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Por estas dos muertes, y por las heridas de bala de seis de los manifestantes, serán juzgados el comisario inspector Alfredo Fanchioti y el cabo Alejandro Acosta por el delito de homicidio y tentativa de homicidio. Cinco policías serán juzgados bajo los cargos de encubrimiento agravado, mientras que el ex policía Francisco Robledo será juzgado por usurpación de "títulos y honores" ya que actuó como policía durante la represión. El juicio tendrá lugar en el Tribunal Oral Nº 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en Camino Negro y Av. Larroque, lugar hasta donde se movilizará un nutrido arco de organizaciones para acampar en reclamo de justicia.
Al comenzar el acampe, Alberto -papá de Darío- y Mara -hermana- de Maxi, leerán un documento en el que se señala que ese día "Duhalde había decidido cumplir con el papel que le habían asignado los sectores dominantes, el de restaurar el régimen golpeado por esa marea ascendente de movilizaciones populares. Así se lo habían exigido públicamente el FMI; Crotto, de la Sociedad Rural; Escasany, de los grupos financieros, con el apoyo de los grupos económicos más favorecidos por la devaluación como Pérez Companc y Techint; varios gobernadores –Romero, De la Sota, Marín, entre otros-, y también los voceros del poder, los grandes medios de comunicación. Con este objetivo, planificó junto a su plana mayor de funcionarios un preciso diagrama represivo, en el que intervinieron todas las fuerzas de seguridad: policía federal, policía bonaerense, gendarmería, prefectura, secretaría de Inteligencia del Estado."
Nestor Kirchner prometió al padre de Darío abrir los archivos de la SIDE, cosa que nunca cumplió. Es por eso que el actual presidente deberá atestiguar a pedido de la parte querellante, aunque será sólo por escrito.
Las organizaciones que acampan en los tribunales reclaman que sean sentado en el banquillo de los acusados los funcionarios que planificaron y ordenaron la masacre:
El miembro de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Luis Genoud, ex Ministro de Seguridad y Justicia provincial, responsable político de la policía bonaerense.
Diputado Juan José Álvarez, ex Secretario de Seguridad de la Nación, responsable del operativo conjunto, justificó por los medios los crímenes y, al igual que Fanchiotti, achacó la responsabilidad por las muertes a los mismos manifestantes.
Diputado Alfredo Atanasof, ex Jefe de Gabinete: antes de la masacre dijo que se trataba de "una guerra de unos contra otros", adelantando la excusa esgrimida por los policias asesinos de que "los piqueteros se mataron entre ellos".
Jorge Matzkin, ex Ministro del Interior, en una conferencia de prensa posterior a los crímenes instó a los gobernadores provinciales a "tomar medidas" ante la "espiral de acciones concertadas", reivindicando la represión y propiciándola en interior del país.
Intendente de General Roca Carlos Soria, ex Secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), justificó la represión, elaborando informes que hablaban de la infiltración de la guerrilla colombiana en las asambleas y en los piquetes.
Diputado Oscar Rodríguez, ex vice-jefe de la SIDE, desde donde partieron tres llamadas al celular del comisario Fanchiotti que estaba a cargo del operativo.
Diputado Jorge Vanossi, ex Ministro de Justicia, presentó una denuncia contra los manifestantes apelando a la ley de "defensa de la democracia", acusando a la movilización de incurrir en 17 violaciones al código penal, basándose en falso reportes de inteligencia.
Felipe Solá, Gobernador de la provincia de Buenos Aires, felicitó públicamente al comisario Fanchiotti, que era, en última instancia, funcionario del gobierno provincial que él conducía y conduce.
El actual presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR Eduardo Duhalde, ex Presidente de la Nación, que dijo antes de la represión que los bloqueos a los puentes de acceso a la Capital "no lo vamos a permitir más, hay que ir poniendo orden", lo que ratifica el carácter de decisión de Estado de la represión criminal.