Argentina: La lucha continúa

Menem, Duhalde y Kirchner unidos por dos normas que reflotan el fantasma de la persecución política e ideológica al estilo de los setenta. Patricia Walsh, la única voz en contra: "No debimos permitir que esto ocurriera".

Por Carlos Rodríguez y Mariana Collante
ANRed - A (redaccion@anred.org)

En el mayor de los silencios, sin difusión por parte de los medios de prensa ni críticas masivas de los organismos de derechos humanos, el Congreso Nacional aprobó, el 31 de marzo pasado, dos leyes "antiterroristas" virtualmente dictadas desde Washington por el gobierno de George Bush. La primera de ellas aprueba la aplicación en la Argentina de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que fue gestada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, bajo la batuta del gobierno de los Estados Unidos. La segunda ley convalida el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1999.
La primera de las normas, en el artículo 1, dice que su objetivo es "prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo", aunque nada explica sobre qué se entiende por "terrorismo". La palabra "eliminar" tiene reminiscencias tremendas en la Argentina, porque trae a la memoria el verbo "aniquilar", al que se apeló, en 1975, en el decreto de un gobierno constitucional, firmado entre otros por el tantas veces ministro, vicepresidente y gobernador Carlos Ruckauf, para dar comienzo al Operativo Independencia, contra la "subversión", que terminó con 30.000 desaparecidos, miles de presos y torturados en cárceles y centros clandestinos de detención, y un sinfín de exiliados.
En el artículo segundo de la norma, se especifica que son "delitos" los que están mencionados en diez convenios internacionales, cinco de los cuales fueron firmados entre los años 1970 y 1980, es decir en plena ofensiva del llamado Plan Cóndor, que hizo estragos en los países de Latinoamérica, desde Chile hasta la Argentina, pasando por Uruguay, Brasil, Bolivia, Nicaragua y otras naciones aplastadas por gobiernos militares o civiles cuya plataforma política estuvo basada en el autoritarismo, la persecución y las ejecuciones sumarias de opositores políticos.
Las normas que son tomadas como marco de la ley "antiterrorista", son los convenios y convenciones para la represión del apoderamiento de aeronaves (La Haya, diciembre de 1970); represión de actos ilícitos contra la aviación civil (Montreal, 1971); prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluyendo los agentes diplomáticos (ONU, 1973); toma de rehenes (ONU, 1979); protección física de materiales nucleares (Viena, 1980); violencia en los aeropuertos (Montreal, 1988); represión de "actos ilícitos" contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 1988); represión de "actos ilícitos" contra plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 1988); represión de "atentados terroristas con bombas" (ONU, 1997), y represión de la financiación del terrorismo (ONU, 1999).
En el artículo 3 se especifica que "cada Estado parte" tendrá que esforzarse "por ser parte de los instrumentos internacionales" mencionados. Las naciones tendrán que adoptar, en consecuencia, "las medidas necesarias para la aplicación efectiva" de los convenios y convenciones "incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados".
Para facilitar la extradición de los presuntos "terroristas", los gobiernos se prestarán asistencia jurídica mutua y "ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2"será considerado "un delito político o un delito inspirado por motivos políticos". En consecuencia "una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua no podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un delito político o con un delito conexo con delito político o un delito inspirado por motivos políticos". Ya no existirá la posibilidad de asilo político del supuesto "terrorista", pero el Estado tendrá todas las herramientas para detenerlo o expulsarlo por alegadas cuestiones políticas e ideológicas.
El destacado lingüista norteamericano Noam Chomsky ha dicho que su país, Estados Unidos, es "el verdadero Estado ilegal" porque "rechaza el cumplimiento de las normas internacionales, actúa unilateralmente y se abre paso violentamente" a la hora de enfrentar los conflictos. Las normas "antiterroristas" aprobadas en Argentina hacen posible que aunque EEUU no tenga excusas para intervenir militarmente en el país, lo pueda hacer, de todos modos, aplicando las convenciones internacionales avaladas por leyes como las sancionadas en el Congreso Nacional a fines de marzo.
La Correpi, uno de los pocos organismos que denunció la sanción de las dos leyes, recordó que Estados Unidos, gestor de las dos normas aprobadas, es el "Estado terrorista" por excelencia, como lo ha demostrado desde 1779, con George Washington a la cabeza, hasta las recientes invasiones de Bush en Afganistán o Irak, pasando por las bombas nucleares en Nagasaki o Hiroshima, o la guerra de Vietnam. En las dos normas aprobadas por el Congreso Nacional, se advierte que el "terrorismo" está aunado, en los últimos tiempos, con el "narcotráfico" y con el "lavado de dinero". Nada se dice, en relación con esos rubros, que tanto el tráfico de droga como el lavado del dinero son negocios monumentales que tienen su epicentro en Estados Unidos y en su principal aliado, Inglaterra, como lo han expresado Chomsky y varios estudios realizados por analistas occidentales. Incluso hay trabajos realizados por la DEA, el organismo que fija la política norteamericana en relación con la llamada "lucha contra el narcotráfico".
La ofensiva, en la Argentina, para que el Congreso aprobara los convenios y convenciones en materia de "terrorismo", se agudizó a partir del mes de enero de 1995, con la asunción, como ministro del Interior de Carlos Vladimiro Corach, durante la gestión de Carlos Menem. Todo el periplo está enumerado, en detalle, en un panfleto con forma de libro llamado "La respuesta argentina frente al terrorismo", escrito por Corach y por Mario Baizán, un paraperiodista que estuvo en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) durante la gestión del también paraperiodista Juan Bautista "Tata" Yofre. El impulso de Menem-Corach se tradujo en los proyectos de ley motorizados durante el gobierno del presidente "interino" Eduardo Duhalde y ahora se sancionaron bajo la administración "progresista" de Néstor Kirchner.
Corach, en conjunción con EEUU, fue el que comenzó a demonizar a la zona denominada de la Triple Frontera, que une Argentina con Paraguay y Brasil. La periodista Stella Calloni ha denunciado el ingreso al Paraguay de 400 marines que cuentan con inmunidad, libre tránsito y permanencia. Todo porque allí, según Washington, se han asentado los "terroristas" islámicos que asolan al "mundo libre". Una nota publicada en Buenos Aires por el diario Clarín, el 19 de agosto de 2001, poco antes del atentado a las Torres Gemelas, decía textualmente: "Salta es uno de los epicentros del conflicto social, con ciudades como General Mosconi y Tartagal que se mostraron entre las pioneras de la nueva forma de protesta nacional contra la desocupación y el ajuste que encarnan los piqueteros. Por otra parte, se suele decir que la provincia está atravesada por varias rutas del narcotráfico…" El párrafo, sacado de contexto, podría dar pie a cualquier futura intervención militar, como la que hoy está asolando a Colombia. La nota hacía alusión al Operativo Cabañas, con participación de tropas estadounidenses y argentinas, que durante años se hizo en Salta. Eran verdaderos simulacros de operativos "antiterroristas" o las inefables "ayudas humanitarias", como las que destruyeron Los Balcanes o los asentamientos kurdos en Turquía. La vieja receta de los EEUU.
Por Carlos Rodríguez

Patricia Walsh, la única voz en contra
"No debimos permitir que esto ocurriera"

Por Mariana Collante     

"Cuando hablamos de ley antiterrorista, en realidad tenemos que hablar en plural" precisa Patricia Walsh, diputada nacional por Izquierda Unida. "Se trata de dos leyes que tienen carácter internacional. A los cuales la Argentina, no solo adhiere, sino que ratifica, a través del Congreso de la Nación. Estas leyes se refieren al Financiamiento del Terrorismo y a la Convención Interamericana contra el Terrorismo." La adhesión, en el caso de la Argentina, se hizo en forma simultánea y conjunta. La Cámara de Diputados de la Nación trató las dos leyes en un único debate que finalizó con su aprobación el 31 de marzo. Para Walsh: "Esta legislación antiterrorista forma parte de los planes de la administración Bush para el planeta y son instrumentos privilegiados que el gobierno de Néstor Kirchner ha decidido avalar y utilizar para criminalizar la protesta social ".
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías está presidida por Hugo Perie, del Partido Justicialista de Corrientes. Un legislador que reivindica su pasado de militante montonero, pero a la vez permite, como presidente de la comisión, que el dictamen se haya firmado en forma positiva, salvo una disidencia total, la de Walsh. "No logré que me acompañaran otros diputados nacionales que integran la comisión. El número de integrantes que se necesitaba para firmar el dictamen no era el suficiente. Entonces, pusieron en funcionamiento todos los manejos habidos y por haber para reunir el aval que faltaba. El diputado nacional, Francisco 'Barba' Gutiérrez (Polo Social) facilitó su firma y hoy, ocupa un lugar en la lista de candidatos del Frente por la Victoria de Néstor Kirchner". Además se pregunta: "¿Este diputado de centro izquierda no advirtió la gravedad de poner una firma a un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías sin siquiera su presencia física? Ha violado el reglamento interno de la Cámara de Diputados que dice que las firmas deben ser rubricadas en forma personal. Este es un dato menor, ya que el reglamento se viola permanentemente y no es mi motivo central de preocupación, sino que se viole la conciencia sobre los instrumentos de persecución a la protesta social en nuestro país". La legislación no define terrorista, lo que define y enumera son los actos de terrorismo con una peligrosa vaguedad. Esta legislación apunta a perseguir las actividades que se vinculan con la lucha de los pueblos y entonces, en la Argentina, terrorista puede ser una piquetera, un piquetero, un desocupado. Los que ocupan tierras desde las luchas campesinas y los pueblos originarios, los trabajadores en lucha por la recomposición salarial. El ministro de salud, Gines González García, se apuesto a tono y ha llamado 'terrorista' a los trabajadores del Hospital Garrahan por reclamar un aumento de sueldo.
Recuerda Patricia Walsh, que cuando se reunieron en la Comisión de Labor Parlamentaria (que agrupa a los presidentes de bloque), ella pidió "una postergación del tratamiento debido a que 'el manual' (antiterrorista) es muy voluminoso". Allí se produjo una situación de estupor porque me preguntaron ¿qué manual?. Recién allí 'se enteraron' de que el FMI editó un manual para redacción de leyes vinculadas con el terrorismo, destinado a todos los países donde ejerce influencia este organismo de crédito internacional. A la comisión de labor parlamentaria les dije que ni siquiera había gastado los veinte dólares que cuesta porque lo baje del sitio oficial".
Todo aquel que recolecte fondos, que abra una cuenta en un banco, destinada a la solidaridad de la lucha del pueblo iraquí -por ejemplo-- tiene el objetivo de financiar el terrorismo. También se termina con el derecho de asilo, de refugio político. Con la nueva legislación no se va a poder invocar causales que se puedan anteponer a lo que significa una demanda en términos de extradición por llamados actos de terrorismo. La fundamentación que hace el FMI para la mejor comprensión de esta legislación, es la siguiente: "Hay una trilogía, explica la dirigente, terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero. Se dice que se lava dinero procedente del narcotráfico, con ese dinero lavado se financia terrorismo, lo cual es un disparate absoluto. Es verdad que en la Argentina existe una lavado de dinero muy fuerte, pero se vincula con la compra de medios de comunicación. Hay multimedios que preceden del lavado de dinero. En Argentina el dinero procede de la corrupción, del narcotráfico, y de cualquier otro negocio ilegal como la prostitución, la trata de blancas, pero el más importante es el de la coima, y de la corrupción política. Ese dinero se usa para enriquecerse, se construye poder económico y político".
"Cuando nosotros bajemos a tierra los manuales y lo incorporemos al Código Penal, cosa que no se ha producido pero es inminente, nos vamos a dar cuenta que es una herramienta para criminalizar mejor, la protesta social, con penas más duras, y no son las penas locas de Blumberg. Las penas de Blumberg son penas durísimas que han resquebrajado la correlación de las figuras en el Código Penal. Lo que viene no es a lo Blumberg es a lo Bush", advierte la representante de Izquierda Unida. En el Código Penal, el artículo 213 bis habla de 'prepotencia ideológica'. Esto significa la difusión de las ideas, de toda persona o grupo que intente imponer sus ideas por el temor. Este articulo está planteado como una figura penal abierta, quiere decir que se puede utilizar en un espectro muy amplio. "El gobierno de Néstor Kirchner quiere incrementar la carga punitiva del 213 sumándole lo que se refiere a la financiación del terrorismo. Y quien está en esta actividad legislativa es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado nacional Jorge Argüello.
A modo de conclusión, Patricia Walsh define las responsabilidades. "Lamentablemente la gran mayoría de la población no sabe cómo se dio este debate ni quienes dimos este debate. Qué consecuencias tendrá esta nueva legislación y quienes son los responsables. Estos son los diputados nacionales que responden a Eduardo Duhalde, los diputados kirchneristas, y la falta de respuesta en tiempo y en forma, amplificada, de las organizaciones sociales. El gobierno utiliza la bandera de los derechos humanos para encubrir cuestiones gravísimas que nosotros tenemos que denunciar. Les digo fraternalmente a las organizaciones de derechos humanos que no debimos haber permitido que esto ocurriera".