Argentina: La lucha continúa

Maria Fernanda Villosio / Bettina Marengo
Diario La Mañana
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Algunos jefes de la fuerza de seguridad exigen a sus subordinados que "hagan número" para mostrar eficiencia en la prevención del delito. Policías salen a la calle con orden de hacer cinco detenciones diarias. Por primera vez, uniformados admitieron que detienen a ciudadanos arbitrariamente para abultar las estadísticas internas. El método se enmarca en la política de "tolerancia cero" y "mano dura" que promueve el gobierno de De la Sota. Uno de los jefes más señalados es Carlos Colinos, ex titular del Distrito 3, recientemente ascendido a Planeamiento Prevencional.
Algunos jefes de la Policía de Córdoba ordenan expresamente a sus subordinados que realicen detenciones indiscriminadas para engrosar las estadísticas internas, lucirse ante los superiores y mostrar eficiencia policial. La presión por el número genera abusos ya que se encarcela a personas inocentes, en su gran mayoría, varones provenientes de barrios humildes. Para los efectivos que se niegan a cumplir con este mandato hay un castigo: una mayor recarga horaria y guardias interminables. "Hagan número, quiero número", ordenan los jefes a los agentes que se disponen a comenzar su guardia de 17 horas, igual que un gerente pide productividad a sus empleados.
Esta metodología de "inventar" contravenciones contempladas en el Código de Faltas provincial fue confirmada a LA MAÑANA por siete policías en actividad de diferentes distritos que solicitaron reserva de su identidad por temor a represalias laborales. Aunque ya existían denuncias de distintas organizaciones civiles sobre este tipo de abusos policiales, ésta es la primera vez que estos hechos se reconocen desde adentro de la fuerza.
En cada distrito hay diferentes exigencias respecto de la cantidad de detenidos que se deben acumular al final del día. Por ejemplo, en el Distrito 3, donde según las fuentes policiales las órdenes se hacen cumplir a rajatabla, el requerimiento es un mínimo de cinco contraventores por turnos y por patrulla. En la Escuela de Suboficiales y entre los agentes del barrio Villa Belgrano (Distrito 5) confirman esta versión: "Los policías salen a la calle totalmente presionados queriendo traer a cualquiera que se les cruce para poder irse a sus casas temprano", dijo uno de ellos.
- ¿Y esto qué implica?, preguntó este medio.
Que la mayoría de los procedimientos por contravenciones no son verdaderos. Es todo un invento que tenemos que hacer para llevar gente detenida, estén o no haciendo nada, para que los números les den a los jefes. Una verdadera vergüenza.
Otras voces ratificaron el método. "Te obligan a detener a cualquiera, a cinco personas por día y por patrulla. Nosotros sabemos que le estamos jodiendo la vida, pero de eso depende que te puedas ir a tu casa luego de hacer las 17 horas de guardia. Vos sabés que el tipo no hizo nada, pero en ese momento sólo pensás en que no te recarguen", contó a LA MAÑANA Raúl, un cabo del Distrito 3.
"Los comisarios inspectores hacen competencias en sus distritos para ver quién tiene la mayor cantidad de detenidos. Esto es una chiquilinada porque juegan con la libertad de la gente", remarcó el oficial principal retirado Alejandro Gauna, el único que se animó a hablar con nombre y apellido.
Según coinciden todos los relatos, esta orden tiene como objetivo mejorar la imagen policial y demostrar, números en mano, que en Córdoba el delito se combate de manera efectiva. Para eso, se adoptó la "tolerancia cero", doctrina de seguridad pública avalada por el Gobierno provincial y rubricada en un acuerdo institucional que firmó José Manuel de la Sota, de la mano de Juan Carlos Blumberg, con el Manhattan Institute (MI) en noviembre de 2004. Este organismo impulsó en Nueva York una línea de trabajo en materia de seguridad que apunta a reprimir los actos más irrelevantes que puedan convertirse en futuros delitos. El mejor ejemplo lo dio el titular latino del MI, Carlos Medina, quien equiparó a las prostitutas y limpiavidrios con "terroristas urbanos".
Según chequeó este medio en fuentes policiales, los recientes cambios en la cúpula de la fuerza no alterarían este esquema con el que supuestamente se combate a la delincuencia. La permanencia de Jorge Rodríguez en la Secretaría de Seguridad provincial marcaría una continuidad en esta política, la que según organismos de derechos humanos "es un resabio de la dictadura militar". Además, el comisario inspector Carlos Colinos, ex jefe del Distrito 3, sobre quien caen las mayores acusaciones, acaba de ser ascendido a la Dirección de Planificación y Planeamiento Prevencional, en donde se diseñan las directivas en materia de prevención del delito. Un libro de detenciones abultado es un pase seguro al ascenso, sugieren los agentes.
Uno de sus subalternos afirmó que "pide cinco detenidos todos los días, menos el sábado que quiere siete y los martes baja a tres porque es un día ‘colador’. Entonces vos el domingo a la mañana le llenás la patrulla, pero son chicos que vienen de bailar". El comisario inspector se negó a responder preguntas de LA MAÑANA. Tampoco quiso hablar Rodríguez.
"Ahora no va a cambiar nada porque sigue estando Rodríguez y es el nexo con el gobierno. De ahí parten este tipo de políticas", opinó Carlos, un suboficial en servicio.
El marco legal a las detenciones irregulares se lo da el uso de varios artículos del Código de Faltas, que según organismos de Derechos Humanos, son inconstitucionales, porque le da a la fuerza de seguridad un poder discrecional (son muy vagos en su redacción) y convierte a los policías en jueces de primera instancia, ya que pueden privar a un ciudadano de su libertad. A los contraventores se los lleva detenidos a la Alcaidía del barrio Güemes (ex cárcel de Encausados). Los artículos más usados son: merodeo (86), negativa u omisión a la identificación (70), escándalo en la vía pública (51), desorden en la vía pública (50) y transporte de carga sin remito (84).
"A veces un pibe está esperando a su novia en una esquina y vos te lo llevás por merodeo. Quizás el pibe no tiene nada que ver... pero es la palabra tuya contra la de él", contó una de las fuentes policiales. Y agregó: "Los grandes números se hacen con los borrachos, no con los delincuentes en serio".
Una cabo que prefirió llamarse María, confesó llena de temor. "A mí no me piden número, pero me dicen ‘detenidos, traigan detenidos. Y sí, a veces se elige a cualquiera".
Los testimonios de esta nota fueron tomados a dos semanas del autoacuartelamiento, por reclamos de mejoras salariales, que animó a hablar a muchos de los suboficiales disconformes con las condiciones en las que deben desempeñar su tarea. El gobierno intenta mostrar ahora que el foco de protesta está bajo control. Sin embargo, los movimientos internos aún no se acallaron.
LA MAÑANA solicitó al departamento de prensa de la policía datos sobre la cantidad de detenidos en la Alcaidía. "Jamás entregamos estadísticas", fue la respuesta. De todas formas, el comisario inspector Eduardo Nieto, a cargo del área contravencional de la Alcaidía, negó que hubiera detenciones a mansalva: "Nosotros trabajamos con el Código de Faltas en la mano. No hay un mecanismo de la policía para engrosar estadísticas, sino no se respetaría el debido proceso. El don más preciado del hombre, después de la vida, es la libertad. Desde ningún punto de vista vamos a perjudicar a las personas", dijo.
Identikit. El relato descarnado de los policías coincide con las denuncias que salen de los barrios más humildes sobre procedimientos abusivos. Un grupo intersectorial de ONG, integrado por La Casa del Liberado, Serviproh, SEAP, SEHAS y organismos de Derechos Humanos, acumuló en cuatro meses entre 300 y 500 denuncias en las que los adolescentes cuentan cómo se los llevan detenidos por "portación de cara". Hay un identikit definido, quizás el más buscado por los agentes del orden: tez morocha, corte de pelo a la cubana, pantalones Adidas, ropa Insomnio "trucha", fanáticos del cuarteto. En general, se los detiene cuando salen de los barrios y buscan llegar al centro de la ciudad.
"En la fuerza te van adoctrinando: por ser morocho y vivir en un barrio son potencialmente delincuentes. Hay mucho de portación de rostro: es la franja más débil y la más fácil de apremiar con detenciones", admitió, de manera inaudita, Jorge, un suboficial del Comando de Acción Preventiva (CAP). Aunque la mayoría de las víctimas de estos procedimientos son jóvenes y varones, también las mujeres pueden sufrir en carne propia el abuso policial, sobre todo si tienen la piel oscura. Ese fue el caso de la médica municipal María Elena Silva, detenida sin causa en barrio Alberdi el pasado 28 de julio, por un policía de civil que le preguntó de dónde venía, adonde iba, qué hacía, como si imperara el estado de sitio. "Mi caso puede ser por portación de rostro, porque tengo cara norteña y soy morocha, pero también puede ser porque yo denuncié la de tención de dos chicos de Villa Bustos, de 15 y 12 años, a los que llevaron al calabozo del precinto de Empalme y la excusa fue que no tenían documentos", relató.
"El discurso de seguridad es excluir a los jóvenes de los sectores populares de los espacios públicos de la ciudad por una cuestión de imagen", opinó uno de los coordinadores del SEAP, Mariano Carrizo. "Es mucho más grave de lo que todos se imaginan. La Policía genera miedo en la sociedad. Los chicos no pueden salir de sus propios barrios", agregó Roxana Gauna de La Casa del Liberado.
Una vez consumada la detención, que según los casos puede derivar en hasta 90 días de arresto, la víctima puede apelar en el Tribunal de Faltas de la Provincia, a cargo del juez Miguel Torres. En cualquier caso, su prontuario queda manchado, lo que le impedirá obtener el certificado de buena conducta que se exige para el ingreso laboral. Por eso, Carlos, uno de los policías consultados, admitió que este proceder "colabora con el desempleo".
Molesto, Jorge concluyó: "Lo más doloroso es que le arruinás la vida a mucha gente. Si le ensucias los dedos, a esa persona le quedan antecedentes penales y después no consigue trabajo. Seguimos marginando a las personas"