Argentina: La lucha continúa

Enrique Gandolfo

Una de las claves de la política económica del gobierno Kirchner, es el millonario superávit fiscal, con el que se ha garantizado el pago de la deuda a los acreedores "privilegiados": el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales.

Un estudio del Ministerio de Economía[1], revela que "entre el 2001 y el 2003, el gasto primario consolidado (Nación, Provincias, Municipios), sin incluir el pago por intereses de la deuda, cayó el 29 % en términos reales. El gasto público total se redujo del 35,6% del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2001 al 29,4% en el 2003. Se estima que ese porcentaje se mantuvo en el 2004".

Esta poda en el gasto social encuentra entre los rubros más afectados a la salud, la educación, las pensiones y las jubilaciones. Esto se debe a que los haberes previsionales y los sueldos de docentes y estatales, aumentaron muy por debajo de los índices inflacionarios. "Por ejemplo, el gasto en jubilaciones subió de 21.828 millones en el 2001 a 24.631 en el 2003. Una suba del 13%, cuando la inflación minorista fue del 45%. Así el gasto previsional, en términos reales se redujo un 22%". La inversión educativa, cultural y científica se redujo del 5,21 del PBI en el 2001 al 4,05 en el 2003.

Como afirman los docentes neuquinos es claro "que ante la fragmentación y el proceso de destrucción de la educación en la Argentina, el ministro Filmus se ha dedicado a sobrevolar la tragedia con gestos mediáticos, sosteniendo la aplicación de la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior"[2].

Sin embargo, un rubro zafó de esta reducción del gasto público: los servicios económicos subieron del 1,77 % al 2,46 % del PBI. Se trata de los subsidios estatales para empresas privadas de energía y transporte.

Las luchas docentes

En este marco, no extraña que el 2005, se haya iniciado con grandes luchas provinciales en torno a la demanda de aumentos salariales para los docentes. Con acciones masivas las maestras y los maestros rionegrinos, santafesinos y salteños han estado en el pico más alto de la protesta. Pero también hubo paros y movilizaciones en Chaco, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Neuquén y Jujuy.

Vale detenerse en el rol que ha jugado la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), encabezada por Hugo Yasky. No hubo en todo el período de marzo y abril, ningún intento de nacionalizar un conflicto que excedía en mucho el marco provincial. Por el contrario en los casos de Río Negro y Salta, la CTERA optó por actuar como mediadora entre los reclamos docentes y los gobiernos provinciales. Cuando la represión, se abatió sobre la ejemplar lucha de los docentes salteños, el Consejo de Secretarios Generales de CTERA, más allá del repudio al accionar policial, resolvió "solicitar la intervención de las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, para abrir un cauce que permita generar respuestas a los planteos del sector docente".

Por su parte el documento de política gremial de la lista Celeste de Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), aprobado el 28 de abril en Tandil afirma "que necesitamos imperiosamente construir el sujeto social que dé la lucha por el financiamiento educativo. Ello significa profundizar el compromiso de CTERA y SUTEBA de encabezar el proceso de unidad de la comunidad educativa".

Mientras ese "sujeto social", desplegaba toda su energía, rebasaba a la conducción sindical, recuperaba la democracia asamblearia, se movilizaba masivamente en toda la provincia de Salta y ponía en jaque al gobierno de Romero, la conducción de CTERA llamaba a Filmus para que interviniera.

¿Que hilo conductor amarra a Yasky y compañía, para terminar en el lodo de la colaboración con el Estado? No se trata de una casualidad. Es una concepción del sindicalismo, que solo demanda reconocimiento e integración a la mesa donde se discuten las políticas educativas; que se ve a sí mismo como un grupo de presión, para actuar en los límites que le permite el Estado. La misma concepción que en su momento, llevó a muchos dirigentes sindicales a apoyar el gobierno de la Alianza. Todo bajo la máscara de un progresismo que no alcanza, para ocultar la perspectiva que subyace en esta política: la de un sindicato integrado al aparato de gobierno, discutiendo mano a mano pero con una relación de fuerzas muy desfavorable, como se redistribuye la riqueza y que "el Estado vuelva a hacerse cargo de tramos sustantivos del financiamiento educativo"[3].

Ocurre que ser aceptado en la mesa del poder tiene condiciones. Y la dirigencia de la CTERA con Hugo Yasky a la cabeza, esta dispuesta a cumplirlas. Una de ellas es renunciar a la independencia política. Otra, a reconocerse como miembro de una clase social. La tercera es abdicar en la lucha por transformaciones de raíz, que enfrenten los problemas existentes e impulsen soluciones de fondo. En lugar de eso el poder determina un marco, y permite plantear objetivos modestos, que al problema lo dejan intacto.

El hilo que conduce del gobierno a la CTERA

La idea de que es posible redistribuir la riqueza y humanizar al capital, que subyace a esta concepción del sindicalismo, es la cuerda que lo une al gobierno. Esa misma idea fue expresada con claridad por Cristina Kirchner el 30 de abril en Montevideo: "estamos de acuerdo en que queremos una economía capitalista. Para eso hay que producir y alentar el consumo. Los organismos acreedores quieren un capitalismo sin consumo. Imposible. Fíjense con sus recetas lo que pasó en la región". No dice, que con su receta "re-distribucionista", entre el 2003 y el 2004, la brecha entre el 10% de los más rico y el 10% de los más pobres en Argentina, se agrandó. Cada integrante de una familia rica gana ahora 32,8 veces que el de los hogares pobres. A comienzos del 2004, esa diferencia era de 31 veces (cifras del INDEC, Clarín 11/3/05). Esto ocurre en el marco de una economía en crecimiento. Como se ve ni tan siquiera el consuelo del "derrame".

La sintonía entre el gobierno y la conducción de la CTERA, también queda de manifiesto en la caravana educativa, que recorre las provincias en demanda de una Ley de Finaciamiento Educativo. La CTERA reclama una ley, por la cual el Estado Nacional se comprometa a invertir el 6% del PBI en educación. El 15 de abril, Kirchner de visita en Alemania, anunció que piensa elevar el presupuesto del área en los próximos 5 años desde el 4% del PBI, hasta llevarlo al 6%. Para concretar estos anuncios, el gobierno enviaría en los próximos días al Congreso un proyecto de ley de financiamiento educativo. Si cumpliera, con esta promesa, habría que esperar cinco años, para que la inversión educativa sobrepasara apenas la del 2001 (5,21%).

Objetivos tan modestos, se explican, porque la decisión política de seguir pagando una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, no deja margen para redistribucionismo alguno y choca de frente con la pretensión de humanizar el capital.

Por su parte la dirigencia de la CTERA, cumplirá el papel que le toca en estos casos a la concepción del sindicalismo que sostiene y practica: embellecer la realidad. Presentará esto como un gran logro, mientras la mayoría de los docentes del país seguiremos padeciendo la penuria económica y el desguace de la escuela pública.

Hay otro camino: recuperar nuestros sindicatos como herramienta de lucha. Deshacernos de los que concilian con el poder y reconocernos como parte de una clase, que al mismo tiempo que defiende sus derechos y la educación pública, busca conectarse con las demandas de otros trabajadores y oprimidos para intervenir también en el plano político, con la perspectiva de que esta realidad que padecemos y que a veces nos agobia, debe ser transformada. Luchamos porque queremos vivir en una sociedad liberada de la explotación, la ignorancia y la opresión.

* Secretario General de SUTEBA [Trabajadores de la Educación], Bahía Blanca