Argentina: La lucha contin�a

Menem, Duhalde y Kirchner unidos por dos normas que reflotan el fantasma de la persecuci�n pol�tica e ideol�gica al estilo de los setenta. Patricia Walsh, la �nica voz en contra: "No debimos permitir que esto ocurriera".

Por Carlos Rodr�guez y Mariana Collante
ANRed - A (redaccion@anred.org)

En el mayor de los silencios, sin difusi�n por parte de los medios de prensa ni cr�ticas masivas de los organismos de derechos humanos, el Congreso Nacional aprob�, el 31 de marzo pasado, dos leyes "antiterroristas" virtualmente dictadas desde Washington por el gobierno de George Bush. La primera de ellas aprueba la aplicaci�n en la Argentina de la Convenci�n Interamericana contra el Terrorismo, que fue gestada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, bajo la batuta del gobierno de los Estados Unidos. La segunda ley convalida el Convenio Internacional para la Represi�n de la Financiaci�n del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1999.
La primera de las normas, en el art�culo 1, dice que su objetivo es "prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo", aunque nada explica sobre qu� se entiende por "terrorismo". La palabra "eliminar" tiene reminiscencias tremendas en la Argentina, porque trae a la memoria el verbo "aniquilar", al que se apel�, en 1975, en el decreto de un gobierno constitucional, firmado entre otros por el tantas veces ministro, vicepresidente y gobernador Carlos Ruckauf, para dar comienzo al Operativo Independencia, contra la "subversi�n", que termin� con 30.000 desaparecidos, miles de presos y torturados en c�rceles y centros clandestinos de detenci�n, y un sinf�n de exiliados.
En el art�culo segundo de la norma, se especifica que son "delitos" los que est�n mencionados en diez convenios internacionales, cinco de los cuales fueron firmados entre los a�os 1970 y 1980, es decir en plena ofensiva del llamado Plan C�ndor, que hizo estragos en los pa�ses de Latinoam�rica, desde Chile hasta la Argentina, pasando por Uruguay, Brasil, Bolivia, Nicaragua y otras naciones aplastadas por gobiernos militares o civiles cuya plataforma pol�tica estuvo basada en el autoritarismo, la persecuci�n y las ejecuciones sumarias de opositores pol�ticos.
Las normas que son tomadas como marco de la ley "antiterrorista", son los convenios y convenciones para la represi�n del apoderamiento de aeronaves (La Haya, diciembre de 1970); represi�n de actos il�citos contra la aviaci�n civil (Montreal, 1971); prevenci�n y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluyendo los agentes diplom�ticos (ONU, 1973); toma de rehenes (ONU, 1979); protecci�n f�sica de materiales nucleares (Viena, 1980); violencia en los aeropuertos (Montreal, 1988); represi�n de "actos il�citos" contra la seguridad de la navegaci�n mar�tima (Roma, 1988); represi�n de "actos il�citos" contra plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 1988); represi�n de "atentados terroristas con bombas" (ONU, 1997), y represi�n de la financiaci�n del terrorismo (ONU, 1999).
En el art�culo 3 se especifica que "cada Estado parte" tendr� que esforzarse "por ser parte de los instrumentos internacionales" mencionados. Las naciones tendr�n que adoptar, en consecuencia, "las medidas necesarias para la aplicaci�n efectiva" de los convenios y convenciones "incluido el establecimiento en su legislaci�n interna de penas a los delitos ah� contemplados".
Para facilitar la extradici�n de los presuntos "terroristas", los gobiernos se prestar�n asistencia jur�dica mutua y "ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el art�culo 2"ser� considerado "un delito pol�tico o un delito inspirado por motivos pol�ticos". En consecuencia "una solicitud de extradici�n o de asistencia jur�dica mutua no podr� denegarse por la sola raz�n de que se relaciona con un delito pol�tico o con un delito conexo con delito pol�tico o un delito inspirado por motivos pol�ticos". Ya no existir� la posibilidad de asilo pol�tico del supuesto "terrorista", pero el Estado tendr� todas las herramientas para detenerlo o expulsarlo por alegadas cuestiones pol�ticas e ideol�gicas.
El destacado ling�ista norteamericano Noam Chomsky ha dicho que su pa�s, Estados Unidos, es "el verdadero Estado ilegal" porque "rechaza el cumplimiento de las normas internacionales, act�a unilateralmente y se abre paso violentamente" a la hora de enfrentar los conflictos. Las normas "antiterroristas" aprobadas en Argentina hacen posible que aunque EEUU no tenga excusas para intervenir militarmente en el pa�s, lo pueda hacer, de todos modos, aplicando las convenciones internacionales avaladas por leyes como las sancionadas en el Congreso Nacional a fines de marzo.
La Correpi, uno de los pocos organismos que denunci� la sanci�n de las dos leyes, record� que Estados Unidos, gestor de las dos normas aprobadas, es el "Estado terrorista" por excelencia, como lo ha demostrado desde 1779, con George Washington a la cabeza, hasta las recientes invasiones de Bush en Afganist�n o Irak, pasando por las bombas nucleares en Nagasaki o Hiroshima, o la guerra de Vietnam. En las dos normas aprobadas por el Congreso Nacional, se advierte que el "terrorismo" est� aunado, en los �ltimos tiempos, con el "narcotr�fico" y con el "lavado de dinero". Nada se dice, en relaci�n con esos rubros, que tanto el tr�fico de droga como el lavado del dinero son negocios monumentales que tienen su epicentro en Estados Unidos y en su principal aliado, Inglaterra, como lo han expresado Chomsky y varios estudios realizados por analistas occidentales. Incluso hay trabajos realizados por la DEA, el organismo que fija la pol�tica norteamericana en relaci�n con la llamada "lucha contra el narcotr�fico".
La ofensiva, en la Argentina, para que el Congreso aprobara los convenios y convenciones en materia de "terrorismo", se agudiz� a partir del mes de enero de 1995, con la asunci�n, como ministro del Interior de Carlos Vladimiro Corach, durante la gesti�n de Carlos Menem. Todo el periplo est� enumerado, en detalle, en un panfleto con forma de libro llamado "La respuesta argentina frente al terrorismo", escrito por Corach y por Mario Baiz�n, un paraperiodista que estuvo en la Secretar�a de Inteligencia de Estado (SIDE) durante la gesti�n del tambi�n paraperiodista Juan Bautista "Tata" Yofre. El impulso de Menem-Corach se tradujo en los proyectos de ley motorizados durante el gobierno del presidente "interino" Eduardo Duhalde y ahora se sancionaron bajo la administraci�n "progresista" de N�stor Kirchner.
Corach, en conjunci�n con EEUU, fue el que comenz� a demonizar a la zona denominada de la Triple Frontera, que une Argentina con Paraguay y Brasil. La periodista Stella Calloni ha denunciado el ingreso al Paraguay de 400 marines que cuentan con inmunidad, libre tr�nsito y permanencia. Todo porque all�, seg�n Washington, se han asentado los "terroristas" isl�micos que asolan al "mundo libre". Una nota publicada en Buenos Aires por el diario Clar�n, el 19 de agosto de 2001, poco antes del atentado a las Torres Gemelas, dec�a textualmente: "Salta es uno de los epicentros del conflicto social, con ciudades como General Mosconi y Tartagal que se mostraron entre las pioneras de la nueva forma de protesta nacional contra la desocupaci�n y el ajuste que encarnan los piqueteros. Por otra parte, se suele decir que la provincia est� atravesada por varias rutas del narcotr�fico�" El p�rrafo, sacado de contexto, podr�a dar pie a cualquier futura intervenci�n militar, como la que hoy est� asolando a Colombia. La nota hac�a alusi�n al Operativo Caba�as, con participaci�n de tropas estadounidenses y argentinas, que durante a�os se hizo en Salta. Eran verdaderos simulacros de operativos "antiterroristas" o las inefables "ayudas humanitarias", como las que destruyeron Los Balcanes o los asentamientos kurdos en Turqu�a. La vieja receta de los EEUU.
Por Carlos Rodr�guez

Patricia Walsh, la �nica voz en contra
"No debimos permitir que esto ocurriera"

Por Mariana Collante     

"Cuando hablamos de ley antiterrorista, en realidad tenemos que hablar en plural" precisa Patricia Walsh, diputada nacional por Izquierda Unida. "Se trata de dos leyes que tienen car�cter internacional. A los cuales la Argentina, no solo adhiere, sino que ratifica, a trav�s del Congreso de la Naci�n. Estas leyes se refieren al Financiamiento del Terrorismo y a la Convenci�n Interamericana contra el Terrorismo." La adhesi�n, en el caso de la Argentina, se hizo en forma simult�nea y conjunta. La C�mara de Diputados de la Naci�n trat� las dos leyes en un �nico debate que finaliz� con su aprobaci�n el 31 de marzo. Para Walsh: "Esta legislaci�n antiterrorista forma parte de los planes de la administraci�n Bush para el planeta y son instrumentos privilegiados que el gobierno de N�stor Kirchner ha decidido avalar y utilizar para criminalizar la protesta social ".
La Comisi�n de Derechos Humanos y Garant�as est� presidida por Hugo Perie, del Partido Justicialista de Corrientes. Un legislador que reivindica su pasado de militante montonero, pero a la vez permite, como presidente de la comisi�n, que el dictamen se haya firmado en forma positiva, salvo una disidencia total, la de Walsh. "No logr� que me acompa�aran otros diputados nacionales que integran la comisi�n. El n�mero de integrantes que se necesitaba para firmar el dictamen no era el suficiente. Entonces, pusieron en funcionamiento todos los manejos habidos y por haber para reunir el aval que faltaba. El diputado nacional, Francisco 'Barba' Guti�rrez (Polo Social) facilit� su firma y hoy, ocupa un lugar en la lista de candidatos del Frente por la Victoria de N�stor Kirchner". Adem�s se pregunta: "�Este diputado de centro izquierda no advirti� la gravedad de poner una firma a un dictamen de la Comisi�n de Derechos Humanos y Garant�as sin siquiera su presencia f�sica? Ha violado el reglamento interno de la C�mara de Diputados que dice que las firmas deben ser rubricadas en forma personal. Este es un dato menor, ya que el reglamento se viola permanentemente y no es mi motivo central de preocupaci�n, sino que se viole la conciencia sobre los instrumentos de persecuci�n a la protesta social en nuestro pa�s". La legislaci�n no define terrorista, lo que define y enumera son los actos de terrorismo con una peligrosa vaguedad. Esta legislaci�n apunta a perseguir las actividades que se vinculan con la lucha de los pueblos y entonces, en la Argentina, terrorista puede ser una piquetera, un piquetero, un desocupado. Los que ocupan tierras desde las luchas campesinas y los pueblos originarios, los trabajadores en lucha por la recomposici�n salarial. El ministro de salud, Gines Gonz�lez Garc�a, se apuesto a tono y ha llamado 'terrorista' a los trabajadores del Hospital Garrahan por reclamar un aumento de sueldo.
Recuerda Patricia Walsh, que cuando se reunieron en la Comisi�n de Labor Parlamentaria (que agrupa a los presidentes de bloque), ella pidi� "una postergaci�n del tratamiento debido a que 'el manual' (antiterrorista) es muy voluminoso". All� se produjo una situaci�n de estupor porque me preguntaron �qu� manual?. Reci�n all� 'se enteraron' de que el FMI edit� un manual para redacci�n de leyes vinculadas con el terrorismo, destinado a todos los pa�ses donde ejerce influencia este organismo de cr�dito internacional. A la comisi�n de labor parlamentaria les dije que ni siquiera hab�a gastado los veinte d�lares que cuesta porque lo baje del sitio oficial".
Todo aquel que recolecte fondos, que abra una cuenta en un banco, destinada a la solidaridad de la lucha del pueblo iraqu� -por ejemplo-- tiene el objetivo de financiar el terrorismo. Tambi�n se termina con el derecho de asilo, de refugio pol�tico. Con la nueva legislaci�n no se va a poder invocar causales que se puedan anteponer a lo que significa una demanda en t�rminos de extradici�n por llamados actos de terrorismo. La fundamentaci�n que hace el FMI para la mejor comprensi�n de esta legislaci�n, es la siguiente: "Hay una trilog�a, explica la dirigente, terrorismo, narcotr�fico y lavado de dinero. Se dice que se lava dinero procedente del narcotr�fico, con ese dinero lavado se financia terrorismo, lo cual es un disparate absoluto. Es verdad que en la Argentina existe una lavado de dinero muy fuerte, pero se vincula con la compra de medios de comunicaci�n. Hay multimedios que preceden del lavado de dinero. En Argentina el dinero procede de la corrupci�n, del narcotr�fico, y de cualquier otro negocio ilegal como la prostituci�n, la trata de blancas, pero el m�s importante es el de la coima, y de la corrupci�n pol�tica. Ese dinero se usa para enriquecerse, se construye poder econ�mico y pol�tico".
"Cuando nosotros bajemos a tierra los manuales y lo incorporemos al C�digo Penal, cosa que no se ha producido pero es inminente, nos vamos a dar cuenta que es una herramienta para criminalizar mejor, la protesta social, con penas m�s duras, y no son las penas locas de Blumberg. Las penas de Blumberg son penas dur�simas que han resquebrajado la correlaci�n de las figuras en el C�digo Penal. Lo que viene no es a lo Blumberg es a lo Bush", advierte la representante de Izquierda Unida. En el C�digo Penal, el art�culo 213 bis habla de 'prepotencia ideol�gica'. Esto significa la difusi�n de las ideas, de toda persona o grupo que intente imponer sus ideas por el temor. Este articulo est� planteado como una figura penal abierta, quiere decir que se puede utilizar en un espectro muy amplio. "El gobierno de N�stor Kirchner quiere incrementar la carga punitiva del 213 sum�ndole lo que se refiere a la financiaci�n del terrorismo. Y quien est� en esta actividad legislativa es el presidente de la Comisi�n de Relaciones Exteriores, el diputado nacional Jorge Arg�ello.
A modo de conclusi�n, Patricia Walsh define las responsabilidades. "Lamentablemente la gran mayor�a de la poblaci�n no sabe c�mo se dio este debate ni quienes dimos este debate. Qu� consecuencias tendr� esta nueva legislaci�n y quienes son los responsables. Estos son los diputados nacionales que responden a Eduardo Duhalde, los diputados kirchneristas, y la falta de respuesta en tiempo y en forma, amplificada, de las organizaciones sociales. El gobierno utiliza la bandera de los derechos humanos para encubrir cuestiones grav�simas que nosotros tenemos que denunciar. Les digo fraternalmente a las organizaciones de derechos humanos que no debimos haber permitido que esto ocurriera".

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