Fernando Brarda encontró el lugar en donde quisieron despedazarlo. Casi treinta
años después del inicio del terrorismo de estado, Rosario sigue descubriendo
centros clandestinos de detención y torturas. A fuerza de amor, amistad e
insistencia, Fernando y Agustín Vidal, hermano de María, hoy desaparecida,
lograron que la justicia federal tomara nota y comprobara lo que dicen los
documentos anexos de la causa Feced que la propia Cámara Federal de Apelaciones
enviara al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en 1987, generando, desde
entonces, la ausencia de testimonios que incriminan en forma directa a
integrantes del Ejército Argentino y otras fuerzas armadas y de seguridad,
además de La Santafesina SA. La historia de Fernando fue el eje del libro 'Matar
para robar, luchar para vivir', escrito por el autor de esta crónica. Esta es
parte de esa historia que continúa, porque ahora Fernando y Agustín seguirán
detrás de la pista de las dos mujeres embarazadas que también estaban en esa
quinta operacional que funcionaba en el barrio de Fisherton. La paradoja es que
la despedazada memoria de los rosarinos está siendo reconstruida por los
supuestamente despedazados por los proveedores de la muerte. Una fenomenal
victoria de mujeres y hombres comunes, capaces de alumbrar verdades en un
territorio fértil en olvidos, mentiras e impunidades.
Los casos y la impunidad
La geografía rosarina tiene una cuarta dimensión.
No son solamente el largo, el ancho y el espesor.
Aparece el tiempo.
La historia pero no en forma lineal y racional.
Sino una historia plegada en el presente y que se desarrolla como un ir y volver
permanentes.
No hay límites precisos entre lo de ayer y lo de hoy.
Parece gobernar la estructura de la novela y no de la investigación científica.
La realidad santafesina tiene una cuarta dimensión.
La que está tejida por aquellos que buscan el origen y los protagonistas del
genocidio y por los que caminan por las mismas calles de siempre, ocultos por la
impunidad reciclada.
Se cruzan, se buscan, se desconocen.
Asesinos y torturados, financistas del terrorismo de estado y familiares que
buscan algún dato para su rompecabezas que es, en realidad, un mapa del alma.
Buscan un dato de sus seres saqueados y también alguna información que apure un
poco de justicia y lleve a los proveedores de la muerte al lugar donde deben
estar.
La geografía del macrocentro rosarino propone encuentros y lugares donde el
tiempo no pasa.
Agustín Vidal busca a su hermana María Teresa secuestrada el 6 de agosto de 1976
cuando vivía en el viejo Hotel 'Italia' de Rosario, en Maipú y San Juan donde
ahora se levanta el rectorado de la Universidad Nacional.
Eran los días del comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz
Bessone.
Y también el tiempo del reinado de Agustín Feced, interventor de la Unidad
Regional II de la policía de Rosario e integrante del Batallón 601 de
inteligencia del Ejército Argentino a partir de junio de 1974, cuando todavía
vivía Juan Domingo Perón.
Ese día llovía. Una señal.
La lluvia siempre acompañaría a Agustín en momentos claves de su búsqueda.
La encargada del hotel Italia era una mujer peronista vinculada a la Policía
Federal, Angela Pereyra Iraola, la misma que se ufanaba del dinero que tenía
guardado en sus grandes cajas de sombreros finos ante los militantes de la
juventud, según recordaría el hoy muerto ingeniero Gualberto Venesia.
La misma que una tarde se le apareció en la oficina de la Federal, en calle 9 de
Julio al 200 porque le debían un dinero.
-Usted está acá porque le falló a la señora -le dijo un oficial de la Federal.
La señora sabía demasiado y estaba siempre con los muchachos de la derecha
peronista.
Ahora el viaje de las palabras pinta el paisaje de esa geografía que se empecina
en mostrar un tiempo al revés de la lógica.
El padre de Agustín llegó hasta la oficina de Feced de la mano de un funcionario
del Consulado de España en Rosario.
-Nunca vas a saber lo que vi allí -le dijo después de la entrevista.
Había visto los famosos álbumes de tapas de madera que el ex comandante de
gendarmería había construido con las fotografías de los desaparecidos. Imágenes
durante las torturas y después de fusilados.
Albumes que existen todavía, según dicen los allegados directos a Feced, en
alguna parte de esta geografía de cuatro dimensiones.
Hasta que llegaron a la oficina de calle Salta al 1933.
Para Agustín era una dependencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
-Ahí vive ahora una mujer con dos hijos que estudian en el Liceo Militar -dice
el arqueólogo del infierno rosarino.
Cuentan que en 1975 estalló una bomba que hizo volar los vidrios del lugar.
Ahí estuvo en 1976 junto a su padre.
Un tal Jorge, de pie, habla con los dos. Fumaba en una pipa cachada y tenía
anteojos.
Y sentado, dominando la situación, alguien que se hacía llamar el 'comodoro
French', un hombre alto, rubio, de ojos claros.
-Estamos limpios -dijo el tal Jorge.
Les llegaron a decir que incluso mataron a varios canas por los abusos que
estaban cometiendo.
-No la tenemos nosotros y no la tiene el Ejército -sostuvieron.
Fue entonces que Jorge les muestra una serie de fotografías de distintas
manifestaciones y le pregunta si conocía a Carlos S., porque cuando desapareció
Marité se llevó una valija del Hotel Italia y formaban parte de la llamada
columna 30.
Desde hacía 28 años que el nombre de Carlos S. daba vueltas en el alma de
Agustín Vidal.
Hasta que una noche del misterioso febrero de cinco domingos se encontraron en
un bar de Urquiza y Dorrego, a menos de doscientos metros del Servicio de
Informaciones y por donde suele pasar uno de los principales torturadores
todavía libre ofreciendo seguridad a las escuelas de la ciudad.
Pero era otro Carlos S. y buscaba otra mujer desaparecida que además estaba
embarazada.
Agustín no sabe, aún hoy, veintiocho años después, en qué organización militaba
su hermana.
Carlos S., Agustín Vidal y el periodista que los contactó están juntos pero sin
certezas.
Son tres buscadores en torno a una mesa del bar de Urquiza y Dorrego.
El invitado por el periodista tenía el mismo nombre y la edad de la persona que
Agustín buscaba.
Pero no sabía nada de Marité, la hermana de Agustín.
El traía su propio fantasma.
-Creía que me iban a decir algo de Mónica Wolfin que fue secuestrada cuando
estaba embarazada...
La impotencia por tres.
La geografía tiene una cuarta dimensión.
Aquella que cohabitan los buscadores del origen de la masacre y los asesinos y
sus financistas.
Un tejido de palabras, fotografías sin nombres, frases solitarias y recuerdos
difusos.
Una geografía atravesada por varios tiempos.
Donde el presente no parece solamente lo que sucede en el instante, sino lo que
viene sucediendo hace rato.
Demasiado cargado de pasado está el presente en la geografía rosarina.
Apenas han pasado una veintena de días del asesinato de Sandra Cabrera,
secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina,
seccional Rosario. Y en ese lapso otra vez la sombra de La Santafesina SA y el
escaso poder para construir verdad y justicia del llamado poder judicial.
Son los últimos días de febrero de 2004, un extraño febrero de cinco domingos.
Entre sus horas decenas de rosarinos y santafesinos vuelven a sentir la fiebre
de saber qué fue de los suyos, de los secuestrados y desaparecidos entre 1976 y
1983.
Algunos buscan fantasmas de años anteriores, incluso.
Allí anda Carlos Razzetti tratando de reabrir la causa penal que esclarezca el
asesinato de su padre, Constantino Razzetti, fusilado el 14 de octubre de 1973.
Y la hija de Ingalinella quiere saber todo sobre el médico muerto y secretario
provincial del Partido Comunista en las postrimerías del segundo gobierno
peronista.
También hay decenas de pibes que buscan su verdadera familia y la justicia que
sigue ausente.
Por esa esquina que forman las calles Urquiza y Dorrego, donde está ubicado el
bar en donde se produjo el triple encuentro que derrapó en una angustiosa
impotencia, suele pasar Mario Alfredo Marcote, uno de los más conocidos
torturadores que integró la patota que trabajaba junto al ex comandante de
gendarmería y dos veces jefe de la policía rosarina, Agustín Feced.
Anda con una carpeta y un maletín. Vende servicios de seguridad para las
escuelas y otras instituciones.
Su apodo era 'El Cura'.
-A mi me destrozó un tipo al que le decían 'El Cura'...-dice Fernando Brarda,
constructor de pantallas de cine y sobreviviente de un centro clandestino de
detención que todavía hoy no se sabe dónde está ubicado.
-Era Fisherton, ni Funes ni Granadero Baigorria. Fisherton -remarca Fernando que
no puede controlarse cuando le cuentan que 'El Cura' es Marcote, el hombre que
trabajaba hasta 1995 como celador en el colegio Santa Unión de los Sagrados
Corazones, dependiente del Arzobispado de Rosario.
Fernando fue secuestrado el 6 de agosto de 1976.
El mismo día que se llevaron a Marité Vidal.
Y según Fernando estuvieron en el mismo desconocido lugar.
Bajo el signo que imponía Díaz Bessone, el armador del esquema represivo sobre
las seis provincias del litoral, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Chaco y Santa Fe.
¿Por qué Marcote está libre si ya se declararon nulas las leyes de punto final y
obediencia debida?.
¿Por qué a 28 años del golpe de estado todavía no se sabe cuántos y en qué
lugares funcionaron los distintos centros clandestinos de detención en la
provincia de Santa Fe?.
¿Por qué nunca se tomaron declaraciones informativas a los ex comisarios
titulares de las seccionales rosarinas y santafesinas de aquellos años?.
¿Por qué nunca comparecieron los integrantes de la Policía Federal, de
Gendarmería, de Prefectura y todos los integrantes de la oficialidad del Comando
del Segundo Cuerpo para que hagan un esquema del terrorismo de estado entre 1976
y 1983?.
A poco más de cien metros del bar que reunió a tres de los tantos que buscan
algo de la justicia ausente, en San Lorenzo y Dorrego, las paredes del ex
Servicio de Informaciones de la policía rosarina tienen nuevas pintadas:
'Capitán Viola' y 'Coronel Larrabure'.
Son dos de los 117 militares matados por las organizaciones armadas entre el 29
de mayo de 1970 y el 20 de diciembre de 1978 más emblemáticos para los sectores
de derecha.
El terrorismo de estado se cobró 30 mil vidas, según los organismos de derechos
humanos, 9 mil según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y
520 son de la provincia de Santa Fe.
Pero en esas paredes en los que funcionó el mayor centro clandestino de
detención de personas en el territorio y por el que pasaron 1.800 personas entre
1976 y 1979, según la declaración del entonces teniente coronel Eduardo González
Roulet, los reivindicadores de los genocidas nunca estamparon el nombre de
ninguno de los 36 policías santafesinos muertos en aquellos años. Seguramente
porque la mayoría eran suboficiales y no valen ni siquiera ser tenidos en cuenta
por esta mano de obra siempre ocupada.
Esos dos nombres inscriptos en las paredes del ahora Centro Popular de la
Memoria 'El Pozo' también tienen una historia.
El 10 de julio de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo produce la toma de
la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Allí fue apresado
el subdirector del establecimiento, mayor Julio del Valle Larrabure. La
guerrilla lo necesitaba como técnico para la fabricación de explosivos. El 22 de
agosto de 1975, el mayor Larrabure se suicidó estrangulándose con un cordel en
la cárcel del pueblo donde se encontraba. El Ejército difundió que se lo había
torturado. 'Acostumbrado a torturar y fusilar a todo combatiente que caen en sus
manos, el Ejército quiere justificar su miserable actitud atribuyendo falsamente
a los revolucionarios los mismos métodos que él utiliza', contestó el ERP.
El 10 de agosto de ese mismo año la llamada Compañía de Monte 'Ramón Rosa
Jiménez', del Ejército Revolucionario del Pueblo, intentó tomar el Regimiento 17
de Infantería Aerotransportada de Catamarca. No lo pudo llevar a cabo. El
ejército fusiló a la mayoría, 16 militantes de la organización, que se habían
rendido bajo la promesa de respetar sus vidas.
El ERP decidió tomar represalias: 'a cada asesinato responderá con una ejecución
de oficiales indiscriminada'. El capitán Humberto Viola era el comandante de la
Brigada V de Infantería y tenía a su cargo distintas bandas paramilitares
responsables de torturas y desapariciones en Tucumán. Junto a él murió de manera
accidental su hija María Cristina de tres años. Fue el primero de diciembre de
1974. El jefe del comando del ERP fue destituido y se definió al hecho como
'exceso injustificable'. A partir de entonces el ERP cesó la campaña.
Esos son los nombres a fines de febrero de 2004 aparecieron pintados sobre las
paredes del Centro de la Memoria Popular 'El Pozo'.
A menos de doscientos metros del bar de Uquiza y Dorrego donde hay tres
buscadores de razones y cuerpos queridos y por donde suele pasar uno de los
asesinos, de los protagonistas del infierno real que todavía se extiende en una
inverosímil gambeta de la impunidad a la justicia.
Por eso el pasado está más vivo que nunca en las necesidades del presente.