Es indudable ventaja ser candidato presidencial al tiempo que presidente en ejercicio. Todos los actos y deberes constitucionales, legales y políticos del presidente cambian de naturaleza si es, a la vez, candidato para la reelección, como es el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Lo que haga, bueno o malo, como presidente, será bueno o malo para el candidato reeleccionista. No se puede distinguir si algo lo hace mal o bien como gobernante en ejercicio o como aspirante al voto para su reelección. Esto, en palabras llanas, es politiquería, clientelismo y corrupción electoral y política.
La Constitución de 1886, la de Núñez y Caro, que institucionalizó la hegemonía represiva y reaccionaria de la llamada Regeneración, no se atrevió a instaurar un sistema de reelección inmediata dirigida desde el propio sillón presidencial y con la firma de todos los decretos y decisiones por el propio candidato a ser reelegido, como Uribe Vélez. El artículo 127 de la Constitución del 86 prohibía la reelección para el período inmediato si el aspirante "hubiere ejercido la Presidencia dentro de los dieciocho meses inmediatamente precedentes a la nueva elección". También prohibió la elección en la persona que "hubiere sido llamado a ejercer la Presidencia y la hubiera ejercido dentro de los seis últimos meses precedentes al día de la elección del nuevo Presidente". Miguel Antonio Caro se cuidaba de cualquiera apariencia de que el presidente se hacia reelegir dictando decretos o inaugurando obras públicas.
Desde el momento mismo de la aprobación de la reelección por el Congreso de la República, el actual Presidente está en campaña reeleccionista. Ahora, comentar en la prensa la situación nacional es acto político porque todo lo que hace el Presidente incide en su campaña electoral y las reuniones que se hacen en municipios y regiones tienen efectos electorales. Todo se hace con dineros y bienes públicos. La moral administrativa desaparece con la campaña reeleccionista.
La hazaña electoral del presidente Uribe de llevar al ex guerrillero "Julían" a un descanso en una suite del Hotel Tequendama resultó un tiro por la culata. El país repudió esa conducta y se ha enterado de que ni el Estado ni el presidente Uribe han pagado la cuenta correspondiente del Hotel. ¿Será que el candidato a la reelección pretende que tiene derecho a disponer del uso de bienes y servicios privados sin pagar?
El gobierno, incluidos el Presidente y el Ministro de Defensa, exculpó a las fuerzas militares y de policía en los crímenes de Guaitarilla y Cajamarca. Todo fue atribuido a la subversión terrorista. La Procuraduría General acaba de denunciar que lo que dijeron el gobierno, los militares y la policía fue falso. Fue una vulgar manipulación de pruebas para ocultar la responsabilidad estatal en esos crímenes.
En Las Flores, San Marcos, Sucre, dos paramilitares en moto asesinaron al comerciante Henry Antonio Díaz Torrente, de 33 años. Los asesinatos por sicarios en moto son práctica nacional bajo este gobierno. A dos soldados del Batallón Guardia Presidencial les fue echado en la cara ácido muriático dizque por error del castigo de hacerlo con agua. Y sigue la reelección.
Comentando la negativa del Ministro de Hacienda, de incrementar impuestos a la renta y a las propiedades rurales en vez de aumentar el IVA que golpea más dura e implacablemente a las clases pobres, El Universal de Cartagena-Sincelejo (02.12.04) señaló que esa política perjudica con mayor contundencia a la clase media y reduce el consumo. Esto no preocupó al régimen reeleccionista.
Pero el reeleccionismo anda: fue nombrada Embajadora de Colombia en el Líbano la señora Georgine Khalil El Chaer de Mallat, sin haber residido nunca en territorio colombiano ni ser sometida a las calificaciones de méritos para la carrera diplomática. ¿Dónde pondrá los votos por la reelección?