|
Latinoamérica
|
|
La estrategia desestabilizadora de la derecha boliviana
Sergio de Castro Sánchez
L avanç
El pasado 28 de octubre se encendían de nuevo las luces de alarma en Bolivia:
las elecciones quedaban suspendidas. Los mismos que habían defendido la salida
electoral como solución a las movilizaciones de mayo y junio, trataban por todos
los medios de retrasar y deslegitimar los comicios y, de paso, desestabilizar
todavía más al país. La crisis quedaba resuelta a través de un Decreto Supremo
que suponía un nuevo parche en la desestructurada política boliviana.
La crisis comenzó a gestarse el 22 de septiembre cuando el Tribunal
Constitucional y a petición de una serie de diputados de la derecha neoliberal,
declaraba inconstitucional el artículo 88 del Código Electoral. Este fallo
obligaba a redistribuir los escaños del Parlamento en función del nuevo Censo de
Población realizado en 2001, según el cual el número de habitantes de los
departamentos de Santa Cruz y Cochabamba había crecido, en detrimento de los de
La Paz, Oruro y Potosí.
Las negociaciones entre los representantes de las diferentes regiones no dieron
resultado y tras más de diez propuestas, y como consecuencia de la
intransigencia cruceña, el 28 de octubre, la Corte Nacional Electoral (copada,
como el Tribunal Constitucional, por representantes de partidos de la derecha
que perderán casi toda representación en los próximos comicios) declaraba que ya
era imposible el cumplir con el calendario electoral y que, por tanto, las
elecciones quedaban suspendidas. La derecha boliviana, actuando desde diferentes
frentes, ponía de nuevo al país al borde del abismo. Los movimientos sociales,
que habían transigido al aceptar unas elecciones que no veían en absoluto como
solución a sus demandas, se enfrentaban a una nueva estrategia desestabilizadora
de los poderes políticos del país.
Esta decisión, aparentemente ecuánime y ajustada a derecho, se descubre como
parte de una estrategia sospechosa y metódicamente tramada cuando se tienen en
cuenta otros hechos. Por un lado, tal y como señalaba Mauricio Ochoa en un
artículo publicado en Bolpress el 31 de octubre, si bien es cierto que la
distribución de los escaños debe establecerse de acuerdo al número de habitantes
de cada departamento, la legislación electoral y la propia Constitución
establecen que la aplicación de la ley de redistribución de los escaños debe
esperar a la legislatura posterior a la que es aprobada. No debería, por tanto,
afectar a las presentes elecciones, sino a las siguientes. Este dato, ha sido
ocultado por la prensa boliviana, controlada por los poderes económicos del
país. Y en segundo lugar, hace aproximadamente un mes, las autoridades
competentes declaraban imposible por falta de tiempo, y a pesar del fallo de la
Corte Superior de Justicia de La Paz, el poner en práctica las medidas
necesarias para que el voto emigrante contara en las presentes elecciones.
El Tribunal Constitucional redundaba en esta posición hace solo unos días al no
aceptar por defecto de forma el recurso de amparo presentado por los
representantes de la comunidad emigrante boliviana. Así, en un país cuya
población no alcanza los 9 millones de habitantes, un total de casi dos millones
de bolivianos y bolivianas, no podrán ejercer su derecho a voto. Es decir, el
retraso electoral no sólo se fundamenta en decisiones que sólo toman en cuenta
la ley a medias, sino que está basado en una doble moral: sí se posponen las
elecciones en base a intereses partidistas de la oligarquía cruceña, pero no
para que casi dos millones de personas ejerzan su derecho al voto; un voto que,
según los analistas, hubiera ido a parar masivamente a Evo Morales.
Tras la alarma social despertada por la decisión de la Corte de suspender las
elecciones, el Presidente Eduardo Rodríguez establecía la noche del 1 de
noviembre y a través de un Decreto Supremo la nueva distribución de los escaños
otorgando a Santa Cruz tres en lugar de los cuatro que demandaba y convocando
elecciones para el 18 de diciembre. Cochabamba ganaba un diputado, La Paz perdía
dos, y Oruro y Potosí, uno.
A pesar de que el Decreto ha frenado la alarma social creada por la suspensión
de los comicios, los afectados no han aceptado de buen grado la nueva
distribución de los escaños. Santa Cruz insiste en que los cuatro que demanda
son una cuestión puramente matemática y se niega a aceptar la decisión del
Presidente, aunque afirma que no va a boicotear las elecciones. Las
organizaciones sociales de La Paz y sobre todo de El Alto tampoco ven con buenos
ojos una decisión que califican de triunfo de las clases pudientes del país. En
el caso de El Alto se complica aún más la cuestión porque si bien es una ciudad
que ha crecido en su número de habitantes, sus parlamentarios dependen del
número de residentes de La Paz. Así pues, han llamado a las movilizaciones y
cuentan ya con el apoyo de algunos sectores de Oruro.
¿Pero qué intereses se esconden tras las reivindicaciones por la redistribución
de los escaños, cuando lo único que provocan es alarma e inestabilidad social y
política?
Por un lado hay que tener en cuenta el estancamiento que el representante de la
oligarquía cruceña, Samuel Doria Medina, ha sufrido en las encuestas. Ahora
mismo, las elecciones son cosa de dos: Evo Morales y "Tuto" Quiroga. Así pues, y
dada la ventaja que el líder del MAS lleva en los sondeos, el proceso
democrático no parece que les vaya a dar la oportunidad de mantener unas
estructuras económicas que les han enriquecido a costa del pueblo boliviano. La
negativa a sus reivindicaciones daría al autonomismo oriental nuevos argumentos
en busca del fortalecimiento del neoliberalismo en la zona, dejando en un
segundo plano las demandas sociales y desestabilizando todavía más el país.
Según muchos analistas, la derecha pretende retrasar cuanto pueda las elecciones
para mantenerse el máximo tiempo posible en el poder. Pero, aunque esa no sea
una afirmación descartable, el emprender unas medidas de presión tales tan sólo
para conseguir retrasar unas semanas las elecciones, parece más una pataleta que
una razón de peso. Quizá se tendrían que buscar otras razones.
Personalmente destacaría dos. La oligarquía neoliberal cruceña pretende, a
través de una mayor representación parlamentaria, situarse en una posición de
mayor poder en vistas a la Asamblea Constituyente. No hay que olvidar que será
allí, y no en estas elecciones, en donde se va a dirimir verdaderamente el
futuro de Bolivia.
La otra razón, aunque íntimamente unida a esta, es más preocupante. Los
movimientos sociales, tanto aquellos que han decidido apoyar explícitamente al
MAS, como los que critican su giro político a la derecha, están a la espera de
lo que ocurra en las elecciones, pero sobre todo en la Asamblea Constituyente.
Si Podemos y UN pactan por la presidencia aunque Evo Morales gane las
elecciones, sin duda habría movilizaciones contundentes. Pero si llegara el
líder cocalero al poder y sus medidas (como muchos pronostican) no fueran lo
suficientemente populares y, sobre todo, si la derecha impidiera una verdadera
refundación del país a través de la Constituyente, las organizaciones sociales
también saldrían a las calles.
Así pues, se prevé un futuro convulso para el país. El clima de inestabilidad
social y política sería el perfecto caldo de cultivo para tomar medidas de
fuerza contra todas esas posibles movilizaciones. Tras los sucesos de octubre de
2003, se necesitan "razones de peso" para ordenar el uso de la violencia contra
el pueblo boliviano, y el ambiente de desorden democrático que se está creando,
bien podría constituirse en la excusa perfecta. Es más, si Evo Morales llevara a
efecto medidas demasiado contrarias a los intereses de las trasnacionales, esa
misma inestabilidad podría ser "razón" de una intervención militar foránea. Como
recordaba el vicepresidente del MAS, Zacarías Flores, en su reciente gira por
Suecia, y tal y como señala un informe de la agencia Startford Globe, existe un
plan de intervención militar en Bolivia, que se llevará a efecto "dependiendo de
que se logren las condiciones favorables para ello". 10.000 efectivos
estadounidenses esperan en Paraguay, cerca de la frontera boliviana, a que se
den unas condiciones que ya casi les lleva a entrar en acción entre mayo y
junio de 2005.
En conclusión, sea cual sea la coyuntura política del país en los próximos
meses, a los poderes políticos y económicos bolivianos y extranjeros (pero con
enormes intereses en la zona) les interesa una inestabilidad social que en un
momento dado, les sirva para justificar el uso de la violencia, un golpe de
estado o, incluso, la intervención militar de los EEUU.
 |