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Latinoamérica


 

Países prostitutas

Andrés Soliz Rada
Rebelión

Muchos se niegan, con valederas razones, a condenar la prostitución de manera genérica. Varios rescatan de las ahora llamadas trabajadoras sexuales ejemplares valores humanos, como Guy de Maupassant, quien, en su inmortal cuento "Bola de sebo" recuerda que las meretrices francesas mostraron mayor patriotismo frente a los invasores de su país, que las emperifolladas burguesas que se congraciaban con los oficiales extranjeros. La complejidad del tema salió a relucir, una vez más, cuando Beatriz Flores Silva, directora de la película "La Puta Vida", pone en labios de su heroína, esta frase inolvidable: "Yo trabajo de puta, pero yo no soy una puta", lo que demuestra que en las situaciones más extremas la dignidad continúa siendo un valor irrenunciable.
A diferencia de lo anterior, los proxenetas merecen universal desprecio. Si lo anterior es válido para los rufianes que explotan a las trabajadoras sexuales, lo es en proporción geométricamente mayor para los que quieren convertir a nuestras patrias en países prostitutas. En este contexto, los embajadores de países poderosos y los burócratas del FMI, del Banco Mundial, del BID y de la CAF que condicionan ayudas económicas a la humillación de nuestros pueblos son los proxenetas de la globalización neoliberal. Sin embargo, si los burócratas foráneos son despreciables, los nativos que los coadyuvan son peores aún, porque promueven la degeneración de sus propios compatriotas. En esta categoría se encasilla el discurso de José Galindo Nemer, Ministro Secretario del Presidente Carlos Mesa Gisbert, quien ha advertido a los habitantes de la ciudad de El Alto que si desean conexiones de gas domiciliario deben apoyar el convenio de inmunidad para las tropas norteamericanas que violen derechos humanos y cometan delitos de genocidio y de lesa humanidad en territorio boliviano. Esa "ayuda" ascendería a 80 millones de dólares.
El número uno de los rufianes extranjeros en Bolivia, el Embajador de EEUU, David Greenle, ha logrado la firma preliminar del convenio por parte del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) y de su canciller, el dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Carlos Saavedra Bruno. El documento tiene el respaldo del actual presidente Mesa Gisbert y de su Ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Siles del Valle y ha sido ya ratificado por el Senado de la República, con el voto favorable del MIR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y de Nueva Fuerza Republicana (NFR). Los senadores del Movimiento al Socialismo (MAS) han sido denunciados por el jefe de ese partido, Evo Morales, de haber recibido dinero del gobierno a cambio de no estar presentes en la votación pertinente.
En la Cámara de Diputados, el parlamentario "gonista", Luis Eduardo Siles, ha manifestado la inconveniencia de asumir posiciones "antiimperialistas histéricas", en lugar de estudiar el convenio en detalle, antes del pronunciamiento decisivo, a emitirse en próximos días. El representante de NFR, Eloy Luján, ha sugerido al Jefe de Estado lanzar un mensaje al pueblo en el que pida "comprensión" si fuera necesario ratificar el convenio. La dignidad ha sido definida como el respeto por uno mismo. Si el país pierde el respeto de sus propios ciudadanos, ¿cómo pedirá respeto a los demás?
El suizo Jean Ziegler, en su libro "Los Nuevos Amos del Mundo" (Ediciones "Destino". Barcelona, mayo de 2003), ha elaborado una lista tentativa de países africanos en vías de desintegración. Menciona a Somalia, Sierra Leona y Guinea Bissau. De someterse a la brutal presión norteamericana, Bolivia, cuya viabilidad se discute con peligrosa persistencia, ingresará a esa lista de manera inevitable. Ziegler dice que en el mundo de hoy existen islotes de prosperidad en un océano de pueblos agonizantes. Añade que el nuevo orden imperial necesita destruir a los Estados nacionales, así como toda resistencia de soberanía y capacidad normativa. En efecto, inclusive la ficción de Bolivia como país soberano desaparecerá en el momento mismo en el que las tropas de EEUU obtengan el respaldo "legal" del propio parlamento boliviano para cometer genocidios y torturas, como en Irak o Afganistán.