A 37 años del trágico episodio de la historia mexicana, se siguen negando la verdad y la justicia. El poder judicial sigue siendo el obstáculo para juzgar a los funcionarios responsables de la matanza de Tlatelolco.

La aparición de nuevas y dramáticas fotografías, rescatadas de archivos olvidados, ayuda a recordar la barbarie planeada desde el poder.

Después de más de tres años de investigaciones, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado solicitó a un juez federal aprehender al ex presidente Luis Echeverría Alvarez, al ex procurador general de la República Julio Sánchez Vargas, y a otros seis ex funcionarios y militares, por su presunta responsabilidad penal en el crimen cometido contra el movimiento estudiantil en 1968. El juez rechazó la demanda alegando que ya prescribieron los delitos.

La versión del gobierno de entonces fue culpar a los estudiantes de provocar el enfrentamiento con el Ejército. Ahora se sabe que el gobierno urdió un plan y ordenó disparar contra una multitud desarmada en la Plaza de las Tres Culturas. Así lo confirman testimonios de soldados, víctimas y testigos de los hechos.

No se sabe a ciencia cierta cuánta gente murió aquella tarde. El gobierno minimizó los hechos y dijo que sólo hubo 33 muertos. En esa explanada hay un pequeño monumento que lleva inscritos 35 nombres (estos años se amplió la lista a más de 40). Existen datos de la prensa extranjera y de fuentes de inteligencia estadunidenses que hablaron entonces de 200 muertos.

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La fotografía lo dice todo. En ella aparecen 11 personas muertas en la morgue de la tercera delegación la noche del dos de octubre de 1968. La mayoría yace tirada en el piso sucio y manchado de sangre. Muchas llevan la camisa levantada y el pantalón bajado, alguno más quedó con la mano estirada, tal como los dejaron los policías que ahí los depositaron. Algunos perdieron los zapatos y tienen el rostro ensangrentado.

El lugar estaba lleno de cuerpos. A esa delegación, ubicada a un lado de la Lagunilla, llegaron por lo menos 23 muertos de Tlatelolco. Hay otras fotografías de Manuel Rojas de ese lúgubre lugar que muestran a otras 12 víctimas (publicadas por El Universal en 2002).

La foto revela también otras cosas. Las heridas hablan de la saña con que fueron abatidos, su hacinamiento añade el desprecio que sus victimarios sentían por ellos. Al negarles un trato humanitario, se ratifica la versión oficial que culpa a las mismas víctimas del crimen cometido.

Otra placa registra al menos cinco cuerpos amontonados en una ambulancia improvisada. Los policías revisan los registros antes de franquearles el paso con rumbo desconocido.

Distintas fotografías muestran, desde distintos ángulos, a una mujer joven muerta esa tarde aciaga, dentro de un modesto departamento de un edificio de Tlatelolco. Las placas fueron arrancadas de un archivo policiaco.

El cuerpo de la joven está tendido entre una cama y un ropero. Su mano cerrada sostiene un peine, lleva un collar de cuentas, el suéter puesto y una impecable blusa clara, como si se preparara para salir. El cuerpo está girado, las piernas cruzadas y algunas manchas oscuras salpican su ropa y rostro. Sobre el piso de madera, debajo de su testa nace un charco de sangre que se confunde con su cabellera. Una bala le atravesó la cabeza.

Se sabe que hubo muertos y heridos en los departamentos de varios edificios de la unidad habitacional Tlatelolco, pero no se conocían fotografías.

Los muertos

La cifra oficial de muertos decretada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, fue de 33 personas.

Según informes de la Dirección Federal de Seguridad encontrados en el Archivo General de la Nación, se menciona a 31 fallecidos, 26 de ellos por arma de fuego.

El dato revelador de los documentos es que 22 personas murieron por disparos de trayectoria horizontal, sólo cuatro con trayectoria descendente (por disparos desde lo alto de un edificio) y tres más por bayoneta militar.

Esta descripción forense contradice la versión del gobierno que quiso inculpar a los estudiantes declarando que la mayoría había muerto por disparos hechos desde lo alto del edificio Chihuahua, donde también estaban apostados los miembros del Batallón Olimpia.

Sin embargo, de acuerdo con sus propios registros de entonces, la mayoría de las víctimas contabilizadas por el gobierno murieron por balas expansivas disparadas por los soldados que ocuparon la plaza.

De esos 25 hombres y seis mujeres asesinados, la mitad eran jóvenes de entre 13 y 20 años, aunque sólo 12 eran estudiantes.

Según testimonios, al Servicio Médico Forense llegaron por lo menos 40 cadáveres, pero hubo más en otros sitios como la tercera delegación.

Hace diez años el Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó documentos secretos de inteligencia donde señala que en 1968, la embajada de ese país en México había calculado entre 150 y 200 el número de muertos.

El gobierno registró cuánta gente murió esa tarde, pero ocultó las evidencias y borró las pruebas. No obstante, la memoria del hecho persiste y, de cuando en cuando, aparecen nuevas pruebas que se creían perdidas.

Al día siguiente se informó a la ciudadanía que los mismos estudiantes habían matado y herido a sus compañeros y a soldados. Hoy ya nadie lo cree.

El fantasma de las víctimas sigue persiguiendo a los verdaderos asesinos.