Dra. Claudia Bracamonte
APEL

              Es evidente que estamos en un juicio de gran importancia. La movilización popular que se desarrolla fuera de este Tribunal, la cobertura mediatica, muestra claramente que el pais entero esta pendiente de la evolucion y el resultado de este juicio.

             No es para menos si se tiene en cuenta que los hechos que hoy comenzaran a juzgarse , han impactado al pais entero. El asesinato de dos luchadores populares KOSTEKI Y SANTILLAN, decenas de heridos de bala, una represion brutal, despertaron el repudio de toda la poblacion. Por otro lado las consecuencias politicas que produjo, por todos sabidas, fue la renuncia anticipada del doctor Duhalde.

            No pueden analizarse los hechos si no se tiene en cuenta el entorno politico . Recordamos que en diciembre de 20001 una rebelión popular termino con el gobierno de De la Rúa. Esa movilización continuo luego contra los presidentes que sucesivamente fueron ocupando el poder . Es que esa rebelión tuvo una paradoja: El pueblo en la calle aspiraba conquistar lo reclamos que los gobiernos que asumían, como resultado de esa misma rebelión, no querian satisfacer. Esos hijos de los sucesos del 20 de diciembre de 2001, no eran hijos legitimos sino putativos.

           Alguno se animará a objetar, que esta parte quiere politizar los hechos. Sin embargo consideramos que se corre el peligro inverso, la despolitizacion. Es decir, que los responsables maximos de la masacre, que ocupaban cargos politicos y que aun hoy los siguen ocupando, no sean castigados. Entendemos que esta politizacion esta presente en la negativa de Presidente Kirchner de abrir los archivos de la SIDE, tal como se habia comprometido frente a los familiares.

El día 26 de junio de 2002, en la Ciudad de Avellaneda, en el contexto de una manifestación convocada por distintas agrupaciones de desocupados y piqueteros, cerca del mediodía, en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, tuvo lugar el "primer operativo conjunto" del total de las fuerzas de seguridad, sumando a la Policía Federal, a la Policía Bonaerense, La Prefectura y la Gendarmería. Iniciada la represión los manifestantes comenzaron a replegarse en distintas direcciones seguidos por los efectivos policiales.

Aquellos manifestantes que se replegaron sobre la avenida Hipólito Yrigoyen fueron seguidos por efectivos que integraban la agrupación Marea Azul (compuesto por personal de Infantería y Caballería) y personal de Infantería,.

A la altura de los paredones del supermercado Carrefour, Fanchiotti y Acosta, ubicados en la mitad de la Avenida Hipólito Irigoyen y delante de la línea formada por los efectivos de infantería, con la finalidad de provocar la muerte de algunas personas que tenían frente a sí, entre las que se encontraba Maximiliano Kosteki, miguel Angel Paniagua, Leonardo Raúl escobar Ferrari y Darío Adolfo Pantoja, vuelven a desparar sus escopetas con munición de guerra hacia la muchedumbre, hiriendo en esta oportunidad a los nombrados Paniagua, Escobar Ferrari y Kosteki, quien fallece instantes después a consecuencia de las heridas sufridas (Anexos B a la I de la causa 6643).

La persecución de los manifestantes que se dirigían hacia la estación de trenes de Avellaneda por parte de las fuerzas allí apostadas demuestra por sí sola la existencia de un código y un mando único en la represión que se abatió sobre la movilización piquetera aquella trágica jornada.

El intento de colocar a los aquí imputados como únicos responsables de la operación criminal no resiste el menor análisis, desde el momento en que, hubo más de treinta heridos por disparos de fuego a los que la "historia oficial" no considera.

Se trató de una operación de Estado advertida con antelación, ya que desde el 18 de junio de 2002, el gobierno nacional, la Justicia y las fuerzas de seguridad habían avanzado en la definición de las directivas que deberían acatar jueces, fiscales y efectivos uniformados para prevenir y dispersar las protestas como los piquetes. Pero la preocupación del gobierno nacional se evidenció cuando, además de los jefes de las fuerzas de seguridad, se convocó al ministro de Justicia, Jorge Vanossi; el procurador Nicolás Becerra, y el jefe de los fiscales penales federales, Norberto Quantín. Se definiría así los roles de cada uno de los sectores involucrados al actuar contra la protesta popular.

También se debatió cuál sería la actitud de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal y la cobertura a dicho accionar que tendría en la Justicia.

Es el mismo ex presidente Eduardo Duhalde quien advierte que el gobierno no iba a tolerar que la Capital quedara aislada por el accionar de los piquetes, según declaraba el 19 de junio de 2002, día en que encabezó la primera reunión de seguridad.

Estuvieron presentes como representantes de las fuerzas de seguridad sus titulares, Hugo Miranda, de Gendarmería Nacional; Juan José Beltritti, de la Prefectura, y Roberto Giacomino, por la Policía Federal.

Las huellas de esta operación de Estado también se pueden encontrar fácilmente en las declaraciones del 26 de mayo, donde el ex presidente y los gobernadores consagraron la firma de los 14 puntos del "acuerdo" con el FMI, resolviéndose como punto central, "un giro en la política de seguridad", lo que incluyó la decisión de involucrar a otras fuerzas en las tareas de represión. (Clarín, 28/5).

El 19 de junio, antes de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Villa Domínico a la que se le endilgó un plan "insurreccional", se realiza una reunión en la que participan el jefe de Gabinete, el secretario de Seguridad, los jefes de Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal, el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, el jefe de los fiscales, Nicolás Becerra, y el fiscal de cámara Norberto Quantín, con quienes el gobierno apunta a coordinar las acciones en caso de tener que ordenar desalojos por la fuerza" (Clarín, 19/6). Se resuelve allí el despliegue en masa de las fuerzas de seguridad y Juan José Alvarez, anuncia que el corte de los puentes será tomado como "una acción bélica", lo que supone un plan para contrarrestarlo que no se da a conocer. Ese mismo día, el Gobernador Felipe Solá, se reúne con Duhalde resolviendo la acción conjunta de las cuatro fuerzas de seguridad en las tareas represivas.

Perpetrada la masacre pero antes de antes de la crisis política que estalla con las revelaciones del periodismo, el gobierno hace una presentación con la firma del Ministro de Justicia Jorge Vanossi, ante la Procuración General de la Nación declarando que los sucesos provocados por la convocatoria de la Asamblea Nacional de Trabajadores en la que participaron el Bloque Piquetero Nacional, el MIJD y la Coordinadora Anibal Verón "parten de la alteración del orden público, continúan con la pérdida de vidas humanas, graves destrozos materiales y amenazan –incluso– con el derrocamiento de los poderes constituidos" .   

Sin embargo, la contundencia de las imágenes de la barbarie y las voces de repudio que confluyeron en la movilización de 50.000 manifestantes en la Plaza de Mayo, con el inmenso protagonismo de las Asambleas Populares, provocó que en 48 horas el gobierno pasara de la teoría del complot a la de la brutalidad de algunos personajes policiales, donde todo el esfuerzo estaba puesto en tapar las huellas de la conspiración encabezada por el propio Duhalde.

Este fue el marco institucional otorgado a los aquí imputados, la mantención de la justificación plena de su accionar lo cual adquiere una dimensión especial que les confiere una singular gravedad, cargando sobre los funcionarios públicos en ejercicio al 26 de junio de 2002, la responsabilidad penal correspondiente que esta parte intentará demostrar en el transcurso del debate.

   Por ello esta parte reclama se cite en carácter de imputados en los términos del art. 45 del Código Penal a

1)Eduardo Duhalde, presidente de la Nación al 26 de junio de 2002 y actual representante del Mercosur.

2) Felipe Solá, gobernador de la Provincia de Buenos Aires al 26 de junio de 2002 y cumpliendo idénticas funciones actualmente.

3) Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia al 26 de junio de 2002 y actual Ministro del Interior.

4) Al Sr. Juan José Álvarez, secretario de Seguridad Interior de la Nación al 26 de junio del 2002 y actual Diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.

5) Al Sr. Luis Genoud, ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia al 26 de junio del 2002 y actualmente Ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

6) Alberto Atanasof, jefe de Gabinete al 26 de junio de 2002 y hoy diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.

7) Jorge Matzkin, ministro del Interior al 26 de junio de 2002.

8) Jorge Vanossi, ex ministro de Justicia, hoy diputado nacional por la Capital Federal.

9) Carlos Soria, ex secretario de la SIDE, hoy intendente de Gral. Roca, Pcia. de Río Negro.

10) Oscar Rodríguez, número dos de la SIDE, hoy diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.

         En cuanto a los imputados Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta entendemos que resultan coautores de los delitos de homicidio agravado, respecto de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y tentativa de homicidio agravado respecto de los manifestantes que se retiraban por la Av. Hipólito Irigoyen hacia la estación férrea de Avellaneda, entre los que se encontraban Miguel Angel Paniagua. En consideración a la imputación específica del agravante de alevosía normado en el artículo 80, inc. 2 del Código Penal, se destaca que los imputados actuaron con conocimiento de la situación de indefensión de las víctimas de autos, aprovechándose de esta situación fáctica.”

         Sr. Presidente, a través del aniquilamiento físico de luchadores populares como Maximiliano Kosteki y las demás víctimas, la masacre de Puente Pueyrredón persiguió un preciso objetivo político: aniquilar el proceso de movilización popular iniciado en diciembre del 2001. Actualmente, existen 5.000 causas penales contra luchadores populares que demuestran la continuidad política del viejo régimen. Es éste y no sólo Fanchiotti, Acosta y los demás actuales imputados quien debería estar en el banquillo.

Hoy se inicia un juicio cuya definitiva sentencia dictará el pueblo.

Representación legal familia Kosteki

Dra. Claudia Bracamonte (Asociación de Profesionales en Lucha)

155-052-4684