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Internacional
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Cómo se enriquecen las empresas de armamento y sus relaciones
con la administración Bush
Pascual Serrano
Rebelión
Según un informe del Fondo Monetario Internacional de diciembre del año 2003,
las perspectivas que se abrieron para la industria armamentística en el mundo
tras el 11-S y la apertura de la denominada «guerra contra el terrorismo» se
estaba confirmando en la práctica.
El FMI cifró en 64.000 millones de dólares el aumento experimentado en gasto
militar desde finales del año 2000 hasta finales de 2002. Una cifra que
convierte a la industria armamentística en la única que ha resultado claramente
ganadora de la estrategia de guerras preventivas y aumento de los medios de
«seguridad» adoptada por la mayoría de los países del planeta.
El estallido de la guerra en Irak produjo una fuerte subida en las bolsas de las
principales industrias de armamento, y la perspectiva de que la resistencia
respondiera con fuerza y alargara el enfrentamiento como así está siendo con un
alto coste de víctimas mejoraba las perspectivas económicas de fabricantes de
armas como los misiles Patriot o el bombardero B-2.
Estados Unidos es el primer productor y exportador de armamento, y cinco de las
seis mayores empresas dedicadas a la producción de armas son norteamericanas.
Los tres grandes fabricantes de armas de EEUU -Lockheed Martin, Boeing y
Northrop Grumman- están haciendo caja gracias a las políticas de Bush relativas
a los cambios de régimen en el extranjero y la vigilancia en Estados Unidos.
En el año fiscal 2002, los tres grandes recibieron un total mayor a los 42.000
millones de dólares en contratos del Pentágono, de los que Lockheed Martin
obtuvo 17.000 millones, Boeing 16.600 millones y Northrop Grumman 8. 700
millones. Esto representa casi un tercio más que en 2000, el año final del
gobierno de Bill Clinton. Estas firmas sacan uno de cada cuatro dólares de los
pagos del Pentágono.
El producto estrella de los tres grandes son los sistemas de armamento como el
avión caza de ataque conjunto F-35 (Lockheed Martin), la aeronave de combate
F/A-18 E/F (Boeing/Northrop Grumman), el raptor F-22 (Lockheed Martin/Boeing) y
la aeronave de transporte (Boeing).
Northrop Grumman también juega a lo grande en el área de buques de combate, son
de su propiedad los astilleros de Newport News, en Virginia y Pascagoula, en
Mississippi. Las tres empresas están muy bien colocadas en el diseño y la
producción de dispositivos de precisión de tiro, equipo de armamento
electrónico, sistemas de ataque a distancia y municiones de precisión. Por
ejemplo, Boeing fabrica el equipo de ataque directo conjunto (JDAM, por sus
siglas en inglés), herramienta que puede convertir bombas "estúpidas" en
"inteligentes". El JDAM se utilizó en tan grandes cantidades en las guerras de
Irak y Afganistán que la compañía tuvo que activar turnos duplicados de
fabricación para cumplir con la demanda de la fuerza aérea.
El desarrollo nuclear del presidente Bush -grandes segmentos del cual son
financiados por el presupuesto del Departamento de Energía, no por el Pentágono-
significa buenas noticias para Lockheed Martin. La compañía cuenta con un
contrato por dos mil millones de dólares anuales para impulsar los Sandia
National Laboratories, una instalación de diseño e ingeniería de armas nucleares
con sede en Albuquerque. Lockheed Martin trabaja también en sociedad con Bechtel
para desarrollar el Nevada Test Site, enclave donde se somete a prueba las armas
nucleares mediante explosiones subterráneas o mediante simulaciones por
computadora.
Pero EEUU también es el país con mayor presupuesto I+D militar. Para el año 2005
alcanzará un récord histórico de 75 millones de dólares, lo que representa más
de dos tercios de los gastos mundiales en dicho sector de investigación. Y más
de cuatro veces el presupuesto para I+D militar de todos los países de Europa.
Este gasto habrá supuesto un incremento del 6’8 % respecto al año anterior y ya
supone el 56’7 % del gasto total en I+D de Estados Unidos.
Al contrario de lo que sucede en la mayoría de países europeos, en Estados
Unidos, el gobierno federal cubre la totalidad de los gastos de I+D militar de
las compañías. Así, las principales empresas de armamento y aeronáuticas
estadounidenses "viven" literalmente de los presupuestos públicos que reciben
para el desarrollo de unas armas que luego venden al Pentágono a un elevado
precio.
Para justificar el enorme gasto público en investigación, desarrollo y compra de
armamentos, las empresas militares y los representantes políticos afines
(congresistas, miembros de la administración) magnifican sistemáticamente los
riesgos y constituyen un auténtico "partido belicista" que presiona a favor de
la guerra tantos a los políticos como a la opinión pública.
Para que las "propuestas" militares de las grandes corporaciones de armamento
salgan adelante se requiere una elevada "permeabilidad" entre Administración
norteamericana e industrias de armamento. Por ejemplo, Lynne Cheney, esposa del
vicepresidente Dick Cheney, estuvo en la nómina de la Lockheed Martín, primer
proveedor de armas del Pentágono y Donald Rumsfeld, secretario de Defensa,
dirigió una empresa aeronáutica que fue comprada por General Dynamics y presidió
la General Instrument Corporatiion, dedicada a las tecnologías de transmisión de
banda ancha, distribución y control de acceso a edificios. Michael W. Wynne,
subsecretario de Defensa para Adquisiciones, Tecnología y Logística y máximo
responsable tanto de la I+D como de las compras del Pentágono, fue presidente de
la división espacial de la Lockheed Martín y trabajó en las divisiones de
Aviones de Combate y Tanques de la General Dynamics, empresa de la que fue
vicepresidente hasta 1999; mientras que Anthony Thether, director de la DARPA
(principal agencia de Departamento de Defensa encargada de I+D militar), ha
ocupado, entre otros, los cargos de Vicepresidente de la Corporación
Aeroespacial Ford o CEO de la compañía Dynamics Technology.
A finales del año pasado, el Congreso norteamericano puso fin al prolongado veto
que pesaba sobre la investigación de los llamados mininukes, armas nucleares de
menos de cinco kilotones, casi un tercio del tamaño de la bomba de Hiroshima.
También se autorizaron fondos para estudiar un "aniquilador de refugios
blindados" (bunker busters, les llaman en inglés) y dinero para desarrollar una
fábrica de miles de millones de dólares para construir disparadores de plutonio
en la nueva generación de armas nucleares. Estas nuevas inversiones serán
presididas por Everet Beckner, ex ejecutivo de Lockheed Martin que dirige el
complejo de armas nucleares de la National Nuclear Security Administration
(dependencia de seguridad nuclear nacional).
Los tres grandes pueden también obtener grandes ganancias del plan del
presidente Bush para colonizar la Luna y enviar una misión tripulada a Marte. La
nueva comisión presidencial encargada de detallar esta visión del espacio al
estilo Bush la dirige Edward Pete Aldridge, anterior subsecretario de Defensa
para adquisiciones del Pentágono y miembro de la junta directiva de Lockheed
Martin. En tanto, en la fuerza aérea el subsecretario encargado de adquirir
bienes espaciales es Peter Teets, antes jefe de operaciones de Lockheed Martin.
Los beneficios de la industria militar con la política de Bush no solamente se
explican por la presencia de altos cargos de la administración en esas
corporaciones, sino también por su generosa contribución a las campañas
electores del Partido Republicano. Su colaboración con 8.700.000 dólares durante
las elecciones de 2000 permitieron que en el presupuesto militar del año fiscal
2003 aumentase en 45.500 millones de dólares, el mayor incremento desde 1966.
Pero la invasión de Iraq ha consolidado otra forma de enriquecerse con la
guerra, las empresas de mercenarios, denominadas eufemísticamente de seguridad o
de empresas subcontratadas. Esta industria militar privada cuenta con varios
centenares de empresas que llevan a cabo operaciones militares en 10 países de
todos los continentes. Sus ingresos anuales globales ascienden ya a 100.000
millones de dólares.
Entre las empresas que proporcionan al Pentágono personal y servicios militares
por un contrato están la Blackwater Security Consulting, estadounidense, y
Erinys, británica. Haliburton, la empresa que dirigió el vicepresidente Cheney,
proporciona la mayor parte de la seguridad y apoyo militar en Iraq a través de
sus filiales Kellog, Brown & Root.
Erinys se define a sí misma como "una Consultoría Internacional de Servicios y
Riesgo." Es uno de los principales contratistas de la División Regional del
Golfo para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EUA. Sus 14.000 empleados
en Iraq están dirigidos por antiguos miembros de las fuerzas armadas británicas.
Dispone de su propia comandancia militar, independiente de los EUA y aliados.
Presta ayuda y protección a las tropas estadounidenses y –cómo no- a las
compañías multinacionales.
Uno de los beneficios "colaterales" de esta privatización de la guerra es que
las fuerzas militares privadas permiten colocar gran parte de los costes de la
ocupación de Iraq fuera del presupuesto. Así, los 20,000 empleados de esta
industria en Iraq (algo más del 10% del total de fuerzas ocupantes) están fuera
del presupuesto. Son pagados del dinero destinado a la reconstrucción de Iraq.
El resultado no puede ser más preocupante, un puñado de empresas, directivos y
miembros de la Administración Bush firmemente decididos a enriquecerse con la
miseria, la guerra y la muerte de miles de personas en el mundo. En Colombia, en
Iraq, en Afganistán, y quien sabe donde más mañana.
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