Latinoamérica

Carlos Vargas
Agencia Prensa Rural

El paro armado promovido por las FARC-EP desde el martes 4 de octubre en el departamento de Arauca logró inmovilizar el tránsito por las carreteras de sus siete municipios, donde los guerrilleros mantienen presencia permanente.
Aunque el gobernador Julio Acosta Bernal aseguró que las empresas debían normalizar el servicio y el comandante de la Policía en Arauca, coronel Rodrigo Palacio, sostuvo que existían garantías para la libre locomoción, los buses de algunas líneas intermunicipales, con sede en Tame y Saravena, fueron interceptados por guerrilleros en los sectores de Santo Domingo y Pueblo Nuevo y debieron regresarse.
Tras obligar a descender a los conductores y pasajeros de dos buses, en el corregimiento Pueblo Nuevo, de Tame, los guerrilleros del frente 10 de las FARC-EP atravesaron los automotores para bloquear la carretera Troncal del Llano, que une a la región con Villavicencio y Bogotá.
El miércoles 5 de octubre, las FARC incendiaron dos vehículos de transporte al servicio de la petrolera estadounidense Oxy, que explota el campo de Caño Limón. Ese mismo día, un vehículo adscrito a la estatal petrolera que se movilizaba por el sector conocido como Todos Los Santos, área rural de Arauca, fue retenido por guerrilleros de la columna móvil "Julio Mario Tavera" del frente 10 de las FARC-EP.
La situación llegó a tal punto que las autoridades educativas en Arauca se vieron obligadas a solicitar al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior aplazar en esta región las pruebas de Estado, programadas para el sábado 8 de octubre, debido a que los estudiantes de 11 grado que viven en el campo no podrían desplazarse a las cabeceras municipales debido al bloqueo de las FARC. Como consecuencia de la misma campaña insurgente, el censo de población que se inició en todo el país fue aplazado en el departamento para febrero del año entrante.
El paro armado se unió al racionamiento de energía al que se vieron obligados desde el sábado 1 de octubre en cinco de los siete municipios de Arauca, como consecuencia de los atentados dinamiteros que la guerrilla realizó contra cuatro torres. Además, el domingo 2 de octubre, en Fortul, estalló un artefacto explosivo en inmediaciones de la alcaldía municipal, dejando cuantiosas perdidas materiales y destrucción de gran parte del archivo. Al parecer, dicho ataque habría sido perpetrado por los grupos de oposición armada, según el Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra".
La misma organización humanitaria señala que "todos estos hechos de violencia se presentan en uno de los departamentos más militarizados del país, que es presentado por las autoridades nacionales como 'una zona recuperada', y donde los resultados que orgullosamente se muestran apuntan a la criminalización de la protesta social, pero no se notan en la reducción del accionar de los actores del conflicto armado".
La completa parálisis del departamento, como en meses pasados sucedió en el Putumayo y en los municipios donde se desarrolla el llamado Plan Patriota, pone en serios aprietos la política gubernamental de "seguridad democrática", una de las pocas cartas de presentación que le quedan al presidente Uribe, cuando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos encuentra mayor rechazo incluso en sectores afines a su gestión, y en medio de la mayor crisis del proceso de legalización de los paramilitares y sus mafiosas fortunas.
Poco margen de maniobra le queda a la pretensión reeleccionista del uribismo, cada vez más dependiente del tío Sam, quien debe estar preguntándose si la inmensa fortuna destinada a la protección de sus intereses petroleros no se habrá perdido para siempre en las insondables troneras del corrupto gobierno colombiano. Y algo habrá de eso cuando anuncia que sus expertos militares abandonarán los campos de entrenamiento araucanos para tomar rumbo a Iraq y Afganistán... ¿Y a sus fieles aliados colombianos? ¡Que se los coma el güío!