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Internacional

Bush se prepara para desmantelar el plan de bienestar popular más grande de EEUU

David Brooks
La Jornada

En su informe anual al Congreso y la nación este miércoles, el presidente George W. Bush lanzará formalmente el mayor asalto contra el estado de bienestar social estadunidense en su historia, lo cual detonará una de las grandes batallas políticas en Washington y a través del país en los próximos meses.
La principal prioridad política del segundo periodo de Bush es lo que llama la "reforma" del último gran programa federal establecido por el New Deal hace 70 años: el Seguro Social. Con ello, Bush buscará lograr uno de los grandes objetivos históricos -algo que parecía casi utópico- del ala conservadora estadunidense: desmantelar el programa de bienestar social gubernamental más grande, más universal, más popular y relativamente más eficiente de Estados Unidos.
El director de iniciativas estratégicas del presidente Bush, Peter Wehner, no lo pudo expresar más claro en un memorando privado enviado a políticos aliados de la Casa Blanca a principios de este mes: "no necesito decirles que este será uno de los esfuerzos conservadores más importantes de los tiempos modernos. Si tenemos éxito en reformar al Seguro Social, será considerado como uno de los logros conservadores de gobierno más significativos jamás". En el documento, obtenido por el Wall Street Journal, se traza la estrategia de la Casa Blanca: establecer ante la opinión pública que el sistema está por estallar en crisis como precondición para promover una reforma "de mercado" al Seguro Social, y se detallan los argumentos del guión para lograr esto.
El Seguro Social hoy día paga más de 500 mil millones de dólares anualmente a unos 47 millones de derechohabientes a través de un modelo eficiente con gastos de operación reducidos y una participación casi universal para cumplir con su objetivo de asegurar a todo anciano una pensión garantizada (así como también a dependientes y discapacitados).
El programa fue objeto de ataques por parte de conservadores desde su nacimiento, cuando lo inauguró el presidente Franklin D. Roosevelt en 1935 como un fundamento del New Deal. Criticado como "socialismo" y como muestra principal de la injerencia del "gran gobierno" sobre la economía de mercado, los conservadores han buscado desmantelarlo durante sus 70 años de existencia, encabezados por figuras como Henry Ford (en los años 30) Milton Friedman ( en los 60) y Ronald Reagan y su equipo (en los 80). Pero los observadores consideran ahora que Bush será el que más cerca ha llegado en lograr este revés a los fundamentos del New Deal, y promover lo que algunos consideran una revolución conservadora, reportó la revista del New York Times en uno de los reportajes más completos sobre el tema.
La salvación
La línea oficial es que es necesaria esta reforma al programa -diseñado para garantizar que los jubilados y dependientes no vivan en la miseria después de trabajar todas sus vidas- para "salvarlo" de una crisis inminente, y así asegurar su futuro para las próximas generaciones.
En la primera conferencia de prensa de su segundo periodo la semana pasada, Bush alertó que en su informe anual ante la nación solicitará que el Congreso tome acción sobre el Seguro Social "para que no entreguemos un sistema en bancarrota a nuestros hijos y nietos". Agregó que está dispuesto a trabajar con ambos partidos siempre y cuando cualquier propuesta incluya cómo resolver el problema de la "solvencia permanente" del sistema y la opción de cuentas personales (de inversión)".
¿Crisis real o crisis fabricada?
Pero hay un problema: el seguro social no está en crisis. Sin embargo, el argumento del gobierno de Bush es que hay una crisis urgente y sólo una solución: la privatización -en un principio parcial- del gigantesco fondo público.
Esta disputa ya ha desatado un intenso debate sobre si existe tal crisis o no, y si se necesita o no una "reforma" del sistema que garantiza a todo estadunidense un fondo de jubilación y apoyo para familias con dependientes que han perdido el ingreso del hogar a causa de muerte o incapacitación de la cabeza de familia.
De hecho, la campaña propagandística de la Casa Blanca sobre el tema ya ha tenido efectos convenientes, convenciendo a amplios sectores de la opinión publica de que existe una "crisis" del Seguro Social, y que en unos cuantos años, si no hay una "reforma", el programa no podrá mantenerse solvente ni garantizar el pago de pensiones del fondo público al cual año tras año cada trabajador ha contribuido un porcentaje de su ingreso.
Pero para los críticos, esto es nada menos que un intento para lograr una de las grandes estafas de la historia de Estados Unidos en beneficio de Wall Street.
El debate
La Casa Blanca sostiene dos puntos básicos en su argumento oficial: el sistema del Seguro Social en este país está en crisis y al borde de la bancarrota a menos que se haga "algo" para rescatarlo. El segundo punto es que sólo hay una solución viable, la privatización a través de su sustitución parcial con un sistema de cuentas de inversión personal financiadas por una porción de los impuestos a los trabajadores.
O sea, el modelo es la reforma del sistema de pensiones implementado por Augusto Pinochet en Chile. De hecho hay rumores de que el ministro chileno encargado de esta "reforma" chilena reside en Washington, y que participa en esta iniciativa.
Por su parte, opositores señalan que, según los propios datos oficiales, no existe tal crisis. El sistema que recauda fondos a través del impuesto sobre salarios (poco más de 12 por ciento) y que paga beneficios a través de las pensiones este año logrará acumular un superávit de 180 mil millones de dólares.
No sólo esto, sino que continuará con este tipo de superávit hasta 2028, y según cálculos de la propia Administración del Seguro Social, únicamente hasta entonces tendría que empezar a emplear su superávit acumulado de 3 billones 500 mil millones de dólares. Ese superávit se agotaría no antes de 2042, y después de eso, el ingreso al sistema continuará solventando dos tercios o más de sus egresos. Todos estos cálculos se realizan sobre suposiciones económicas muy conservadoras.
Los cálculos de la Oficina Presupuestal del Congreso -agencia de investigación no partidaria del Poder Legislativo- calcula que el superávit no se agotaría hasta por lo menos el año 2052, y aun así, se pueden implementar ajustes relativamente mínimos para asegurar que esto no suceda.
Por lo tanto, argumentan los críticos, no hay crisis ahora, ni en el mediano plazo, y todo indica que tal vez nunca habrá, si se hacen ajustes bastante moderados, como elevar la edad de jubilación.
No sólo esto, resulta que unos de los sectores que benefician al sistema del Seguro Social son los inmigrantes, incluyendo los indocumentados, quienes pagan impuestos y ayudan a sostener la viabilidad de este sistema.
Para Hendrik Hertzberg, columnista político de The New Yorker, la "crisis" inventada del Seguro Social se parece "sospechosamente al argumento de las armas de destrucción masiva" de Bush para justificar la guerra contra Irak. De hecho, al citar declaraciones de funcionarios de la propia Casa Blanca, y hasta de la Contraloría General de Estados Unidos, la creación de las cuentas privadas de inversión no resolverá la supuesta solvencia del fondo del Seguro Social.
Por lo tanto, concluye, la explicación realmente cínica de todo esto es "que la privatización (del Seguro Social) es una manera buena y limpia para trasladar sumas gigantescas a las casas bursátiles de Wall Street".
El impulso ideológico
Algunos que favorecen la "reforma" lo hacen con un argumento explícitamente ideológico: promover la autosuficiencia e independencia de los ciudadanos, ofreciéndoles control de su propio dinero en lugar de dejarlo todo en manos del big brother (el gobierno federal). O como argumento el comentarista ultraconservador David Brooks (ninguna relación con este corresponsal, ni cerca, vale aclarar), la idea es "crear republicanos", ya que la gente que de repente opta por sus cuentas privadas "empezará a pensar como inversionista" y no como vil trabajador.
De hecho, el objetivo ideológico oficial para "reformar" el Seguro Social es convertir a esta sociedad de derechohabientes de un programa social a una "sociedad de propietarios".
El combate
En lo que será una guerra política sobre el futuro del Seguro Social, el gobierno de Bush cuenta con brigadas de especialistas y centros de análisis político que se han dedicado a promover esta "reforma" durante décadas. De hecho, ya se inventó hasta una ONG que supuestamente representa la voluntad de millones de ciudadanos para presionar en favor de esta iniciativa llamada Alianza por la Seguridad de la Jubilación de los Trabajadores, pero que aparentemente es patrocinada por una de las grandes asociaciones empresariales nacionales.
Se anticipa que habrá una estrategia parecida a la empleada para elevar la alarma popular sobre las armas de destrucción masiva en Irak, al insistir en que existe una grave "crisis" y que se tiene que actuar de inmediato con un ataque preventivo en nombre de la "seguridad", aunque esta vez es la "social", no la militar.
El presidente aún enfrenta grandes obstáculos, ya que su propuesta de "reforma" no cuenta con un apoyo abrumador entre el público ni los políticos, en parte precisamente porque el Seguro Social ha sido un programa efectivo, eficiente y, por lo tanto, popular. Y hay quien pronostica que esta iniciativa podría resultar en una derrota muy costosa para Bush -y no hay pocos políticos, incluso de su propio partido, que ya se lo han advertido directamente.
Entre lo que está en juego es que sistema de apoyo social existirá para las próximas generaciones de jubilados y discapacitados como también para los que actualmente dependen de este programa. Para unos dos tercios de los estadunidenses de edad avanzada el Seguro Social es su fuente principal de ingreso diario, para 20 por ciento más pobre de este sector, es el único ingreso con que cuenta, y para 48 por ciento de los beneficiados, el Seguro Social es lo único que los mantiene fuera de la pobreza (una estadística que dejó de publicar el gobierno recientemente), reportó Roger Lowenstein en un amplio reportaje sobre esta disputa en la revista del New York Times.
Pero también es una disputa sobre el orden social y económico de este país, entre la concepción de una sociedad que busca establecer un bien común a través de programas de solidaridad social y, por otro lado, la idea de una sociedad donde el bien común es definido como el bien individual privado.
El comandante en jefe ha anunciado el inicio de otra guerra, esta vez, dentro de Estados Unidos.