Latinoamérica
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Países prostitutas
Andrés Soliz Rada
Muchos se niegan, con valederas razones, a condenar la prostitución de manera
genérica. Varios rescatan de las ahora llamadas trabajadoras sexuales ejemplares
valores humanos, como Guy de Maupassant, quien, en su inmortal cuento "Bola de
sebo" recuerda que las meretrices francesas mostraron mayor patriotismo frente a
los invasores de su país, que las emperifolladas burguesas que se congraciaban
con los oficiales extranjeros. La complejidad del tema salió a relucir, una vez
más, cuando Beatriz Flores Silva, directora de la película "La Puta Vida", pone
en labios de su heroína, esta frase inolvidable: "Yo trabajo de puta, pero yo no
soy una puta", lo que demuestra que en las situaciones más extremas la dignidad
continúa siendo un valor irrenunciable.
A diferencia de lo anterior, los proxenetas merecen universal desprecio. Si lo
anterior es válido para los rufianes que explotan a las trabajadoras sexuales,
lo es en proporción geométricamente mayor para los que quieren convertir a
nuestras patrias en países prostitutas. En este contexto, los embajadores de
países poderosos y los burócratas del FMI, del Banco Mundial, del BID y de la
CAF que condicionan ayudas económicas a la humillación de nuestros pueblos son
los proxenetas de la globalización neoliberal. Sin embargo, si los burócratas
foráneos son despreciables, los nativos que los coadyuvan son peores aún, porque
promueven la degeneración de sus propios compatriotas. En esta categoría se
encasilla el discurso de José Galindo Nemer, Ministro Secretario del Presidente
Carlos Mesa Gisbert, quien ha advertido a los habitantes de la ciudad de El Alto
que si desean conexiones de gas domiciliario deben apoyar el convenio de
inmunidad para las tropas norteamericanas que violen derechos humanos y cometan
delitos de genocidio y de lesa humanidad en territorio boliviano. Esa "ayuda"
ascendería a 80 millones de dólares.
El número uno de los rufianes extranjeros en Bolivia, el Embajador de EEUU,
David Greenle, ha logrado la firma preliminar del convenio por parte del ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) y de su canciller, el dirigente del
Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Carlos Saavedra Bruno. El
documento tiene el respaldo del actual presidente Mesa Gisbert y de su Ministro
de Relaciones Exteriores, Ignacio Siles del Valle y ha sido ya ratificado por el
Senado de la República, con el voto favorable del MIR, del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) y de Nueva Fuerza Republicana (NFR). Los
senadores del Movimiento al Socialismo (MAS) han sido denunciados por el jefe de
ese partido, Evo Morales, de haber recibido dinero del gobierno a cambio de no
estar presentes en la votación pertinente.
En la Cámara de Diputados, el parlamentario "gonista", Luis Eduardo Siles, ha
manifestado la inconveniencia de asumir posiciones "antiimperialistas
histéricas", en lugar de estudiar el convenio en detalle, antes del
pronunciamiento decisivo, a emitirse en próximos días. El representante de NFR,
Eloy Luján, ha sugerido al Jefe de Estado lanzar un mensaje al pueblo en el que
pida "comprensión" si fuera necesario ratificar el convenio. La dignidad ha sido
definida como el respeto por uno mismo. Si el país pierde el respeto de sus
propios ciudadanos, ¿cómo pedirá respeto a los demás?
El suizo Jean Ziegler, en su libro "Los Nuevos Amos del Mundo" (Ediciones
"Destino". Barcelona, mayo de 2003), ha elaborado una lista tentativa de países
africanos en vías de desintegración. Menciona a Somalia, Sierra Leona y Guinea
Bissau. De someterse a la brutal presión norteamericana, Bolivia, cuya
viabilidad se discute con peligrosa persistencia, ingresará a esa lista de
manera inevitable. Ziegler dice que en el mundo de hoy existen islotes de
prosperidad en un océano de pueblos agonizantes. Añade que el nuevo orden
imperial necesita destruir a los Estados nacionales, así como toda resistencia
de soberanía y capacidad normativa. En efecto, inclusive la ficción de Bolivia
como país soberano desaparecerá en el momento mismo en el que las tropas de EEUU
obtengan el respaldo "legal" del propio parlamento boliviano para cometer
genocidios y torturas, como en Irak o Afganistán.