Latinoamérica

Abdel Padilla y Pablo Stefanoni
Pulso

Aunque lo peor del remezón ha pasado, todavía no se conocen, a ciencia cierta, las razones del desabastecimiento de GLP. Algunos analistas creen que la presión apunta, otra vez, contra la ley de hidrocarburos, cuya posible modificación será parte de la agenda inmediata del próximo gobierno.

Contrabando, sobredemanda, especulación, uso indebido (en vehículos de transporte público) o caída en la producción por falta de inversiones fueron algunas de las explicaciones al desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) durante las últimas tres semanas. Estas razones –algunas con dejo de justificación– se pasearon, por igual, por los pasillos del Palacio de Gobierno, del Congreso, de la Superintendencia de Hidrocarburos, de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) y, desde luego, por las calles, donde se formaron largas filas de vecinos sentados sobre sus garrafas vacías. Aunque el remezón todavía no ha pasado, no se sabe, a ciencia cierta, cuál de estas explicaciones pesó más o si fue, finalmente, una conjunción de todas la que desató el desmán. A manera de ejercicio, lo que sí se puede es analizar la situación desde el origen inmediato de la crisis: la ley de hidrocarburos, cuya posible modificación será, sin duda, parte de la agenda del próximo gobierno. Lo que no se conoce es si esta modificación será para "ablandar" la norma o, en cambio, para "endurecerla" con vistas a una posible nacionalización. Al respecto, es por lo menos sintomática la declaración del candidato a vicepresidente por el MAS, Álvaro García Linera: "En enero –cuando asuma el nuevo gobierno– se va a acabar la jauja y las empresas deberán subordinarse a un plan energético nacional; si no pueden abastecer el mercado interno que se vayan". Fue evidente en el acto de proclamación del binomio masista, en la Plaza San Francisco, que la nacionalización era la consigna que más fervor jalaba del público asistente al meeting electoral. También Samuel Doria Medina señala en sus spot de campaña que a las petroleras "se les acabó la fiesta" e incluso Jorge Quiroga se vio compelido a utilizar la palabra "nacionalización" –de los beneficios, no de los hidrocarburos– para no quedar fuera de lo que indica el termómetro social: que –más allá de las justificaciones técnicas– la demanda de nacionalización parece mayoritaria en la sociedad boliviana, como una suerte de conjura de las sucesivas frustraciones de la historia nacional reciente.

Desde el palco

Desde hace ya varios meses, las empresas agrupadas en la CBH vienen denunciando a la nueva ley del gas como "confiscatoria" y –al parecer como consecuencia de ello– los propios datos proporcionados por esta entidad muestran una parálisis en las inversiones. Estas cifras fueron disparadas, hace algunos meses, desde la CBH para poner en duda la posibilidad de aumentar las exportaciones de gas a Argentina de los actuales 7 millones de metros cúbicos diarios a 20 millones. Dos de las más importantes empresas petroleras extranjeras que operan en el país, la hispano argentina Repsol y Petrobras Bolivia Refinación, señalaron que no están en condiciones de cumplir con el reciente Decreto 28381, que "obliga" a las empresas a maximizar la producción para satisfacer la demanda insatisfecha (en cuatro años la producción aumentó en 3,9 por ciento, mientras el consumo subió un 7 por ciento). De todos modos, aseguran que lo "analizarán", aunque al mismo tiempo reclaman mercados para los otros combustibles que producen junto al GLP. El vocero de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, Carlos Alberto López, pinta un panorama desolador acerca de la situación energética del país bajo la nueva ley de hidrocarburos: "La CBH expresó, al día siguiente de su aprobación, que la nueva ley inviabiliza al sector. Hoy vemos los efectos: colapso de la inversión, desabastecimiento de carburantes, falta de lubricantes de Santa Cruz y profundización del déficit de hidrocarburos para las refinerías; en cinco años, Bolivia estará importando crudo", sentencia.

–¿No cree que esta posición radical de las petroleras favorece las demandas de nacionalización?, preguntó PULSO. Cualquier razón es buena para radicalizar las posiciones, pero no se va a resolver el problema. Falta una visión para desarrollar la industria petrolera en Bolivia, hay que arrancar el tema petrolero del ámbito político. Hoy la política energética en Bolivia se deriva de las encuestas.

–Pero las presiones de las petroleras parecen tener también un fuerte componente político, contra la ley de hidrocarburos… Dejar de invertir no es una estrategia para que a los bolivianos nos agarre un ataque de racionalidad; las petroleras reaccionan como cualquier capital frente a las señales negativas que se dan. Tendrían que ser locos para invertir ante las amenazas de nacionalización y los desincentivos a la inversión: el barril de petróleo en Bolivia vale 27 dólares y en el mercado internacional 65.

–Pero los costos en Bolivia son menores. ¿Por qué los bolivianos debemos pagar los precios del mercado internacional? Ese es uno de los mitos que trasmitió el ex delegado "anticapitalización" (el fallecido Juan Carlos Virreira). Sólo se tomaron los lifting cost (costos de extracción) que representan el 50 por ciento de los costos de producción.

–Algunos analistas señalan que la presión de las petroleras van dirigidas a lograr contratos más "amigables" en el actual proceso de migración… Las empresas se van a limitar a cumplir con los contratos suscritos, que no daban lugar a negociaciones…

–Pero se está negociando la migración… Se están cumpliendo con sus contratos, se está intentando una conciliación entre las empresas y el Estado. Por su parte, el analista Carlos Villegas –que actualmente asesora al MAS– sostiene que "si las empresas quisieran mantener una buena relación con el Estado cumplirían con las disposiciones de la nueva ley de hidrocarburos, que señala que debe asegurarse el abastecimiento interno antes que la provisión de los mercados externos. Eso aumenta el malestar social y la radicalización de las demandas de nacionalización". Para Villegas, las presiones de las petroleras persiguen un doble objetivo: sobre el actual gobierno de transición, intentando influir en la elaboración de los nuevos contratos –en los que se puede incidir a través de reglamentos– y, por otro lado, apostar a que un próximo gobierno modifique la ley de hidrocarburos en beneficio de las transnacionales. "Tratan de influir sobre las políticas estatales para que no se les quite los privilegios de los que gozaban hasta la nueva ley de hidrocarburos. La tasa de ganancia promedio en el mundo es del 15/18 por ciento, mientras que en Bolivia ascendía al 35/40 por ciento", continúa. Y considera que las empresas no quieren irse del país porque Bolivia se puede transformar en un centro energético de la región ("la prefectura de Tarija estima que las reservas podrían llegar a unos 100 trillones de pies cúbicos"). "Y el equipo que el gobierno armó para negociar las nuevas modalidades de contrato –monitoreado por el ex ministro de Carlos Mesa, Javier Nogales– no parece el más indicado para mantener una posición firme frente a las presiones de las empresas", concluye el asesor del MAS. Por su lado, Francesco Zaratti rechaza las "versiones paranoicas" que indican que las empresas estarían ejerciendo acciones de sabotaje, pero cree que tampoco hicieron nada para resolver una situación –desabastecimiento del GLP– que se venía venir. "En realidad, las empresas miraron desde el palco, no han bajado la producción pero tampoco la han subido significativamente, la idea es ganar tiempo y dejar que los problemas surjan", señala el ex delegado presidencial para la Revisión de la Capitalización. Para Zaratti "sería tonto que las empresas asuman una posición provocativa cuando tienen abierto un escenario de negociación encabezado por Nogales, a quien no se puede calificar de radical". El ex funcionario identifica, entre las causas de los problemas de abastecimiento de GLP, el efecto de la nueva ley de hidrocarburos sobre los pozos chicos, "que pueden producir más GLP pero se ven desincentivados por los impuestos del 50 por ciento". Y señala otras dos facetas de la crisis, que –a falta de inversiones– podría volverse crónica, como el déficit de diesel: las exportaciones a Argentina –sin separar el GLP del gas– y los cuellos de botella en el transporte.

"A la exportación de gas a Argentina se le podría quitar el GLP (propano y butano) pero no hay una planta cercana a los campos desde donde se exporta y construir una demanda una inversión de alrededor de 40 millones de dólares. Hoy Argentina recibe gas y paga aparte por los líquidos", dice Zaratti. Otra manera de resolver el déficit de GLP –continúa– sería disminuir la demanda a través de conexiones de gas natural (que hay en abundancia), pero el ducto de Transredes hacia el Altiplano está saturado y las obras –plantas de compresión, ramales– recién se están haciendo". En un boletín de prensa, la Superintendencia de Hidrocarburos añade que dentro del contrato de venta de gas natural a Brasil se establece un valor calorífico mínimo de 1.034 BTU (Unidad Térmica Británica, por sus siglas en inglés), pero el gas que se envía actualmente tiene 1.060 BTU; es decir, también se está exportando GLP junto al gas enviado al vecino país. Ese diferencial podría extraerse en una planta procesadora de gas con lo cual se produciría hasta 374 toneladas de GLP por día, es decir, 37.400 garrafas, señala el texto de la entidad fiscalizadora. El superintendente interino de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, precisó esta semana que, mediante una carta enviada en agosto del 2003 al entonces ministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, se explicó sobre la exportación de gas con contenido de gas licuado al Brasil. "La separación de propano y butano se está haciendo en Brasil, donde lo venden a un mayor precio", dice Villegas, quien considera que "si hubiera suficiente fiscalización en Río Grande, San Alberto y San Antonio sería posible hacer esa separación en Bolivia", señala Villegas.

Ajustes a la ley

Para Zaratti, las empresas petroleras apuestan a cambios en la ley de hidrocarburos: "Después de las elecciones –cuando baje la presión política y social– va a ser necesario buscar consensos políticos y técnicos para modificar la Ley 3058. Hay gente (dentro del negocio petrolero) que apuesta que esta norma no va a durar un año. La migración de contratos no va a funcionar ni soñando, incluso si gana el MAS será necesario hacer ajustes, porque no sólo no es una buena ley para las empresas sino tampoco lo es para el negocio". Según el presidente de la CBH, Raúl Kieffer –en una entrevista con La Razón– las empresas aumentaron la producción en unas 12.100 garrafas por día –por debajo del déficit– y señala "el estancamiento de los mercados de gas natural" (de cuya producción se extrae GLP, en aproximadamente un 5 por ciento del volumen total) como una de las causas del freno al aumento de la producción. El ejecutivo niega que las empresas exporten GLP, "por lo menos desde 2004". Pero, si se trata de exportar más, hay que recordar que la propia CBH dice que es imposible satisfacer los niveles de producción comprometidos por Bolivia, por ejemplo, el aumento de los envíos a Argentina o las exportaciones a Paraguay. En relación al régimen impositivo, el titular de YPFB, Ramiro Suárez Soruco, admitió que se está estudiando otorgarle incentivos a las empresas ya que a las mismas "no les cuadra el impuesto que están pagando" e, incluso, se mostró partidario de cambiar "algunos aspectos" de la nueva ley de hidrocarburos "para hacer atractiva la inversión".

¿Soluciones?

Por el momento, inició sus operaciones la planta procesadora de gas de Kanata con una producción inicial de 15 toneladas de gas licuado de petróleo (GLP), lo que equivale a 1.500 garrafas. Para la próxima semana, desde el 19 de octubre, la producción llegará a 30 toneladas equivalentes a 3.000 garrafas y paulatinamente subirá a su capacidad máxima de 62 toneladas, es decir 6.200 garrafas. La totalidad de la producción de esta planta de GLP, ubicada en el Chapare, será destinada al mercado de La Paz y cubrirá el actual déficit que enfrenta la sede de gobierno. También YPFB tiene prevista la construcción de una planta –amparada en la nueva ley, que le permite ingresar en este segmento de la cadena productiva– para producir GLP. Su implementación será de aproximadamente un año. Hasta ahora, las explicaciones son muchas, pero, a falta de respuestas estructurales a la problemática energética, el tira y afloja atenta contra los matices y favorece respuestas maximalistas que, acertadas o no, parecen ir ganando terreno.

Del subsuelo a la garrafa

El llamado "gas licuado de petróleo" es, en realidad, una mezcla compuesta básicamente por propano y butano, presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo, ambos fácilmente condensables, mucho más maleables que el gas natural y, gracias a esa característica, capaces de ser almacenados y distribuidos en contenedores especialmente adaptados para tal uso, desde pequeñas garrafas hasta grandes buques.

Se lo consigue de dos maneras:

1) Por "destilación" de petróleo, lo que implica procesarlo en refinerías. El proceso se inicia cuando el petróleo crudo procedente de los pozos petroleros llega a una refinación primaria, donde se obtienen diferentes cortes (destilados), entre los cuales está la gasolina y el kerosén.

2) Mediante "Secado" de gas natural, en plantas de separación. El gas natural tiene cantidades variables de propano y butano que pueden ser extraídos mediante procesos que consisten en la reducción de la temperatura del gas hasta que estos componentes y otros más pesados se condensan. Los procesos usan refrigeración o turboexpansores para lograr temperaturas menores a -40º centígrados, necesarias para recobrar el propano. Subsecuentemente estos líquidos son sometidos a un proceso de purificación usando trenes de destilación para producir propano y butano líquido o directamente GLP. El GLP se caracteriza por tener un poder calorífico alto y una densidad mayor que la del aire.

"Un hueso duro de roer"

–¿Cómo imagina la relación con las petroleras si el MAS llega al gobierno?, le preguntó PULSO a Villegas. Las petroleras van a ser el hueso más duro de roer. Esperemos que en los primeros meses defina con mucha claridad las reglas de juego. Estimo que el primer año va a ser decisivo y el punto de partida de las negociaciones van a ser los contratos que deje el actual gobierno, por eso ése es un tema central que ahora está bajo la presión de las empresas. Hoy está en juego el tema de la propiedad y la renta petrolera, pero también hay un problema de transporte –a Transredes le interesan más los gasoductos de exportación que abastecer el mercado interno– y el problema de las refinerías. El MAS propone recomprar las acciones de Transredes y de las refinerías.