Latinoamérica

La política de administrar por goteo la confesión sobre los crímenes de la dictadura es desgastante para las propias Fuerzas Armadas y un factor de irritación para el gobierno. El segundo informe de la Armada incurre en omisiones infantiles y plantea una supuesta ignorancia sobre acciones conjuntas de marinos uruguayos y argentinos. Con un abanico de señales que prometen vientos huracanados y con un dead line el 8 de noviembre, el presidente Tabaré Vázquez reafirmó el miércoles 5 que mantiene su confianza en los tres comandantes de las Fuerzas Armadas y su esperanza en la ubicación de los restos de desaparecidos.
La confianza, por lo tanto, se extiende al comandante de la Armada, vicealmirante Tabaré Daners, después de la entrega de un segundo informe sobre la participación del arma en la represión durante la dictadura. Este segundo informe -recibido en Presidencia a comienzos de la semana- habría sido calificado por Vázquez como "un importante avance", según trascendidos de prensa. Su texto no había sido divulgado oficialmente al cierre de esta edición, pero en cambio pudieron conocerse varias versiones extraoficiales aparecidas en diferentes medios y que difieren, claro, en el acento que cada uno pone a los distintos temas abordados en el documento.
EL JUEGO DE LA MOSQUETA. Si se infiere que las versiones periodísticas son sustancialmente correctas -afirmación avalada por la ausencia de desmentidos- entonces puede calibrarse por qué el "importante avance" no implica una "satisfacción total". El vicealmirante Daners aprendió la lección de sus colegas del Ejército y la Fuerza Aérea: la opción de decir "aquí no pasó nada" sólo genera reacción; más conveniente es decir y no decir, sugerir pero no afirmar, revelar algo y callar lo demás y, sobre todo, elaborar coartadas que permitan sacar la pata del lazo, llegado el momento. Así las cosas, Daners juega con la credulidad del presidente y de la población y, muy oportunamente, afirma que entre el primer y el segundo informe fue posible ubicar en una sala del cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) "una carpeta de 41 páginas, de papel deteriorado por el paso de casi 30 años y titulada 'Operativo contrasubversivo GAU'".
Esa documentación, cuya autoría es atribuida a un organismo policial argentino, viene a salvar la petisa, es decir, las flagrantes omisiones del primer informe: ahora la Armada admite que se aplicó la tortura a detenidos para obtener información, aunque dice que no fue sistemática. Y fundamentalmente se admite que existió coordinación y colaboración con la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (ESMA), que hubo entrega de prisioneros, y que la información aportada sobre las actividades de militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) fue determinante para la captura, entre mediados de 1977 y mediados de 1978, de numerosos uruguayos de diversas organizaciones políticas, que permanecen desaparecidos.
El documento de Daners no reconoce la participación de personal naval uruguayo en las redadas de Argentina, y tampoco la participación en sesiones de tortura en diferentes centros clandestinos de detención; y sólo admite la entrega de dos ciudadanos argentinos, uno de ellos el montonero Óscar de Gregorio (herido de bala en Colonia cuando fue detenido), y de "otra  persona" de la que no se aporta ningún elemento, salvo que fue detenida en 1978. El vicealmirante Daners justifica la escuálida información aportada en el hecho de que existía una "total compartimentación" que otorgaba autonomía a los grupos represivos; y menciona de pasada la existencia de una estructura conocida como "la computadora", integrada por prisioneros que sistematizaban y analizaban la información, tarea que según Daners habría sido sustancial para la represión de los GAU en Buenos Aires.
Tal mención tiene un costado infame, en la medida que revierte la responsabilidad sobre las propias víctimas. Daners debería saber que las actuaciones de la Comisión Investigadora sobre Desaparecidos de la Cámara de diputados no está compartimentada, de modo que allí puede obtener la información básica sobre "la otra persona" que fue entregada a Argentina en 1978, entrega que facilitó otra desaparición. Eso siempre y cuando no se confirme la sospecha de que en realidad desapareció aquí, y no allá.
ALGUNAS DE LAS OMISIONES. No se trata de una persona, sino de dos: Manuel Eduardo García Kieffer y María Catalina Benassi fueron detenidos el 29 de setiembre de 1978 en el Aeropuerto de Carrasco, provenientes de Asunción, por funcionarios policiales a solicitud de la Dirección Nacional de Migración; estaban requeridos por la Prefectura Nacional Naval. Según un documento firmado por el coronel Calixto de Armas, director general del Ministerio del Interior, los dos detenidos fueron inmediatamente entregados a la Prefectura.
Si Daners no hubiera puesto tanto empeño en eludir cualquier mención sobre archivos navales, podría haberle comunicado al presidente Vázquez la existencia de varios documentos, uno del Comando General de la Armada del 7 de marzo de 1980, firmado por el capitán de fragata Alejandro Díaz; otro del 21 de marzo, firmado por el capitán de navío Mario Risso; y otro del 7 de abril firmado por el jefe de la división Inteligencia e Investigaciones de la Armada, Álvaro Diez Olazábal, documentos en los que se admite que Benassi y García estuvieron detenidos en la Armada desde el 29 de setiembre hasta el 5 de octubre de 1978. Resulta muy sugestivo que la Armada, a requerimiento de los ministerios del Interior, Defensa y del Consejo de Estado, afirmara que García, una vez comprobado que no tenía antecedentes en Argentina, fue liberado. No se dice nada más, lo que supone que fue entregado a las fuerzas represivas argentinas, porque de lo contrario se consignarían detalles sobre su salida del país. García aparece en las listas de desaparecidos de la CONADEP.
Pero absolutamente nada se dice de Benassi, que venía siendo requerida desde 1976, y cuyo rastro la dictadura argentina siguió hasta Porto Alegre, según un documento que reclamaba de las autoridades militares su inmediata detención, en la suposición de que había fugado a Brasil después del asesinato de su marido en Rosario. Los documentos de la marina existentes en la comisión investigadora y que el Comando no pudo ubicar, eluden sistemáticamente la mención de Benassi y sólo consignan la liberación de García. Sin embargo, en una interpretación "generosa" de las respuestas navales, Federico García Capurro, a nombre del Consejo de Estado, responde el 18 de junio de 1980 a los familiares de los desaparecidos afirmando que ambos habían sido liberados el 5 de octubre de 1978. Si la Armada realiza una nueva "búsqueda" quizás pueda elaborar un tercer informe, porque existe la sospecha de que Benassi nunca salió de su calabozo en el puerto de Montevideo; en todo caso podría determinar quién de los dos detenidos es "la persona" que fue entregada a Argentina y los detalles de la entrega.
Un tercer informe podría incluir información sobre otras "entregas", las de los ciudadanos argentinos Jaime Dri, Rosario Quiroga, Rolando Pisarello, María del Huerto Milesi de Pisarello, María Laura Pisarello y tres hijas de Rosario Quiroga (María Paula, María Elvira y María Virginia), que fueron detenidos el 15 y el 16 de diciembre de 1977 en allanamientos realizados en Lagomar por efectivos de las Fuerzas Conjuntas, a partir de la coordinación entre la Armada y la ESMA, y con la participación de oficiales argentinos.
En esos operativos, en que participaron oficiales argentinos, fueron asesinados Susana Matta de Barri y Alejandro Barri. Los sobrevivientes fueron interrogados en una casa de Carrasco (un centro clandestino de detención del cual los comandantes todavía no dieron información y que bien podría considerarse la contraparte uruguaya de Automotores Orletti) y después fueron conducidos a la ESMA en aviones de la Armada argentina. Todo un capítulo que se "le escapa" a la Armada es la participación de sus oficiales y personal subalterno en las estructuras del Servicio de Información de Defensa y del OCOA.
Un tercer informe también podría mencionar la participación de oficiales navales uruguayos en los interrogatorios a que fueron sometidos en el Pozo de Quilmes detenidos uruguayos, hoy desaparecidos, algunos de los cuales son fugazmente mencionados en el segundo informe, como Gabriel Corch y Guillermo Sobrino, entre otros. Según el testimonio de uno de los sobrevivientes, el argentino Alberto Illarzen, Sobrino le pudo informar que entre los represores uruguayos que lo interrogaron había identificado a uno que se hacía llamar "capitán Saracho" y que conocía de una anterior detención en Montevideo. También pudo comunicar Sobrino que una mujer, miembro del personal subalterno uruguayo que operaba en el Pozo de Quilmes, que participaba de los interrogatorios durante las torturas y que se hacía llamar "sargento Peters", fue nombrada por un oficial uruguayo por su verdadero nombre, Cristina. Si rebusca en sus archivos, la Armada podrá entregar al presidente más información al respecto porque, coincidiendo con esos interrogatorios en el Pozo de Quilmes, fueron torturados en la marina, en Uruguay, varios militantes escindidos del Partido Socialista, algunos de los cuales fueron procesados.
Las lagunas que contiene el segundo informe de la marina confirman la política del "goteo" sobre las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en la aplicación del terrorismo de Estado, una táctica desgastante, peligrosa y que sólo pretende ganar tiempo frente a lo inevitable. El presidente Vázquez parece comprender bien ese juego de revelaciones y ocultamientos, y por eso ha reiterado su determinación de llegar a toda la verdad. Se ha puesto como límite el Día Internacional de los Derechos Humanos, en diciembre.