Latinoamérica

De concretarse una ya anunciada inversión de la mayor empresa mundial del sector, Uruguay se convertiría en uno de los países latinoamericanos con mayor presencia relativa de fábricas de celulosa. Esta expansión es fuertemente cuestionada por grupos ecologistas y de productores que defienden un modelo de desarrollo "auténticamente sustentable".
                  Esta semana la transnacional suecofinlandesa Stora Enso confirmó que prevé realizar una inversión total cercana a los 1.000 millones de dólares en Uruguay en los próximos cinco años. En una primera etapa, la firma, que el año pasado facturó unos 12.400 millones de dólares y es líder mundial en papel y celulosa, destinará, entre 2005 y 2006, unos 250 millones de dólares a la adquisición de 100 mil hectáreas en la zona central del país, hoy destinadas al pastoreo y a diversos cultivos, donde plantará pinos y eucaliptus. Su idea es que esos terrenos sirvan de "plataforma forestal" para la construcción, previsiblemente en 2010, de una fábrica de celulosa que se servirá de las aguas del río Negro, que atraviesa horizontalmente el país y lo divide en dos.
                  La compañía de capitales mayoritariamente noreuropeos, que dice haber elegido a Uruguay entre 16 países que evaluó para llevar a cabo este emprendimiento, ya comenzó a comprar tierras de productores nacionales en función de sus planes de expansión. Esta sería la segunda inversión en importancia realizada por Stora Enso en América Latina luego de la efectuada en el sur de Brasil, donde precisamente este miércoles 28 inauguró la Fábrica de Pulpa Veracel en el estado de Bahía, en asociación con Aracruz Celulose, la mayor empresa brasileña del sector.
                  En Uruguay, Stora Enso se suma a la también finlandesa Botnia y a la española Ence, que ya tienen avanzados sus planes de instalación en el departamento de Río Negro, sobre la ribera del río Uruguay, en las cercanías de la frontera con Argentina. Los proyectos de ambas empresas supondrían una inversión, según dijeron sus directivos, cercana a los 1.600 millones de dólares, y llevarían la capacidad de exportación de celulosa del país a unos 700 millones de dólares anuales, que se sumarían a otros 300 millones que podrían generar otras empresas que producen madera aserrada y tableros. La capacidad de producción de la fábrica de Stora Enso sería de un millón de toneladas, la misma que prevé Botnia, y estaría destinada esencialmente a la exportación.
                  De acuerdo a Oscar Costa, presidente de la Asociación de Productores Forestales, en caso de que el sector forestal continuara creciendo al ritmo en que lo hace desde hace varios años se convertiría en el principal de la economía uruguaya, superando incluso a la producción de carne, tradicional del país.
                  Los anuncios de las inversiones de las empresas de celulosa, tanto las de las que ya están en vías de concreción como la relativamente sorpresiva de esta semana de Stora Enso, han sido acompañados de estruendosas campañas de propaganda en todos los medios de comunicación y de una verdadera ofensiva de seducción dirigida a periodistas y a dirigentes políticos nacionales y locales.
                  En todas ellas se pone el acento en la cantidad y calidad de los empleos que estos emprendimientos crean y en lo respetuosos que los mismos son del medio ambiente.
                  Yukka Harmala, presidente de Stora Enso, dijo en Montevideo que la planta que su empresa proyecta generará unos 2.000 puestos de trabajo directos y entre 8.000 y 10.000 indirectos. Cifras similares manejaron los directivos de las otras dos firmas que se instalarán en Uruguay.
                  De hecho, la mera posibilidad de que emprendimientos de este tipo lleguen a concretarse ya ha provocado una verdadera fiebre en las zonas del interior del país que se verían "beneficiadas", por lo general económicamente deprimidas y con altos niveles de desempleo.
                  En Fray Bentos, pequeña capital del departamento de Río Negro en cuyas cercanías se radicarían las fábricas de Botnia y Ence, el precio de la tierra y de los alquileres de viviendas se ha incrementado.
Cadenas de hipermercados y de centros comerciales que no estaban presentes en la zona y sucursales de bancos y de tiendas de la capital planean instalarse en la ciudad en previsión de la anunciada llegada de miles de personas en busca de un empleo.
                  "Es la táctica que han utilizado en todos los países en los que han desembarcado: seducir a la opinión pública y mostrar las bondades ambientales de sus instalaciones", comentó el uruguayo Ricardo Carrere, coordinador del Secretariado Internacional del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés).
                  Carrere, que en junio pasado visitó Finlandia invitado por la Asociación para la Protección de la Naturaleza de ese país, sostiene que los empleos creados por las celulosas no son ni tantos ni tan buenos y que el medio ambiente y la salud humana se ven, sí, seriamente afectados.
                  "Es la táctica que han utilizado en todos los países en los que han desembarcado: seducir a la opinión pública y mostrar las bondades ambientales de sus instalaciones"                   Según concluyó un equipo de investigadores brasileños que analizó para el WRM la calidad del empleo creado por el gigante de la celulosa Aracruz Celulose en ese país, los puestos de trabajo generados por esas plantas son de dos tipos: los muy calificados, y los muy poco calificados. Los primeros, bien remunerados y que gozan de protección social, son ocupados en gran medida por técnicos originarios de los países centrales de donde provienen las empresas. A los "nativos" van los otros, los escasamente calificados, que además son mal remunerados y por lo general tercerizados, es decir carentes de protección social.
                  En cuanto al respeto del medio ambiente, Carrere sostiene que en la propia Finlandia "las fábricas de celulosa tienen una larga historia de contaminación. El mismo grupo de empresas (UPM/Kymmene, Metsa-Botnia, M-Real, Stora Enso) que ahora se presentan al mundo como cuidadosas del medio ambiente contaminaron impunemente durante décadas el agua, el aire y la salud de la gente de ese país. Fueron las luchas ambientalistas de los años ochenta y principios de los noventa las que finalmente obligaron a la industria mundial de la celulosa y el papel a introducir cambios tecnológicos para limitar sus emisiones y efluentes contaminantes". Pero aun así, los malos olores clásicos de este tipo de establecimientos y la contaminación generada persisten, señala el técnico.
                  En países subdesarrollados como los latinoamericanos es muy poco probable que la situación sea mejor que en los centrales, a pesar de que los responsables de las empresas del sector machaquen y machaquen que utilizarán los mismos mecanismos de control y las mismas técnicas para limitar la contaminación que se emplean en la Unión Europea.
                  Así lo entienden, por ejemplo, grupos ambientalistas uruguayos y organizaciones sociales del más diverso tipo de la ciudad argentina de Gualeguaychú, vecina a Fray Bentos, que han alertado sobre las consecuencias negativas que tendría la instalación de las plantas de Botnia y Ence sobre las aguas del río Uruguay, compartido por ambos países.
                  Jorge Busti, gobernador de Entre Ríos, provincia argentina a la que pertenece Gualeguaychú, acusó al gobierno uruguayo de violar el tratado bilateral sobre el río Uruguay y anunció que lo demandará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los daños causados al ambiente y a las economías locales.
                  "Estamos haciendo un estudio cuyos trabajos preliminares indican que la depreciación que se produciría en toda la zona de Gualeguaychú y sus alrededores es de 30 por ciento de la producción agrícola, avícola, apícola y el turismo, que en cifras sería de 600 millones de dólares", señaló Busti este lunes 27.
                  Las asociaciones de Gualeguaychú, que se han venido movilizando intensamente desde hace meses contra las plantas de celulosa y que en ese marco organizaron esta semana una manifestación que reunió a varios miles de personas en la zona limítrofe, interpusieron ante el Banco Mundial un recurso para que no otorgue un crédito de 200 millones de dólares solicitado por Botnia para sus proyectos en Uruguay.
                  Entre el 10 y el 14 de octubre un equipo del ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI, dependiente del Banco Mundial) se instalará en Montevideo y al cabo de un mes se expedirá sobre la demanda.
                  "La guerra de las celulosas", como se la llamó en ciertos medios, enfrentó incluso durante un tiempo a los gobiernos centrales de Uruguay y Argentina, y ese conflicto se trasladó al terreno comercial, a pesar de que ambos países son socios en el Mercosur y que ambos gobiernos se profesan mutua simpatía política (los dos son considerados de centroizquierda).
                  Pero la expansión del sector forestal cuestiona también el modelo de "país productivo" que la coalición de centroizquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio preconizó para acceder al gobierno en Uruguay en las elecciones del 31 de octubre pasado.
                  Mientras un sector del Ejecutivo ha visto con muy buenos ojos los anuncios de inversiones de las multinacionales de la celulosa por el monto de las inversiones programadas, grupos sociales y ambientalistas e inclusive funcionarios del propio gobierno afirman que tal como fue concebida hasta ahora la industria forestal ha favorecido el monocultivo y se ha expandido en áreas aptas para otro tipo de actividad agrícola o ganadera. Asimismo, dicen que alentó una actividad que ha creado puestos de trabajo de muy baja calidad y una producción con escaso valor agregado.
                  Andrés Berterreche, director de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, afirmó que el gobierno uruguayo "pretende que la forestación se integre con el sector agrícola-ganadero y sirva a la creación de empleo de calidad y generador de una producción nacional con mayor valor agregado. Que no sirva sólo para exportar madera en bruto o en forma de chips o a un modelo exclusivamente pulpero sino también a la fabricación de piezas y partes de muebles, chapas, tableros".
                  El gobierno actual, agregó Berterreche, se propone reformar la ley vigente para redefinir las zonas de prioridad forestal, que según la normativa actual pueden llegar a extenderse a 3,5 millones de hectáreas. Por el momento hay forestadas unas 800 mil hectáreas, que representan cuatro por ciento del territorio nacional, y podrían llegar a un millón hacia 2010.
                  Este año fueron eliminadas las subvenciones que beneficiaban a esta industria y que supusieron que unos 100 millones de dólares de las arcas estatales se volcaran a ella en los últimos quince años. Sin embargo, según dijo esta semana el empresario forestal Oscar Costa, esas subvenciones ya no son necesarias a la expansión del sector, que "a esta altura ya puede volar solo". Además, las firmas transnacionales del área gozan de permanentes créditos de organismos financieros multilaterales como la CFI.
                  De acuerdo a Chris Lang, coordinador para Africa y Asia del grupo Plantations Watch, la CFI ha estado detrás del crecimiento exponencial de la industria de la celulosa y el papel en el mundo, y actualmente está brindando apoyo a los planes de implantación de estas compañías en China y América Latina, zonas definidas como "prioritarias" para su firma por el presidente de Stora Enso.
                  "La CFI existe para promover inversiones sostenibles del sector privado en los países en desarrollo", pero "estamos abiertos a los negocios, y la celulosa es un muy buen negocio", admitió recientemente Tatiana Bogatyreva, directiva del área de inversiones de la corporación.