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Argentina: La lucha continúa

El ejemplo Brarda (Parte I)

Carlos del Frade
Argenpress

Fernando Brarda encontró el lugar en donde quisieron despedazarlo. Casi treinta años después del inicio del terrorismo de estado, Rosario sigue descubriendo centros clandestinos de detención y torturas. A fuerza de amor, amistad e insistencia, Fernando y Agustín Vidal, hermano de María, hoy desaparecida, lograron que la justicia federal tomara nota y comprobara lo que dicen los documentos anexos de la causa Feced que la propia Cámara Federal de Apelaciones enviara al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en 1987, generando, desde entonces, la ausencia de testimonios que incriminan en forma directa a integrantes del Ejército Argentino y otras fuerzas armadas y de seguridad, además de La Santafesina SA. La historia de Fernando fue el eje del libro 'Matar para robar, luchar para vivir', escrito por el autor de esta crónica. Esta es parte de esa historia que continúa, porque ahora Fernando y Agustín seguirán detrás de la pista de las dos mujeres embarazadas que también estaban en esa quinta operacional que funcionaba en el barrio de Fisherton. La paradoja es que la despedazada memoria de los rosarinos está siendo reconstruida por los supuestamente despedazados por los proveedores de la muerte. Una fenomenal victoria de mujeres y hombres comunes, capaces de alumbrar verdades en un territorio fértil en olvidos, mentiras e impunidades.

Los casos y la impunidad

La geografía rosarina tiene una cuarta dimensión.

No son solamente el largo, el ancho y el espesor.

Aparece el tiempo.

La historia pero no en forma lineal y racional.

Sino una historia plegada en el presente y que se desarrolla como un ir y volver permanentes.

No hay límites precisos entre lo de ayer y lo de hoy.

Parece gobernar la estructura de la novela y no de la investigación científica.

La realidad santafesina tiene una cuarta dimensión.

La que está tejida por aquellos que buscan el origen y los protagonistas del genocidio y por los que caminan por las mismas calles de siempre, ocultos por la impunidad reciclada.

Se cruzan, se buscan, se desconocen.

Asesinos y torturados, financistas del terrorismo de estado y familiares que buscan algún dato para su rompecabezas que es, en realidad, un mapa del alma.

Buscan un dato de sus seres saqueados y también alguna información que apure un poco de justicia y lleve a los proveedores de la muerte al lugar donde deben estar.

La geografía del macrocentro rosarino propone encuentros y lugares donde el tiempo no pasa.

Agustín Vidal busca a su hermana María Teresa secuestrada el 6 de agosto de 1976 cuando vivía en el viejo Hotel 'Italia' de Rosario, en Maipú y San Juan donde ahora se levanta el rectorado de la Universidad Nacional.

Eran los días del comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone.

Y también el tiempo del reinado de Agustín Feced, interventor de la Unidad Regional II de la policía de Rosario e integrante del Batallón 601 de inteligencia del Ejército Argentino a partir de junio de 1974, cuando todavía vivía Juan Domingo Perón.

Ese día llovía. Una señal.

La lluvia siempre acompañaría a Agustín en momentos claves de su búsqueda.

La encargada del hotel Italia era una mujer peronista vinculada a la Policía Federal, Angela Pereyra Iraola, la misma que se ufanaba del dinero que tenía guardado en sus grandes cajas de sombreros finos ante los militantes de la juventud, según recordaría el hoy muerto ingeniero Gualberto Venesia.

La misma que una tarde se le apareció en la oficina de la Federal, en calle 9 de Julio al 200 porque le debían un dinero.

-Usted está acá porque le falló a la señora -le dijo un oficial de la Federal.

La señora sabía demasiado y estaba siempre con los muchachos de la derecha peronista.

Ahora el viaje de las palabras pinta el paisaje de esa geografía que se empecina en mostrar un tiempo al revés de la lógica.

El padre de Agustín llegó hasta la oficina de Feced de la mano de un funcionario del Consulado de España en Rosario.

-Nunca vas a saber lo que vi allí -le dijo después de la entrevista.

Había visto los famosos álbumes de tapas de madera que el ex comandante de gendarmería había construido con las fotografías de los desaparecidos. Imágenes durante las torturas y después de fusilados.

Albumes que existen todavía, según dicen los allegados directos a Feced, en alguna parte de esta geografía de cuatro dimensiones.

Hasta que llegaron a la oficina de calle Salta al 1933.

Para Agustín era una dependencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

-Ahí vive ahora una mujer con dos hijos que estudian en el Liceo Militar -dice el arqueólogo del infierno rosarino.

Cuentan que en 1975 estalló una bomba que hizo volar los vidrios del lugar.

Ahí estuvo en 1976 junto a su padre.

Un tal Jorge, de pie, habla con los dos. Fumaba en una pipa cachada y tenía anteojos.

Y sentado, dominando la situación, alguien que se hacía llamar el 'comodoro French', un hombre alto, rubio, de ojos claros.

-Estamos limpios -dijo el tal Jorge.

Les llegaron a decir que incluso mataron a varios canas por los abusos que estaban cometiendo.

-No la tenemos nosotros y no la tiene el Ejército -sostuvieron.

Fue entonces que Jorge les muestra una serie de fotografías de distintas manifestaciones y le pregunta si conocía a Carlos S., porque cuando desapareció Marité se llevó una valija del Hotel Italia y formaban parte de la llamada columna 30.

Desde hacía 28 años que el nombre de Carlos S. daba vueltas en el alma de Agustín Vidal.

Hasta que una noche del misterioso febrero de cinco domingos se encontraron en un bar de Urquiza y Dorrego, a menos de doscientos metros del Servicio de Informaciones y por donde suele pasar uno de los principales torturadores todavía libre ofreciendo seguridad a las escuelas de la ciudad.

Pero era otro Carlos S. y buscaba otra mujer desaparecida que además estaba embarazada.

Agustín no sabe, aún hoy, veintiocho años después, en qué organización militaba su hermana.

Carlos S., Agustín Vidal y el periodista que los contactó están juntos pero sin certezas.

Son tres buscadores en torno a una mesa del bar de Urquiza y Dorrego.

El invitado por el periodista tenía el mismo nombre y la edad de la persona que Agustín buscaba.

Pero no sabía nada de Marité, la hermana de Agustín.

El traía su propio fantasma.

-Creía que me iban a decir algo de Mónica Wolfin que fue secuestrada cuando estaba embarazada...

La impotencia por tres.

La geografía tiene una cuarta dimensión.

Aquella que cohabitan los buscadores del origen de la masacre y los asesinos y sus financistas.

Un tejido de palabras, fotografías sin nombres, frases solitarias y recuerdos difusos.

Una geografía atravesada por varios tiempos.

Donde el presente no parece solamente lo que sucede en el instante, sino lo que viene sucediendo hace rato.

Demasiado cargado de pasado está el presente en la geografía rosarina.

Apenas han pasado una veintena de días del asesinato de Sandra Cabrera, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, seccional Rosario. Y en ese lapso otra vez la sombra de La Santafesina SA y el escaso poder para construir verdad y justicia del llamado poder judicial.

Son los últimos días de febrero de 2004, un extraño febrero de cinco domingos.

Entre sus horas decenas de rosarinos y santafesinos vuelven a sentir la fiebre de saber qué fue de los suyos, de los secuestrados y desaparecidos entre 1976 y 1983.

Algunos buscan fantasmas de años anteriores, incluso.

Allí anda Carlos Razzetti tratando de reabrir la causa penal que esclarezca el asesinato de su padre, Constantino Razzetti, fusilado el 14 de octubre de 1973.

Y la hija de Ingalinella quiere saber todo sobre el médico muerto y secretario provincial del Partido Comunista en las postrimerías del segundo gobierno peronista.

También hay decenas de pibes que buscan su verdadera familia y la justicia que sigue ausente.

Por esa esquina que forman las calles Urquiza y Dorrego, donde está ubicado el bar en donde se produjo el triple encuentro que derrapó en una angustiosa impotencia, suele pasar Mario Alfredo Marcote, uno de los más conocidos torturadores que integró la patota que trabajaba junto al ex comandante de gendarmería y dos veces jefe de la policía rosarina, Agustín Feced.

Anda con una carpeta y un maletín. Vende servicios de seguridad para las escuelas y otras instituciones.

Su apodo era 'El Cura'.

-A mi me destrozó un tipo al que le decían 'El Cura'...-dice Fernando Brarda, constructor de pantallas de cine y sobreviviente de un centro clandestino de detención que todavía hoy no se sabe dónde está ubicado.

-Era Fisherton, ni Funes ni Granadero Baigorria. Fisherton -remarca Fernando que no puede controlarse cuando le cuentan que 'El Cura' es Marcote, el hombre que trabajaba hasta 1995 como celador en el colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones, dependiente del Arzobispado de Rosario.

Fernando fue secuestrado el 6 de agosto de 1976.

El mismo día que se llevaron a Marité Vidal.

Y según Fernando estuvieron en el mismo desconocido lugar.

Bajo el signo que imponía Díaz Bessone, el armador del esquema represivo sobre las seis provincias del litoral, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe.

¿Por qué Marcote está libre si ya se declararon nulas las leyes de punto final y obediencia debida?.

¿Por qué a 28 años del golpe de estado todavía no se sabe cuántos y en qué lugares funcionaron los distintos centros clandestinos de detención en la provincia de Santa Fe?.

¿Por qué nunca se tomaron declaraciones informativas a los ex comisarios titulares de las seccionales rosarinas y santafesinas de aquellos años?.

¿Por qué nunca comparecieron los integrantes de la Policía Federal, de Gendarmería, de Prefectura y todos los integrantes de la oficialidad del Comando del Segundo Cuerpo para que hagan un esquema del terrorismo de estado entre 1976 y 1983?.

A poco más de cien metros del bar que reunió a tres de los tantos que buscan algo de la justicia ausente, en San Lorenzo y Dorrego, las paredes del ex Servicio de Informaciones de la policía rosarina tienen nuevas pintadas: 'Capitán Viola' y 'Coronel Larrabure'.

Son dos de los 117 militares matados por las organizaciones armadas entre el 29 de mayo de 1970 y el 20 de diciembre de 1978 más emblemáticos para los sectores de derecha.

El terrorismo de estado se cobró 30 mil vidas, según los organismos de derechos humanos, 9 mil según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y 520 son de la provincia de Santa Fe.

Pero en esas paredes en los que funcionó el mayor centro clandestino de detención de personas en el territorio y por el que pasaron 1.800 personas entre 1976 y 1979, según la declaración del entonces teniente coronel Eduardo González Roulet, los reivindicadores de los genocidas nunca estamparon el nombre de ninguno de los 36 policías santafesinos muertos en aquellos años. Seguramente porque la mayoría eran suboficiales y no valen ni siquiera ser tenidos en cuenta por esta mano de obra siempre ocupada.

Esos dos nombres inscriptos en las paredes del ahora Centro Popular de la Memoria 'El Pozo' también tienen una historia.

El 10 de julio de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo produce la toma de la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Allí fue apresado el subdirector del establecimiento, mayor Julio del Valle Larrabure. La guerrilla lo necesitaba como técnico para la fabricación de explosivos. El 22 de agosto de 1975, el mayor Larrabure se suicidó estrangulándose con un cordel en la cárcel del pueblo donde se encontraba. El Ejército difundió que se lo había torturado. 'Acostumbrado a torturar y fusilar a todo combatiente que caen en sus manos, el Ejército quiere justificar su miserable actitud atribuyendo falsamente a los revolucionarios los mismos métodos que él utiliza', contestó el ERP.

El 10 de agosto de ese mismo año la llamada Compañía de Monte 'Ramón Rosa Jiménez', del Ejército Revolucionario del Pueblo, intentó tomar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. No lo pudo llevar a cabo. El ejército fusiló a la mayoría, 16 militantes de la organización, que se habían rendido bajo la promesa de respetar sus vidas.

El ERP decidió tomar represalias: 'a cada asesinato responderá con una ejecución de oficiales indiscriminada'. El capitán Humberto Viola era el comandante de la Brigada V de Infantería y tenía a su cargo distintas bandas paramilitares responsables de torturas y desapariciones en Tucumán. Junto a él murió de manera accidental su hija María Cristina de tres años. Fue el primero de diciembre de 1974. El jefe del comando del ERP fue destituido y se definió al hecho como 'exceso injustificable'. A partir de entonces el ERP cesó la campaña.

Esos son los nombres a fines de febrero de 2004 aparecieron pintados sobre las paredes del Centro de la Memoria Popular 'El Pozo'.

A menos de doscientos metros del bar de Uquiza y Dorrego donde hay tres buscadores de razones y cuerpos queridos y por donde suele pasar uno de los asesinos, de los protagonistas del infierno real que todavía se extiende en una inverosímil gambeta de la impunidad a la justicia.

Por eso el pasado está más vivo que nunca en las necesidades del presente.