Latinoamérica

Paul Walder
Punto Final

Con la excepción de Tomás Hirsch, candidato presidencial de Juntos Podemos Más, los otros postulantes a La Moneda han exhibido una sorprendente similitud en sus planteamientos económicos, lo que ha minimizado cualquier posibilidad y deseo de un debate en torno a esta materia. Tanto el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, como Sebastián Piñera, de Renovación Nacional, y Michelle Bachelet, de la Concertación, sólo expresan tenues matices en sus primeras aproximaciones a un programa económico de gobierno. Tanto así, que toda la prensa, por cierto aquella ligada a los grandes intereses económicos, los han calificado como una prolongación de un modelo económico iniciado hace quince años para algunos o treinta para otros y que, de una u otra forma, le ha dado estabilidad macroeconómica al país lo mismo que una enorme desigualdad en la distribución de la riqueza. Los cuatro candidatos, con más o menos énfasis en uno de estos dos polos de evaluación del modelo económico, han elevado sus primeras propuestas. Pero nadie lo impugna. La mayoría lo matiza y sólo Hirsch plantea no su eliminación, sino su reformulación -ha dicho ante la Comisión de Presupuesto del Senado- mediante una mayor intervención en la economía del aparato público y una reforma tributaria. Al observar el planteamiento de los tres candidatos de los dos grandes pactos, ha sido el de Michelle Bachelet el más cauto, y también más atado al paradigma de los últimos años: continuidad de la regla del superávit fiscal del uno por ciento instaurada por Nicolás Eyzaguirre, una muy discreta proyección de crecimiento económico futuro -un cinco por ciento-, carencia de una política pública de estimulación del empleo y continuidad en materia tributaria. En suma, a grandes rasgos lo que tenemos como propuesta es un futuro gobierno que administraría el actual estado de cosas. Un planteamiento que ha resultado incluso más conservador que el elevado por Lavín. El candidato de la UDI, de los sectores más ideológicos del libre mercado, que se ha mostrado también dispuesto a mantener la regla del superávit del actual gobierno, ha propuesto una proyección de crecimiento del siete por ciento (como se sabe, el Estado, según su nivel de gasto, puede estimular la expansión del Producto Interno Bruto), apoyo a las pymes y generación de algunos millares de puestos de trabajo. Una propuesta que, sin embargo, resulta retórica -o demagógica- cuando desde estas mismas filas se ha puesto a la desigualdad como uno de los problemas sociales más profundos que un próximo gobierno deberá enfrentar. Los planteamientos económicos de Lavín no tienen por dónde resolver esta falencia. Ha sido Sebastián Piñera quien tiene la propuesta económica menos convencional, lo que en estos tiempos puede hasta parecer una osadía. Piñera se ha atrevido a cuestionar la regla del uno por ciento de Eyzaguirre, lo que permitiría liberar no menores recursos fiscales -hoy ahorrados como simple medida financiera, como colchón de garantía macroeconómica a recelosos inversionistas y organismos internacionales- para destinarlos a gasto social. Sobre impuestos, tal como Bachelet y Lavín, Piñera no se ha pronunciado. Esta pasividad en materia económica, que ha sido ambigüedad en materia tributaria, ha sido también un talante que oculta una aceptación o resignación con el actual estado de cosas, el que no sólo tiene estabilidad macroeconómica, crecimiento del PIB, sino una tremenda y expansiva desigualdad social. Durante la reunión en la Comisión de Presupuesto, Bachelet y los otros dos candidatos soslayaron esta materia, lo que es una aceptación del statu quo, materia sensible ante las cúpulas empresariales, pero también esencial para resolver un problema crucial como lo es nuestra modernidad minada por un galopante deterioro social.

GUARDAESPALDAS ECONOMICOS

Una señal no menor la dieron los escoltas técnicos que acompañaron a los candidatos a la Comisión. Lavín apareció con la plana mayor del Instituto Libertad y Desarrollo y del Centro de Estudios Públicos (CEP), Cristián Larroulet, Rossana Costa y Juan Andrés Fontaine, organismos centinelas de las denominadas "bases económicas del gobierno militar". Piñera estuvo acompañado por Felipe Morandé y Bachelet, por Andrés Velasco y Jorge Marshall, presidente y vicepresidente de la organización Expansiva, la que ha sido identificada como la corriente económica más liberal de la Concertación. Morandé, que fue gerente de Estudios del Banco Central entre 1997 y 2001, actualmente desempeña funciones en aquel bastión del sector privado que es la Cámara Chilena de la Construcción. Lo que hemos visto no ha sido un programa de gobierno de cara al país, sino para la clase empresarial. Este mensaje ha permitido una mayor libertad a los planteamientos del empresario Sebastián Piñera y una inhibición de Bachelet, que ha debido dedicar un tiempo no menor de su campaña a seducir al sector privado, tanto nacional como internacional. Como resultado, Bachelet obtiene un clima económico que, aun cuando no es sólo consecuencia de su muy probable próximo gobierno (hay aspectos no menores en el escenario nacional que son un efecto directo del presente trance expansivo de la economía internacional), está relacionado con la continuidad del modelo económico actual que desarrollará su administración. La presencia de Velasco y Marshall en la primera línea de su futuro equipo económico ha sido interpretada como señal de estabilidad y continuidad por el sector privado, que decididamente invierte en Chile. Como ejemplo, podemos citar las grandes operaciones en telecomunicaciones efectuadas hace poco tiempo por Telefónica y muy recientemente por el magnate mexicano Carlos Slim, las que son una evidencia más de la certeza que tiene el gran capital en la prolongación del diseño económico. La fuerte influencia de Expansiva en los criterios económicos de Bachelet elimina -o al menos, minimiza- la posibilidad de un cambio a las actuales políticas económicas. La presencia de las concepciones y los actores más liberales obstaculiza e inhibe la influencia de otras figuras en aspectos esenciales y sensibles, como la magnitud del gasto fiscal o la estructura tributaria, quienes están, como se ha podido observar, en algunos sectores del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana. La "audacia" de Piñera al desestimar la continuidad de la regla de Eyzaguirre puede interpretarse también como un guiño hacia la DC: lo que en política económica no se atreve a hacer Bachelet, por ejemplo más gasto fiscal para ayudar a las pymes y la clase media, lo hace el cacique de RN.

LA CONCIENCIA POLITICA ESTA FUERA DE LA POLITICA

La Iglesia Católica chilena también ha hecho la interpretación del mensaje económico. Ha emitido un verdadero discurso político relacionado con la uniforme campaña electoral. En una sorprendente declaración, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile solicitó a los candidatos la publicación de sus programas, como también los criterios y valores en los cuales se sustentan. La Iglesia Católica, que en nuestro país tiene (¿o ha tenido? se pregunta este cronista) un peso en los aspectos éticos, ha dicho que "estamos llamados a participar en el proceso de elección de las nuevas autoridades del país. El voto es un modo privilegiado de ejercer esta responsabilidad, informada, reflexionada, y ejercida en conciencia. Es un derecho y un deber de los ciudadanos conocer lo más acabadamente posible los programas de los candidatos y candidatas, así como los valores y criterios en que se sustentan, bienes que el recordado cardenal Raúl Silva Henríquez sintetizara en lo que llamó 'el alma de Chile', cuya identidad se funda en la dignidad de la persona humana, la primacía del derecho y el aporte original de la fe cristiana. En particular, destacamos que sean propuestas concretas para promover una mayor equidad, que supere las escandalosas brechas sociales, económicas y culturales existentes en nuestro país y procuren fortalecer la familia como el principal espacio de humanización. Es necesario que formulen políticas favorables a la vida, a la educación, a la salud, a los trabajadores y a las personas de la tercera edad. Es deber de quienes postulan presentarlas de manera oportuna, transparente y clara, pues las promesas electorales constituyen un auténtico compromiso con el país, especialmente con aquellos cuyo presente y futuro depende, en gran medida, del fiel y eficaz cumplimiento de ellas". La declaración de la Iglesia tiene como objetivo no Lavín ni Piñera, sino transparentar la campaña de Bachelet. No sólo porque la candidata mantiene un evidente liderazgo en todas las encuestas, sino porque su campaña se ha caracterizado por la opacidad y cierto ocultamiento o ambigüedad en las principales líneas que regirían a su gobierno. Hoy, a escasos cuatro meses de las elecciones, el electorado sabe por quién votar, pero no tiene idea de cuál es el programa de su candidata. De manera más cínica, la UDI también ha lanzado este mensaje a la candidatura de Bachelet. Aun cuando la ha llamado a pronunciarse respecto a materias como la desigualdad social, el nivel de la carga tributaria, privatizaciones y previsión de las fuerzas armadas, entre otros temas sensibles, lo que hace no es, como lo pretende la Iglesia, informar al país, sino forzarla a exponerse ante la oposición de derecha y, eventualmente, el empresariado. Las intenciones de la UDI, que también se enmarcan en el interés electoral, sin embargo expresan la ambigüedad programática de Bachelet como una de las características de su campaña. Las presiones de la UDI, aun cuando tienen un trasfondo absolutamente electoral, están apoyadas en el discurso del hoy menoscabado Lavín, pionero en colocar en la agenda electoral el problema de la desigualdad social. En este sentido, la proclama de Lavín, que es -rarezas de la historia- transversal a la Iglesia, a la Izquierda y a no pocos sectores de la misma Concertación, toma credibilidad. Tal vez no por venir desde la UDI, pero sí por la amplitud de voces que la elevan. Hay, por un lado, una extraña paradoja, en la cual la Izquierda, la Iglesia y la derecha ponen el problema social en la agenda pública, en tanto la Concertación queda inhibida ante el debate, convertida en una maquinaria empujada por fuerzas ocultas en su interior. Lo que queda demostrado en este trance es una coalición anquilosada por las disputas internas del poder, que apunta hacia aquellas estructuras de partido único. El programa de gobierno de Bachelet estará diseñado por el resultado que surja de las disputas intestinas y no por las necesidades del país. Lo que tenemos con las elecciones ad portas es, a la vista del electorado, una candidata sin programa, que revela una fuerte complacencia con el desempeño de los gobiernos de la Concertación. Pero al apoyarse en esta trayectoria, en la alta valoración pública del gobierno de Ricardo Lagos, se afirma también en sus falencias, que son el aumento de la desigualdad en el acceso a la riqueza y la alta tasa de desocupación.