Latinoamérica

Cuatro meses después del fin de la Marcha Nacional, toda la militancia del MST tiene grabados en la memoria y en los cuadernos los siete puntos acordados entre el Movimiento y el gobierno federal. El 17 de mayo, en la llegada de la gran caminada, el gobierno firmó un documento público en que reafirmaba el compromiso de asentar a 400 mil familias hasta el año 2006. Lo acordado fue que se daría prioridad a las familias acampadas, que pasan por muchas dificultades. En Brasil, cerca de 140 mil familias Sin Tierra se encuentran en esta situación. Sin embargo, en 2003 apenas 9 mil familias del MST fueron asentadas. En 2004, fueron 11 mil y este año, hasta agosto, sólo 4 mil familias Sin Tierra consiguieron asentamiento.

Para agilizar los procesos de desapropiación, el gobierno adoptó una medida provisional para recuperar los recursos que el Ministerio de Hacienda recortó. Sin embargo, en todas las reuniones mantenidas entre el MST, el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) y el Ministerio de Desarrollo Agrario, se denunció que el Ministerio de Hacienda no liberaba los recursos.

Otro punto acordado fue que en algunas semanas, a partir del final de la Marcha, sería publicada una orden ministerial con los nuevos índices de productividad, que han de ayudar en la realización de los análisis de productividad de propiedades rurales que son inspeccionadas para su desapropiación. El ministro de Desarrollo Agrario, Miguel Rosseto, entregó su propuesta de actualización de los índices al palacio presidencial (Palácio do Planalto) el día 6 de abril. En agosto, durante una audiencia con los movimientos sociales, el presidente Lula se mostró sorprendido, porque creía que los nuevos índices ya habían sido publicados. Por lo que parece, los ratones del palacio andan comiendo documentos.

Programa especial para los asentados

Fue prometido también que se abrirían nuevas líneas de crédito para los asentados. El gobierno hizo una parte, ajustando los valores de las líneas actuales del PRONAF (Programa Nacional de Agricultura Familiar). Pero eso no resuelve el problema. Es necesario vencer la burocracia de los bancos. Por eso, siempre dijimos que es preciso tener un programa especial para los asentados, como el PROCERA (Programa de Crédito para la Reforma Agraria). Por esa situación es por lo que, de las 580 mil familias asentadas, menos de 60 mil recibieron crédito del PRONAF en la última cosecha. O sea, el crédito no ha sido un instrumento de organización de la producción en los asentamientos.

El gobierno se comprometió además a agilizar el programa de agroindustrias. Avanzamos un poco tan sólo con el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), pero todavía estamos lejos de tener un programa que una la Reforma Agraria con el incentivo real de agroindustrias en los asentamientos. La garantía de que no faltarían cestas básicas en los campamentos también fue dada. Y es posible percibir en Brasilia una cierta voluntad de resolver ese problema, pero cuando se llega a los estados, la historia de la falta de cesta básica continúa. En la práctica, pocos campamentos tuvieron regularización de la entrega mensual de cestas básicas.

Tan importante como no dejar que las familias acampadas pasen hambre es que la CONAB (Compañía Nacional de Abastecimiento