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Argentina: La lucha continúa
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Argentina-Uruguay
Víctor L. Bacchetta
Rel-UITA
Inexorablemente, al no haber soluciones negociables a la vista, las
autoridades argentinas iniciarán en los próximas días las acciones
internacionales que los llevarán a pleitear legalmente la decisión del gobierno
uruguayo de instalar dos plantas de producción de celulosa en el tramo común del
río Uruguay
El gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Jorge Busti, anunció que
a mediados de mes viajará a Washington para denunciar al Estado uruguayo ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por permitir la instalación
de dos grandes plantas de celulosa en la costa enfrentada a su territorio.
Busti dijo que la presentación "surge de nuestra condición de damnificados y en
representación de unos 300.000 entrerrianos que resultarán perjudicados si ello
se concreta" e informó que hará también una petición de medidas cautelares ante
el ombudsman en Derechos Humanos y Ambientales del Banco Mundial.
La decisión de Busti cuenta con el aval del presidente Néstor Kirchner, quien
recibió una semana antes en la sede del gobierno federal a una delegación de la
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y autoridades de la Provincia de
Entre Ríos, en un gesto de apoyo a la movilización contra las plantas de
celulosa.
"[El presidente] fue muy contundente en sus instrucciones al Canciller [Rafael
Bielsa] para utilizar todos los medios jurídicos y constitucionales para frenar
la construcción de las plantas", comentó a la salida de la Casa Rosada Jorge
Daneri, coordinador del Foro Ecologista de Paraná, una de las organizaciones
presentes.
Y al día siguiente, en un acto político en la ciudad de Concordia, Kirchner
volvió sobre el tema de las plantas de celulosa. "No tengo dudas que así como
con los hielos continentales estuve donde tenía que estar, con las papeleras voy
a estar en el lugar donde tenga que estar", dijo el primer mandatario argentino.
Las denuncias ante la CIDH y el Banco Mundial no son las únicas acciones
litigiosas previstas, ya que también se planea una presentación ante la Corte
Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para lo cual se ha constituido
un equipo técnico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Duelo verbal indirecto
Mientras tanto, Bielsa y Gargano tuvieron una nueva oportunidad de encuentro en
la Reunión Extraordinaria de Cancilleres del Grupo Río, realizada en Bariloche a
fines de agosto, pero sólo sirvió para que continuara el duelo verbal indirecto
que vienen manteniendo ambos, en donde reafirman las posiciones respectivas.
Hablando frente a los periodistas, sin haber tratado nuevamente el tema, Gargano
dijo que la concreción del proyecto "no tiene marcha atrás porque es una
decisión soberana"(sic) de su gobierno y Bielsa le respondió que, si las plantas
que pretende poner en marcha Uruguay contaminan, "no se van a construir"(sic).
El gobierno argentino había solicitado formalmente a su par uruguayo la
suspensión de las obras iniciadas hace dos meses en los terrenos de las empresas
Botnia y Ence hasta tanto una comisión binacional se expidiera sobre los
posibles impactos ambientales de la operación de las plantas de celulosa
proyectadas.
En respuesta, los representantes oficiales uruguayos reafirmaron una y otra vez
la decisión de autorizar las obras. La única concesión de Montevideo fue aceptar
el funcionamiento de una comisión con delegados de ambos gobiernos, que ya tuvo
algunas reuniones, pero sólo con fines de intercambio de información.
También fue una concesión de Buenos Aires, que obligó al canciller Bielsa a
viajar inmediatamente hacia la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre
Ríos, a dar explicaciones ante la Asamblea Ciudadana Ambiental y las autoridades
locales sobre la táctica y la estrategia del gobierno nacional en este proceso.
Todo indica que los gobiernos de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez quisieran
evitar la confrontación, si esto fuera posible. Del lado uruguayo se viene
apostando a una salida que permita proseguir los proyectos, especulando con un
afloje al término de la campaña electoral y el peso de intereses similares del
lado argentino.
Un convidado de piedra
El ex-presidente argentino Eduardo Duhalde, rival político de Kirchner dentro
del peronismo, abonó esa expectativa al decir a la prensa uruguaya que las
posturas oficiales "No pasan de ser una serie de declaraciones mediáticas, en el
marco de una campaña electoral que se vive en mi país... y eso no debería
pasar".
Casi simultáneamente, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa
y Papel (AFCP) de Argentina, Rafael Gaviola, calificó de "confuso" el diferendo
con Uruguay y dijo que "no hay porqué rechazar las papeleras de este país, ya
que el gobierno de Tabaré Vázquez aprobó estudios de impacto ambiental".
Pero han aparecido nuevos actores sociales, que no están dispuestos a delegar
tales decisiones. La población de Entre Ríos luchó, en el apogeo del menemismo,
contra la construcción de la represa del Paraná Medio y logró, además de anular
la obra, una ley que declara a la provincia "libre de represas hidroeléctricas".
Jorge Daneri explica que este movimiento no tuvo, en su proceso de construcción
social, influencia de grupos partidarios y advierte que es la primera vez que la
casi unanimidad de partidos políticos de la provincia se oponen a la
construcción de megaproyectos de estas características en solicitadas conjuntas.
"Apostamos --agrega Daneri-- a que la única y más fantástica manera de debatir
sobre lo que queremos para nuestros territorios y sus ecosistemas es con las
mayorías, con las mayorías organizadas en la fortaleza de su diversidad y sus
saberes, con los saberes populares y académicos integrados y fortalecidos".
Enlazado a ambos lados del río por la Red de Organizaciones Socioambientales de
Entre Ríos y Organizaciones Ecologistas del Uruguay, este movimiento resulta ser
el "convidado de piedra" en esta situación. Parece difícil que la suerte de esas
plantas pueda sellarse --incluso en tribunales internacionales-- sin su
participación.
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