes van a votar por Michelle Bachelet", dijo, y apuntó con el dedo a
Lagos señalando: "Han pasado seis años de su gobierno y la delincuencia es el
doble. Es por eso que no me voy a quedar callado de aquí al fin de la campaña.
¡Si pudiera hablar de la delincuencia todos los días, hablaría todos los días,
porque quiero que se haga conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo!".
Lavín recalca que el "problema número uno" de hoy es la delincuencia: "Cuando
salgo a la calle, lo que la gente me dice es: 'don Joaquín, ¡mano dura!'. Eso es
lo que necesita Chile".
La derecha ya ha conseguido restringir el derecho a la libertad provisional en
la reciente Reforma Procesal Penal. Sebastián Piñera, candidato presidencial de
la centro derecha, también aprovechó el clima: "Si no tomamos el toro por las
astas, seguirán habiendo niños inocentes de cinco años que mueren saliendo de la
reja de su casa", dijo luego de visitar a los familiares de un menor de La
Granja muerto durante un tiroteo.
Temor, más y más rejas, encuestas donde los ciudadanos responden que su
principal miedo es la delincuencia; horas en los noticiarios y páginas en los
diarios; adquisición de armas y alarmas; negocio de las aseguradoras, etcétera,
son parte del imaginario que se impone. Las propias cifras de la Fundación Paz
Ciudadana -dirigida por Agustín Edwards, dueño de El Mercurio-, dicen que
ciertos índices de delincuencia han bajado, aumentando otros como el
robo-hormiga en los supermercados y el de automóviles. Chile presenta el menor
número de robos con violencia, secuestros y de homicidios de Latinoamérica, y
Santiago figura entre las ciudades más seguras del mundo. ¿Y entonces?
"Si bien el tema de la seguridad ciudadana no es completamente nuevo, pues al
menos desde los años cincuenta que se viene manifestando, no son pocos quienes
afirman que se instala como una de las principales prioridades sociales hacia
finales de los 90 por el Manhattan Institute, organización norteamericana de
orientación conservadora que considera que la guerra contra el comunismo ha
concluido y que la nueva prioridad debe dirigirse al resguardo de las personas y
su calidad de vida bajo la premisa que el resguardo e inviolabilidad de los
espacios públicos resulta esencial para la vida en la ciudad y que el desorden
genera delincuencia. Esta doctrina constituyó la base entonces de la conocida
teoría de las 'ventanas rotas' elaborada por James Q. Wilson y George Kelling,
que inspiró la política de 'Tolerancia Cero', encabezada por el ex alcalde de
Nueva York Rudolph Giulliani. Ahora bien, el tratamiento del tema de la
inseguridad en los medios de comunicación de masas en muchos países del mundo
durante el último cuarto de siglo y en Chile durante la última década, ha
implicado entenderlo como un problema social de primera importancia en la agenda
nacional y, por tanto, de connotación política. Invariablemente, una vez que el
incremento de las tasas de criminalidad alcanza elevada difusión social y se
generaliza la sensación de peligro -muchas veces por un tratamiento
sensacionalista por parte de los medios masivos y/o interesadamente motivado por
ciertos niveles de decisión como también por los denominados 'poderes
fácticos'-, la opinión pública demanda una respuesta eficaz de la autoridad,
exigiendo frecuentemente medidas que implican incrementar el control y la
represión", señalan los sociólogos Emilio Torres y Patricio de la Puente.
Miedo al otro
El temor es el catalizador de la derecha para seguir imponiendo su agenda, que
incluye fin del indulto a delincuentes, cadena perpetua efectiva, "tercera es la
vencida", eliminar la libertad condicional y retorcer las garantías de la
Reforma Procesal Penal. Según el Centro de Estudios Públicos (CEP), Joaquín
Lavín destaca entre los presidenciables en el "tema de la delincuencia". Es el
mejor "evaluado". Según su última encuesta, el principal problema que los
chilenos perciben que debe solucionarse es la delincuencia (47 por ciento),
junto con la salud (42 por ciento) y el empleo (40 por ciento).
Con el pretexto de la urgencia de políticas de seguridad ciudadana, se sigue
fortaleciendo el control social a través de un sistema represivo-preventivo, que
mantiene estructuras centralizadas e innumerables ramificaciones territoriales
en las poblaciones, la zona mapuche, e incluso centros estudiantiles. El control
social se basa en organismos de inteligencia y la especialización y
militarización de las policías, que mantienen su tradición autoritaria al
servicio de las clases dominantes. El férreo control sobre la sociedad ejercido
por medio del modelo económico es reforzado por los medios de comunicación y la
propia "seguridad ciudadana".
Según George Kelling, "el mantenimiento del orden social y la atención
'apropiada' de los delitos menores previenen y reducen los demás. Pero también,
'acabar' con una cultura de dependencia para reemplazarla por motivación,
independencia y diligencia". Es decir, lo importante para las políticas de
seguridad es acabar con el gasto social en los sectores pobres, de manera que
"dejen el ocio y la 'potencialidad de delinquir', para serle útil al mercado".
El cambio se opera a nivel superestructural, culturalmente, socializando el
miedo desde y con los medios de comunicación. De esta forma, el sujeto percibe
en el discurso de la seguridad ciudadana su propia realidad. Aunque no sea real,
cree que lo es. Ese es el fin de bombardearnos con la crónica roja que repite
hasta el cansancio el "peligro" de acudir a lugares públicos, o salir de casa.
El "peligro" de estar con otros. El sistema se reproduce, manipulando el miedo
en millones de personas. Se atomiza aun más la sociedad, modificando la relación
con los otros. El fin último es excluir al otro -el supuesto delincuente pasa a
ser una no-persona que merece la peor condena o la muerte con tal de proteger a
la sociedad- y destruir el espacio publico. Espacios de interacción, debate,
reciprocidad, reflexión y organización, comienzan a desaparecer. La pobreza se
transforma en un crimen y no se puede confiar de nadie. Mientras, el sistema
sigue su marcha.
Una encuesta de la Universidad Católica Silva Henríquez advierte que más del 92
por ciento de las personas de "estratos bajos" (pobres) señala que la seguridad
ciudadana es "regular" y "muy mala". El 60,4 por ciento de los encuestados se
siente "inseguro" o "muy inseguro" en los espacios públicos y el 59,9 por ciento
se siente "menos seguro" o "mucho menos seguro" que hace diez años. La
percepción, alimentada por los medios de comunicación, contrasta con la opinión
de Ricardo Lagos: "Nunca en la historia de este país hemos invertido tanto en
seguridad ciudadana como lo hemos hecho en estos últimos años. Ese tremendo
esfuerzo implica sacar adelante la Reforma Procesal Penal y una nueva justicia,
más rápida y con mayores índices de eficiencia".
En octubre se comienza a aplicar en la Región Metropolitana el Plan Regional
Antidelincuencia (PRAD) -cada región define los delitos y los sectores
específicos que decide trabajar y coordina esfuerzos para disminuirlos-, que ya
funciona en el resto del país. Los PRAD han significado reducir en un 11,5 por
ciento las denuncias por delitos de mayor connotación social y un alza de 6,4
por ciento en el número de detenciones en los sectores focalizados. A pesar de
las cifras, la inseguridad persiste en amplias capas de la población. Desde hace
meses, se viene machacando a la ciudadanía una agenda de seguridad de la mano de
Paz Ciudadana. Con éxito mediático se impone la idea que el gobierno ha
fracasado en su lucha contra el delito, y que la "seguridad ciudadana" es la
principal preocupación de la ciudadanía.
Mano dura
El gobierno modificó la Ley de Control de Armas y Explosivos elevando las
penas: ha sido aplicada principalmente contra estudiantes. La Ley Antiterrorista
se sigue aplicando contra comuneros mapuche. Una suerte de "Estado policial" ya
se instaló en el sur. Son más de 400 los mapuche procesados por movilizaciones
de las comunidades en conflicto. A esa cifra hay que sumar órdenes de detención
y presos políticos mapuche en la VIII y IX regiones. Ministros especiales y
fiscalías se han encargado de investigar -desde fines de 1997- hechos producidos
en el sur del país en el marco del conflicto que enfrenta a mapuches y empresas
forestales. Decenas de mapuche se encuentran sometidos a proceso por la Ley de
Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, y han denunciado al nuevo
sistema procesal penal como un nuevo instrumento del racismo.
Se repite hasta el cansancio que la "seguridad ciudadana" es el problema de
mayor preocupación en la población, por sobre la cesantía o la democratización
de la sociedad. Según cifras gubernamentales, los delitos de "alta connotación
social" se mantienen estables e incluso han disminuido. Lo que aumenta es la
cifra de denuncias y la percepción de temor. La agenda antidelincuencia es parte
del objetivo estratégico de las clases dominantes. Su expresión política
exacerba en el imaginario el cuestionable aumento de la delincuencia, con el fin
de acentuar las desigualdades, perpetuar la impunidad de los responsables de
violaciones a los derechos humanos y reprimir cualquier atisbo de organización.
La "seguridad ciudadana" ha reemplazado a la "seguridad nacional", en un
contexto donde se hace aparecer a la inseguridad como pan de cada día y
consustancial al proceso de "crecimiento económico" y desigual distribución del
ingreso.
En marzo de 1997 se implementó un plan antidelincuencia en cinco comunas de
Santiago. Se destinaron 350 millones de pesos y se incrementó la dotación de
Carabineros en 1.350 funcionarios. No dio los resultados esperados y se optó por
otra estrategia, el "Plan Cuadrante", que vio la luz en febrero de 1998,
dividiendo Santiago en "sectores" que facilitarían la vigilancia por parte de
Carabineros que intentarían mayor interacción con la comunidad. El Plan
continúa, y ha sido reformulado en varias oportunidades incrementando la
presencia policial en los sectores populares e interviniendo en ciertas
poblaciones consideradas de riesgo.
En abril de 1998, el presidente Eduardo Frei Ruiz- Tagle dio a conocer un
paquete de medidas del Nuevo Plan Antidelincuencia, que incluía algunos ajustes
legales, un nuevo reglamento penitenciario, promover la colaboración ciudadana
en la acción de Carabineros, aumentar el control policial en zonas de mayor
riesgo, mejorar la atención de las víctimas ampliando las capacidades del
Servicio Médico Legal y dar un mayor énfasis en la prevención del consumo de
drogas. Se invirtieron, además, 5.500 millones de pesos en programas
comunitarios.
Frei Ruiz-Tagle impulsó proyectos para modificar la dependencia de Carabineros e
Investigaciones del Ministerio de Defensa, trasladándola al de Interior, para la
creación de un viceministro de Seguridad Pública y la creación de la Dirección
Nacional para el Control de Drogas y Estupefacientes, cuyo órgano superior sería
el Conace. En las propuestas legales se buscó acelerar los trámites de los
proyectos del Ministerio de Justicia en cuanto a la Ley Orgánica Constitucional
de Ministerio Público, Código Procesal Penal, ley sobre violación y delitos
sexuales, legislación familiar y de menores, y anteproyectos sobre Defensoría
Penal Pública, responsabilidad juvenil y eliminación del trámite de
discernimiento, entre otras.
A comienzos de 1999 se da curso al séptimo plan de seguridad, aumentando la
capacidad operativa de las policías externalizando los servicios de 24 de las 67
funciones administrativas desempeñadas por Carabineros, para que cerca de 12 mil
efectivos sean redestinados a labores de prevención y represión en las calles.
El llamado Plan Vecinal Integral, eje de la estrategia antidelincuencia en el
último año de Frei, contempló como puntos claves la Reforma Procesal Penal, la
ley que restringe las libertades provisionales y el incremento de la dotación de
Carabineros en 12 mil hombres. Una de las últimas medidas fue la creación del
Consejo Metropolitano de Seguridad, dependiente de la Intendencia de Santiago.
Atemorizando a la población
El Plan de Seguridad Vecinal Integral, potencia al Plan Cuadrante "con mayor
presencia policial, optimizando el tiempo de respuesta operativa y generando un
notable acercamiento a la comunidad". Dentro del Plan Cuadrante, el Plan
Estratégico de Control Delincuencial Selectivo implementó medidas dirigidas a
áreas específicas, como la locomoción colectiva ("bus seguro"), población
femenina ("plan señuelo"), entre otros.
El Plan Cuadrante, iniciado tras un período de prueba en 1998 en las unidades
policiales de la zona sur de Santiago, fue puesto en marcha en abril del 2000 en
toda la Región Metropolitana, a excepción de comunas como Buin y Calera de
Tango. Su "objetivo" es desarrollar un sistema de vigilancia preventiva las 24
horas del día y "lograr un acercamiento con la comunidad y aumentar la presencia
policial en las calles", señala un estudio.
Durante el gobierno de Ricardo Lagos, Carabineros ha continuado "perfeccionando"
el Plan Cuadrante, con nuevas iniciativas como el Plan Comuna Segura Compromiso
Cien y otras, que han significado incluso la intervención de poblaciones
completas.
Según los sociólogos Emilio Torres y Patricio de la Puente, en las políticas
antidelincuencia no se observan esfuerzos de gran escala que se orienten a la
"prevención primaria", es decir, que adopten medidas estructurales para inhibir
los procesos de formación de la delincuencia.
"También la problemática de la drogadicción juvenil ha sido normalmente tratada
como fenómeno aislado. Sólo recientemente se observan intentos para vincularla a
la seguridad ciudadana. Algo similar ocurre con la prevención de tipo terciario,
que implica actuar con posterioridad a la ocurrencia del crimen mediante
procesos de rehabilitación y reinserción social de los delincuentes, iniciativas
que vienen recibiendo severas críticas en nuestro medio por lo restringido de su
aplicación, la falta de recursos asignados y la carencia de compromiso de
sectores ajenos al Estado, como los empresarios y la ciudadanía en general para
facilitar los procesos de readaptación."
Agregan: "La sensación de inseguridad no guarda relación estricta con las
estadísticas que registran empíricamente las probabilidades de ser víctima de
delitos (…) Sobre la base de los resultados de las encuestas, es posible
observar que el problema de la delincuencia parece y se mantiene como una
prioridad entre los chilenos, alcanzando mayor atención que otras dimensiones
tradicionales de la agenda pública y las demandas sociales, como que el empleo,
la salud o la educación. De hecho, en 1989 sólo para el 29 por ciento de la
población este tema era de gran importancia, en cambio a partir de inicio de la
década de los noventa, la preocupación por la delincuencia supera incluso a la
salud, que siempre se ha destacado como una de las principales dificultades que
enfrenta el país. Se generalizó la publicación periódica de cifras y
estadísticas sobre delitos, variaciones porcentuales entre períodos y
comentarios de diversos actores. En ese sentido, la importancia otorgada por la
población a la delincuencia durante este período, siempre supera las denuncias
efectivas en los delitos más frecuentes. Lo anterior permite sospechar un
interesante efecto de 'agenda setting'. Es decir, de una correspondencia entre
la selección que realizan los medios masivos de comunicación al incorporar en
sus principales titulares, reportajes y secciones noticiosas el tema de la
inseguridad y la prioridad que la opinión pública comienzan a darle".
Según ambos sociólogos, la discusión en torno a las cifras se cruza con el
análisis económico del delito. "Uno de los trabajos más acabados al respecto ha
sido efectuado en Cepal, por Iván Silva. En este estudio se estima que el costo
económico de los delitos en una ciudad como Santiago asciende aproximadamente a
275 millones de dólares anuales. Los delitos contra las personas representan, en
promedio, el 72 por ciento, mientras que los accidentes del tránsito, que son
considerados como cuasidelitos, alcanzan a 28 por ciento del costo total. Entre
las comunas, es Santiago la que acumula los mayores costos económicos de los
delitos, bordeando los treinta millones de dólares, seguida por Maipú, Las
Condes, La Florida, Providencia, Ñuñoa y San Bernardo. Las comunas con menores
niveles de vigilancia policial coinciden, en general, con aquellas más pobres
del Gran Santiago, lo que revela un factor de inequidad en la distribución de
los medios policiales para combatir la delincuencia en toda la ciudad", agregan.
(*) Una versión de este artículo fue publicada por la revista Punto Final.
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