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Quieren impedir que Evo Morales sea presidente
La derecha que no quiere elecciones en Bolivia
Ariel Florit
La derecha boliviana, apoyada por EE.UU. y las grandes petroleras
maniobran para obstaculizar la elecciones de diciembre.
La Habana.- Evo Morales ya dio la voz de alerta hace pocos días, desde París. La
derecha, los sectores mas recalcitrantes de santa Cruz de la Sierra, las
petroleras y Estados Unidos están obstaculizando el proceso electoral y están
dispuestos incluso a propiciar un golpe de Estado.
En ese marco se inscribe la reciente decisión del Tribunal Constitucional de
ordenar la suspensión del comicio hasta que no se proceda a la redistribución
demográfica del país, tendiente a modificar el criterio de adjudicación de
escaños. ese tribunal fue elegido por y responde al ex presidente Sánchez de
Lozada.
Las elecciones generales programadas en Bolivia del 4 de diciembre próximo están
en vilo a partir de maniobras jurídicas que sectores en contienda presidencial
han definido como una maniobra para posponer definitivamente esos comicios,
convocados en medio de una grave turbulencia social en el país.
La prensa en La Paz dijo que dirigentes regionales, empresariales,
parlamentarios, candidatos y representantes de diferentes sectores sociales han
reclamado que ese ejercicio sea realizado en fecha programada, o sea el 4 de
diciembre.
El diario La Hora subrayó en su edición del viernes pasado que ha sido un fallo
del Tribunal Constitucional sobre la redistribución de escaños parlamentarios el
que ha causado la incertidumbre actual, la cual, de acuerdo con analistas,
podría generar manifestaciones y conflictos.
Todos los análisis en Bolivia coinciden en afirmar que dicha redistribución
limitaría las posibilidades de ganar los comicios a Evo Morales, del Movimiento
Al Socialismo (MAS), un líder muy popular que encabeza los sondeos y que, a la
vez, es repudiado por Estados Unidos y el sector político "tradicional"
boliviano.
Morales denunció públicamente que con ese fallo "se estaría gestando un golpe de
Estado para evitar que la gente acuda a las urnas".
Tanto el presidente del país, Eduardo Rodríguez, como la Cámara de Diputados
llamaron a realizar las elecciones en la fecha indicada y subrayaron que deben
buscarse "mecanismos" que la garanticen. Rodríguez es actualmente un mandatario
de transición elegido después de la renuncia de Carlos Mesa en medio de
vigorosas protestas nacionales.
Aunque parece haber un consenso de todos los sectores bolivianos de que las
elecciones deben llevarse a cabo en el momento previsto, la sentencia del
Tribunal Constitucional tiene fuerza de ley. Ello quiere decir que el punto
focal del conflicto es en realidad la redistribución de escaños que tendrá que
hacerse.
El presidente de la Corte Nacional Electoral, Óscar Hassenteuffel, dijo, no
obstante, que técnicamente, aún se puede llegar a las elecciones generales del 4
de diciembre".
En medio de la gran confusión reinante y bajo acusaciones de que "la política
tradicional" está detrás del fallo, el parlamento nacional dijo que no puede
garantizar que los comicios sean el día 4 del último mes del año. La jerarquía
del legislativo explicó que se tardará "el tiempo que sea necesario para buscar
consensos sobre la nueva redistribución de escaños ordenada por el Tribunal
Constitucional".
El presidente del Congreso, Sandro Giordano, dijo que "no nos podemos poner
fechas como plazos, porque tenemos que asumir con responsabilidad el mandato del
fallo de reponer el artículo 88 del Código Electoral declarado
inconstitucional". El mencionado artículo se refiere a la distribución de
escaños en la Cámara de Diputados.
En el órgano legislativo, el jueves, los representantes de la región de Potosí,
abogaron directamente por la anulación de las elecciones si se llegan a
redistribuir los escaños, acción que reduciría considerablemente las
oportunidades de voto de esa parte del país en beneficio de la separatista Santa
Cruz, donde están enclavados grandes intereses económicos.
La esperanza de que los comicios se efectúen descansa actualmente en que el
parlamento busque una fórmula para redistribuir los escaños parlamentarios sin
provocar enfrentamientos regionales, lo cual parece imposible a los analistas.
(*) Ariel Florit pertenece a la redacción de World Data Service, medio con el
cual APM mantiene un convenio de cooperación.
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