Europa |
Consenso de Washinton y Derechos Humanos
Una denuncia ciudadana destapa la complicidad del gobierno Zapatero en el funcionamiento de la red de secuestros, torturas y desapariciones de la CIA
Antonio Maira
inSurGente
Un grupo de ciudadanos mallorquines encabezados por el abogado Ignasi Ribas,
denunciaron la escala de aviones secretos utilizados por la Central de
Inteligencia de los Estados Unidos en el aeropuerto civil de Mallorca, con la
realización en suelo español de delitos de detención ilegal, secuestro y
torturas. La denuncia sobre hechos tan graves –realizada el 14 de marzo del
2005- provocó el encargo por la fiscalía de un informe a la Guardia
Civil. Tal informe no fue entregado hasta el día 10 de junio. Una parte de los
datos recogidos en los tres meses de investigación están registrados en el
aeropuerto. Entradas y salidas de cuatro aviones perfectamente identificados,
lugares de procedencia y de destino. Los informes complementarios pueden
encontrarse en Internet desde hace meses; se refieren a las compañías
propietarias y a la contratación de sus vuelos por la CIA como centros de
detención y tortura volantes, y como vehículos para el traslado de esos
"combatientes enemigos" hacia la desaparición, la tortura y, si es preciso, la
muerte. A pesar de que esos primeros datos, recogidos con parsimonia,
proporcionan evidencias sobre esos delitos tan atroces, ninguna actuación de
urgencia es promovida por el gobierno.
El informe de la Guardia Civil concluye asegurando "que no se ha detectado
ninguna actividad ilícita de las personas que llegaron en los supuestos aviones
de la CIA –al menos diez vuelos- durante su estancia en Palma de Mallorca y que,
al tratarse de vuelos privados ‘se desconoce la actividad que desarrollaban sus
ocupantes’" (El País). En franca y escandalosa contradicción con ese respeto al
ámbito privado –absolutamente increíble en una situación de continua vigilancia
antiterrorista-, el informe añade que la mayoría de los ciudadanos
norteamericanos que llegaron en esos vuelos, en total no menos de 50 personas,
se alojaron en dos hoteles especificados en el informe y lo hicieron con
pasaporte norteamericano cuyos números empezaban siempre por "900", por lo que
deducen que se trataba de personas con "estatus diplomático".
De modo que decenas de estadounidense con "pasaporte diplomático" se mueven sin
control alguno por nuestros aeropuertos y por los hoteles colindantes, se supone
que después de enseñar identificaciones seriadas fácilmente atribuibles a
miembros de la CIA.
La privatización de los servicios de la CIA está resultando una cobertura
excepcional para gobiernos que no entran ni salen en cotos de actividad privados
cuando tienen un aval público de semejante calibre. Para completar la cobertura
fantástica sobre la normalidad de lo sucedido, la Guardia Civil sostiene además
que los trabajadores de las empresas de handling que entraron en los
aviones no observaron cambios estructurales en los mismos.
El informe claramente evasivo tiene un tratamiento más evasivo todavía por parte
de la Fiscalía del Estado. El fiscal jefe de Baleares ordena el archivo de las
diligencias porque a pesar de que la Guardia Civil acreditó la presencia de
aviones con orígenes y destinos altamente preocupantes, de que tales aviones
habían sido denunciados como "cárceles-vehículos" de la CIA, de que sus
pasajeros salieron del aeropuerto y se identificaron -¿ante quién?- con
pasaportes seriados altamente sospechosos de ser documentos de agentes secretos
no pertenecientes al cuerpo diplomático acreditado en Madrid, y de que esos
individuos se movieron a gusto por los hoteles de Palma, no encontró nada que
aconsejase una investigación a fondo o la apertura de un expediente judicial, o
encontró que todo aconsejaba el archivo apresurado del informe.
En octubre otro juez decidió desenterrarlo y remitirlo a la Audiencia Nacional,
tal vez preocupado por las noticias sobre una red europea de apoyo a las
actividades de la CIA que se desarrollaban con acciones tan legales como los
secuestros, las desapariciones, los traslados a países desconocidos y a cárceles
clandestinas.
Tres meses después del archivo del informe nos enteramos de que en absoluta
coherencia con el "Consenso de Washington" en relación con el encubrimiento de
las actividades criminales de la CIA, el Centro Nacional de Inteligencia –como
cuando hablamos de la Fiscalía en realidad hablamos del Gobierno- "pidió" a la
CIA que "no utilizara aeropuertos españoles para trasladar presos". Dando por
supuesto que el famoso "Washington consensus" implicaba la absoluta formalidad
de tal petición, también advirtieron que "cualquier incidente relacionado con
las escalas en aeropuertos españoles "como un súbito problema de salud o el
fallecimiento de un pasajero irregular podría dar lugar a un incidente
diplomático entre los dos países".
Falsimedia le da la vuelta a los hechos
La información que se tiene hasta ahora reclamaría una información centrada
en algunos hechos básicos ordenados de la siguiente manera:
-Un grupo de ciudadanos denuncia la presencia en Mallorca de aviones que
realizan actividades encubiertas de la CIA que consisten en secuestros, torturas
y desapariciones de ciudadanos en varias partes del mundo.
-La reacción del gobierno a través de la Fiscalía se reduce a solicitar un
informe de rutina a la Guardia Civil. El informe, que es entregado varios meses
después de la denuncia, contiene datos muy precisos de hechos que evidencian la
presencia de actividades clandestinas fácilmente identificables como las
denunciadas. La Fiscalía lo archiva.
-Los servicios secretos españoles –el CNI, es decir, el Gobierno al máximo
nivel- "piden" a la CIA que no emplee aeropuertos españoles para el traslado
clandestino de presos. Al mismo tiempo comprueban que estas actividades se
siguen realizando –movimiento masivo de aviones, visitas nada clandestinas para
las autoridades de decenas de agentes- y "advierten" a esa organización de los
EEUU que las evidencias de asesinatos provocarán un incidente diplomático.
-Meses más tarde del entierro del informe de la Fiscalía, un juez remite el
asunto a la Audiencia Nacional por entender que el caso no pertenece a su
jurisdicción.
Sin embargo la "información" en El País –tal vez el órgano de
prensa escrita más institucional en el ámbito de la globalización y del Imperio-
en su edición escrita del 15 de noviembre es presentada y ordenada de la
siguiente manera:
"El CNI pidió a la CIA que no utilizara aeropuertos españoles para trasladar
presos" (titular en Portada).
"La guardia civil investigó 10 vuelos secretos que hicieron escala en Mallorca"
(segundo titular del mismo artículo en portada).
"El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) solicitó a la CIA que sus vuelos
secretos no utilizaran aeropuertos españoles. La solicitud se produjo a raíz de
un informa de la Guardia Civil, elaborado el pasado mes de junio, en el que se
detallan diez vuelos, supuestamente utilizados por agentes de la CIA, que
hicieron escala en Palma de Mallorca. Las empresas que fletaron estos vuelos son
proveedoras del servicio secreto de los EEUU y al menos uno de los aparatos fue
utilizado en otros vuelos para el traslado de prisioneros a cárceles secretas"
(entradilla de la misma información en Portada).
La información se ordena meticulosamente para que quede totalmente enmascarada
la responsabilidad y complicidad evidentes del Gobierno Zapatero.