Argentina: La lucha continúa
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Criminalización de la protesta
Luis O. Saavedra
El oficialismo tenía todas las condiciones para encarar una campaña electoral
ajustada a las prácticas republicanas, que instalara un debate sobre el futuro
del país.
Tenía todas las condiciones por doble motivo. En primer lugar, porque si bien
algunas de las medidas que ha tomado, sobre todo en materia de política
económica son altamente cuestionables, otras, en materia de derechos humanos,
transparencia judicial y otros temas, le han valido amplias simpatías, que se
reflejan en las encuestas.
En segundo lugar, porque la oposición está desorientada y dispersa. La política
del gobierno, combinando medidas progresistas con una ortodoxia fiscal de hierro
y aprovechando el crecimiento económico generado por la devaluación y los buenos
precios internacionales, le ha quitado banderas al centro izquierda y a la
derecha.
Lejos de aprovechar todas estas condiciones, se ha lanzado a una campaña sucia,
llena de golpes bajos y ataques mutuos de todos contra todos y en la que no se
discute una sola idea.
El presidente, en lugar de gobernar, se dedica a hacer un acto por día y en la
pelea que considera central, la que lleva contra el duhaldismo, no ha vacilado
en tomar como aliados a algunos de los más corruptos punteros de su rival.
Es decir, que lejos de producir la necesaria ruptura con la vieja política
duhaldista, desde una posición de principios, atacando los núcleos mafiosos que
en el Gran Buenos Aires constituyen la alianza entre punteros políticos,
delincuentes, jueces y policías, con los intendentes justicialistas a la cabeza,
simplemente se han repartido los aliados y reemplazado el cuestionamiento de
principios, por una visión conspirativa de la política.
Los punteros de Duhalde, Patti, los partidos opositores, la Comisión Interna del
Garrahan, los piqueteros, todos forman parte de una extensa red conspirativa que
se propone desestabilizar al gobierno e impedirle tomar las medidas necesarias
para transformar definitivamente al país.
Atrás de todo este embrollo de chismes e insultos, queda oculto el debate de
fondo, la gran asignatura pendiente que sigue teniendo la sociedad argentina: la
distribución de la riqueza.
Es decir: si el presidente obtiene la ratificación de su política, que propone
como resultado último de las elecciones de octubre: ¿usará su renovado poder en
el Congreso nacional y las grandes reservas monetarias acumuladas, para
enfrentar a los poderes fácticos y tomar medidas redistributivas a favor de los
trabajadores, comenzando por una gran reforma impositiva y el reemplazo de los
miserables subsidios por puestos de trabajo genuinos, al calor de las obras
públicas largamente prometidas pero escasamente empezadas?
¿O se parará sobre la ratificación de "la gente" para reprimir más duramente la
protesta y cerrar acuerdos con las privatizadas, el Fondo Monetario y todos los
que vienen presionando sobre el precario equilibrio actual?
Si tuviéramos que juzgar por lo que se ve, tendríamos que pensar lo segundo.
Porque lo más lamentable de esta confusión política es su reflejo en el campo
social, donde se está volviendo a criminalizar la protesta.
Tiempo atrás, fueron apaleados y encarcelados quienes reclamaban trabajo en las
instalaciones de Repsol en Caleta Olivia. Después fue el turno de Pico Truncado
y otras localidades patagónicas.
Las represiones más crueles y menos difundidas por los grandes medios de alcance
nacional han ocurrido en la provincia del presidente.
La semana pasada, hubo fuertes enfrentamientos entre la policía federal y las
organizaciones piqueteras que llamaron al acampe. Anteayer, se reprimió a
quienes reclamaban en la Sociedad Rural, con un saldo de 15 detenidos y 3
heridos, también con heridos en la policía.
Ayer se impidió la concreción del homenaje recordatorio a Darío Santillán y
Maximiliano Kostecki, que se realiza todos los días 26, por primera vez desde la
Masacre de Estación Avellaneda en 2002.
A esta altura de la nota, nos parece necesario dejar claro el pensamiento de
quien elabora esta columna, respecto a las protestas piqueteras. Lo que estamos
diciendo no significa que avalemos en bloque todas y cada una de las mismas.
Recordemos que el movimiento piquetero nació con movilizaciones, ferozmente
reprimidas, en Cutral Có y General Mosconi, dos localidades transformadas en
pueblos fantasmas, por el vaciamiento y privatización de Y.P.F.
De allí se trasladó a las ciudades, particularmente al Gran Buenos Aires, como
forma de reclamar los puestos de trabajo destruidos por la política menemista.
Pero a poco andar, comenzaron a surgir los trapicheos personales de líderes
piqueteros, que negociaban planes con los gobiernos de turno y tomaban lista a
los manifestantes, para otorgar o no esos planes.
También la penetración de diversas organizaciones políticas, en procura de
llevar agua para sus respectivos molinos. Todo esto fue desnaturalizando el
movimiento original y terminó, en muchos casos, resultando funcional a la
política oficial, con la aparición de los Planes Jefes y Jefas de Hogar.
Algunos de los más fuertes, cambiaron su capacidad de presencia, por puestos
oficiales para sus dirigentes, trocándose en los pretorianos del gobierno, como
sucedió en Rosario el Día de la Bandera.
No es casual que, frente a toda esta confusión y desnaturalización del
movimiento, fragmentado en una pluralidad de siglas que es ya imposible seguir,
algunas de las organizaciones más representativas del movimiento original, se
hayan apartado, como los MTD de Mosconi, Allen, Solano y otros, dedicándose a
autogestionar nuevas formas de vida y de trabajo, con sus propios recursos y con
algunas concesiones obtenidas en los primeros tiempos.
Creemos que la lucha piquetera debería orientarse hacia la consecución de
puestos de trabajo genuinos y no ya hacia más subsidios, que fomentan el
clientelismo.
Pero esto es algo que resolverán los propios integrantes del movimiento
piquetero y no ningún opinador radial o televisivo, incluyéndonos. Porque no
debemos olvidar que la base del problema, es que sigue existiendo hambre y
desocupación.
Y ese problema, en un país que produce alimentos para 300 millones de personas y
los exporta, no se puede resolver con represión. El ingreso fiscal que el
agronegocio genera, a través de las retenciones, debe volver al pueblo privado
de alimentos por la injusta distribución de la riqueza. Así se terminará con los
cortes de calles y rutas, no con los palos policiales.
Y siguiendo con este lamentable clima político que deriva en la represión
social, debemos señalar que el mal ejemplo, se traslada a jueces y funcionarios
a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, sin excluir a la Provincia de
Santa Fe.
Esta semana se han producido dos hechos repudiables, que han tenido repercusión
en ambas Cámaras de la Legislatura. Uno fue el allanamiento, por orden de la
Jueza de Faltas de Rosario, doctora Liliana Puccio, de la sede de la Comisión
Interna del Nuevo Banco de Santa Fe, buscando a los autores de unos volantes que
criticaban actitudes de la dirigencia del banco y reclamaban aumentos salariales
y otras mejoras.
O sea, que no importa la justicia o no del mensaje, sino castigar al mensajero.
Otro caso de castigo al mensajero, fue la citación, por parte del Juez de Faltas
de Santa Fe, Hector Valli, a dos integrantes de la Marcha de las Antorchas, en
el marco de una causa abierta a víctimas de las inundaciones.
Es decir, que se criminaliza a los inundados, mientras los inundadores siguen su
vida sin problemas, a pesar de los informes técnicos que demuestran claramente
las responsabilidades políticas que permitieron la inundación.
Este desborde gubernamental, judicial y policial, sólo puede ser contenido por
una actitud firme pero serena de los sectores populares. No se puede responder a
los palos con palos, porque debemos recordar que, si se restablece la ley de la
selva, nosotros no somos el león.
Es necesario formar un gran movimiento contra la criminalización de la protesta
social y apelar a todos los recursos legales, nacionales e internacionales, para
parar esta escalada antes de que se vuelva sangrienta.