(HLE, Editorial Planeta, marzo de 1996; Grupo Editorial
Norma, abril de 2002)
El camino de la droga
--¿Y el nombramiento de Ibrahim Al Ibrahhim como asesor especial de la Aduana de
Ezeiza? ¿Por qué firmó ese decreto?
--Me quisieron manchar con algo en lo que no tuve nada que ver. Los Yoma
esperaron que el presidente Menem se fuera de viaje y convencieron al ministro
de Economía, Néstor Rapanelli, diciendo que Al Ibrahim era pariente político del
Presidente. Primero firmó Rapanelli, porque el tema correspondía a su área, y
después lo hice yo, porque estaba a cargo del Ejecutivo. Pero no leí el decreto.
--En su testimonio, Ibrahim aseguró que usted era el hombre que más favores la
había pedido ¿Qué tipo de favores le pedía?
Da la impresión de haberse irritado. Con la cabeza dice no. Una y otra
vez. Que no piensa responder. Y no lo hará.
* * *
Corría la primera semana de septiembre de 1989 y Menem se encontraba en
Yugoslavia, en la reunión del Movimiento de Países no Alineados. Duhalde, a
cargo del Poder Ejecutivo, experimentaba una grata sensación de poder; pero más
intensa aún era la que sentían sus secretarios privados. Bujía en particular,
porque el Ronco Lence, después de todo, era un hombre adinerado que ya había
tenido la oportunidad de frecuentar despachos más suntuosos.
Bujía, por sobre todas las cosas Bujía. Es que cuando la victoria de su
jefe se hizo oficial e incontestable, había percibido instantáneamente, por
segunda vez en su vida, que a la época de los negocios pequeños y enojosos le
iba a suceder, nuevamente, la de los trabajos colosales.
A la espera de eso andaba.
Su intuición se convirtió en grata revelación una semana más tarde,
cuando se abrió la puerta del despacho de su jefe y apareció ese tipo
corpulento, de rasgos pedregosos y piel aceitunada que a duras penas, en un
español chapurreado, sabía largar un buenas tardes. Duhalde pidió a sus
secretarios que se retiraran y a lo largo de media hora se quedó conversando con
ese enigmático extranjero a puertas cerradas.
Una vez que el hombre se hubo marchado, el Ronco y el Negro acudieron al
escritorio del jefe para saber de quién se trataba. Duhalde les dijo que el tipo
se llamaba Ibrahim Al Ibrahim, ex esposo de Amira Yoma, directora de Audiencias
de la Presidencia de la Nación; un sirio servil y macanudo que había conocido en
los tiempos de campaña, y que ahora, a partir del decreto que tenía sobre el
escritorio, entraría en funciones como asesor especial en la Aduana de Ezeiza.
"Vino a darme las gracias".
Luego solicitó a los dos secretarios que recordaran bien aquella cara,
porque en más de una oportunidad iban a tener que verlo en Ezeiza para retirar
encomiendas y recibir pasajeros que el gentil Ibrahim haría pasar sin inspección
previa.
El Ronco y el Negro comprendieron de inmediato.
* * *
Bujía fue asaltado por la soberbia.
¿Cuántos años habían transcurrido desde el tiroteo en La Real? No más de
veinticinco. Y tan sólo doce que había tenido el buen tino de acercarse a
Duhalde, su protector y protegido. Ese sí que era un buen acuerdo: proteger y
simultáneamente ser protegido. Estaba orgulloso del destino que le había tocado
en suerte a su jefe, porque al fin de cuentas también era el suyo. Incluso se le
ofreció un puesto oficial dentro de la estructura, como concejal en Lomas de
Zamora, que él había rechazado para mantenerse cerca de su jefe. Y ahora ese tal
Ibrahim les abriría las puertas de Ezeiza, nada menos. Que el tipo conociera del
español un puñado de preposiciones y dos verbos en infinitivo le resultó
providencial: habría pocas preguntas. Un par de señas y listo. Negocios enormes,
por fin. Bujía se había cansado de andar de aquí para allá en ese Chevy rojo y
destartalado. Gastar las horas armando actos, reuniendo público, y, en el medio,
hacer miles de kilómetros hasta Yacuíba, en Bolivia; de allí a Salvador Mazza,
en Salta. Continuamente el mismo trayecto, los mismos paquetes y las mismas
argucias: "Llevo unas cajas de cigarrillos importados y perfumes franceses para
el doctor Duhalde y su familia". Nadie podría acusarlo jamás de haber abierto
siquiera una sola para comprobar el contenido. Al menos eso es lo que él decía.
Cigarrillos y perfumes. Ni más ni menos. Verlo al jefe contento era lo
importante.
De Salta lo que más le gustaba era la finca San Alejo, de los Romero. El
jefe solía mandarlo allí a entregar paquetes y regresar con otros, enormes a
menudo. Los buenos viejos tiempos, es cierto, pero ya no estaba para esos
trotes. Con ese tipo en Ezeiza, en cambio... El hombre indicado, en el momento y
lugar indicado. Especialmente después del revuelo que se había armado a partir
de 1984 con las denuncias que había hecho un tal Anthony Henman en su libro Mamá
Coca. ¿Cómo se había enterado ese periodista norteamericano de que en los campos
de los Romero y de los Cornejo Linares había pistas clandestinas de aterrizaje
para las avionetas que llegaban de Santa Cruz de la Sierra? El diario El
Tribuno, de los Romero, tuvo que salir al cruce de las supuestas revelaciones,
primera plana, a página entera, echando por tierra las acusaciones. Algo
parecido había ocurrido en Lomas de Zamora en la misma época, 1984, acaso 1985.
El negocio funcionaba, el jefe estaba conforme, hasta que la policía de la
provincia, advertida por los soplones de la Secretaría de Inteligencia del
Estado, resolvió que lo más sensato era controlarse y trabajar al menudeo: los
de la SIDE habían descubierto que a partir de diciembre de 1983 el tráfico de
drogas en toda la zona sur del conurbano se había triplicado. Bujía era
competente, y el jefe lo sabía. Al diablo entonces Lomas, y los boliches de
Lanús y Banfield. Qué importaba todo eso ahora, si del cielo había caído ese
tipo Ibrahim para abrirle las puertas del aeropuerto internacional de Ezeiza.
El Negro Bujía estaba contento.
* * *
El narcotráfico le quita el sueño a Duhalde. Es una preocupación de larga data:
ya en 1981 publicó un libro acerca del tema, Los políticos y la droga, en
el que lamentaba el desdén de los dirigentes hacia el combate de tamaña plaga. A
partir de 1983, desde su asunción como intendente de Lomas de Zamora, se perfiló
como el dirigente político más activo en el combate contra aquello que define
como "flagelo mundial". A contadas cuadras de su hogar, creó la Fundación Pueblo
de la Paz, destinada a socorrer a los jóvenes adictos. En más de una ocasión
hizo hincapié en la necesidad de instituir la pena de muerte para todos aquellos
individuos que han hecho del comercio de la droga un modo de vida. En escuelas,
sociedades de fomento, clubes y universidades de todo el país ha ofrecido
encendidas conferencias con el objetivo de advertir a la juventud acerca de los
tremendos e irreparables males que genera el uso de drogas.
Duhalde se siente solo en esta cruzada. Dice:
--Los dirigentes que realmente quieran lluchar contra el narcotráfico, y no los
que lo hacen por sensacionalismo, debemos apoyar a quienes están en esa pelea,
porque es muy dura.
Desde la vicepresidencia, su desvelo habría de adquirir una nueva
dimensión. En los primeros dos meses realizará tres viajes al extranjero para
coordinar con las autoridades de otros países un plan de lucha internacional
contra el narcotráfico: en los Estados Unidos dialogará sobre el tema con su
colega Dan Quayle; en Lima, Perú, será uno de los principales expositores en el
Foro Internacional de Prensa sobre Terrorismo y Tráfico de Drogas; de allí
partirá hacia Venezuela, donde dialogará con el presidente Carlos Andrés Pérez;
luego, se trasladará a Colombia para entregar, en nombre del gobierno argentino,
tres aviones Pucará para la lucha contra los carteles de Cali y Medellín. Ya de
regreso en nuestro país, insistirá en la creación de una secretaría que coordine
los esfuerzos en dicha cruzada y pedirá la intervención de los militares en
ella.
Es por ello sugestivo que, en tanto a los cuatro vientos clama por la
puesta en marcha de un verdadero aparato de persecución y castigo a los
narcotraficantes, mientras dicta conferencias y escribe artículos sobre el tema,
haya designado en la Aduana, mediante el decreto 682, a un coronel sirio con
escasos conocimientos no sólo del idioma español sino también de los bemoles del
control aduanero. Es doblemente sugestivo si se tiene en cuenta que, en ese
lapso, los favores que le solicitará a Ibrahim serán muchos; Bujía y Lence, en
nombre de Duhalde, visitarán al sirio por lo menos seis veces en cuatro meses; a
hurtadillas, a salvo de cualquier control aduanero, retirarán valijas y paquetes
que de inmediato le harán llegar a su jefe; recibirán misteriosos pasajeros que
el sirio, a esa altura diplomado en el arte del ademán, hará ingresar al país a
través de puertas oficiales desprovistas de inspección alguna; Bujía y Lence
podrán trepar a un avión y regresar al país como dos diplomáticos de veras, con
valijas y bultos a cuestas que Ibrahim observará apenas de soslayo; Bujía y
Lence, desde el Hotel-Casino Sasso, de Mar del Plata, propiedad del Ronco Lence
y Duhalde, llamarán al coronel sirio en tres oportunidades y le pedirán que
reciba a unos amigos del vicepresidente que llegan desde los Estados Unidos.
Todo eso, claro está, sin tener que dar explicaciones de ningún tipo. Alberto
Pierri, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, convertido ahora en
inseparable compinche de Duhalde, también llamará al coronel sirio y le
solicitará mil favores. E Ibrahim, afable y diligente, a todos sonreirá y mirará
hacia otra parte y sellará pasaportes y dirá, siempre dirá: "Muchos gracios...yo
tener ojo...y entonces, yo mira. Mira radio, mira bultos..."
Pero el festín en la Aduana habrá de durar poco tiempo. No serán las
fuerzas de seguridad argentinas ni los organismos pertinentes los que dirán
basta a semejante desbarajuste aduanero. Será una revista española, Cambio 16,
en marzo de 1991, la que pondrá al descubierto el sutil mecanismo del lavado de
narcodólares que, desde la asunción del coronel sirio en la Aduana de Ezeiza,
habría sido llevado a cabo por un triunvirato de notables: Ibrahim, Amira y
Mario Caserta, director de Agua Potable y fiel amigo de Duhalde. El pánico se
apoderará de la familia presidencial y, desde luego, de Duhalde y sus hombres.
Zulema Yoma estimará conveniente eludir el uso de cualquier elipsis: "Si quieren
saber sobre drogas, pregúntenle a Menem o a Duhalde". Amira renunciará. Caserta
será detenido y procesado por el delito. Duhalde argüirá que jamás ha visto a
Ibrahim, y el sirio solicitará a la Justicia que se cite a declarar al Ronco
Lence y a Bujía, que no concurrirán al juzgado: Lence, porque a la jueza Servini
de Cubría se le antojará un despropósito hacerle perder el tiempo a un
empresario tan atareado; y Bujía, el infortunado Bujía, porque ha muerto de
manera inesperada: el 16 de marzo de 1991 (diez días después de haberse tornado
público el Narcogate), embestido por una camioneta mientras él avanzaba a
contramano a bordo de una moto por la mismísima calle donde se alza la
intendencia de Lomas de Zamora.
Sin embargo, presa de íntimos temores, Duhalde tomará el teléfono y
llamará al juez español Baltazar Garzón, a cargo de la investigación, y
esgrimiendo excusas inverosímiles procurará conocer su situación en el
expediente. Fastidiado ya de las intromisiones de los políticos argentinos, el
juez sólo replicará:
--Duhalde, yo sé qué clase de hombre es usted.
Y cortará la comunicación. Lleno de angustia, el vicepresidente de los
argentinos imaginará que sobre el escritorio de Garzón descansa ese
fantasmagórico dossier que la DEA (Drug Enforcement Administration) habría
preparado acerca de sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico.
* * *
En noviembre de 1992 aflorará un narcotraficante arrepentido: Mario Noguera
Vega. Se instalará en Río de Janeiro, Brasil, y desde allí, a través de una
larga declaración realizada ante el juez Gerson Silveira Arraes, le hará llegar
al farmacéutico Alberto Lestelle, secretario de Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráfico del gobierno argentino, una serie de mensajes,
algunos claros y abiertos, otros cifrados: Lestelle le paga, lo protege, lo
recibe y hace cosas que él, el arrepentido, sólo se atreve a referir en parte
¿Pero qué diablos hace Lestelle? Noguera Vega le dice al juez: "(...) Alberto
Lestelle es conocido como comprometido con la corrupción y el narcotráfico,
siendo persona non grata de las Fuerzas Armadas del país". Luego decide guardar
silencio. Teme que lo maten; asegura que tres agentes argentinos se han
desplazado al Brasil para vigilar sus movimientos. Le ruega al juez que lo dejen
hablar con James Miller, jefe de la estación argentina de la DEA. Miller no
acude porque no quiere o, quizá, porque el juez no le ha transmitido el mensaje
de Noguera Vega. El arrepentido pide entonces hablar con Bob Wise, jefe de la
DEA para América Latina, un congresista que ha supervisado las operaciones de
las fuerzas especiales de Estados Unidos en Perú y, por lo demás, ha organizado
los llamados Servicios Estratégicos Especiales (SEE), entidad de inteligencia
que, con la cobertura de la lucha contra el narcotráfico, se entrega
licenciosamente a la faena de acopiar información sobre rasgos políticos e
ideológicos de personas, entidades y empresas en distintos países
latinoamericanos. Wise también se ha relacionado con todos los organismos
gubernamentales del continente que combaten el tráfico de drogas y, donde no los
había, ha propiciado su creación.
Ante la falta de respuesta de Wise, el arrepentido idea un último
recurso: gracias a los servicios de un funcionario del juzgado, remite a un
periodista independiente, colaborador del diario O Globo, un breve y enredado
informe escrito a máquina en el que añade más datos, ahora referidos a la
provincia de Buenos Aires. "Por favor", escribe en hoja aparte, de su puño y
letra, "es fundamental para mi vida que esta información llegue a los señores
Bob Wise o James Miller". Nunca se sabrá si Wise o Miller han tenido entre sus
manos ese papel que, entre otras cosas, dice:
* Lestelle arregló con algunos hombres de la DEA, que Usted seguro conoce, los
porcentajes de distribución de la droga que se incauta en Argentina y, sobre
todo, en la Provincia de Buenos Aires, donde existe un cartel controlado por la
policía, cuya cabeza más importante es el comisario Antonio Rebollo, contacto
del ex juez Alberto Piotti.
* Cada vez que la policía bonaerense incauta un cargamento de cocaína, da a
publicidad que se incautó una cantidad diez veces menor. El resto se envía a
España. Le doy nada más que tres ejemplos, pero hay millones: en el operativo
que se realizó en octubre de 1986 en Salta (lo hizo la policía de San Martín, de
la provincia de Buenos Aires, a las órdenes de Piotti), en una propiedad de
Sergio Duranal Nayar, dijeron que habían incautado 70 kilos de cocaína. Pero en
realidad fueron 125. En el operativo llamado "Tía María" que encabezó el
comisario Rebollo en agosto de 1989, en Béccar, el comisario dijo que había
incautado 50 kilos de cocaína pura pero en realidad fueron 110. En el operativo
llamado "Flamenco", la policía bonaerense dijo que habían incautado 283 kilos.
Es verdad, pero cuando la quemaron, la mitad de esos 283 kilos era ácido bórico.
Puede Usted ver la noticia en algún archivo, y en la foto Usted verá al
gobernador Duhalde, Piotti y Lestelle.
* Lestelle tiene una función muy definida: a los narcos de Santa Cruz de la
Sierra les entrega acetona y las demás sustancias químicas que se necesitan para
transformar las hojas de coca en pasta base y luego en clorohidrato de cocaína.
Hasta hace poco, los que se encargaban de los "mandados" de Lestelle eran dos
prefectos del servicio de inteligencia de la Prefectura Naval, Raúl Mandrile y
Esteban Marrone. Ellos siempre lo acompañan en sus viajes al exterior.
Duhalde no vaciló siquiera un minuto en salir a la caza de micrófonos y cámaras
para defender a su amigo Lestelle: "Esto no es más que una campaña orquestada
por los narcotraficantes para ensuciar el honor de un hombre que lucha
denodadamente contra la mafia de la droga".
Sus palabras no bastaron para evitar la investigación que de inmediato
inició el juez federal Martín Irurzun. Las denuncias públicas formuladas por
Noguera Vega --no así las que contenía el escrito menncionado, pues nunca jamás
llegó a manos de la Justicia argentina--, derivaron también en la investigación
del patrimonio de Lestelle. El juez ordenó una serie de allanamientos que, al
parecer, conducían a alguna pista que el gobierno argentino consideraba mejor
mantener en secreto, porque Irurzun, debido a las presiones del poder político
(que amenazó con promoverle un juicio político), resolvió abandonar el juzgado y
por tanto la causa. De la noche a la mañana, el expediente pasó a manos del juez
Norberto Oyharbide, que el 22 de junio de 1995 --tras haber dispuesto en el
lapso de tres años unas contadas y vagas diligencias-- dictaría el
sobreseimiento definitivo de Lestelle.
De Noguera Vega sólo perdura el recuerdo de aquellas escandalosas
primeras planas en los periódicos argentinos y brasileños, en la primavera de
1992. Es necesario aclarar, sin embargo, en el escrito que Noguera Vega remitió
al colaborador de O Globo se pueden observar algunos aciertos y muchos errores,
aunque de poca monta.
Rebollo, en realidad, es comisario inspector y su nombre es Juan Carlos,
no Antonio. Es un hombre menudo, de pelo cortado al rape y gruesos bigotes.
Todos sus movimientos son enérgicos, cargados de gran impetuosidad. Es capaz de
hablar durante diez minutos sin pestañear siquiera una vez. Sus ojos parecen
continuamente afiebrados. Con anterioridad a cada uno de los incontables
allanamientos que lleva a cabo mensualmente --búsqueda de drogas, siempre--,
tiene por hábito notificar sus pasos a la gente del noticiero del canal 9. Así
es como puede vérselo ante las cámaras, irritado, abriendo puertas a patadas al
tiempo que clama: "¡Paso, paso! ¡Aquí estamos los de azul!"
Por pedido expreso del gobernador Duhalde, ahora ocupa la jefatura del
Cuerpo de Seguridad Islas, en el Tigre, una zona que los hombres de la DEA
consideran de capital importancia en el tráfico de drogas que se realiza por vía
fluvial.
La vida policíaca de Rebollo está repleta de contradicciones y hechos que
excitan la curiosidad:
Durante tres años cumplió funciones en la Dirección de Toxicomanía de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, en Ramos Mejía. En 1987, el entonces
subsecretario de Seguridad de la provincia, Orlando Caporal, le inició un
sumario. Tenía serias sospechas acerca de la colaboración de Rebollo con el
narcotráfico. Sin embargo, y tal como sucede a menudo con innumerables
funcionarios policiales que se ven envueltos en delitos o irregularidades de
cualquier naturaleza, el sumario se resolvió en un traslado, como oficial a
cargo de la comisaría 5ª de Béccar.
Quiso el destino que Rebollo, a partir de sus actividades en la zona,
trabara relación con el juez federal de San Isidro, Alberto Piotti, y con el
doctor Jorge César Quadro, secretario del Juzgado Criminal y Correccional número
3 de San Isidro, profesor de Derecho en la Universidad del Salvador y cabecilla
de un grupo parapolicial que se ocultaba detrás de un nombre enmarañado: Liga
Católica Argentina Pro Campaña Latinoamericana de Ayuda al Drogadependiente. O
sencillamente PROLATIN. Dicha organización estaba formada por oficiales y
suboficiales activos de las fuerzas armadas y de la policía de la provincia que,
en sus ratos libres, por las noches, se despojaban de los uniformes y realizaban
allanamientos ilegales en discotecas, kioscos y hogares de la zona norte del
conurbano, vestidos de civil y ostentando en su pecho el distintivo de PROLATIN.
Rebollo no tardó en incorporarse a la estructura. Porque PROLATIN, más
allá de las palabras y sus presuntos nobles objetivos, no era más que una
afanosa banda de pequeños y medianos narcotraficantes que tenía como "asesor
espiritual" al cura Luis Moisés Jardín, ex capellán de la Armada, confesor del
coronel Mohamed Alí Seineldín y participante en el levantamiento carapintada de
diciembre de 1990 (motivo por el cual fue detenido y procesado).
Comandados por Rebollo, y con la anuencia, complicidad y en ocasiones
presencia del juez Piotti --"siempre actuamos autorizados por él", declaró
oportunamente Quadro, y jamás fue desmentido--, entre el invierno de 1988 y el
verano de 1990 los hombres de PROLATIN realizaron decenas de allanamientos
ilegales. La excusa usada continuamente era la búsqueda de drogas. El propósito
era otro: eliminar de la zona a los vendedores de cocaína al menudeo que
entorpecían los negocios de la singular liga católica de lucha contra la
drogadependencia. Al decir de un ex ministro de la provincia de Buenos Aires que
a lo largo de años ha estudiado el tema, los narcotraficantes recurren
habitualmente a la fachada de una fundación para ocultar sus verdaderas
actividades y de tal modo tornar más inverosímil cualquier acusación o denuncia
que se les pudiera formular.
Uno de los primeros operativos efectuados conjuntamente por la Liga,
Rebollo y el juez Piotti, consistió en el allanamiento de la disctoteca Stylo,
situada en Boulogne, a metros de la estación del ferrocarril, en octubre de
1988. El segundo, y más ruidoso por cierto, se llevó a cabo el 20 de noviembre
del mismo año en la discoteca Látex, de San Miguel. Rebollo no pudo intervenir
(el lugar se encontraba fuera de su jurisdicción; su rol recayó en esa
oportunidad en el subcomisario Alfredo Azcárate, de la Unidad Regional de San
Miguel) Durante varias noches, los agentes de PROLATIN habían concurrido
al local hasta ganarse la confianza de algunos jóvenes que frecuentaban la
discoteca. Así supieron que la droga que allí circulaba era provista por hombres
ajenos a la Liga. En la madrugada del domingo 20 de noviembre de 1988, cuando el
grupo musical Los Violadores estaba a poco de entrar en escena, alrededor de
diez personas ataviadas con ropas de civil, blandiendo armas cortas y a los
gritos, irrumpieron en Látex. Aporrearon a los jóvenes, lanzaron puntapiés a
ciegas y sembraron el piso con ravioles de cocaína. En sus pechos llevaban un
rectángulo de cartón con la inscripción PROLATIN escrita en letras rojas.
Tras el grupo de civiles llegó la policía, al mando de Azcárate.
Pisándole los talones los seguía el juez Piotti. Detuvieron a 353 personas y
clausuraron el local.
* * *
Los agitados días de la Liga PROLATIN finalizaron de manera abrupta en diciembre
de 1990. La actuación del cura Jardín en el levantamiento carapintada de
entonces --acompañó al célebre grupo Albatros en la toma del edificio de la
Prefectura Naval-- ocasionó el inmediato desmenuzamiento del grupo parapolicial.
No obstante, sus miembros, simpatizantes y tutores continúan por ahí.
Piotti fue designado secretario de Seguridad del gobierno de la provincia
en marzo de 1994, y, días después de haber asumido, aseguró que solamente iba a
lograr dormir tranquilo cuando aplastara al último de los cientos de pequeños,
medianos y grandes narcotraficantes que plagan Buenos Aires.
A Rebollo, se ha dicho, le ha tocado en suerte controlar los sinuosos
ríos del Delta, donde la droga navega a raudales. Sin embargo no es fácil
hallarlo en su oficina. Acostumbra gastar las horas en La Plata. Para ubicarlo,
lo más aconsejable es telefonear al despacho del gobernador Duhalde, adonde el
comisario inspector concurre con frecuencia para enterarlo de las novedades; o,
sugerencia tal vez más acertada, dirigirse sin vueltas a las oficinas de Piotti,
donde los dos viejos amigos se encierran con mayor frecuencia aún.
Si la designación de Piotti y el regreso de Rebollo suenan a
extravagancia, más singular parece el camino recorrido por Orlando Caporal, el
funcionario que oportunamente sumarió a Rebollo por considerarlo ligado al
narcotráfico: rabioso cafierista, luego de permanecer años fuera de escena,
Caporal ha sido nombrado por Duhalde en el cargo de secretario general de la
Gobernación; una de sus principales tareas estriba en la selección de los
pliegos para la designación de jueces. En los últimos meses de 1995 el poderío
de Caporal creció de modo inesperado: el gobernador le confió además la
dirección del Instituto Provincial de Medio Ambiente, un organismo que en los
próximos años deberá administrar no menos de ocho mil millones de pesos,
provenientes de créditos que Duhalde está gestionando en el extranjero, para
llevar a cabo obras de saneamiento ambiental.
Pero la extrañeza no finaliza allí. En 1967, cuando se desempeñaba como
secretario del juzgado en lo Penal nº 1 de Azul, Caporal fue exonerado de la
Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario. En 1970, en el
juzgado nº 2 de esa ciudad, el juez Alberto Pujou lo procesó por "vaciamiento de
empresa" en perjuicio de la firma De la Vega Hnos., de Olavarría, que
actualmente opera con inmobiliarias y transportes de carga en general. En esa
oportunidad, Caporal fue detenido por la policía y luego inhabilitado para
ejercer la profesión de abogado en el departamento judicial de Azul. Un amigo
suyo, Juan Carlos Pratte, logró huir al Brasil. En los últimos años, gracias a
su amistad con el duhaldista Horacio Daniel Piombo, presidente de la Sala
Segunda de la Cámara III de Apelación en lo Criminal y Correccional de La Plata,
ha logrado anular la prohibición que pesaba sobre él.
Es posible colegir que, en más de una ocasión, Caporal debe de chocarse
en los pasillos de la gobernación con Rebollo, aquel policía que, hace tiempo
ya, reputaba indigno de portar un arma y exhibir una placa.
