Latinoamérica

En Centroamérica la implacable tendencia a la subida del precio del petróleo está provocando una crisis en el sistema de producción eléctrica de la región que depende del petróleo. Panamá, Nicaragua y Honduras son los países de la zona más subordinados a la importación de combustible. Más del 70 % de sus necesidades de energía dependen del petróleo, en su mayor parte importado de Méjico y Venezuela. Sólo Costa Rica se ha esforzado para no depender energéticamente de él. Más del 80 % de la energía que produce su compañía estatal de electricidad es origen hidroeléctrico.
La corriente neo-liberal de privatizaciones de los 90 ha ocasionado las previsibles pocas inversiones a largo plazo en energías renovables de origen geotérmico o eólico. Las oportunistas compañías extranjeras han invertido en plantas contaminantes de producción energética con petróleo para conseguir una tasa del mercado energético de la región. Una idéntica aproximación a corto plazo a las necesidades de transporte de la zona ha enfatizado la construcción de infraestructuras de carreteras hasta el punto de excluir de hecho cualquier otra opción. Una típica y miope decisión del gobierno de Chamorro en Nicaragua en los años 90 fue la de clausurar la vía ferroviaria que unía la capital del país con la costa del Pacífico y con el Lago Nicaragua en Granada.
Con la tendencia al alza de los precios del petróleo, el fracaso del "libre mercado" para satisfacer la necesidades fundamentales de energía y transporte de la gente se hace más evidente casi semana a semana. Pero las implicaciones a largo plazo de esta crucial realidad económica todavía tienen que dar al traste con gobiernos sin esperanza que intentar seguir a base de fe creyendo en la ideología del "libre mercado". Han empezado con retraso a coquetear con algunas iniciativas sobre energías renovables como la energía eólica para la electricidad, o el etanol como carburante derivado de la caña de azúcar para el transporte, pero la aritmética presupuestaria de las importaciones de petróleo ya se ha vengado de la mayor parte de la región.
La huelga en Honduras El 6 de septiembre el transporte público de la capital hondureña, Tegucigalpa, paró durante dos días cuando los conductores de taxi y los propietarios de autobuses fueron a la huelga como protesta a la subida del 19,7% en el precio de los carburantes impuesta por el Gobierno. El Gobierno adujo que el aumento se debía a los daños producidos por el Katrina en las infraestructuras petroleras y portuarias de la costa del Golfo estadounidense. La mayoría de la gente en Honduras creyó que se trataba de un desvergonzado aprovechamiento de las compañías petroleras protegidas por altos funcionarios del gobierno hondureño. El periódico diario de ámbito nacional, El Heraldo, informó de que cerca del 70% de las oficinas y empresas cerraron durante la huelga.
El miércoles por la noche, la Asamblea Nacional discutió la adopción de medidas para anular el aumento de precios, decisión votada al final de aquella sesión nocturna. Así que la vida de pronto volvió a la normalidad el jueves por la mañana. Pero la huelga relámpago fue un recordatorio contundente para los gobiernos de la región de que más de quince años de política neoliberal habían dejado a la gente corriente sin margen para absorber los aumentos de precios en sus necesidades esenciales. La huelga evocaba las violentas protestas del año anterior en la capital nicaragüense, Managua, provocadas por un pequeño aumento de las tarifas de autobuses.
La razón de que los taxistas y propietarios de autobuses hondureños fueran a la huelga fue el que ellos sabían que sus clientes no podían abordar una aumento de los gastos de transporte. La aritmética no miente. Una familia media constituida por dos adultos que trabajan, con dos niños en edad escolar, normalmente tienen unos ingresos totales de 200 dólares más o menos al mes. Esa familia tiene que pagar diez billetes de autobús diarios para ir y volver a la escuela y al trabajo. Para ellos, un aumento de sólo 0,05 céntimos de dólar en billetes de autobús supone un extra de 0,50 céntimos diarios en gastos de transporte, es decir 12 dólares extras mensuales en transporte. Así que los márgenes de los medios de vida de la gente son extremadamente pequeños.
Implicaciones más amplias Habida cuenta de esas realidades, las continuadas tendencias alcistas del precio internacional del petróleo implican subidas repentinas en el coste de vida de la gente, a través del transporte y de la electricidad. La tendencia también supone el aumento indirecto de los precios ya que las empresas de todo tipo intentan mantener sus márgenes de beneficios. Los Gobiernos de la región están, normalmente, formados por oportunistas comprometidos en obedecer los deseos del gobierno de Estados Unidos. Una respuesta a medio plazo a la crisis, obviamente, sería conseguir acuerdos preferenciales con Venezuela -el fantasma de Estados Unidos-, similares a los acuerdos Petrocaribe entre Venezuela y sus vecinos caribeños.
El deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela hace que semejante acercamiento resulte difícil para los aliados de EE.UU. en la región (Aunque en este contexto merece mencionarse que Cuba tiene centenares de médicos trabajando en Honduras, donde se ocupan de las zonas rurales que los médicos hondureños no quieren atender). Es innegable que Estados Unidos puede ofrecer a sus aliados de Centroamérica poca ayuda en sus costes energéticos. Venezuela, sí puede, y los gobiernos regionales puede que empiecen a explotar esa contradicción habida cuenta de que el radical fracaso de la política del contra productivo "libre mercado" deja a la gran mayoría de sus gentes cada vez más dispuestas a rebelarse en defensa de sus niveles básicos de vida.
Otro de los pequeños impactos de la incesante subida de los precios del petróleo es que pondrá de relieve para la mayoría de las gentes de la región las desventajas y la irrelevancia del Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano (CAFTA, en inglés) y las grandes líneas de las infraestructuras regionales como el Plan Puebla Panamá. El CAFTA y el Plan Puebla Panamá se basaban en un aumento de la urbanización y en los bajos costes de la energía. La respuesta pública racional al aumento de los costes de la energía se opondrá a las grandes concentraciones de gente en enormes centros urbanos y tenderá a promover actividades económicas sostenibles, pequeñas y medianas consumidoras de energía en ciudades pequeñas y zonas rurales.
Huelgas y cortes de electricidad en Nicaragua.
Nadie realmente ha calculado las consecuencias políticas que se derivan del conflicto entre la desacreditada y falsa ideología del "libre mercado" y la obvia realidad económica y medioambiental. Los movimientos regionales de oposición de izquierdas parecen incapaces de reconocer la profundidad de los cambios ya experimentados. Sin embargo, es probable que se beneficien políticamente de su histórica solidaridad con los obreros urbanos y rurales y con sus familias. Evidentemente, su identificación tradicional de clase les proporciona los elementos para conseguir un acuerdo viable social y políticamente que no sería posible para las oligarquías locales.
En la actualidad, Nicaragua ofrece un ejemplo claro de ello. Los días 20 y 21 de septiembre, la capital, Managua, se vio sacudida por una huelga de trabajadores del transporte como a principios de año. Pero la última huelga tuvo lugar en el contexto de los cortes de electricidad originados por la incapacidad de multinacional española Unión Fenosa de pagar a las compañías generadoras de la energía, a sus proveedores. Unión Fenosa responsabilizó al Gobierno, alegando que necesitaba aumentar los precios para continuar en Nicaragua. El Gobierno responsabiliza a la Asamblea Nacional por negarse a ratificar los decretos presidenciales autorizando la subida. La oposición sandinista ha tratado de equilibrar la defensa del nivel medio de vida de la gente con medidas viables para mantener el alumbrado y la refrigeración y el funcionamiento de los autobuses.
La crisis energética en Nicaragua ha coincidido con la continua crisis política del país. Paradójicamente, la confusión resultante ha hecho aflorar con claridad los más amplios conflictos a los que se enfrenta la región. ¿A quién beneficia el Gobierno?, ¿a la mayoría pobre o a las corporaciones extranjeras y a la minoría rica? ¿Quién dirige la política pública?, ¿la embajada de Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales o los gobiernos soberanos que representan los intereses de sus pueblos? La crisis energética va a presionar en las estructuras políticas de la región de forma sin precedentes desde el final del abierto conflicto armado de principios de los 90.
Esas estructuras es improbable que sobrevivan sin cambio a la presión de la crisis energética que se está desarrollando, aunque las elecciones de este año en Honduras no cabe duda de que seguirán el habitual formato del teatro de marionetas, carente de sentido. Por contraste, las elecciones del próximo año en Nicaragua deberían tener una mayor relevancia regional. Los diplomáticos estadounidenses y los políticos están ya implicándose en implacables chantajes intervencionistas para minar el apoyo a los sandinistas. Las elecciones en Nicaragua serán un símbolo de si la mayoría pobre está dispuesta o no a sufrir indefinidamente la pobreza más extrema por miedo a las represalias del Gobierno estadounidense.
25 de septiembre de 2005 http://www.zmag.org/content/print_article.cfm?itemID=8809&sectionID=54