El pasado 13 de diciembre, a plena luz del día, en pleno centro de Caracas, un
comando de policías colombianos secuestraron a un ciudadano colombiano, lo
encerraron en la maletero de un automóvil y lo llevaron durante quince horas de
viaje hasta territorio colombiano. Se trataba de Rodrigo Granda, miembro de la
Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). No se ejecutó ninguna detención policial en base a una orden de busca y
captura de la justicia colombiana, nunca lo detiene formalmente la policía
venezolana a través de Interpol, ni se pide la extradición por los jueces de
Colombia, ni es admitida ni rechazada esta extradición por la justicia de
Venezuela para ser aprobada o no por el gobierno de Venezuela.
Simplemente un estado, el estado colombiano, secuestraba a un ciudadano en un
país extranjero. Es un método muy conocido en los años 70. Se le llamó la
Operación Cóndor y era utilizada por las dictaduras del Cono Sur durante la
guerra fría para secuestrar a los activistas políticos en países extranjeros y
llevarlos clandestinamente a manos de los militares de su país de origen donde
eran torturados y desaparecidos.
Ese mismo tipo de secuestro ahora lo está haciendo el gobierno colombiano. Un
gobierno que se dice democrático y que afirma que cumple las recomendaciones de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
Tampoco es la primera vez que se está ejecutando bajo la presidencia del actual
gobierno de Alvaro Uribe. Otro miembro de las FARC, Simón Trinidad, fue
secuestrado de la misma manera el pasado dos de enero en Quito. Ahora va a ser
extraditado a Estados Unidos, Colombia ya se encargó de hacerle el juego sucio
de secuestrarlo en un país extranjero.
Rodrigo Granda fue recibido hace cinco años por la Comisión Europea en Bruselas
y Simón Trinidad participó en las negociaciones de paz con el anterior
presidente colombiano Andrés Pastrana. Se trataba de representantes de las FARC
que no iban armados, que no participaban en atentados ni acciones militares.
Eran los interlocutores para poder alcanzar la paz.
Estamos ante una violación de la legislación internacional, del derecho
internacional humanitario y de la soberanía nacional y territorial que cuenta la
complicidad y el silencio de los países latinoamericanos y de la Unión Europea.
España estuvo altamente vinculada como país facilitador en los diálogos entre la
insurgencia colombiana y el estado colombiano. Tanto en las conversaciones del
gobierno Samper con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 1998, donde
España integró, junto a Francia, Noruega, Suiza y Cuba, el grupo de amigos, como
posteriormente en las negociaciones de Andrés Pastrana con las FARC. Incluso, el
mando superior de Rodrigo Granda, el comandante Raúl Reyes, fue recibido
oficialmente en España durante aquellas negociaciones.
El gobierno español, en respuesta escrita a mi grupo parlamentario, le dio un
voto de confianza al gobierno Uribe afirmando que "mantiene con el Gobierno de
Colombia unas excelentes relaciones y respalda su lucha contra el terrorismo y
el narcotráfico y los esfuerzos por consolidar la democracia y el Estado de
Derecho". También apuntaba que el Gobierno español tiene "como una constante de
su política la protección y defensa de los derechos humanos, y la necesidad de
consolidar la democracia y contribuir a resolver el conflicto que asola dicho
país" y destacó su "activa participación en el seguimiento" de Colombia de las
recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos.
Este nuevo renacer de la faceta más tenebrosa y brutal de las dictaduras
latinoamericanas, la Operación Cóndor, de la mano de Colombia debe ser
denunciada por el gobierno español si de verdad está comprometido con la ayuda a
la paz en Colombia. El gobierno de Uribe no puede escudarse en la denominada
lucha antiterrorista para secuestrar con comandos clandestinos a colombianos
desarmados en países extranjeros, encerrarlos en maleteros de coche y llevarlos
como fardos a territorio colombiano insultando la soberanía de los países, la
dignidad de las personas y los más básicos principios del derecho internacional.
Isaura Navarro es diputada por Izquierda Unida en el Parlamento español
