La corrupción es una perversidad universal, y en América Latina, el monstruo
recorre invencible, habiendo casi anulado la capacidad de respuesta de gobiernos
y de la sociedad civil. Bien decía Sor Juana Inés de la Cruz de aquel "que peca
por la paga" y del "que paga por pecar".
Desde Las Malvinas en Argentina hasta Benito Juárez y Tijuana en la frontera
mexicana con Norteamérica, recorre rauda la señora Corrupción. Chile y Uruguay
aparecen en los sondeos de opinión como los países menos corruptos. En Chile, la
derecha pinochetista que se jactaba de un límpido manejo de las cuentas públicas
y de los éxitos de las primeras reformas económicas, ha sufrido duro revés
cuando EEUU facilitó información sobre millonarias cuentas bancarias a nombre
del ex dictador y de sus familiares. En Brasil, el gobierno de Lula pasa por su
peor crisis, ante la avalancha de denuncias sobre corrupción, y el
correspondiente alejamiento de sus mejores líderes como Plinio Arruda Sanpaio,
uno de los históricos del PT.
En Costa Rica, se da un proceso ejemplar. Tres presidentes están en proceso
judicial, acusados de soborno de una transnacional Alcatel. El Grupo de Río
acordó respaldar las investigaciones contra los mandatarios Rafael Calderón,
Miguel Angel Rodríguez y José Figueres. El primero ingresó a la cárcel. El
segundo fue investido secretario general de la OEA, pero antes de cumplir el
primer mes de funciones tuvo que renunciar al cargo. Algo similar le ocurrió a
Figueres, cuando asistía al Foro Económico de Davos, pero ahora se desconoce su
paradero. La prensa informa que Calderón y Figueres habían empezado a pagar
elevadas sumas de impuestos por ingresos no declarados. En San José de Costa
Rica, no son pocos los que afirman que fue un error "no lavar los trapos sucios
en casa", porque el país ha perdido el crédito internacional del cual gozaba.
La corrupción en AL es expansiva. La autonomía de los poderes del Estado, es
usurpada para fortalecer los feudos intocables, y para que presidentes, jueces,
congresistas, ministros, funcionarios de diferentes niveles se echen la culpa
para evadir responsabilidades sobre delitos de gran magnitud, en tanto las
cárceles revientan con miles de miles de pequeños transgresores de la ley.
Los estudios sobre este tema indican que no menos del 20% de los ingresos
fiscales se pierden en operaciones turbias o sin la debida evaluación del
impacto de las inversiones públicas. Se entiende que la corrupción no sólo
afecta los erarios nacionales sino también hay entidades privadas, como empresas
y ONGs que lucran con recursos públicos. De cada dólar o euro que llega a
América Latina, "no más de 30 centavos reciben los pobres", estiman estadísticas
recientes publicadas en Madrid sobre el rol de las ONGs. La comunidad de
donantes ha financiado en AL una gran variedad de programas orientados a mejorar
la gestión pública, pero la administración de algunos fondos sufre tropiezos
cuando aparecen seudo asesores que sorprenden a alcaldes y comunidades que
prometen actuar de intermediarios.
Para los medios de comunicación de la Región, la corrupción es un tema
permanente. Pero, en el Perú, existe una prensa que protege a los acusados, en
tanto otros insisten, con relativo énfasis, en la justicia. Los casos son tan
numerosos y frecuentes que la ciudadanía ya no cree en los mensajes
anticorrupción.
La corrupción latinoamericana se está manifestando como un fenómeno que
trasciende las fronteras nacionales. El tráfico de drogas y armas, el
terrorismo, el lavado de dinero y la exacción de los recursos públicos, son las
principales fuentes de las nuevas y abruptas fortunas. Como afirmaba el poeta
uruguayo Mario Benedeti: "se hace necesario corromper la corrupción"
En el Perú la red de corrupción liderada por Vladimiro Montesinos y Alberto
Fujimori, creada a principios de la década pasada, no ha sufrido mayores
castigos, a tal punto que el prófugo presidente o uno de sus representantes,
anuncia participar en las elecciones de marzo del 2006. Los peces gordos como el
banquero Dinosio Romero, militares de alta graduación y varios ex ministros de
Economía, están libres. La justicia ha sido benigna con ellos. El hombre de la
calle tiene la convicción que mucha plata sigue corriendo bajo los estudios de
abogados y jueces.
Esa red de corrupción es responsable, entre otros delitos, de la venta de armas
al Ecuador, cuando ese país estaba en guerra con el Perú. Utilizó fondos
públicos para sobornar a propietarios de canales de TV y diarios que apoyaron
incondicionalmente al régimen fujimorista. La corrupción política comprendió
acciones de penetración y copamiento político del Poder Judicial. También se le
sindica responsable de la utilización irregular de los aportes de jubilación de
300 mil oficiales de la policía.
Diversas operaciones de respaldo al sistema financiero permitieron el beneficio
de funcionarios del Banco Wiese y del Banco Latino. Pero el escándalo judicail
sobre el que se guarda silencio es el de Dionisio Romero y su Banco de Crédito.
el más fuerte del país. Romero, según encuestas locales es considerado desde
hace décadas "el empresario más poderoso del país". En 1978 derrotó al
precipitado proyecto estatizador de la banca del entonces presidente Alan García
en 1987.
Durante el fujimorismo colocó a funcionarios de sus empresas en el Ministerio de
Economía. Hasta que se conoció de su participación frecuente en reuniones con el
jefe de la mafia, en el Servicio de Inteligencia Nacional. Si no fuera por el
video Romero se hubiera retirado como el gran empresario, que en algún momento,
en su tierra natal de Piura, fue comparado con el héroe marino Miguel Grau. Es
acusado de haber manipulado la privatización a su favor del puerto arequipeño de
Matarani y de nombrar administradores ad hoc para beneficiarse de una atractiva
y rentable empresa pesquera con deudas en su banco. Hasta ahora ha logrado
evadir la justicia, acusando de conflicto de intereses a uno y otro juez. Si
pierde el juicio, Romero tendría que recibir por lo menos cuatro años de
arresto.
La verdad es que en el Perú se siente que la administración Toledo ya abandonó
lo prometido. Cuando asumió al poder el 28 de julio del 2001, recordó más de una
vez el diario La República de Lima, se aprobó el nombramiento en el Congreso de
las República de cinco comisiones investigadoras con todas las facultades de la
Corte Suprema: para los delitos económicos y financieros 1990 - 2001, delitos
cometidos por Montesinos, y por Fujiimori, operaciones de deuda externa y
narcotráfico- Las conclusiones fueron presentadas ante el pleno del Congreso y
pasaron al ministerio público. Se formó una Mega Comisión Investigadora de la
Corrupción 1990-2000. Continúan los juicios políticos para levantar la inmunidad
de ex ministros y congresistas. Algunos ya fueron castigados para que no puedan
hacer vida política ni ocupar cargos públicos hasta diez años. Pero el clima de
desasosiego y frustración prevalece.
