Argentina: La lucha continúa
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¿Dependencia o autonomía nacional?
Ricardo Andrés De Dicco
"No hay país soberano que resigne el control de sus recursos naturales a sabiendas que ello significa hipotecar su crecimiento y desproteger a sus futuras generaciones". Don Arturo Íllia, Presidente de la Nación Argentina (1963-1966).
Para poder alcanzar el desarrollo económico –y sostenible en el tiempo–, Argentina requiere que la oferta de energía provenga necesariamente de recursos propios, a la vez que abundantes y baratos; de esta forma, la cadena energética serviría de plataforma de lanzamiento a un proceso de industrialización y científico-técnico autónomo en un contexto de integración regional sudamericana, cuya reforma del aparato productivo nacional provocaría aumentos significativos de la productividad y, con ello, una mejor redistribución del ingreso y condiciones de empleo. De esto se trata la planificación para el desarrollo, el instrumento que ayuda a prever la construcción del futuro, y por tal motivo se convierte en una función esencial del Estado, de la cual nunca debería estar divorciado. La única forma posible de construir una nueva Argentina es asegurando su desarrollo autónomo en el contexto regional, que exprese soberanía política y económica del país, y así poner fin a las relaciones de dependencia económica, tecnológica y cultural con los países centrales. Por todo ello, la necesidad de definir a los recursos energéticos como recursos estratégicos.
No obstante ello, algunos economistas de línea liberal arguyen que el Estado no debe recuperar aquellos recursos estratégicos, ni tampoco reconfigurar la actual distribución del ingreso, porque consideran que tales decisiones podrían aumentar la inflación e incluso desencadenar una hiperinflación... (probablemente hayan olvidado que la Ley de Emergencia Económica de 2002 todavía sigue vigente).
Por otra parte, estos economistas ignoran, por algún motivo poco honesto, la estrategia de desarrollo empleada por los países centrales en la segunda mitad del siglo XIX y nuevamente empleada luego de la II° Guerra Mundial. Si bien las estrategias varían según el país y de acuerdo a los recursos con los que contaba, el común denominador se encuentra en el trípode energía-industria-tecnología. Un caso ilustrativo es la estrategia que Francia ejecutó a partir de 1946, a fin de evitar la dependencia económica respecto a EE.UU. (Plan Marshall) y contrarrestar el poderío industrial alemán y británico. En este sentido, Francia encaró un decidido proceso de industrialización y avance científico-técnico basado en su propia capacidad estructural para lograr una autonomía nacional en los siguientes tres ejes estratégicos (con metas de largo plazo): energía, tecnología (industrial, militar, aeroespacial, telecomunicaciones e informática) y cooperación tecnológica europea (satélites espaciales y lanzaderas).
Cabe destacar la relevante decisión política tomada en Francia hacia 1946, cuando con el "Plan Monnet" se da inicio la nacionalización del sector energético, a fin de lograr con el mismo una plataforma de lanzamiento para la re-industrialización y avance científico-técnico del país galo, dado que el objetivo era posicionarlo en el menor tiempo posible entre las más importantes potencias militares y económicas; es decir, ser partícipe de la construcción social, económica, política y cultural del nuevo orden mundial.
En este sentido, a partir de Enero de 1946 se adoptó en Francia el "Plan de Recuperación Económica Francés", formulado e implementado por Jean Monnet, cuando todos los recursos de la economía francesa habían sufrido enormes daños como resultado de la II° Guerra Mundial. Es en este contexto que la industria francesa encaró el dilema grabado en el programa "modernisation ou décadence". Contra este fondo se hicieron colocaciones estatales extensas para desarrollar industrias clave. No obstante, uno de los principales problemas fue proveer a la economía nacional de energía barata y abundante, dada su histórica insuficiencia de combustibles fósiles. Por consiguiente, se decidió nacionalizar la producción de combustibles (petróleo) y de energía eléctrica (el carbón mineral y el gas natural eran en aquel entonces los recursos hidrocarburíferos utilizados para la generación de energía eléctrica de Francia), acompañado por enormes inversiones públicas, destinando una parte significativa al desarrollo de la innovadora energía nuclear. Es entonces que se crea la Comisión de Energía Atómica (CEA), quien proveería de reactores a las centrales nucleoeléctricas gestionadas por la estatal Electricidad de Francia (EDF), así como también son creadas la petrolera Total, la refinería Elf y la administradora del servicio público del gas natural Gas de Francia (GDF), que toma como modelo de gestión el de la argentina Gas del Estado S.E.
Gracias a la sustancial ayuda financiera del Estado, la industria francesa se desarrolló apreciablemente, pero el principal factor fue el considerable crecimiento del consumo industrial causado por la nacionalización de la producción de energía, clave de estas reformas estructurales llevadas a cabo en la Francia de posguerra. A modo ilustrativo, cabe traer a colación que la generación de energía eléctrica mostró un crecimiento muy significativo: mientras que el volumen total de la esfera productiva se incrementó en un 43% entre 1947 y 1953, la generación de energía eléctrica explicó más del 50%. En los sectores estatales de la industria hidrocarburífera y de los servicios públicos de la energía las metas del plan fueron satisfechas casi en un 100%. Este resultado se obtuvo debido al hecho de que en las ramas de actividad nacionalizadas las metas estatales eran compulsivas.
El circuito productivo del petróleo francés fue privatizado recién a mediados de los años ’80 (Total y Elf), cuya enajenación de activos benefició a capitales privados locales, cuando Francia ostentaba varias décadas como país altamente desarrollado, meta lograda tras enormes y numerosas inversiones estatales en toda la cadena energética y en los sectores clave de la industria. No obstante ello, Francia emprendió desde mediados de la década del ’50 una segunda planificación energética, orientada al desarrollo de fuentes de energía primaria alternativas a los hidrocarburos: la construcción de más de medio centenar de centrales nucleoeléctricas, que por cierto dio como resultado la menor dependencia hidrocarburífera de los países miembros de la OECD productores de hidrocarburos (el 60% de las necesidades eléctricas son cubiertas por combustibles nucleares). A tal punto Francia tiene c ubierta su necesidad de suministro eléctrico, que desde hace un largo tiempo exporta su excedente a países limítrofes. En relación a la gestión de los servicios públicos generación, transporte y distribución del gas natural y electricidad, continúan hoy siendo activos estratégicos y económicamente viables del Estado francés. La posibilidad de llevar a cabo programas de privatización en ambas cadenas productivas, ya sea en el presente como en el futuro próximo, son nulas.
Por el contrario, Argentina vio obstaculizada su oportunidad de desarrollo autónomo a mediados de los ’70 (por la Dictadura Militar 1976-1983), y sufrió reformas estructurales a partir de los ’90 totalmente contrarias a las encaradas en su momento histórico por las actuales potencias económicas y militares, situando al país en un grado de subdesarrollo insostenible y criminal. Quizás valga la pena recordar las enseñanzas del "Plan Monnet" y de la Comunidad Económica Europea del Carbón y del Acero. O, dicho de otra forma, quizás valga la pena desempolvar bibliografía latinoamericana referida a la "Teoría de la Dependencia", tan desprestigiada injusta e ignorantemente desde hace treinta años...
Departamento de Comunicación y Tecnología
IDICSO - Instituto de Investigación en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador. http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso
Analista energético del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional
Orientadora (MORENO); Investigador del Área de Recursos Energéticos y
Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias
Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador; e; Investigador del Instituto
de Energía e Infraestructura de la Fundación Arturo Íllia (FAI).