Argentina: La lucha continúa
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A disciplinar a los laburantes
Correpi
El gobierno nacional ha demostrado cuál es el perfil de organización sindical
que precisa y promueve: en cualquiera de sus estilos, los "gordos" de siempre.
Estos son los que Kirchner y Tomada eligen a la hora de negociar contra la clase
obrera.
Triste decepción para la CTA al negársele la personería gremial, a pesar que el
Degennarismo no es más que una variante reformista y D’Elía es tropa propia del
presidente. Ya que los sindicatos establecidos le garantizan al capital la "paz
social", como suelen llamar al control que ejercen sobre el movimiento de los
trabajadores, los únicos que se han atrevido a la confrontación han sido las
comisiones internas anti-burocráticas.
En el Encuentro Antirrepresivo realizado en diciembre de 2004, CORREPI advertía
que el gobierno intentaría "demonizar" a los trabajadores que se propusieran
luchar por reivindicaciones salariales o mejoras en sus condiciones de trabajo,
tal como había logrado estigmatizar al sector de desocupados organizados como
movimiento piquetero que por izquierda no había cedido a sus políticas de
cooptación.
El desarrollo de la política de criminalización de la protesta casi siempre fue
dirigida contra sectores de desocupados o subocupados. Los presos y presas
políticos de la argentina actual pertenecen a grupos piqueteros o a sectores
económicamente marginalizados, como los de la Legislatura.
Hasta ahora no había habido represión directa sobre los trabajadores
sindicalizados. Se impulsaba, en una primera etapa, el descrédito y la oposición
de las capas medias, con el objetivo de aislar socialmente a los trabajadores
combativos para apagar el conflicto y acallar la protesta.
Sobre la base de la desinformación, el gobierno tendió a oponer a los
trabajadores de subterráneos con los usuarios de ese medio de transporte. Algún
funcionario no trepidará en acusar de "zurdos" a los trabajadores que no
transaron con la patronal ni con la conducción del Sindicato. El periodismo
sistémico se encargó de propagandizar esta versión antiizquierdista y resaltar
el carácter "racional" de dirigentes dialoguistas.
Igual política desarrolla el gobierno con los trabajadores del Hospital Garraham,
donde los emisarios del ministerio con la bocina de los medios de comunicación
se la pasan propalando mentiras como que no hay guardias mínimas o que a algunos
niños se los ha puesto en riesgo de vida por la intransigencia en el reclamo de
médicos y enfermeros.
Hasta el presente hubo una política preventiva sobre los trabajadores
organizados. Sin embargo el 19 de abril de 2005, con la incursión de la policía
en Aeroparque acometiendo contra los trabajadores de LAFSA, marca el comienzo de
otra etapa en la política del gobierno nacional.
Los trabajadores de LAFSA se oponen a la privatización de la empresa de aviación
impulsada después del narcoescándalo de Southern Winds, un excelente negocio
para la Secretaría de Transporte y del ministro De Vido. Los trabajadores que
recogen la noción de la aerolínea estatal y se niegan al futuro despido
pos-privatización, no responden al clásico sindicalismo peronista.
El interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín –adalid
"progre" en materia de seguridad- ordenó reprimir a los trabajadores con la
excusa de que hacía 15 días que éstos estaban en asamblea permanente en el hall
del aeroparque Jorge Newbery. Con el indiscutible guiño del gobierno mandó a la
federal, que hizo lo que más sabe y quiere, reprimir. Saldo: 25 heridos. Además
dos detenidos, cuya causa fue a dirimirse antela Jueza Servini (que en) Cubría
con calificaciones provisorias que en principio son excarcelables pero que
pueden tornarse tan rigurosas como lo establezcan las líneas del gobierno y las
empresas favorecidas por el mismo.
Es la primera vez que el gobierno reprime directamente a los trabajadores
agremiados, y que manda a la PFA para dirimir una lucha antiprivatizadora.
Las inmediaciones del Hospital Garraham aparecieron rodeadas por personal de la
PFA. Un conflicto salarial rodeado por las fuerzas de seguridad.
Ni los delegados del Hospital, ni los delegados de Lafsa son recibidos por los
ministros de las áreas correspondientes, El gobierno que en un principio quería
"ensuciar" a los trabajadores combativos, ahora pasa a una segunda etapa
represiva.
Como en el caso de los piqueteros, el gobierno impulsó la deslegitimación para
lograr el aislamiento del conflicto. Luego pasa a la represión contra los
trabajadores organizados que no responden a las estructuras sindicales
tradicionales peronistas. Hasta ayer se los desprestigiaba, ahora ya se los
reprime con balas de goma y con jueces siempre genuflexos.