Latinoamérica

¿Hasta dónde es factible seguir creyendo sensatamente que las actuales políticas de control de la oferta de drogas son eficaces y justas? Los gobiernos de los países productores - en este caso de los países andinos - están condenados por su propia impotencia, sirviendo la causa de una lucha antidroga sin cuestionamiento. Deleitándose en las buenas relaciones con los Estados Unidos, sometiéndose a la vez a fuertes presiones ante la imposibilidad real de implementar las exigencias de la comunidad internacional. El panorama se ha hecho más complejo en los últimos años, debido a la peligrosa confusión entre el control del tráfico de drogas y la lucha contra el terrorismo. El Perú no ha escapado a este esquema ‘narcoterrorista’ impulsado desde Washington para el resto del mundo.

Sobre el tema en Lima de recién se ha presentado el libro "HABLAN LOS DIABLOS: Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú. Escritos urgentes de Hugo Cabieses, Baldomero Cáceres, Róger Rumrrill, Ricardo Soberón, Nancy Obregón y Elsa Malpartida" – Ediciones Abya Yala, gracias al auspicio de MLAL- Projeto Mondo (Italia) y Transnational Institute TNI (Holanda).

Pien Metaal, investigadora del Transnational Institute (TNI) Ámsterdam, Holanda (www.tni.org ) subraya que "en la región andina abundan ejemplos de lo inútil y perjudicial que demuestran ser las actuales políticas de control de drogas. Desde barcos pesqueros perforados por agentes antidroga en Ecuador; un gobierno 'quot;matón'quot; del medio ambiente en Colombia; Bolivia con su herencia dolorosa de erradicación forzosa con muertos y heridos; hasta la peligrosa mezcla de fuerza autoritaria, intransparencia e intransigencia en el Perú, imponiendo silencio a las voces disonantes.

Washington, la Plaza de Armas, y el mundo entero están haciendo oídos sordos. El modelo aplicado hasta ahora se ha agotado, ya no sirve para más. No hay modelo único que valga para todo. La falta de imaginación y voluntad política para enfrentar los problemas de fondo, respaldada por un aparato burócrata militar construido para implementar las políticas de control de la oferta, con el supuesto noble fin de reducir los daños causados por el consumo y el crimen, hace exactamente lo contrario: induce a más desastres humanos, naturales, sociales y políticos. Si eso no fuera suficiente, además, se está destruyendo un recurso natural de alto valor medicinal y cultural, como es la hoja de coca.

En el caso del Perú, particularmente, el debate público está recluido con las ruinas preincaicas. La gente todavía parece no haberse puesto de acuerdo en la definición de ‘narcotraficante’. Mientras que cualquiera que aboga a favor de la coca puede ser tildado de narco, a los verdaderos narcos no hay quién se atreva a identificarlos. Los medios de comunicación peruanos, que podrían ser una voz importante para dar a conocer hechos relevantes de la realidad peruana y servir como medio de expresión de un debate serio sobre las drogas, a menudo se callan e incluso distorsionan la información. Parecería que en el Perú estuviera prohibido cuestionar la manera como el gobierno desarrolla sus políticas de control de drogas. En estos momentos se encuentran en la biblioteca nacional peruana, los únicos ejemplares de un libro sobre la legislación peruana antidrogas cuya venta o distribución está prohibida.

Según los últimos datos de la ONU, los cultivos de uso ilícito se incrementaron, en el Perú, en un 14% en 2004. En el Alto Huallaga, el incremento llegó a ser de 24%. Pero, más preocupante que este aumento en sí mismo es que más de la mitad de los nuevos cultivos - 52% por ciento - se encuentran en "otros lugares", fuera de zonas tradicionalmente conocidas como de cultivo, lo que implica que se ha producido una intensa dispersión, y más desplazamientos, muchas veces hacia zonas ambientalmente vulnerables.

Iniciativas de gobiernos locales, como el proyecto de ordenanza aprobado recientemente por unanimidad en el Cusco, deben servir como punto de partida para el diseño de políticas novedosas y pacificadoras. Esta iniciativa reconoce la producción tradicional y legal de la hoja de coca sin tope en determinados valles, y tiene como principal objetivo promover la industrialización de esta planta con fines medicinales, científicos, alimenticios, y para el chaccheo de la población. Valiosas iniciativas de empresarios para industrializar la hoja de coca también merecen apoyo; a cambio solo hay obstrucción de las autoridades.

Es tal el ambiente inquisitorial en el Perú respecto al debate sobre las drogas, que los autores de la obra aquí reseñada se han autodenominado ‘los diablos’. Se trata de figuras reconocidas en el escenario cocalero peruano, entre los cuales aparecen productores, pero también académicos y especialistas, estos últimos tan arrinconados y censurados como los mismos productores. El aporte de esta obra será sin duda de gran valor para dar inicio a un debate y una apertura que conduzca a la reforma de las políticas del control de drogas. Porque deben de ser posibles otras políticas de drogas, hasta en el Perú".

Mario Mancini, coordinador de la Ong italiana, Movimiento Laicos América Latina MLAL en Perù, Bolivia y Ecuador (www.mlal.org ) evidencia que "el libro que se presenta tiene, a nuestro entender, una vocación pedagógica. Es decir, explicitar, de forma clara y epistemológicamente coherente, el estado de la cuestión en lo que se refiere a las políticas antidrogas. Romper paradigmas, contrastar pre-juicios, fundamentar soluciones, plantear problemas: ¡así de sencillo! El problema principal es que existe un "pensamiento único" en el tema de lucha a las drogas, que además tiene como objetivo principal defender los intereses geopolíticos y sociales internos de un país en especial. Ya saben de quien estamos hablando; pero si es normal que un país quiera defender sus intereses, poco normal o imperdonable es que hay otros países que no quieren defender sus intereses o que, peor aún, prefieren defender los intereses ajenos y no los suyos.

América Latina en este sentido se encuentra en una posición estratégica muy delicada: es poseedora de recursos naturales apetecibles por las economías más ricas del planeta, o más necesitadas de estos recursos. Por lo tanto, su manejo - agua, energía, biodiversidad, cultura, entre otros – conlleva a tener una fuerte presión desde afuera, por parte de los países que quieren acceder a ellos, y desde adentro, de parte de los sectores sociales que a menudo presentan intereses contradictorios y fundamentan en ellos su anhelo de cambio. Por lo tanto existe un desafío muy grande para los gobiernos latinoamericanos, para que estos recursos se conviertan en factor de desarrollo: casi nadie ha logrado que así sea.

La coca es uno de estos recursos, demonizada (por ahí andan los diablos) y mitificada; despreciada y codiciada; odiada y reivindicada. Lo que quiere esta publicación es devolverle su estatus, reconocerle su dignidad (una planta es una planta), y reconocer el uso, medicinal, ritual, económico, etc., que otros seres humanos y grupos sociales, de diferentes épocas históricas, le han atribuido. Se trata de contribuir a un debate serio, y por seriedad entendemos ir al fondo de los problemas y encontrar soluciones reales, no imaginarias, para resolverlos, respetando los derechos humanos y los derechos colectivos.

Nosotros no creemos en las batallas y en las guerras; tampoco en aquellas contra la pobreza, la corrupción, el hambre, las drogas. Creemos más bien que para solucionar las situaciones difíciles no es necesaria la fuerza, por ningún lado de que ella esté (todos los que la usan dicen que es para erradicar el mal), sino, al contrario, dejar de usarla, para que los conflictos (como la pobreza, el hambre, la corrupción, la droga) sean absorbidos y desactivados por sus propias causas, por sus propias contradicciones.

Solo abrigamos la esperanza que al centro del debate esté la dignidad de las personas, de las comunidades, de los países y no oscuros intereses que, al final, han producidos miles de cruzadas, dejando un saldo de muchos abatidos en el terreno y unos tantos ganadores en los castillos".

Hugo Cabieses, presidente de la Asociación Civil Desarrollo Rural Integral Sustentable (DRIS) y asesor de organizaciones de productores agropecuarios de las cuencas cocaleras del Perú, analiza que "el Perú es el segundo mayor productor de coca y cocaína de la región andina. A pesar de que el cultivo de coca no constituye un delito según la legislación nacional, las familias campesinas suelen verse sujetas a la erradicación forzosa y a la persecución por parte de agencias gubernamentales. Pervive aún la herencia de la corrupción estatal, incluidos muchos vínculos con el negocio de las drogas y el crimen organizado, especialmente con el pasado régimen de Fujimori/Montesinos. Las medidas de las instituciones gubernamentales a cargo del control de drogas para desarrollar políticas autónomas y soberanas que resuelvan los problemas relacionados con la producción de la hoja de coca se ven sometidas a una enorme presión por parte de los Estados Unidos.

Las divisiones y luchas políticas, con más de una década de conflicto armado y violaciones de los derechos humanos aún en la memoria de los peruanos, no se superan con facilidad. La formación de una organización cocalera nacional ha iniciado ahora un proceso de articulación política al que hay que prestar atención. Una comunidad de expertos y académicos está trabajando en debates públicos y políticos para que sea posible lograr cambios positivos. Hay otras medidas en marcha para reformar las estructuras estatales y frenar la extendida la corrupción. Sin embargo, los indicios esperanzadores en la construcción de la democracia se hallan bajo la presión derivada de la tensión social desencadenada por operaciones de erradicación forzosa".

La hoja de coca, de uso ancestral en la zona de la cordillera de los Andes, además de ser motivo de continuos conflictos externos, abona ahora fuertes disputas políticas en Perú en particular, debido a ordenanzas emitidas en junio del 2005 por cuatro gobiernos regionales que declararon a la coca "Patrimonio Regional Natural-Biológico-Cultural-Histórico" de la zona, donde existen al menos tres valles en los que se cultiva la planta, conocida aquí como la hoja sagrada de los Incas, son "zonas de producción tradicional de carácter legal de la planta de la hoja de coca".

"El Estado debería reprimir al narcotráfico y no al productor", sostuvo Nancy Obregón Peralta (a sus 33 años es la dirigente cocalera más joven), presidenta de la Asociación de Campesinos Cocaleros y productores Agropecuarios 'quot;Saúl Guevara Díaz'quot; de Puerto Pizana-Valle del Mishollo-La Pólvora-Tocache y subsecretaria general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP).

El día 15 de diciembre 2004, a Estrasburgo, la sesión plenaria del Parlamento Europeo aprobó el informe Catania sobre la nueva estrategia de drogas de la UE; el presidente de la delegación del Parlamento Europeo para la Región Andina y diputado por los Verdes, Alain Lipietz (http://lipietz.net), se refirió a la importancia de que Europa haga "un cambio en su política sobre cultivos tradicionales considerados ilícitos, como la hoja de coca, para frenar la represión que esta produce no sólo contra las personas, sino contra el medio ambiente, afectado por la violencia con que se combate los cultivos (fumigaciones, erradicación a la fuerza, presencia militar)".

La propuesta de un gobierno popular encabezado por Evo Morales provoca problemas por la Casa Blanca porque no tolera un cocalero como Presidente de la Republica de Bolivia.

Es tiempo para una nueva política de lucha contra el narcotráfico y un pensamiento diferente sobre la coca.

* Cristiano Morsolin, periodista y operador de redes internacionales. Fundador del Observatorio Independiente sobre región Andina SELVAS.