La Comisión Provincial por la Memoria denunciará mañana ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires la situación de corrupción y tortura que se registran en la cárceles bonaerenses.

La Comisión pedirá la intervención del Poder Judicial "para revertir la realidad de los centros de detención que son campos de concentración, donde se tortura a los detenidos, se los subalimenta, se los droga y se los emplea para salir a delinquir".
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el fiscal federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, titulares de la Comisión, se quejarán también "de la inacción del gobierno provincial frente a este tipo de hechos, que desde hace años se suceden en el ámbito del Servicio Penitenciario provincial", según explicaron voceros del organismo.
"Nada ha hecho el gobierno a pesar de que el año pasado justificamos un pedido de urgente implementación de una política de estado para terminar con el sistema de crueldad imperante en la cárceles, que se mantiene por la impunidad de la que gozan sus autores", aseguraron las fuentes de la Comisión.
También plantearán ante la Corte "la alarmante cantidad de muertes que se registran en las cárceles provinciales, donde, en los dos primeros meses de este año, fallecieron por causas traumáticas 29 internos".
Además, denunciarán "la conducta reprochable y represiva de la Procuración General hacia aquellos defensores oficiales que utilizan ampliamente el habeas corpus y ejercen una dura crítica sobre los jueces que se muestran incapaces de corregir las graves violaciones a los derechos elementales de los detenidos".
En octubre de 2004, la Comisión entregó a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo provincial un informe sobre el sistema de torturas en los penales bonaerenses.
En ese documento, el fiscal Cañón sostuvo el sistema penitenciario "es perverso, es mafioso, las cárceles son depósitos de detenidos, son campos de concentración".
"Se opera con la delincuencia del sistema penitenciario para que los internos delincan fuera de los establecimientos penitenciarios,y hay una red interna de colaboracionistas, como soldados que actúan como colaboradores del servicio y que están habilitados para portar facas", agregó.
Cañón aseguró que el gobernador bonaerense, Felipe Solá, "no desconocía esta situación y nos ha dicho que decidió no volver a visitar más una cárcel en visita oficial porque le presentaban todo muy transparente, con comidas tipo cinco estrellas, que nos pasa a nosotros cuando vamos con previo anuncio".
Ese informe se confeccionó con 3.500 denuncias por apremios y torturas cometidas en cárceles bonaerenses del 2000 al 2004, en las que también se revelaron negociados que organizan autoridades de los penales y que incluyen: venta de drogas y psicofármacos, presos que salen a robar para jefes de penales o que matan a otros internos por orden de las autoridades.
La Comisión reclamó el "el desmantelmiento de ese sistema de crueldad", que la justicia investigue las denuncias de presos maltratados y se implementen auditorías externas al sistema penitenciario provincial.
Cañon dijo que le advirtieron al gobierno que "la ley de emergencia del servicio penitenciario habilita tomar medidas a fondo, de lo contrario será mero maquillaje que será más grave porque luego de este período van a volver los que están en disponibilidad con mayor crueldad y resentimiento".
Agencia Walsh
Fuente: Diario Hoy